Zaragoza, 22 de enero de 2009.
El Gobierno de Aragón ha incumplido su obligación legal de aprobar, en el pasado año 2008, la Oferta anual de empleo público para atender las necesidades de personal de nuevo ingreso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución.
Ante el nuevo incumplimiento en materia de oferta de empleo en que ha incurrido el Gobierno de Aragón, y por considerar imprescindible para la salud del Estado de Derecho la defensa de la legalidad en materia de empleo público, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a formular sendas quejas al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón.También va a dirigirse tanto a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón como a los responsables del Ministerio de Administraciones Públicas, encargados de vigilar el respeto de la legislación básica estatal en materia de función pública, para denunciar formalmente dicho incumplimiento.
La Asociación va a solicitar a dichas Instituciones que velen por el respeto de las siguientes medidas: a) aprobación de la oferta anual de empleo público en el primer trimestre de cada ejercicio; b) inclusión en la oferta anual del número de plazas necesario para atender las necesidades de funcionamiento justificadas por los diferentes Departamentos y Organismos autónomos, con inclusión de los puestos de trabajo provistos por funcionarios interinos; y c) incorporación en las ofertas anuales de las necesidades de contratación de personal por las entidades de Derecho público, así como las previsiones de promoción interna independiente y turnos restringidos para candidatos discapacitados, en la forma establecida por las normas y los acuerdos suscritos entre administración y sindicatos que se ajusten a ellas.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, desde su creación, ha insistido en la necesidad de respetar de forma escrupulosa el régimen legal de selección de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tal y como se regula en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Estatuto Básico del Empleado Público, dentro del marco establecido por la Constitución española.
La aprobación de la oferta anual de empleo público debe ser considerada como una obligación y no como una facultad de las diferentes Administraciones Públicas, ya que lo contrario supone dejar en manos de cada Administración Pública la efectividad de un derecho fundamental, y por ello las leyes imponen a los respectivos órganos de gobierno aprobar anualmente la oferta de empleo público, conforme a las necesidades de personal de nuevo ingreso de cada Administración, concretando de ese modo las posibilidades de acceso de los ciudadanos al desempeño de tales funciones o puestos de trabajo.
La situación vivida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el año 2000, viene determinada por la falta de aprobación de oferta anual de empleo público durante los años 2001, 2002, 2005 y 2006, y la enorme demora en la ejecución de aquellas ofertas aprobadas, incumpliendo los plazos de convocatoria y resolución marcados por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. A ello hay que añadir, ahora, un nuevo ejercicio, el 2008, en el que nuevamente no se ha aprobado la preceptiva oferta de empleo público.
A juicio de esta Asociación, la situación descrita pone de manifiesto el incumplimiento sistemático de las normas que regulan el acceso a la función pública por parte del Gobierno de Aragón. Como consecuencia de ello, la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón está viviendo un fenómeno de provisionalidad e interinidad creciente en sus efectivos, lo que provoca un claro detrimento de las garantías de imparcialidad de los funcionarios a la hora de ejercer sus funciones, ya que ésta resulta difícil de aplicar si no viene acompañada de la inamovilidad propia de los funcionarios de carrera.
Lo anterior no puede desvincularse de la necesidad de asegurar que los principios de igualdad, mérito y capacidad queden debidamente garantizados en la contratación del personal propio de las entidades de Derecho público y de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, evitando además que dicho personal pueda ser irregularmente prestado a los Departamentos y Organismos autónomos para el ejercicio de funciones que corresponden exclusivamente a personal funcionario.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
18 comentarios:
Que se vayan convenciendo de que tenemos un firme compromiso con la defensa de la legalidad, al igual que ellos parecen tenerlo con su incumplimiento.
¿Se ha denunciado esta vulneración de la ley en la prensa? ¿cómo admiten los ciudadanos que se les confisque su derecho de acceso a las funciones públicas? ¿cómo reaccionarían los políticos si no se convocasen los puestos en las elecciones y los ciudadanos decidiesen cubrirlos con interinos eternos?
Muy bueno lo de Obama.
We can or we can´t, that´s the question.
¿Omaba o Obama? ¿O Omaha? Como hablo de Normandía ....
¿Qué provoca la corrupción?
Una de las causas, sino la más importante, es la ineficiencia de los funcionarios públicos porque reduce la calidad con que ofrecen sus servicios. Otra es la baja remuneración y los mecanismos para ascender ya que cuando se realizan concursos de promoción, las vacantes son insuficientes. No siempre la promoción a cargos se efectúa por méritos, se vinculan funcionarios a altas posiciones sin concursar o en concursos “disfrazados” para vincular las cuotas burocráticas.
Los factores culturales pueden tener una gran importancia a la hora de determinar la medida en la que las decisiones y las relaciones económicas, incluyendo aquellas que se establecen entre responsables públicos e individuos privados, se ven afectados por vínculos personales. En algunas sociedades, puede resultar difícil para los individuos resistirse a las presiones provenientes de personas con quienes mantienen vínculos y que aspiran por ello a recibir un trato preferente. Una vez que se empieza a realizar una distinción basada en estos vínculos, es frecuente que aparezca la corrupción (...) Cuanto mayor es la presencia del sector público y más personalizadas las relaciones entre los individuos, mayores oportunidades de corrupción habrá (...). Los individuos que comienzan sorteando las normas, van encontrando progresivamente más sencillo, desde una perspectiva moral ó práctica, quebrantarlas, mientras que otros que en un ambiente diferente, quizá no hubieran sucumbido a la corrupción, comenzarán a imitar a aquellos que la practican.
El mal ejemplo de los gobernantes acaba devastando la integridad en el comportamiento de los empleados públicos.
Qué vergüenza! desde luego,no sé con qué legitimidad se exige luego el cumplir las leyes cuando son ellos los primeros que las incumplen.Como funcionario aragonés que trabaja para la AGE y que pensó en su día en opositar a su Comunidad,veo que no me equivoqué.Veo que las cosas siguen como hace años,interinos perpetuos,número de plazas ridículas,aumento de organismos como Institutos,empresas públicas,etc,sin control alguno en su contratación de personal...
Desde luego,desconozco con qué intenciones se actúa así,pero desde luego a los ojos del ciudadano,lo que parece es que algo está podrido.
Se ha hecho de la excepción,de la temporalidad, la regla general.El mérito,la publicidad y la capacidad de la que tanto se habla por ahí,brillan por su ausencia.Me parece una falta de respeto para el opositor.
Seguid adelante dando toda la publicidad en prensa posible,porque el aragonés que quiera opositar,estudiando y sacrificando muchas cosas,sabrá que se oferta un número de plazas ridículas,el año en que se ofertan,cuando hay cientos de personas trabajando "temporalmente" y en su ciudad.Otros que no han aprobado examen alguno y ocupan puestos que probablemente deberían ser ocupados por funcionarios.Habrá otros que no se sabe cómo,pero trabajan para el Gobierno de Aragón en una empresa o entidad pública rara,donde casualmente tiene un amigo o familiar o conocido.Tampoco se sabe muy bien cómo entró,porque no hay un procedimiento reglado ni un control.
Todos ellos pretenden perpetuarse en sus puestos,muchas veces con el apoyo de los sindicatos.Pero mientras tanto,miles de opositores estudiando y esperando,confiando en un sistema,que debería ser la norma general y que se ha convertido en la excepción.
En fin,no utilizo el tono formal y las bonitas palabras de otros comentarios,pero que sepàis que hablo por boca de muchos aragoneses funcionarios y opositores,que,en conversaciones con ellos,piensan de lo penoso de la situación.
El primer día de un presidente en la Casa Blanca es como el primer día de clase en una escuela: es muy importante pero nunca pasa nada. El caso del flamante presidente Barack Obama fue una gran excepción. En un gesto que sorprendió a más de uno, Obama dedico su primer día en el Salón Oval fundamentalmente al tema de la ética en su administración. Cumpliendo con la promesa de establecer un gobierno más responsable y más transparente, anunció el congelamiento de los salarios de todos los funcionarios que ganen más de 100.000 dólares, puso límites de los abusos y lo que muchos consideran prácticas corruptas de los lobistas y, en nombre de la transparencia, ordenó a sus funcionarios no guardar secretos a menos de que se trate de un tema relacionado con la seguridad nacional. Pero eso no es todo. Obama ordenó también que se suspendan por 120 días los juicios militares a los detenidos en Guantánamo (Ver "Ordenó..."). Y, según trascendió, hoy anunciará el cierre de Guantánamo en el transcurso del año, la prohibición total de la tortura y una revisión de los métodos por lo cuales se detiene a sospechosos de haber atentado contra la seguridad nacional.
Todas estas medidas tienen por objeto restaurar la confianza de los estadounidenses en el gobierno y la del mundo entero en EE.UU.. Obama también dedicó parte del día al conflicto en Oriente Medio. Si bien hasta ahora había evitado pronunciarse argumentando que el país tiene un presidente a la vez, ayer el nuevo jefe de la Casa Blanca dejó en claro que tiene toda la intención de participar muy activamente en la búsqueda de una solución. Ayer llamó por teléfono al presidente de Egipto Hosni Mubarak, al premier israelí Ehud Olmert, al Rey de Jordania, Abdullah, y al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas (Ver pág. 21). La flamante secretaria de Estado, Hillary Clinton, no estuvo porque fue confirmada por el Senado después de que tuvieron lugar. Los anuncios tendientes a restablecer la ética en la Casa Blanca ocurrieron ayer durante la ceremonia de jura de los nuevos altos funcionarios. "Mientras seamos los depositarios de la confianza pública, no debemos olvidar nunca que estamos al servicio del público" les dijo.
Obama explicó el congelamiento de los salarios de sus funcionarios diciendo que frente a la crisis económica son justos. "Cuando todas las familias se están ajustando el cinturón , lo mismo debe hacer Washington" dijo.
Más aún, Obama dijo que no contratará a nadie en aéreas donde el candidato o candidata haya estado haciendo lobby en los dos últimos años, y que cualquier funcionario que abandone la Casa Blanca no podrá trabajar para esos grupos de presión "mientras yo sea presidente". Obama también prohibió a sus funcionarios recibir cualquier tipo de regalos de un lobista. Esto marca un giro de 180 grados ya que hasta ahora se prohibía a un funcionario que salía de la Casa Blanca hacer lobby en su área pero sólo por un año.
Obama ordenó también la expansión de la desclasificación de documentos bajo el "Acta de la libertad de información". "Durante mucho tiempo hubo demasiados secretos en esta ciudad" explicó.
Esperanzado editorial de The New York Times
Por: THE NEW YORK TIMES.
El día que Barack Obama asumió el poder no faltaron las imágenes fuertes, comenzando por este hombre confiado que desafió todas las convenciones políticas -que era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado negro o no lo suficientemente negro- para pararse en las escalinatas del Capitolio y prestar juramento en una ciudad y un país que siguen estando divididos desde el punto de vista racial en muchas formas vergonzosas.
Y después estuvo la gente, que por un día, y esperemos por mucho tiempo más, desafió todas esas divisiones. Cientos de miles de ciudadanos viajaron desde todos los rincones de un país que rara vez estuvo en una situación de tanto peligro y aún así se muestra muy optimista sobre su nuevo líder.
En su discurso inaugural, Obama barrió en alrededor de 20 minutos con ocho años de decisiones incorrectas y políticas fracasadas y prometió volver a comprometer a Estados Unidos con sus ideales más preciados.
Con Bush de espectador, Obama declaró: "Hoy estamos reunidos porque elegimos la esperanza por sobre el miedo y la unidad antes que el conflicto (...) Hoy venimos a declarar el fin de la promesas falsas y agravios banales, las recriminaciones y dogmas gastados que durante tanto tiempo estrangularon nuestra política".
Su discurso no dejó dudas sobre la forma en que Obama ve los problemas del país y sobre cómo piensa solucionarlos.
De la misma forma como reformuló al Partido Demócrata para ganar su nominación y al electorado norteamericano para derrotar a John McCain, Obama dijo que pretende reformular al gobierno para que sirva de verdad a sus ciudadanos. "La pregunta que nos hacemos hoy no es si nuestro gobierno es demasiado grande o chico, sino si funciona, si ayuda a las familias a encontrar empleos con un sueldo decente, a tener una atención médica que puedan pagar, y una jubilación digna" dijo. Obama no tuvo reparos en condenar la ideología fracasada de la existencia de mercados sin control. Mientras el día seguía con una sucesión de fiestas, la imagen que nos quedó fue la forma en que el presidente 44° se las arregló para abrazar el simbolismo y ponerse por encima de él. Nos llenó también de la esperanza de que, con la ayuda de Obama, este golpeado país pueda unirse y corregirse.
"La transparencia y el Estado de Derecho serán la base de mi presidencia", afirmó el presidente en una ceremonia de firma de varias órdenes ejecutivas, entre las que figuran la congelación de los salarios del cerca de un centenar de funcionarios de la Casa Blanca que cobran más de 100.000 dólares anuales (77.700 euros).
En momentos en los que el país atraviesa una dura crisis económica, "las familias se están apretando el cinturón, y lo mismo debe hacer Washington", sostuvo el nuevo mandatario.
También suscribió una iniciativa para fomentar la transparencia del Gobierno, que exigirá que todos los organismos gubernamentales vean las peticiones de información que se les presenten bajo la Ley de Libertad de Información.
"La Ley de Libertad de Información es la herramienta más poderosa que tenemos para hacer que el nuestro sea un Gobierno honesto y transparente", declaró.
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impuso nuevas reglas para el funcionamiento de su administración en su primer día de trabajo en la Casa Blanca, limitando la actividad de los grupos de presión, congelando sueldos y abriendo una "nueva era" de transparencia.
Obama prohibió que los funcionarios que abandonen su administración puedan trabajar después para los lobbys relacionados con la Casa Blanca. Los empleados públicos tampoco podrán recibir regalos, anunció antes de tomar juramento a los nuevos funcionarios de la Casa Blanca, indicó AFP.
"Nunca debemos olvidar que somos servidores públicos, y que el servicio público es un privilegio", dijo Obama.
"Un ex empleado de un lobby que entre en mi administración no podrá trabajar en los temas que antes trataba ni con un ministerio con el que tuvo relaciones laborales en los dos últimos años", añadió.
"Una vez que haya abandonado la función pública no tendrá derecho a ejercer como empleado de un grupo de presión ante la administración mientras yo sea Presidente".
Por lo tanto, "a partir de hoy, los cabilderos estarán sujetos a límites más estrictos que bajo cualquier otro gobierno de la historia", dijo el flamante presidente.
"Y habrá una prohibición de regalos a cualquiera que trabaje en el Gobierno", advirtió.
Obama explicó que de este modo aplicaba una de sus promesas de campaña, aunque reconoció que el dispositivo no sería suficiente para "reparar el sistema averiado que pervive en Washington" debido a las interacciones entre los sectores público y privado.
Por otro lado, Obama congeló los salarios más altos de los principales funcionarios en la Casa Blanca, en una medida de austeridad en tiempos de crisis económica.
Los salarios superiores a los 100.000 dólares anuales no podrán ser aumentados. "Durante este período de emergencia económica, las familias se aprietan el cinturón y lo mismo debería hacer Washington".
"Es por lo que establezco un congelamiento de salario de mis principales asesores en la Casa Blanca", indicó el mandatario.
"Algunos de los presentes en esta sala se verán afectados por la congelación de sueldos, y quiero que sepan que aprecio su buena voluntad para aceptarlo", añadió.
Por último, en su segundo día como presidente de Estados Unidos, el demócrata prometió que habría una "nueva era de transparencia" en su gobierno.
"Por mucho tiempo ha habido demasiados secretos en esta ciudad. Las viejas reglas decían que si existía un argumento legítimo para no revelar algo al pueblo estadounidense, entonces no debía ser revelado", dijo Obama.
"Eso se ha terminado", prometió. "Asumiré la responsabilidad como Presidente de tener un nuevo nivel de transparencia. La Ley de Libertad de Información es la herramienta más poderosa que tenemos para hacer que el nuestro sea un gobierno honesto y transparente", declaró.
La anterior administración del presidente George W. Bush fue criticada repetidas veces por retener información de manera indebida.
¿Pertenece Obama a esa Asociación o sólo es una mera coincidencia de planteamientos?
Bien por la iniciativa de la Asociación.
A ver si la OEP puede volver a ser la Oferta de Empleo Público en lugar de la Oferta de Empleo Político.
Salud.
Esto dice el Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe de 2007:
De unos años a esta parte el derecho de la ciudadanía, en sus relaciones con las Administraciones públicas, a una buena administración ha ido adquiriendo un creciente protagonismo en los ámbitos legislativo y jurisprudencial como referente de actuación de las mismas.
Pero, ¿cómo surge este derecho y cuál es su contenido?
El derecho a una buena administración, de claro antecedente en el Derecho europeo, nace con el intento de llevar a cabo una Constitución europea en el Tratado de Niza de 2000, texto al que se incorpora la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, reciente y solemnemente proclamada en el Tratado de Lisboa de Diciembre de 2007, con el mismo valor jurídico que los Tratados de la Unión Europea, en cuyo artículo 41 regula el “derecho a una buena administración” por parte de la ciudadanía frente a los órganos o instituciones de comunitarios, atribuyendo al Defensor del Pueblo Europeo el conocimiento de los casos de “mala administración” como garante de su cumplimiento (art. 43).
En este ámbito, el contenido de este derecho se concreta en un conjunto de derechos específicos como son, entre otros, los de ser tratados de forma imparcial y equitativa, de obtener respuesta motivada en un plazo razonable, el de audiencia previa, en el procedimiento el de acceso al expediente y a los documentos que lo componen, el obtener reparación por los daños sufridos como consecuencia de la acción u omisión administrativa y el derecho al pluralismo lingüístico.
Se trata, pues de un “derecho de derechos o subderechos” de amplio contenido, que tiene la fortuna de resumir en su expresión (“ buena administración), la formulación de una nueva forma de concebir la relación de la Administración con los ciudadanos, en la que estos son la piedra angular de la acción pública.
En lo que a nuestro país se refiere, la Constitución española no consagra este derecho, al menos en los términos en que se regula en la Carta europea, aunque es justo reconocer que encuentra reflejo en ciertos principios o normas del texto constitucional, como son, entre otros, los arts. 3 (pluralismo lingüístico), 103.1 y 3 (objetividad y legalidad e imparcialidad), 105 (acceso a archivos y registros y audiencia del interesado en el procedimiento) y 106 (derecho a ser indemnizados).
Todos estos principios de actuación y funcionamiento de la Administración pueden condensarse en la acepción europea del “derecho de los ciudadanos a una buena administración”, que no son sino expresiones de los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los arts. 9 y 103 de la Carta Magna.
No obstante, este derecho encuentra mayor concreción en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en cuyos arts. 3, a nivel de principios de actuación de las Administraciones públicas y 35, como “derechos de los ciudadanos”, entre otros, se recogen buena parte de los “subderechos” que integran el más amplio derecho a una buena administración, encontrando su expresa referencia en la legislación administrativa sectorial más reciente (artículo 25 de la Ley de Contratos del Sector Público y exposición de motivos de la ley reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, ambas de 2007).
Este nuevo marco de valores en la cultura administrativa se viene definiendo a través del concepto de “receptividad administrativa” entendido este como el derecho que todo ciudadano tiene a que su Administración sea:
Comprensible, esto es, que su organización se entienda y su funcionamiento sea claro.
Accesible, en el plano espacial, temporal y material.
Que responda a lo que de ella se espera, esto es, que dé soluciones y no aplace o retarde la solución de las demandas y peticiones de los ciudadanos.
Por último, que permita la participación de los ciudadanos en la adopción de las decisiones administrativas que les afecta.
Un libro de interés de Rodríguez Arana sobre el buen gobierno y la buena administración de las instituciones públicas.
La perspectiva del buen gobierno y la buena administración de organizaciones ha ocupado un lugar relevante entre los especialistas del Derecho privado, dedicando estudios relevantes a los códigos corporativos, a los códigos de buena conducta y la denominada responsabilidad social empresarial. Sin embargo, era necesario que desde el Derecho Público y la ciencia de la Administración pública se estudiara la proyección de estos criterios sobre el acontecer y la vida de las instituciones públicas y sus dirigentes. A esta tarea se dedica el profesor Jaime Rodríguez-Arana, pionero en los comentarios sobre etica pública en el mundo jurídico, desde la metodología que el autor califica de pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario.
El libro analiza la cuestión a partir de diferentes puntos de vista y enfoques, y teniendo en cuenta las principales aportaciones de los organismos internacionales competentes en la materia, como pueden ser Naciones Unidas, la Unión Europea o la OCDE. En este contexto destaca el análisis efectuado de las dos principales manifestaciones de la Administración española en materia de ética pública como son el Código de ética pública de los altos cargos y la recentísima regulación de los conflictos de interés de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado por Ley 5/2006, de 10 de abril cuyo texto integro se reproduce en el anexo legislativo de esta obra.
Presentación del Código de Buena Conducta Administrativa de la Unión Europea por parte del Defensor del Pueblo Europeo.
Estimado lector/a:
Desde que acepté el puesto de Defensor del Pueblo Europeo el 1 de abril de 2003, he trabajado incansablemente para promover la buena administración en el seno de las instituciones y órganos de la Unión Europea. Esta labor conlleva una doble dimensión. Por un lado, la actuación del Defensor del Pueblo constituye un medio externo de control, investigando reclamaciones sobre mala administración y recomendando en su caso acciones correctivas. Por otra parte, el Defensor del Pueblo puede ayudar también a las instituciones llamando su atención sobre áreas en las que su trabajo puede mejorarse. En última instancia la finalidad de la labor del Defensor del Pueblo Europeo es mejorar el servicio a los ciudadanos europeos.
El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa es un instrumento vital en la labor del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo utiliza el Código para examinar si existe o no mala administración, aplicando sus disposiciones para llevar a cabo su función de control. Al mismo tiempo el Código sirve de guía práctica y herramienta para funcionarios, fomentando los más elevados niveles de administración.
Los ciudadanos europeos no se merecen menos. El derecho a una buena administración por parte de las instituciones y órganos de la UE es un derecho fundamental, según el Artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El Código explica a los ciudadanos qué significa en la práctica este derecho y qué pueden esperar, en concreto, de la administración europea. Al haber sido integrada la Carta como Parte II del Tratado que establece una Constitución para Europa podemos estar seguros de que en los próximos años este derecho tendrá cada vez un mayor significado.
Desde su adopción por el Parlamento Europeo en septiembre de 2001 tanto ciudadanos como funcionarios han demostrado un gran interés en el Código. Su impacto no se ha limitado, tan solo, a las instituciones y órganos de la Unión. Me es grato señalar que el Código ha sido adoptado por numerosos Estados Miembros, así como por países candidatos. Como Defensor del Pueblo Europeo, es mi tarea promover la difusión de los derechos y obligaciones contenidos en el Código, a lo que contribuye esta publicación de una nueva versión del mismo en todos los idiomas oficiales de la UE, así como en los idiomas de los países candidatos.
Espero que el Código continúe siendo un útil de trabajo para las administraciones públicas así como un punto de referencia para los ciudadanos de toda Europa.
P.Nikiforos Diamandouros
Estrasburgo, 5 de enero de 2005.
Más sobre el tema:
Con anterioridad a 1998, Jacob Söderman, el primer Defensor del Pueblo Europeo, venía preocupándose de temas como la transparencia (incluyendo procesos comprensibles y abiertos a través de los cuales las autoridades públicas toman decisiones; que estas decisiones sean razonadas; que la información base de las mismas sean accesibles al público) y sobre todo de establecer un código de buena conducta administrativa.
Para el primer Defensor Europeo tal código incluiría razonar las decisiones, eliminar la discriminación, otorgar derechos de defensa, tomar en cuenta las consideraciones relevantes, mantener registros adecuados, eliminar el retraso innecesario, facilitar información de forma clara y comprensible, aplicar los procedimientos y normas establecidos, si la decisión no es favorable facilitar información sobre las posibilidades de su revisión, actuar coherentemente, acusar recibo y contestar las comunicaciones, derivar las comunicaciones al servicio competente, excusarse por los errores y tener un sistema propio para abordar las reclamaciones[8].
En este contexto, desde su toma de posesión trabajó en definir el concepto de mala administración a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y teniendo en cuenta los principios del Derecho Administrativo Europeo. A este mismo esfuerzo contribuyó la iniciativa del parlamentario europeo Roy Perry y finalmente se plasmó en la Resolución de 6 de Septiembre de 2001 del Parlamento Europeo que aprobó un Código de Buena Conducta Administrativa dirigido a las instituciones y órganos de la Unión Europea, cuyos contenidos deberán ser respetados por esas administraciones y sus funcionarios en sus relaciones con los ciudadanos.
El punto de partida del Código está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza en Diciembre de 2000 que establece el derecho de los ciudadanos a una buena administración y el derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración.
Esto recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León tras su reciente reforma.
Artículo 12. Derecho a una buena Administración.
La ley garantizará los siguientes derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica:
a) A recibir información suficiente sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder y sobre las condiciones del acceso a los mismos.
b) A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable.
c) Al acceso a los archivos y registros administrativos, a los documentos de las instituciones y administraciones públicas de Castilla y León, y a la información administrativa, con las excepciones que legalmente se establezcan.
d) A la protección de los datos personales contenidos en ficheros dependientes de la Administración autonómica, garantizándose el acceso a dichos datos, a su examen y a obtener, en su caso, la corrección y cancelación de los mismos. Mediante ley de las Cortes podrá crearse la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Castilla y León para velar por el respeto de estos derechos en el marco de la legislación estatal aplicable.
e) Al acceso en condiciones de igualdad y con pleno respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad a los empleos públicos en la Administración autonómica y en los entes de ella dependientes.
f) A formular quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
Aquí en Aragón no interesó el tema a nadie, está visto.
Y se está negando a los interinos el derecho de acceder al empleo en la forma prevista por la ley: Que no se olvide eso, sobre todo.
El día que vea convocadas las cientos de plazas de auxiliares administrativos ocupadas por interinos en la Administración de la Comunidad Autónoma, sabré que algo ha cambiado en Aragón.
Ojalá ese día llegue pronto.
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