El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia condenatoria de delitos urbanísticos, advierte del error que supone la banalización de las vulneraciones de la legalidad urbanística y el riesgo que corren particulares y responsables públicos de ser condenados penalmente por infracciones graves del ordenamiento jurídico, y por ello tipificadas como delitos, es decir, conductas consideradas gravemente lesivas para bienes jurídicos e intereses sociales que merecen un serio reproche colectivo mediante sanción penal.
No es difícil trasladar dichas consideraciones del Tribunal Supremo a otros campos de la realidad social, incluyendo entre ellos el propio de la función pública y de las administraciones públicas. La falta de probidad y de respeto a la ley con la que se han conducido y conducen numerosos altos cargos de las administraciones públicas da idea de la citada banalización de la vulneración de las leyes. No hay empacho en dictar resoluciones a sabiendas de su ilegalidad ni en propiciar o tolerar abusos de poder y enriquecimientos ilegales por parte de personas que acceden a cargos o puestos públicos.
Esta Asociación, desde hace casi tres años, ha venido desarrollando una intensa actividad para llamar la atención, precisamente, sobre el creciente olvido y menosprecio del valor de la ley, seña de identidad primordial de todo Estado de Derecho. El respeto a la ley es el elemento distintivo de la labor que corresponde llevar a cabo a los servidores públicos. Las sociedades democráticas, como la nuestra, se rigen por normas que se dan a sí mismos los ciudadanos, a través de sus representantes. Las administraciones públicas han de velar por la correcta aplicación de las leyes aprobadas, cuyo control último corresponde a los tribunales.
No es infrecuente escuchar a responsables políticos y altos cargos de la Administración trivializar el valor de las leyes –sirva de ejemplo la injustificable actitud de los responsables de participación ciudadana del Gobierno de Aragón respecto al derecho constitucional de petición, al cual no otorgan garantía alguna- y cabe observar incumplimientos y arbitrariedades carentes de todo pudor: la modificación del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón, lo sucedido en la Dirección del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) o la persistente situación en que se encuentran gran parte de los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón ejemplifican una actitud incompatible con el buen gobierno y el necesario respeto a las leyes.
El reiterado incumplimiento de la normativa de selección de personal y provisión de puestos de trabajo, expresamente reconocido por el actual Director General de la Función Pública ante las Cortes de Aragón, es otro buen ejemplo de que incumplir la ley, o no ser capaz de asegurar su aplicación, no conlleva sanción política alguna, ni gubernamental ni parlamentaria.
Las leyes y las instituciones sirven al interés general de los ciudadanos y están llamadas a asegurar la convivencia democrática y los derechos fundamentales de todos. Despojarlas de esa función, como se hace cuando se legisla de forma indebida a favor de intereses concretos o se inaplican o burlan de forma reiterada, reduciéndolas a simples criterios prescindibles que ceden una y otra vez ante las decisiones políticas que se adoptan desde el poder, conduce a nuestras sociedades a la anomia, a la corrupción y a la progresiva desintegración. Donde la ley no se garantiza, resurge la hegemonía del más fuerte. La democracia queda reducida a una mera ficción.
Hay que decirlo con toda claridad: vulnerar la ley constituye una conducta antidemocrática, y la vulneración de las leyes por parte de responsables políticos debiera ser motivo, por exigencias de higiene democrática, de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Gobernar en democracia implica, entre otras cosas, asegurar la plena vigencia de la ley. Quien no sabe ni quiere respetar la ley no puede ni debe asumir o mantener cargo o función pública de ninguna clase.
Por todas esas razones, esta Asociación va a tratar de proseguir su labor, con la mayor energía posible, en defensa del principio de legalidad, tomando en consideración, si es preciso, la recomendación realizada por el Tribunal Supremo de acudir a la vía penal para combatir las vulneraciones del ordenamiento jurídico, ante la constatada inoperancia de determinados controles del ámbito u orden administrativo a los que se ha venido acudiendo hasta ahora, incluidos los tribunales contencioso-administrativos.
Un objetivo deseable para este nuevo año 2010 es el de poner fin a la incomprensible banalización de la ilegalidad con la que se conducen algunos de los responsables institucionales.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
14 comentarios:
Esperemos que se avanza un poco en ese objetivo, al menos.
¿Qué entramado se ha urdido por la coalición PSOE-PAR? ¿Cuánto tiempo va a lastrar a la Comunidad Autónoma?
La respuesta la tienen los ciudadanos y los tribunales.
También en las Baleares se impulsa una campaña de la sociedad civil contra la corrupción:
CINCO ESTRATEGIAS DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA CORRUPCION.
El Cercle d’Economia de Mallorca, junto a la Cámara de Comercio de Mallorca, el Il_lustre Col_legi d’Advocats de les Illes Balears y el Col_legi Oficial d’arquitectes de les Illes Balears, vamos a impulsar, a partir de este mismo día, una serie de medidas que nos ayuden a salir de la crisis, y cuyos ejes hoy presentamos a la sociedad resumidos en cinco estrategias generales:
1- Reasignación adecuada de las tareas de Gobierno entre políticos y gestores. La deficiente gestión de los recursos públicos ha sido una de las principales causas de esta situación. Por ello impulsaremos medidas para que el político recupere el prestigio de su profesión, pero dejando a los funcionarios y profesionales de reconocida valía la gestión concreta de los bienes públicos.
2-Pacto anticorrupción tanto entre partidos como entre instituciones, concreto, amplio, explícito, exigente y con absoluta transparencia a la sociedad. Sólo de esta manera todas las instituciones implicadas en la crisis, con algún tipo de representatividad, autoridad, o gobierno, recuperarán la credibilidad perdida y volverán a ser orgullo de la comunidad a la que representan.
3-Nueva deontología para la información, la formación y la educación. Las virtudes sociales no pueden solamente exigirse a través de leyes y marcos normativos, sino también a través de contextos de reflexión y análisis intelectual. Promoveremos espacios de crítica y sugerencia contra la corrupción, preocupándonos de manera muy concreta por la adecuada difusión y divulgación de la deontología social.
4-Implicación activa de la sociedad civil. Motor principal de las demás estrategias, hemos constituido un primer grupo de trabajo integrado por la Cámara de Comercio de Mallorca, el Il:lustre Col:legi d’Advocats de les Illes Balears, el Col:legi Oficial d’arquitectes de les Illes Balears y el Cercle d’Economia de Mallorca, invitando desde este momento a todas las entidades, Colegios Profesionales y asociaciones, a integrarse en este proyecto que hoy comienza.
5-Presentación de medidas concretas en el plazo de dos meses. Todas las anteriores estrategias constituirán el marco general de nuestra actuación, siendo nuestro próximo paso presentar a los políticos, en el plazo de dos meses, un protocolo de medidas urgentes, realizables y ambiciosas, y que tendrán como dos únicos fines la pronta salida de esta crítica situación y el orgullo de colaborar a la regeneración de nuestras instituciones.
Idea a considerar:
Saltarse un semáforo en rojo es una infracción administrativa (además de un acto antisocial que genera un grave riesgo para otros conductores y peatones), lo vea o no lo vea un agente de la Policía Local y resulte sancionado o no este hecho. Nadie va por ahí diciendo que saltarse un semáforo en rojo sólo es una infracción cuando se ha conseguido sancionar al conductor. Pero cuando se trata de corrupción, la clase política -que es la principal interesada en minimizar su relevancia- desde hace años está haciendo campaña para que se instale en el imaginario colectivo la idea de que sólo hay corrupción cuando hay una sentencia penal firme. Da igual si las evidencias son muchas, mientras no haya sentencia penal firme de signo condenatorio los políticos implicados, su partido (que no quiere quedar mal) e incluso sus aliados políticos (en la medida en que esto pueda afectar a los pactos contraídos) sostienen a coro la tesis de que hasta que haya sentencia condenatoria lo que rige es la presunción de inocencia, y por tanto se actúa como si no pasara nada. Sólo desde esta perspectiva tiene alguna lógica la discusión sobre los diversos momentos y aconteceres del procedimiento penal y el intento de vincular las dimisiones o los ceses a esos diversos trámites. Unos hablan de que los implicados deben dimitir con la imputación, otros sólo cuando se adopten medidas cautelares, y últimamente algunos ya proponen el momento de apertura del juicio oral. Vamos muy mal. Mucho.
RAZONES PARA UN OBSERVATORIO DE LA CORRUPCIÓN:
Porque son problemáticas que atacan directamente las raíces del sistema democrático y del Estado de Derecho. Las Administraciones Públicas deben servir a los intereses generales. Cuando los políticos o los funcionarios que en ellas ejercen sus cargos y funciones no atienden a dichos intereses, sino prioritariamente a intereses económicos particulares, están desvirtuando y adulterando el sistema. Así la corrupción pública es la corrupción del sistema democrático y del Estado de Derecho.
Más aún, la corrupción y el fraude fiscal inciden en los servicios públicos de los que debería beneficiarse la comunidad, unas veces detrayendo fondos de las administraciones u organismos públicos y mermando su capacidad de actuación; otras veces, optando por alternativas que no son en realidad las que más hubieran beneficiado a la ciudadanía, o de muchos otros modos. Más corrupción es peor calidad de vida para quienes habitamos un territorio.
Sin embargo y pese a la gravedad de estas conductas en nuestra isla, Mallorca, la corrupción pública con frecuencia ha sido tolerada, respaldada o incluso aplaudida por la opinión pública, o al menos por importantes sectores sociales, y simultáneamente hemos asistido a sórdidas campañas de acoso y desprestigio contra quienes la denunciaban, investigaban y perseguían.
Con el deseo de incidir en la sensibilización social ante una problemática que ataca directamente a las raíces del sistema democrático y del Estado de Derecho, ponemos en marcha este Observatorio que nace abierto a la reflexión teórica más amplia y circunscrito, no obstante y en cuanto a los concretos casos de que se trate, al ámbito territorial de Mallorca.
Me parece una iniciativa muy interesante,
¿Por qué no hacemos otro similar en Aragón?
Ánimo, que la Asociación se moje, y a ver quién le sigue.
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía está empezando a poner las primeras piedras para la futura ley, que regulará el funcionamiento de los ayuntamientos valencianos con alguna que otra innovación llamativa, como la que estipula, al menos en su fase de redacción, que todos los alcaldes, concejales, incluso los miembros de las juntas de gobierno no electos, declaren detalladamente su patrimonio y permitan que se publique en el «Boletín Oficial de la Provincia». El impulso viene determinado por la decisión de Mariano Rajoy de airear estos detalles con el fin de prevenir otros «gürtel» en sus filas, y lo impulsa el conseller Blasco, quien ya ha estipulado, desde su condición de portavoz del grupo de las Corts del PP, la publicación de las propiedades de los diputados. Tales exigencias han de ser recibidas como una buena noticia para la democracia. Lamentablemente estamos descubriendo que por la vía del patrimonio, de la codicia y el deseo de ganar dinero están llegando los últimos escándalos que han sacudido a la opinión pública, y más concretamente, por los ayuntamientos. Declarar los bienes es un gesto democrático saludable, diríamos casi mayor en las corporaciones locales, porque así se eliminarían las sospechas insidiosas que enturbian las relaciones políticas y ciudadanas en las pequeñas y medianas localidades, pero también servirían para detectar inmediatamente los enriquecimientos personales que señalan la prevaricación y la corrupción.
editorial del diario LEVANTE
¿Será que el incumplimiento de la Ley por parte de la Administración ha entrado ya en la categoría de "corrupción blanca", socialmente aceptada?
Leo esto en el Heraldo de hoy:
"Blanco y Biel intentaron desatascar en una cita secreta los contenciosos con Aragón"
Y me pregunto: en una democracia, ¿pueden tener sentido o estar permitidas o justificadas esas reuniones secretas, a espaldas de la opinión pública y de los partidos de la oposición? ¿Son admisibles las reuniones y las decisiones secretas? ¿Se trataron asuntos delictivos que por su naturaleza conviene que no se sepan?
Me parece un buen objetivo para el año, aunque difícil de alcanzar dada la dejación de funciones de tantos responsables públicos.
¿Cuándo pasaremos página al Marcelinato y su camarilla?
No está tan lejano el día.
¿No se cansa esa asociación de clamar en el desierto?
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