Zaragoza, 29 de enero de 2009.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado sendas quejas al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo por la actuación del Departamento de Presidencia y del Gobierno de Aragón con motivo de la provisión del puesto de Secretario/a General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
La resolución del procedimiento de provisión de dicho puesto fue adoptada por el Gobierno de Aragón el 9 de septiembre de 2008, a propuesta del Consejero de Presidencia, Javier Velasco, sin tomar en consideración que previamente, mediante Orden de 2 de septiembre de 2008, los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo habían procedido a modificar las retribuciones complementarias del puesto, reconociendo un complemento específico singular, superior al atribuido con carácter general a los puestos de igual categoría.
Aunque la Orden que modificó las retribuciones del puesto no se publicó en el Boletín Oficial de Aragón hasta el 2 de octubre de 2008, con posterioridad a la publicación del Decreto de nombramiento de Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, producida el 15 de septiembre de 2008, los hechos evidencian que la Administración alteró las condiciones del puesto de trabajo durante la tramitación del procedimiento de provisión, variando con ello los términos de la convocatoria realizada, lo que, a juicio de esta Asociación, supone una vulneración de los principios de igualdad y publicidad que han de regir la provisión de puestos.
La irregularidad de tal actuación del Departamento de Presidencia motivó un recurso administrativo por parte de esta Asociación. Dicho recurso ha sido recientemente desestimado por el Consejero de Presidencia, Javier Velasco, quien afirma que provisión y modificación de puestos son procesos distintos y paralelos y que el modo en que se ha tramitado y resuelto la provisión del puesto de Secretario/a General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se ajusta al ordenamiento jurídico.
Consideramos que tal razonamiento del Departamento de Presidencia debe rechazarse necesariamente, por constituir un fraude de ley, por lo cual esta Asociación ha formulado escritos de queja ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo para solicitarles que requieran al Departamento de Presidencia el respeto de las condiciones legales de acceso a los puestos de trabajo, anulando la provisión realizada y procediendo a una nueva convocatoria conforme a las nuevas características del puesto.
Además de plantear dichas quejas, esta Asociación se va a dirigir igualmente a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón al objeto de que desde las Cortes de Aragón se pueda instar al Gobierno de Aragón el respeto de los principios de legalidad y publicidad en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
37 comentarios:
Tampoco contestan al Defensor del Pueblo de Navarra desde la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad Foral. Esto dice:
El art. 26 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra dispone que “todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Foral están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones.”
El citado deber legal, como resulta de los antecedentes expuestos ha sido manifiestamente incumplido por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, que ha obstaculizado las posibilidades de investigación de esta Institución, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
El incumplimiento del deber de colaboración con el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, los retrasos injustificados en la remisión de información, la falta de justificación de las actuaciones y, en definitiva, cualquier otra actuación, que suponga una mala práctica en las relaciones institucionales, no hace sino mermar el derecho de los ciudadanos a hacer uso de esta Institución Parlamentaria con agilidad y eficacia y vulnera el ordenamiento jurídico.
En cuanto a las consecuencias que, en el ámbito administrativo, tiene el incumplimiento del deber de colaboración, el artículo 24.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra señala: “la actitud negativa o negligente del personal al servicio de las Administraciones Públicas al envío del informe inicial o documentación solicitados o al acceso a éstos podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra como hostil o entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial al Parlamento de Navarra.”
¿Y además no se trata de un delito?
¿puede una Administración utilizar durante más de cuatro años la comisión de servicios y la adscripción provisional como formas normales de provisión de puestos?, ¿puede una Administración abusar de su potestad autoorganizativa y proveer puestos como mejor le convenga, utilizando como excusa el logro de la eficacia administrativa?
¿CCOO celebra que, una vez más, se ha vulnerado el límite legal para el incremento retributivo?
Acaso piensen que eso favorece a la percepción social de la función pública y al papel que juegan los sindicatos como factor de solidaridad y cohesión social.
Los sindicatos se han convertido en los mercaderes del templo.
Ellos sabrán lo que hacen, pero que luego no se sorprendan de las consecuencias.
Algunos datos:
Las comunidades autónomas cuentan con 1,3 millones de empleados públicos, lo que supone un 50,4% de los 2,5 millones de funcionarios que trabajan para todas las administraciones públicas de España, según datos publicados hoy por el Ministerio de Administraciones Públicas.
Tras las instituciones autonómicas se sitúan las locales, que cuentan con un personal de 623.214 trabajadores, es decir, un 24,1% del total.
A continuación se encuentra la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con 234.821 empleados públicos, un 9% del total. Si al personal de los ministerios se añaden los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y otras entidades y organismos públicos, la cifra se eleva hasta los 561.551 trabajadores, un 21,7% del total. Las universidades, por su parte, cuentan con 97.849 efectivos, un 3,8% del total.
Con respecto a 2007, las cifras de empleados públicos de este ejercicio experimentan un ligero ascenso, según el Ministerio de Administraciones Públicas. Así, los funcionarios de las comunidades autónomas experimentaron un crecimiento del 3,1% y los de las entidades locales, del 3,5%. Mientras, los trabajadores de la Administración Pública Estatal registraron un aumento del 1,5%.
En cuanto a la distribución por sexos, la AGE y la Administración de Justicia son los dos únicos organismos de la Administración Pública Estatal donde el número de funcionarios mujeres supera al de hombres. Así, en el primero, las mujeres representan un 51,21% del total, mientras que en el segundo representan el 63,37%.
Por su parte, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo el 6,24% son mujeres, un porcentaje que se duplica en las Fuerzas Armadas, donde la cifra llega al 12,24%. Mientras, en las entidades públicas empresariales, el 20,27% de sus empleados son mujeres.
Respecto a la distribución territorial de los trabajadores de la AGE, el 36,55% de los empleados trabaja en Madrid, mientras que el 60,24% lo hace en los servicios adscritos a las delegaciones del Gobierno en las demás comunidades autónomas. En el extranjero trabajan un total de 7.512 empleados públicos.
¿Hay demasiados funcionarios?
Según las estadísticas del MAP, no. En todos los países, hay un habitual sector de la opinión pública que entiende que sobran funcionarios. En España, las Leyes de Presupuestos, desde el año 1997 al 2002, introdujeron austeras limitaciones en las Ofertas de Empleo Público de todo el sector público, fijando un límite general del 25 % máximo de la tasa de reposición de efectivos. Desde el año 2003 la limitación fue elevada al 100%, fruto del Acuerdo Administración-Sindicatos y así continúa hoy.
Sin embargo, la cifra total de empleados públicos no ha parado de crecer en la última década, al ritmo del 1% anual
Esto ha pasado en la
Comunidad Valenciana:
La Delegación del Gobierno ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Llíria exigiendo que anule su recientemente aprobada Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el documento que regula los salarios y organización de los funcionarios del Consistorio y del conservatorio de música. El departamento estatal da a la Corporación un mes de plazo para tumbar el acuerdo plenario.
El escrito de la Delegación del Gobierno se acoge a un certificado del interventor municipal para estimar que los incrementos retributivos de los trabajadores municipales superan el 2% en los salarios y el 1% en las pagas extraordinarias, máximo fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, el escrito rubricado por el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, especifica que en el caso del Ayuntamiento de Llíria el incremento global es del 7,38%, mientras que en el conservatorio alcanza el 11,36%.
La circular destaca que de los 110 puestos de trabajo, 95 incrementan sus retribuciones "en porcentajes que oscilan entre 0,35% y 43,05% por encima de lo previsto en la Ley de Presupuestos".
El concejal de Personal en Llíria, Ángel Civera (PP), anunció ayer que el Ayuntamiento va a desestimar el recurso de la Delegación del Gobierno. "Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la RPT de Ribarroja ampara el incremento retributivo que hemos fijado".
El regidor también aseguró que el documento se aprobó "con el apoyo del 60% de los trabajadores y de tres de los cinco sindicatos". Ángel Civera concluyó: "Esto forma parte de la dinámica de la Delegación del Gobierno de recurrir todos los acuerdos de Ayuntamientos del PP. La RPT de Llíria cuenta con todos los informes técnicos favorables".
Paco García, portavoz de Iniciativa per Llíria, cree que los aumentos retributivos "en tiempos de austeridad por la crisis" han sido "abusivos" en ciertos puestos: "Si no se anula la RPT, habrá un recurso judicial y una anulación cautelar de incrementos que ya se han aplicado".
¿Y en Aragón?
En la Administración General del Estado se rechazaba una propuesta de cláusula de revisión salarial que en Aragón se había acordado,de modo irregular, ya en 2004,y en 2008, como todos sabemos, e incluso de publicó en prensa, el Gobierno de Aragón abonó a todos sus empleados la diferencia entre la subida autorizada por los PGE y el IPC interanual.
No consta que hiciese nada el Estado ante tan flagrante vulneración del límite legal fijado por los PGE.
Visto en perspectiva,produce risa leer la noticia que se publicaba en la prensa sobre el debate de la cláusula en las Cortes Generales:
El salario de los empleados públicos no se incrementará en 2008 en consonancia con el IPC real después de que el Gobierno haya vetado una proposición de Ley por considerar que las cláusulas de revisión salarial son mecanismos que tendrían efectos negativos para el empleo y la competitividad.
El Gobierno explica que el incremento salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es del 2 por ciento, más otro 1 por ciento como consecuencia de incorporar el complemento específico a las pagas extraordinarias en términos de masa salarial, lo que supone un aumento superior al 3 por ciento.
Sin embargo, recuerda que el IPC del pasado mes de agosto se situó en del 4,9 por ciento, lo que conllevaría un aumento salarial de los funcionaros de más de 1,5 puntos por encima del 3 por ciento comprometido, lo que supondría un aumento del gasto de más de 300 millones de euros.
El Ejecutivo recuerda que en los PGE para 2008 se destinan 17.939 millones para ministerios y otros organismos públicos, además de 2.390 millones a la Seguridad Social, lo que supone un total de 20.329 millones.
La introducción de una cláusula de revisión salarial sobre dichos presupuestos supondría que por cada punto de inflación que los superase tendría un coste aproximado de 203 millones de euros (179 corresponderían al Estado y 24 a la Seguridad Social).
Así, el Gobierno ha mostrado su disconformidad respecto de la tramitación de una proposición de Ley del Grupo Mixto referida a la determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos de los funcionarios y del personal laboral.
El Gobierno se acoge al precepto constitucional que le permite vetar la tramitación de propuestas que supongan disminución de los ingresos presupuestarios o aumento del gasto público.
La norma señala que las subidas deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no podrán acordarse aumentos que supongan un aumento de la masa salarial superior a los límites que fije dicha ley para el personal.
El Gobierno propone que las cuantías destinadas a retribuciones básicas y al aumento de cuantías globales para funcionarios y personal laboral serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente IPC previsto para ese año.
Si el IPC acumulado correspondiente al periodo comprendido entre diciembre del ejercicio anterior y el mismo mes del ejercicio económico al que se refiere la subida salarial fuese superior al previsto (y en función del cual se calculó dicho incremento) se procederá a la correspondiente actualización.
A los empleados públicos cuyos salarios hubiesen subido en el ejercicio anterior se les abonará la diferencia en un pago único, dentro del primer semestre del ejercicio posterior.
También establece que todos los elementos que componen el salario bruto (incluidas las cuantías por productividad, gratificaciones e incentivos) serán públicos.
Así, las retribuciones básicas de los funcionarios y el aumento de la masa salarial del personal laboral se revalorizaría al comienzo de cada año en función del IPC previsto, sin perjuicio de que pudieran negociarse condiciones más beneficiosas en la negociación colectiva.
Además, habría una cláusula de compensación por la desviación del IPC real respecto al previsto, similar a la establecida para las pensiones públicas.
El vicepresidente Solbes, funcionario del Estado, no supo explicar cómo es posible que ante la crisis económica actual pida a los trabajadores privados que moderen sus reivindicaciones salariales para mantener el empleo, mientras el sueldo de los empleados públicos, con empleo de por vida, subirá en 2009 al 3% en el peor año de crecimiento desde 1993.
Esto sucedía en Murcia en noviembre de 2008: homologación salarial con los que más cobran del sector público, y en tiempos de crisis.
El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes la última subida salarial para los funcionarios de la Comunidad Autónoma pactada con los sindicatos, según precisaron fuentes del sindicato UGT y de la Administración regional.
La medida es fruto de la homologación salarial del personal de administración y servicios de la Administración general de la Comunidad Autónoma con los empleados del mismo nivel del Servicio Murciano de Salud, que desde enero de este año disfrutan de un incremento retributivo que los sindicatos exigieron que fuera extensivo para todos los empleados públicos.
La subida tendrá un coste para las arcas de la Comunidad Autónoma de 35 millones de euros, de los que un 40% (14 millones) se abonará este mismo año y el 60% restante a lo largo de 2009, según contestó anteayer en la Asamblea Regional la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, a preguntas de la diputada regional socialista Begoña García Retegui.
El secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Jiménez, indicó que tienen el compromiso del Gobierno regional de que el aumento empezará a pagarse este mismo mes de noviembre.
El incremento beneficiará a unos 10.000 empleados, aunque de manera muy dispar, explicó Antonio Jiménez. Para los más favorecidos, la subida podría alcanzar los 6.000 euros al año.
El acuerdo para la homologación salarial fue rubricado el 3 de marzo pasado, seis días antes de las últimas elecciones generales, entre el Gobierno regional y los representantes de los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, aunque las negociaciones prosiguieron varios meses más hasta concretar puesto por puesto la subida salarial.
El retraso en la aprobación del acuerdo por el Consejo de Gobierno ha despertado los recelos en las filas sindicales, alimentados por la contestación de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, a UGT durante la presentación de los presupuestos de la Comunidad en el Consejo Económico y Social la pasada semana. «La noté algo reticente cuando le pregunté que cuándo iban a aprobar la subida», declaró Antonio Jiménez.
La consejera de Presidencia indicó en la Asamblea que los 14 millones de la subida para este año y los 21 para 2009 están presupuestados por la Comunidad.
La estrategia sindical no falla: subamos a uno y luego homologuemos al resto, para evitar agravios. Y los ciudadanos, que paguen.
Esto sucedía en Murcia en noviembre de 2008: homologación salarial con los que más cobran del sector público, y en tiempos de crisis.
El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes la última subida salarial para los funcionarios de la Comunidad Autónoma pactada con los sindicatos, según precisaron fuentes del sindicato UGT y de la Administración regional.
La medida es fruto de la homologación salarial del personal de administración y servicios de la Administración general de la Comunidad Autónoma con los empleados del mismo nivel del Servicio Murciano de Salud, que desde enero de este año disfrutan de un incremento retributivo que los sindicatos exigieron que fuera extensivo para todos los empleados públicos.
La subida tendrá un coste para las arcas de la Comunidad Autónoma de 35 millones de euros, de los que un 40% (14 millones) se abonará este mismo año y el 60% restante a lo largo de 2009, según contestó anteayer en la Asamblea Regional la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, a preguntas de la diputada regional socialista Begoña García Retegui.
El secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Jiménez, indicó que tienen el compromiso del Gobierno regional de que el aumento empezará a pagarse este mismo mes de noviembre.
El incremento beneficiará a unos 10.000 empleados, aunque de manera muy dispar, explicó Antonio Jiménez. Para los más favorecidos, la subida podría alcanzar los 6.000 euros al año.
El acuerdo para la homologación salarial fue rubricado el 3 de marzo pasado, seis días antes de las últimas elecciones generales, entre el Gobierno regional y los representantes de los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, aunque las negociaciones prosiguieron varios meses más hasta concretar puesto por puesto la subida salarial.
El retraso en la aprobación del acuerdo por el Consejo de Gobierno ha despertado los recelos en las filas sindicales, alimentados por la contestación de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, a UGT durante la presentación de los presupuestos de la Comunidad en el Consejo Económico y Social la pasada semana. «La noté algo reticente cuando le pregunté que cuándo iban a aprobar la subida», declaró Antonio Jiménez.
La consejera de Presidencia indicó en la Asamblea que los 14 millones de la subida para este año y los 21 para 2009 están presupuestados por la Comunidad.
La estrategia sindical no falla: subamos a uno y luego homologuemos al resto, para evitar agravios. Y los ciudadanos, que paguen.
Esto sucedía en Murcia en noviembre de 2008: homologación salarial con los que más cobran del sector público, y en tiempos de crisis.
El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes la última subida salarial para los funcionarios de la Comunidad Autónoma pactada con los sindicatos, según precisaron fuentes del sindicato UGT y de la Administración regional.
La medida es fruto de la homologación salarial del personal de administración y servicios de la Administración general de la Comunidad Autónoma con los empleados del mismo nivel del Servicio Murciano de Salud, que desde enero de este año disfrutan de un incremento retributivo que los sindicatos exigieron que fuera extensivo para todos los empleados públicos.
La subida tendrá un coste para las arcas de la Comunidad Autónoma de 35 millones de euros, de los que un 40% (14 millones) se abonará este mismo año y el 60% restante a lo largo de 2009, según contestó anteayer en la Asamblea Regional la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, a preguntas de la diputada regional socialista Begoña García Retegui.
El secretario regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Jiménez, indicó que tienen el compromiso del Gobierno regional de que el aumento empezará a pagarse este mismo mes de noviembre.
El incremento beneficiará a unos 10.000 empleados, aunque de manera muy dispar, explicó Antonio Jiménez. Para los más favorecidos, la subida podría alcanzar los 6.000 euros al año.
El acuerdo para la homologación salarial fue rubricado el 3 de marzo pasado, seis días antes de las últimas elecciones generales, entre el Gobierno regional y los representantes de los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, aunque las negociaciones prosiguieron varios meses más hasta concretar puesto por puesto la subida salarial.
El retraso en la aprobación del acuerdo por el Consejo de Gobierno ha despertado los recelos en las filas sindicales, alimentados por la contestación de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, a UGT durante la presentación de los presupuestos de la Comunidad en el Consejo Económico y Social la pasada semana. «La noté algo reticente cuando le pregunté que cuándo iban a aprobar la subida», declaró Antonio Jiménez.
La consejera de Presidencia indicó en la Asamblea que los 14 millones de la subida para este año y los 21 para 2009 están presupuestados por la Comunidad.
La estrategia sindical no falla: subamos a uno y luego homologuemos al resto, para evitar agravios. Y los ciudadanos, que paguen.
El País Vasco mejora la subida salarial estatal, por lo visto, lo que no gusta al sector privado:
El presidente de Confebask, Miguel Lazpiur, criticó ayer la subida salarial del 3,5% que ha decidido el Gobierno vasco para sus funcionarios porque, a su juicio, en un año de profunda crisis supone un «referente negativo» que hace «una gran avería» a las empresas que han de negociar sus convenios.
Lazpiur, que pronunció ayer en Bilbao una conferencia organizada por el Forum Europa, manifestó que cuando en Euskadi «estamos cercanos a un crecimiento cero, una administración no puede anticiparse de esa manera». Máxime, enfatizó, cuando hay compañías que «no pueden pagar ese dinero» y para las que el Ejecutivo Ibarretxe es un ejemplo. En este sentido, el presidente de los empresarios vascos abogó por incrementos salariales «mínimos», «del IPC o, quizás, por debajo».
Vitoria, 20 ene 2009 (EFE).- El Gobierno Vasco ha aprobado hoy un incremento retributivo del 3,5 por ciento para el 2009 del personal al servicio de la Administración de la Comunidad autónoma.
Este incremento retributivo, que se aplicará con efecto 1 de enero de 2009, contempla una subida salarial directa del tres por ciento, superior, por tanto, a la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrada el año pasado en Euskadi, así como un incremento diferido a través de una cantidad adicional como aportación al sistema de previsión social voluntaria.
Desglosada la subida salarial, el dos por ciento de incremento tiene carácter general, un uno por ciento más de la masa salarial cuya cuantía se incorporará al complemento específico de las pagas extraordinarias y otro 0,5 por ciento adicional irá destinado a financiar la contribución de la Administración, en calidad de socio protector, a la Entidad de Previsión Social Voluntaria.
El incremento retributivo será de aplicación al personal funcionario y laboral de la Administración General, al personal de Osakidetza, a la Ertzaintza y al personal laboral del Departamento de Interior, al personal docente, al personal laboral docente y educativo del Departamento de Educación, al personal laboral del mismo Departamento, así como a su personal laboral de religión.
También se aplicará al personal funcionario de la Administración de Justicia, en el marco de la normativa que le es aplicable.
El Gobierno Vasco ha decidido también mantener las cuantías establecidas para 2008 en concepto de cumplimiento de objetivos de modernización, de productividad y de mejora de la Administración, cuya eventual consolidación en los próximos ejercicios se halla sujeta a la obtención de los correspondientes acuerdos en la Mesa general de negociación.
Acaso sea porque no les llega a ellos:
Los sindicatos CC.OO., SIAT, UGT y CSI-CSIF aseguran que unos 1.700 funcionarios pertenecientes al cuerpo de inspectores de la Agencia Tributaria y otros cuerpos de élite del organismo van a ver aumentado este año su salario anual en 10.000 euros "mientras la sociedad española empieza a sufrir los efectos de la "grave" crisis económica actual".
"Los responsables de la dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) destinarán enormes cantidades de dinero a mejorar la situación de privilegio de los funcionarios mejor pagados", critican los sindicatos, que especifican que estos funcionarios verán aumentadas sus retribuciones fijas en una media de 5.000 euros y percibirán otros 5.000 euros de media en concepto de retribuciones complementarias.
Según las centrales sindicales, ambas subidas se están llevando a cabo por los gestores de la Agencia Tributaria de forma "unilateral", incumpliendo lo dispuesto en la legislación y en numerosas sentencias de los tribunales. En su opinión, tanto los incrementos salariales como el reparto de complementos retributivos deben ser negociados con los representantes de los trabajadores, "sin oscurantismos ni consolidación de situaciones de privilegio".
"Ésta es una muestra más de la situación de desgobierno en la que se encuentra el departamento de Recursos Humanos de la AEAT, consentida por el director general de la misma, Don Luis Pedroche", subrayan los sindicatos.
Además, denuncian que, frente a una situación de "grave" crisis económica y una "espectacular" caída de la recaudación tributaria, la Agencia Tributaria incrementa el sueldo de los funcionarios mejor pagados mediante el reparto de un complemento adicional de productividad y una mejora también "unilateral" de su 'status' retributivo que, según critican, no han sido objeto de negociación con los representantes legales de los trabajadores.
Son tiempos en que no cabe tolerar la incoherencia de los responsables públicos, porque está en juego la suerte de muchos.
La DGA no cumple ni siquiera con lo que acuerda, firma y publica en el BOA, es más, yo diría que firma acuerdos que nunca ha tenido intención de llevar a cabo, como por ejemplo el acuerdo con funcionarios (el convenio colectivo de los laborales si se cumple en los mismos puntos). Se acordó un cambio de escala por motivos de salud, y ahora...el director de Funcion Publica (Antonio Brun) contesta a una petición que no se puede aplicar, porque el Estatuto Básico de la Función Publica no lo contempla. Han tenido dos años y medio para hacer todo lo necesario ya que dicho acuerdo fuera legal (si es que es ilegal) pero han "pasado" y hay unos 10 funcionarios que estan en esa situación y no pueden optar a algo que la Administración firmó... Los acuerdos son para cumplirlos, como los contratos pero ellos se inhiben de responsabilidades diciendo que... "se sienteeee!!!! yo no tengo la culpa, es que no me dejan hacerlo...."
El Defensor del Pueblo actúa de oficio con la situación de los servicios de urgencia en los hospitales de Madrid.
La mayor parte de las quejas al Defensor del Pueblo Europeo son quejas proceden de ciudadanos que trabajan en las instituciones, normalmente aspirantes a funcionarios -sobre todo por las condiciones de las pruebas o exámenes-, funcionarios en activo y funcionarios ya jubilados. Los españoles son de los ciudadanos de la UE que más quejas han presentado en los últimos años ante el Defensor del Pueblo Europeo para "hacer rendir cuentas" a las instituciones de la Unión.
Una buena iniciativa:
Dinero Público es una iniciativa del Cepet, Centro de Periodismo y Ética Pública, una organización no lucrativa, apartidista, cuyo objetivo es promover un periodismo independiente, investigativo y de interés público. Dinero Público da seguimiento a los salarios públicos y gastos.
José Ramón Pin opina:
Los datos del ILCA (Indicador Laboral de las Comunidades Autónomas) confirman la tendencia a la recesión: "El colectivo de desempleados concluirá el año con un aumento del 30,3% sobre el año anterior". En número de parados a final de 2008 será el más elevado desde 1998. Pero dicen algo más.
Casi la totalidad de los puestos de trabajo creados el último año fueron en el sector público, que sólo en el segundo trimestre de 2008 contrató 67.100 personas. Ahora el número de empleados públicos es de casi tres millones. 2.941.800 si la estadística no falla. Otro record.
Por el contrario, ese mismo trimestre, descendieron los autónomos, 15.800. Es decir, que los que 'se la juegan', arriesgando su tiempo y trabajo, están siendo sustituidos por los que 'van a lo seguro'¿Será éste el nuevo modelo económico al que los expertos del gobierno quieren ir? ¿Un país de empleados públicos con cada vez menos emprendedores?.
Con estas cifras que anuncian más gasto público, y la disminución de ingresos fiscales por la crisis, el superávit de las cuentas públicas tenderá a ser déficit. Ante esta situación una fórmula para que no crezca ese gasto es congelar los salarios de los empleados públicos.
El segundo estudio que ha realizado el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas sobre las sociedades que componen el Ibex 35 critica duramente "la política de remuneraciones" de los consejeros y altos ejecutivos además de "la falta de trasparencia y la parcialidad" de los datos que aportan sobre este aspecto. Todo ello contrasta con el deseo de estas empresas de aparecer ante sus clientes y trabajadores como socialmente comprometidas.
Los profesores de la Universitat de València, Tomás García Perdiguero y Andrés García Reche, responsables de este estudio anual se lamentaron de que "ninguna de las empresas han facilitado datos que permitan analizar la diferencia de retribuciones entre las distintas categorías de trabajadores de las plantillas".
El observatorio ha usado distintos informes para estimar que los consejeros y altos ejecutivos del Ibex 35 cobraron en el 2006 unos 250 millones de euros, un 30% más que el año anterior. La remuneración media de los 92 consejeros ejecutivos fue ese año superior a los dos millones de euros y el sueldo promedio de los 468 altos ejecutivos fue de 640.000 euros. Pero el observatorio estima que estas cifras "no reflejan la totalidad de los ingresos de la alta dirección de estas empresas" porque no cuentan otras retribuciones, lo que hace que, al menos, 26 sociedades del Ibex incumplan el Código Aldama de buen gobierno.
"Esta política de retribuciones tiene efectos muy negativos en la salud de nuestro sistema democrático y resulta escasamente compatible con los valores de igualdad, justicia y cohesión del modelo social europeo", dice el informe.
La fiscalía ha pedido a la Generalitat que justifique el encargo de varios informes por parte de diferentes conselleries del Ejecutivo catalán, como por ejemplo uno sobre la avellana, ante la sospecha de que podrían tener uns "dudosa" utilidad.
Un portavoz del ministerio público ha confirmado hoy a Efe que se está investigando detenidamente el informe sobre el cultivo de la avellana, la implantación de la industria de los frutos secos en Catalunya y sobre las subvenciones públicas al sector, ya que su utilidad era "dudosa".
Según ha avanzado hoy la cadena SER, la investigación se centra sobre todo en por qué la Generalitat encargó a una agencia de detectives de Barcelona este informe, por el que pagó 30.000 euros pese a que está elaborado en gran parte con recortes de la normativa europea en materia de subvenciones.
Hay movimiento e inquietud cívica en todas partes:
La asociación cívico-política Plataforma Navarra por el Cambio organizó, en Tudela, un encuentro con el colectivo Ciutadans pel Cambi de Catalunya en el que medio centenar de personas intercambiaron pareceres en torno a la necesidad de renovar de forma profunda "las formas de gobernar y hacer política". Con el objetivo de alcanzar una mayor "calidad democrática" se desplazaron a la Ribera, la presidenta de CPC, Carmen Valls-Lloret, y la diputada en el Parlament, Mª Rosa Ferrer.
Interesantes declaraciones políticas, aunque desde la oposición (entiéndase):
TOLEDO, 27 enero 2009 (EUROPA PRESS)
La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, abogó hoy por terminar con la situación de interinidad de muchos funcionarios públicos en la región, porque eso crea "mucha inestabilidad laboral y personal, que luego impide realizar su función de manera independiente".
Así se expresó durante una visita a la sede del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, uno de los dos sindicatos mayoritarios de funcionarios en Castilla-La Mancha, donde se reunió con los miembros de su Junta Directiva, entre ellos, su presidente regional, Juan Pinilla.
Se trata de una de las reivindicaciones que CSI-CSIF lleva realizando desde hace muchos años, y que hoy fue recogida por la presidenta de los 'populares' castellano-manchegos, quien reconoció que en momentos de crisis "los empleados públicos también sufren de forma directa o indirecta la situación".
En este sentido, no se refirió sólo a los trabajadores de la administración, sino también a los del Ente Público de Radio y Televisión de Castilla-La Mancha, a los que se dirigió de forma directa adquiriendo el compromiso de que "desde el PP les vamos a apoyar, porque es de responsabilidad y decencia que exista una plantilla para realizar su trabajo con independencia".
De Cospedal también asumió otra reivindicación del sindicato de funcionarios, que le expresó su preocupación por la "enorme profusión de empresas públicas en Castilla-La Mancha", ya que "no existe el control que debería de haber por parte del Gobierno" sobre "el tercio del presupuesto que se destina a las empresas públicas de la región".
Del mismo modo, De Cospedal insistió en la necesidad de que el Gobierno de José María Barreda realice un ejercicio de austeridad en estos momentos de crisis, sobre todo ante la "dramática" situación de paro que vive la región, y reiteró la necesidad de destinar parte de ese dinero que se pierde en autobombo y propaganda a desarrollar políticas activas de empleo o para ayudar a las pymes.
Así se vende la profesión de funcionario en las academias de opositores. ¿No es lamentable?
Veamos:
Una vez que has aprobado las temidas oposiciones y que consigues entrar a formar parte de la plantilla de funcionarios del estado, de tu comunidad autónoma o de un ayuntamiento tu vida va a dar un cambio. A partir de ese momento empiezas a ser consciente de lo que realmente significa ser funcionario, sus ventajas están por encima de sus inconvenientes y lo principal es que se trata de un puesto para toda la vida.
A algunas personas les puede resultar agobiante tener un puesto para toda la vida en el que siempre vas a estar haciendo lo mismo (recordad que también se puede promocionar para ascender de categoría y de sueldo) pero eso es una nimiedad ya que por fin puedes empezar a olvidarte de esos pequeños problemas que te han acompañado en tu vida diaria durante el paso de los años.
Tener un trabajo para toda la vida hace que puedas empezar a pensar en un futuro más a largo plazo, plantearte comprar un piso, pensar en realizar un viaje al lugar donde siempre has querido ir, etc. Son pensamientos que aunque ya los tenías en la mente se hacen más tangibles por la seguridad que un puesto así te ofrece.
El sueldo de los funcionarios varía bastante según el tipo de administración para el que se trabaje, sobre este tema ha habido muchas quejas ya que por ejemplo los policías nacionales cobran menos que los policías locales, pero independientemente de estos casos, no deja de ser un sueldo medio que para muchos hogares es un alivio económico. Además en los momentos de crisis el sueldo del funcionario se congela pero no baja.
Además los funcionarios cuentan con los llamados “moscosos” que son días libres que les pertenecen y que pueden disfrutar a lo largo del año. Además de los días de vacaciones que tiene todo trabajador los “moscosos” facilitan la vida de los funcionarios.
El horario de los funcionarios es otra de las ventajas que debemos destacar, no todos tienen el mismo horario ni disfrutan de lo que a continuación se explica, pero es frecuente encontrarse con personas que sí cumplen con esto. En la administración hay puestos en los que no hay que trabajar por las tardes o sólo se trabajan algunas tardes a la semana, muchos funcionarios tienen fiesta los fines de semana y además algunos no deben cumplir con 8 horas diarias de trabajo. Esto y la facilidad de cumplir el horario es una de las ventajas principales ya que el funcionario puede dedicar todo este tiempo que no está trabajando en él o en la gente de su alrededor.
Yo no quiero entrar al manido detalle de los funcionarios que trabajan poco o mucho.
Pero sí quiero buscar culpables de una situación: cada vez más jóvenes quieren ser funcionarios.
Se supone que entre los 15 y los 25 años(o incluso hasta 30) uno sueña con darle la vuelta al mundo, con cambiarlo todo, con tener una gran idea con la que hacer dinero, con emprender… Pero no, nuestra juventud sueña con tener una vida cómoda trabajando ocho horitas sin demasiada responsabilidad, irse a tomar unas cañitas, tumbarse en el sofá y dormir ocho o nueve horas. Todo lo demás da miedo. Miedo a emprender, a perder dinero, a que papá no esté detras si quiebra mi empresa…
Pues a esta juventud, a la que pertenezco, le toca competir con el hambre de China…
Uno de los dos sistemas peta y me temo que será el nuestro.
Hay alguien que, en las actuales “democracias” hay dos tipos de personas, los que aportan al presupuesto y los que viven del presupuesto.
Este dato simplemente confirma esta afirmación. Tenemos un país de castas (políticos, sindicalistas, funcionarios etc… pertenecen a un grupo y los parias que somos todos los demás)
En estos momentos de crisis, la gente va al paro, se producen ERE, se bajan los sueldos etc…
Los funcionarios también sufren las consecuencias de la crisis, trabajan bastante menos y los demás tenemos que pagar más impuestos para mantenerlos.
Los funcionarios, como en cualquier empresa, si hay trabajo debeían estar y si no hay trabajo no.
quién dijo crisis? con tantos funcionarios y con lo que cobran.igual para hacer un estudio de viabilidad de una empresa habría que tener en cuenta las necesidades de los funcionarios. que son los únicos que cobran a final de mes , pagas ,vacaciones, bajas,…Me parece bien! ojalá todos estuvieramos así. ppero la queja va para quien tiene que tratar con ellos , el pésimo servicio que dan(la mayoría), desmotivación? desmotivación es trabajar, y financiar a tus clientes y pendiente de si te devuelven un recibo.
Los funcionarios producen lo mismo que cualquier trabajador del sector servicios. Los hay eficientes y los hay vagos. Decir que un porcentaje alto de funcionarios en un país es algo insostenible y ruinoso es una falacia. Si cada uno de esos funcionarios produce por valor igual o superior a su sueldo, el porcentaje sobre los trabajadores del sector servicios es irrelevante. Con los impuestos se paga a los funcionarios, pero los ciudadanos tienen unos servicios gratuitos que de otra forma tendrían que pagar. Es una obviedad que parece que hay que recordar
Pues yo creo que el funcionariado es el mayor cancer de la sociedad. La garantia de tener un puesto de trabajo asegurado hastaelfindelosdias, hace aflorar la maldad humana. La picaresca.
La tocada de huevos.
No digo, que no haya funcionarios que trabajen, se esfuercen y se merezcan hasta el ultimo centimo de su sueldo. En todo trabajo, hay de todo.
Lo que si digo, es que si no tienes la necesidad de demostrar nada ante nadie... si no tienes que ser el mejor para que no entrar en las papeletas de los "largados"... Pues oye, las personas somos animales, y como tales siempre buscamos la ley del minimo esfuerzo.
Estoy convencido de que el mundo funcionaria muchisimo mejor si los funcionarios tal y como los conocemos no existiesen. Si la gestion de los estados tuviese un modelo mas "empresarial".
Sin animos de atacar a nadie eh?
Cuando Bono era presidente de Castilla La Mancha, un día cualquiera se acercó a no se qué consejería y preguntó la epidemia que había para que el 40% de los funcionarios estuviese de baja.
Todavía no he leído un artículo que fije con exactitud el número de asesores con los que se rodea un alto cargo político de la Administración.
Y así nos va...
Si la mayoria estamos de acuerdo en que muchos funcionarios trabajan poco, por algo será, ¿no creeis?. Sabemos que a los funcionarios no les gusta esta opinión tan generalizada, pero ellos no pueden interferir en nuestra mente que es la mas objetiva. Creo que a los funcionarios que no rindan deberian mandarlos al paro directamente y no pagar más a quien más trabaja, que ya cobran bastante y no le falta ningún mes.
Lo dice el decano de una Facultad de Derecho española:
En épocas de crisis económica la oferta pública de empleo se convierte en una de las salidas más sugerentes para quienes buscan un empleo. El atractivo de un trabajo fijo y bien remunerado, que supone el acceso a una plaza de funcionario, es un aliciente para los jóvenes universitarios y no universitarios españoles tanto en época de crisis como de bonanza económica.
Qué familiar resulta todo:
Son generalizadas las quejas por la excesiva duración de todos los procesos en la Junta de Extremadura: Concurso de Traslados, Oposiciones, entrada en vigor de las nuevas listas de interinos... y desde la Direccción General de la Función Pública, donde todo se gestiona, sólo tienen buenas palabras para su mala gestión.
Hay incumplimiento de la Ley por el alargamiento en todos los procesos, superior al marcado por la normativa vigente, connivencia de los sindicatos que miran para otro lado, dejadez de tribunales y comisiones de valoración, procesos estirados al máximo al servicio de los intereses del partido gobernante y los de siempre pagando el pato.
Cada vez que llamas para informarte te encuentras con un derroche de oscuridad e incompetencia consentida y alentada por los cargos de Función Pública interesadamente. Si llamas a los sindicatos para averiguar cual es el motivo de que decenas de plazas se ocupen por comisiones de servicio a dedo y no podamos optar a ellas en concurso de traslados te dan largas sin explicaciones.
Tan sangrante es el tema del aumento de puestos de libre designación con nombres y apellidos o la perdida de puestos funcionariales a causa de determinados inquilinos que aparecen en la Administración con el descontrolado invento de las Asistencias Técnicas o cuando ves a los Jefes de tu Servicio como reservan plazas para interinos afines que no consiguen aprobar ningún examen de oposición o... podría seguir contando irregularidades indefinidamente.
Aunque hemos cambiado de Director General en la Función Pública, los vicios heredados se perpetuan, las buenas intenciones se corrompen, las palabras se las lleva el viento, los concursantes siguen viajando y los opositores sin trabajo continúan en la eterna espera del limbo burocrático.
No dejan de resultar curiosos algunos de los comentarios vertidos en este tema. Según algunos, como los trabajadores de la privada pueden ser despedidos, los funcionarios también deberían serlo. ¿No sería más lógico pedir que no se despidiera tan fácilmenta a los de la privada? Parece que cuando uno está mal su máxima afición es que también lo están los demás, pero cuando uno está bien, a los demás...que les den. Creoq ue esto se llama solidaridad inversa.
Por otra parte, todos esos que afirman que un funcionario debe ser despedido deberían hacerse una reflexión: puesto que la Administración la controlan políticos, el despido de los funcionarios no sería por su falta de productividad, sino por no ser afín al partido en el gobierno; esto ya sucedió en nuestra historia, amigos, hay que documentarse. La garantía del puesto de trabajo de un funcionario es también la garantía de que ese funcionario va a aplicar la ley a los ciudadanos, mientras que si puede ser despedido por un miembro de un partido, el funcionario aplicará al ciudadano aquello que diga el partido, y ¡hay del ciudadano que no pertenezca al partido en que gobierne!
Salud.
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