Zaragoza, 17 de enero de 2009.
El rechazo de la proposición de prueba formulada por parte de esta Asociación en el procedimiento contencioso promovido contra la modificación del puesto de trabajo de Director/a de la Biblioteca de Aragón ha impedido acreditar con la fuerza de los hechos la desviación de poder señalada en el escrito de demanda, consistente en habilitar dicho puesto de trabajo para su desempeño por doña Pilar Navarrete, tras su cese como Directora General de Cultura del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Creemos, sin embargo, que la inconsistencia de las razones expuestas para justificar dicha modificación puede resultar suficiente para avalar la tesis de desviación de poder expresada en el escrito de demanda.
Lo que, sin embargo, no cabe dejar sin respuesta o réplica son las afirmaciones realizadas por la Letrada de la Administración en su escrito de contestación a la demanda, negando todo valor a la información periodística que sobre el caso se acompañaba con el escrito de demanda, noticias cuyo valor trataba de desvirtuar la Letrada con un tono agrio y descalificador hacia esta Asociación.
Entendemos que no cabe privar de valor a la información aparecida en prensa sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo llevada a cabo, pues con ello se vendría a negar virtualidad al ejercicio del derecho fundamental de difundir libremente información veraz, reconocido en el artículo 20.1.d) de la Constitución española. Dicha información, suscrita por profesionales de la información y aportada con el escrito de demanda, debe reputarse veraz desde el momento en que la Administración en ningún momento ha venido a contradecir la versión de los hechos que en ella se contiene ni la afectada ha ejercido el derecho de rectificación que le asiste en el supuesto de que se tratase de una información perjudicial y carente de fundamento.
En contra de la poco respetuosa descripción que de tal información hace la Letrada de la Administración, menospreciando con ello el ejercicio del derecho de información y de libertad de expresión, cabría decir que la realidad o lógica de los hechos es justamente la contraria a la expuesta en su escrito de contestación a la demanda. Los responsables políticos que han promovido la improcedente modificación del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón son perfectamente sabedores de la veracidad de la información publicada, y es por ello que no proceden a desmentirla ni rectificarla. Deben de considerar que la misma no es sino el tributo de desgaste mediático que han de sufrir por la arbitrariedad cometida.
No obstante, saben, y la experiencia lo corrobora, que la opinión pública rápidamente dirigirá su atención a otros hechos o acontecimientos, con lo que el caso pasará al olvido y la arbitrariedad, a pesar de su denuncia en prensa, acabará consolidándose sin mayor problema, como nueva demostración de ejercicio del poder que no de la correcta y deseable administración de los asuntos públicos.
Es evidente que la legalidad se defiende ante los Tribunales, en cuanto garantes del Estado de Derecho, y así lo ha hecho esta Asociación al formular su recurso contra tal modificación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero no hay que olvidar que la esencia del Estado de Derecho es el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y su régimen de protección. Entre ellos figura, con un destacado valor para el pleno desarrollo del sistema democrático, la libertad de difundir libremente información veraz. Por ello no puede dejarse de hacer referencia a la improcedente insinuación realizada por la Letrada de la Administración a la aportación de una información interesada, sesgada o carente de veracidad.
¿Qué más se quiere negar a esta Asociación? No sólo la legitimación para acudir a los Tribunales en defensa del respeto a la legalidad, principal valor de la función pública, sino también, por lo visto, la libertad de expresión y de difusión libre de información veraz, es decir, la capacidad de denuncia de las vulneraciones de la ley ante la opinión pública. Confiamos en que ello merezca el oportuno reproche por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
6 comentarios:
Lamentable posición de los servicios jurídicos, que podrían cumplir su labor de defensa sin necesidad de descalificaciones innecesarias que en el fondo sólo hacen cuestionar su profesionalidad.
¿No se había hecho el domingo para descansar?
Imagino que se trata de información veraz, no feraz, pues feraz es la vega de Granada.
Cuestionar las informaciones en prensa es un signo de autoritarismo inadmisible.
Es un hecho repetido en los últimos juicios contencioso-administrativos que alguna letrada de la Administración, carente de argumentos legales frente a las demandas, trate de ganar un hipotético debate recurriendo a la dialéctica de una tertuliana de programas de telebasura. Ese lenguaje y esa argumentación es más propia de programas del corazón televisivos que de un procedimiento institucional serio. La letrada representa a la Amdinistración aragonesa y desde luego no deja a ésta en un lugar muy honroso.
Lo mínimo que cabe pedir es un respeto a la libre expresión, al margen de los criterios que se apliquen por los tribunales, pues la opinión pública es algo esencial en una democracia.
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