LA ASOCIACION CONFIA EN QUE LA PRESENTE LEGISLATURA PERMITA AVANZAR EN EL BUEN GOBIERNO Y EN LA BUENA ADMINISTRACIÓN

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa confía en que la configuración del nuevo Departamento de Presidencia, dentro de la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma pueda constituir una importante oportunidad para abordar la agenda de reformas e iniciativas que desde la Asociación consideramos imprescindibles para impulsar una Administración profesionalizada, que haga de la legalidad y la eficiencia objetivos irrenunciables, asegurando con ello tanto la objetividad en su actuación como la satisfacción de los derechos y necesidades de los ciudadanos.

Las recientes declaraciones del titular del nuevo Departamento, don Javier Velasco Rodríguez, en las que realizaba una favorable valoración profesional del conjunto de los servidores públicos de la Administración autonómica, y el organigrama de dicho Departamento, en el que se agrupan el conjunto de competencias necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la organización administrativa, incorporando como novedad la creación de una Dirección General de Participación Ciudadana, llamada a reforzar la colaboración entre la Administración y la sociedad civil en el desarrollo de las políticas públicas, permite abrigar la esperanza de que la nueva legislatura pueda suponer una etapa fructífera en el desarrollo y modernización de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, avanzando con ello en los objetivos institucionales de buen gobierno y buena administración.

Esta Asociación va a trabajar para impulsar medidas efectivas en dicha dirección, formulando al responsable del nuevo Departamento un documento de propuestas en materia de organización, gestión y función pública, necesarias, a nuestro juicio, para corregir carencias actuales de funcionamiento. Con tal fin, se va a solicitar un encuentro, a lo largo del mes de septiembre, con el titular del Departamento de Presidencia tanto para presentarle los fines, objetivos y trabajo desarrollado por la Asociación hasta la fecha, así como las líneas de trabajo que necesariamente inciden sobre las competencias y responsabilidades del nuevo Departamento.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON RECHAZA LAS CAUSAS DE INADMISIÓN PLANTEADAS POR ADMINISTRACION Y SINDICATOS.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ante la que se sigue el recurso contencioso planteado por esta Asociación contra el Decreto 67/2007, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el 2007, ha acordado, mediante auto de 6 de julio de 2007, rechazar las causas de inadmisibilidad planteadas por la Administración y Sindicatos, mandando proseguir las actuaciones conforme al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, trasladando a la Asociación el expediente administrativo remitido por la Administración para formalizar la demanda en el plazo de ocho días.

Frente al recurso formulado por la Asociación, tanto la Administración como la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras formularon sendas causas de inadmisibilidad, que, en el acto de comparecencia del 5 de julio hicieron suyas todas las partes codemandadas (Administración, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores).

El Auto de la Sala rechaza, en primer lugar, la falta de legitimación activa de la Asociación, planteada por Comisiones Obreras, afirmando que, en aras a preservar el derecho de la Asociación recurrente a la tutela judicial efectiva, no puede negarse a ésta la necesaria legitimación, y ello atendiendo a los principios y fines de la Asociación que recogen los artículos 5, 6 y 7 de sus Estatutos y a los motivos por los que impugna el Decreto recurrido y que permite concluir que para ella, en atención a tales principios y fines estatutarios, no es neutral o indiferente el mantenimiento de dicho Decreto.

En segundo lugar, respecto a la falta de conexión de la impugnación con el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos establecido en el artículo 23.2 de la Constitución española, señala la Sala que el recurso no puede considerarse que carezca del mínimo de consistencia exigido, ya que en el escrito de interposición formulado por la Asociación se especifica el derecho fundamental que se considera vulnerado y se explicitan las razones por las que se entiende lesionado tal derecho, razones que, como vino a sostener el Ministerio Fiscal en el acto de la comparecencia, y a los solos efectos de valorar la procedencia del cauce procesal elegido por la Asociación, cumplen la exigencia formal del procedimiento utilizado.

Por todo ello, la Sala, con rechazo de las causas de inadmisibilidad opuestas, acuerda mandar proseguir las actuaciones por los trámites del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la personal regulado en la Ley Jurisdiccional, y, en consecuencia, poner de manifiesto a la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA ARAGONESA el expediente y demás actuaciones para que en el improrrogable plazo de OCHO DIAS pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos que estime oportunos; todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

La Asociación, lógicamente, se muestra muy satisfecha con la resolución judicial adoptada, valora muy positivamente la posición adoptada por el Ministerio Fiscal, y considera que los futuros responsables de Función Pública, así como los Sindicatos comparecidos, deberían tomar nota del valor que representa el Estado de Derecho y de la necesidad de acomodar las actuaciones a sus exigencias y principios, entre los cuales destaca el de sometimiento a la legalidad.

LA ASOCIACION VALORA POSITIVAMENTE LA CONFIGURACION DEL NUEVO DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa valora como un dato muy positivo de la nueva organización departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma la creación del Departamento de Presidencia y la atribución al mismo de aquellas competencias fundamentales en materia de organización administrativa y política de personal de toda la Administración autonómica.

De acuerdo con lo establecido por el Decreto de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, corresponden al nuevo Departamento de Presidencia, encabezado por Javier Velasco, las competencias en materia de organización, inspección y gestión de los servicios de carácter general de la Administración de la Comunidad Autónoma, selección y formación del personal al servicio de las Administraciones aragonesas y todas las competencias en materia de recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Con ello, se viene a corregir la dispersión de tales funciones padecida en los últimos ocho años, al haber estado asignadas a diferentes Departamentos, como eran los de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, lo que ha impedido la debida coordinación entre órganos tan fundamentales para la buena marcha de la Administración como son la Dirección General de la Función Pública, la Inspección General de Servicios y el Instituto Aragonés de Administración Pública.

El agrupamiento de tales funciones en un solo Departamento es una condición necesaria, aunque no suficiente, para posibilitar la aplicación de un decidido proyecto de modernización y regeneración administrativa, mediante el que se pueda impulsar una política de recursos humanos y de calidad de los servicios públicos dirigida a la consolidación de una Administración profesionalizada y eficiente al servicio de los ciudadanos y comprometida con el Estado de Derecho.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA SEMANA

La mayoría de las personas que han respondido a la encuesta de la semana (94,1%, 32 votos) han valorado la última Oferta de Empleo Público del Gobierno de Aragón como manifiestamente insuficiente.

CONTENCIOSO SOBRE LA OFERTA PÚBLICA

En la mañana del día 5 de julio de 2004, se han visto ante un Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón las cuestiones de inadmisión planteadas por la Administración y por CCOO al recurso formulado por la Asociación, cuestiones de inadmisión que han sido hechas suyas a su vez por la UGT.
Debemos destacar que el Ministerio Fiscal ha afirmado que prima facie ha de entenderse vulnerado el derecho de acceso al empleo público y ha sostenido frente al criterio de los abogados de Administración y sindicatos, la legitimación de la Asociación para interponer el recurso.

LOS SINDICATOS SE PERSONAN EN EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

Zaragoza, 5 de julio de 2007.

Esta mañana tendrá lugar una comparecencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ante la que se sigue el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales planteado por la Asociación al impugnar el Decreto 67/2007, de 8 mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007.

En el procedimiento se han personado como interesados los sindicatos UGT y CCOO, teniéndolos el Tribunal por comparecidos a ambos, en calidad de codemandados. Por lo tanto, Administración y Sindicatos defenderán la Oferta de Empleo Público frente a los argumentos que formule esta Asociación en su impugnación.

Inicialmente, tanto la Administración como el sindicato Comisiones Obreras han formulado causas de inadmisión, con el fin de que el procedimiento no pueda sustanciarse. Entiende la Letrada de la Administración que los motivos esgrimidos por la Asociación en su escrito de interposición son de mera legalidad, absolutamente ajenos al derecho fundamental presuntamente vulnerado, como es el derecho de acceso al empleo público (artículo 23.2 de la Constitución española). Comisiones Obreras, por su parte, plantea también causa de inadmisibilidad del recurso, al entender que la Asociación no tiene ningún interés legítimo que defender y que está efectuando una defensa de la legalidad en abstracto, invocando un derecho fundamental que la Constitución atribuye a los ciudadanos.

En dicho escrito, señala la representación de Comisiones Obreras: “Si atendemos a los Estatutos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, aportados con la interposición de este recurso, ésta se asienta en unos principios, y persigue unos fines, que se entienden son suscritos por cualquier persona que mantenga interés en la continuidad del Estado de Derecho. Otra cosa distinta es que de ello se haya de inferir que la actora ostenta legitimación para promover toda clase de pleitos en el orden contencioso-administrativo, en aras a conseguir la transparencia, pureza, ética, profesionalidad, compromiso público, calidad y buena administración, receptividad y participación, gestión eficiente, cultura organizativa y legalidad (art. 6 de sus estatutos), de la actuación administrativa en el ámbito de la gestión de la Función Pública Aragonesa. Desde luego que esta parte entiende que la Asociación actora carece de legitimación para alzarse ante esta Jurisdicción contra un Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Oferta de Empleo para el año 2007, sobre la base de una presunta vulneración del artículo 23.2 de la Constitución: “asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes”. La Constitución, ese derecho fundamental, se lo reconoce a los ciudadanos, que es, en definitiva a quienes vendría a defender en este pleito la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Está actuando en defensa de quienes podrían estar interesados en acceder a la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma, en defensa de la legalidad en abstracto, que, según su criterio, habría sido vulnerada con el Decreto 67/2007. Está ejercitando la acción popular en el ámbito de esta Jurisdicción”.

Tras las intervenciones que hoy se produzcan de todas las partes en el proceso, entre las cuales se cuenta el Ministerio Fiscal, en cuanto defensor de los derechos de los ciudadanos, la Sala resolverá en fechas próximas sobre la admisión o inadmisión del recurso.

Entendemos que, en las actuaciones procesales de las partes, ninguna iniciativa es neutra y plantear, por un sindicato, la inadmisión del recurso promovido por esta Asociación por falta de legitimación activa supone una actitud entorpecedora del control de legalidad de una actuación administrativa que, a juicio de la Asociación, lesiona el derecho fundamental de los ciudadanos de acceso al empleo público, a la vez que distorsiona el funcionamiento de la propia Administración.

Todos somos ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos y no vamos a admitir falsas contraposiciones en cuanto a la titularidad de los derechos fundamentales. Todos los que hoy somos funcionarios lo somos porque ejercimos nuestro derecho fundamental de acceso, derecho que, por coherencia, debemos reclamar para quienes hoy o mañana quieran ejercerlo. Ese derecho además es medular en la configuración constitucional de nuestra Administración Pública, en cuya defensa y desarrollo está comprometida esta Asociación.

INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN CON MOTIVO DE LA INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Zaragoza, 4 de julio de 2007.

Con motivo del debate de investidura del Presidente del Gobierno de Aragón, cuya primera sesión tendrá lugar hoy, la Asociación se dirigió la semana pasada al candidato propuesto por el Presidente de las Cortes de Aragón y actual Presidente en funciones, para expresarle nuestro deseo de que, en su discurso de investidura o en su programa de gobierno, incluyese la aprobación e implantación de un código de buen gobierno y el desarrollo de una estrategia en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la carta remitida desde la Asociación:

Zaragoza, 29 de junio de 2007.

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Aragón.

Estimado Señor:

En representación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseo dirigirme a Vd. para sugerirle la oportunidad de que en su discurso de investidura como nuevo Presidente del Gobierno de Aragón ante las Cortes de Aragón, que tendrá lugar la próxima semana, o en su programa de gobierno a aplicar durante la nueva legislatura incorpore la aprobación e implantación de un código de buen gobierno y el desarrollo de una estrategia de actuación en materia de ética pública para el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, por parte de las Cortes Generales, y la ampliación de las facultades de autogobierno de Aragón, tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía con un amplio consenso entre las fuerzas política aragonesas, hacen enormemente oportuno situar como elemento vertebrador de toda la acción pública el conjunto de principios y valores que, desde ámbitos como la OCDE o la Unión Europea, se señalan como constitutivos de una ética del servicio público, con el fin de incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.

Ello supondría situar a nuestra Comunidad Autónoma junto a otras Administraciones o Instituciones que han señalado, como criterio rector de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de la Nación, en su reunión de 18 de febrero de 2005, proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.

En nuestra Asociación entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros del Gobierno de Aragón y a los altos cargos de la Administración autonómica, sería un complemento necesario al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.

Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores de servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública y que, a su vez, ningún liderazgo político puede ejercerse en democracia, en una sociedad madura y compleja como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Por todo ello, valoramos del máximo interés el que, entre las prioridades de gobierno en el ámbito de las instituciones públicas, además del necesario desarrollo de las novedades incorporadas por el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, figure en un lugar prioritario, central e inspirador de toda la labor de gobierno un firme compromiso con los principios de la ética pública, formulando con ello un pacto básico de los poderes públicos con los ciudadanos.

Agradeciendo su atención, reciba el más respetuoso saludo de todos los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación, junto con nuestros mejores deseos de éxito en las labores de gobierno a lo largo de la nueva legislatura que ahora inauguramos.



Julio Guiral Pelegrín

LA ASOCIACION DIRIGE A LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGON SU CAMPAÑA A FAVOR DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO.

Durante la semana pasada, la Asociación se ha dirigido por escrito a un gran número de Colegios Profesionales de Zaragoza, Huesca y Teruel, tanto para darles a conocer la existencia de la Asociación, como para exponerles su campaña a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente, como elemento necesario para reforzar y garantizar el carácter profesional de la Administración Pública, entendiendo que en la promoción de los valores profesionales al servicio de la sociedad los Colegios Profesionales y la Administración comparten unos mismos objetivos.

La noción de profesionalidad es consustancial al servicio público y esa profesionalidad es inseparable de los principios de mérito y capacidad que rigen en los procedimientos de selección de personal en las Administraciones Públicas y de los principios que integran la ética propia de cada profesión.

La promoción de la “ética profesional” será, sin duda, un campo de colaboración futura entre la Asociación y los Colegios Profesionales de Aragón.

En este momento, sin embargo, se considera prioritario que los Colegios Profesionales demanden del Gobierno de Aragón medidas que refuercen la profesionalidad de quienes prestan los servicios públicos a la sociedad, y el principal elemento para ello es el respeto estricto a las normas de selección de personal por parte de los responsables de función pública, mediante la aprobación anual de la oferta de empleo público, incluyendo todas las plazas que exige la ley, y el desarrollo de los diferentes procesos selectivos en los plazos fijados.

Se reproduce, a continuación, la carta remitida a los colegios profesionales.

Zaragoza, 26 de junio de 2007.

Colegios Profesionales de Aragón.

Estimados señores:

Me dirijo a ese Colegio, en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para darles a conocer tanto nuestra Asociación como la campaña pública que, en estos momentos, estamos desarrollando a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en el mes de febrero de este año, pretende agrupar a todos los funcionarios de la Administración autonómica aragonesa deseosos de trabajar por el respeto de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, de modo que la Administración contribuya al buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, conforme a lo establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Nuestra actividad irá dirigida en todo momento a promover en el conjunto de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma los principios de legalidad y de ética pública, así como los de eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Pretendemos contribuir con nuestro esfuerzo a hacer realidad una Administración profesional al servicio de la democracia y de los ciudadanos.

Coherentemente con nuestros objetivos, hemos promovido una campaña pública para recordar al Gobierno de Aragón su obligación de garantizar el cumplimiento de la ley en materia de selección de personal y oferta de empleo público en la Administración autonómica, dado el manifiesto incumplimiento producido en esta pasada legislatura, en la que no se aprobó oferta de empleo público los años 2005 y 2006, sin que, además, la práctica totalidad de los procesos correspondientes a la oferta aprobada en el año 2004 hayan sido convocados o concluidos a esta fecha.

Asimismo, la reciente aprobación de la oferta para el año 2007 supone a juicio de esta Asociación un nuevo incumplimiento de la legalidad, al no incluirse en ella el número de plazas necesarias y que se encuentran desempeñadas por personal interino, restringiendo con ello de forma arbitraria el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española. Ello nos ha llevado a impugnar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba dicha la Oferta de Empleo Público para 2007.

Entendemos que la profesionalidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de todos los servicios que demanda nuestra sociedad, cada vez más compleja y exigente.

La selección de los funcionarios públicos realizada conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, constitucionalmente garantizados, es un elemento esencial para lograr una Administración profesional y eficiente, además de asegurar el derecho de acceso al empleo público a todos aquellos profesionales que desean ejercer su actividad en dicho ámbito.

Creemos que ese Colegio Profesional no puede ser ajeno a esta preocupación, por lo cual le solicitamos que, a través de sus órganos de gobierno, pueda manifestar al Gobierno de Aragón el interés social que supone una correcta aplicación de las normas de selección de personal para asegurar el adecuado nivel de profesionalidad en el conjunto de los servicios públicos.

Con tal motivo, le adjuntamos el documento elaborado por esta Asociación, en el que se expresa el valor del acceso al empleo público como derecho de los ciudadanos y se exponen las razones por las que esta Asociación ha considerado necesario impugnar judicialmente el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón.

Aprovecho asimismo para manifestarle nuestra voluntad de colaboración con ese Colegio en todo lo que guarde relación con la mejora de los servicios públicos de nuestra Comunidad Autónoma, remitiéndoles un cordial saludo de los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación.


Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa

RAZONES EXPRESADAS EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO FORMULADO POR LA ASOCIACION CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2007

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa presentó el pasado 7 de junio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, impugnando el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007.

Dicho escrito se formula por entender vulnerado por el citado Decreto el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española.

Sin perjuicio del oportuno desarrollo en el momento de formular el escrito de demanda, la impugnación se fundamenta en los siguientes motivos:

a) No se incluyen todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente desempeñadas por funcionarios interinos y por personal laboral temporal.

Ello incumple lo establecido por el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y por el artículo 56 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La no inclusión de las plazas exigidas por la Ley lesiona el derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público, al restringirse el ejercicio de tal derecho de modo injustificado y arbitrario.

b) La promoción interna autorizada de forma independiente, en sus diferentes modalidades, vulnera en determinados supuestos el derecho de acceso a los puestos de trabajo de los ciudadanos no incorporados previamente a la Administración.

En determinados supuestos, las plazas afectadas a determinados procesos de promoción agotan la totalidad de plazas autorizadas por la propia Oferta de Empleo Público, lo que impide el acceso libre a alguna Escala o Clase de especialidad.

Además, el Acuerdo de 6 de julio de 2004, sobre medidas de ordenación del empleo público, suscrito por Administración y Sindicatos, al fijar los criterios aplicables a los procesos de promoción interna que deba incorporar el Decreto que anualmente aprueba la Oferta de Empleo Público, señala entre otros criterios, necesariamente vinculantes para la Administración, que en los procedimientos de promoción del Grupo D al C y en los procedimientos de promoción cruzada del personal laboral del Grupo E a Escalas y Clases de especialidad del Grupo D han de respetarse, en todo caso, un porcentaje del total de plazas autorizadas en la Oferta para acceso libre, con el fin de no anular el derecho constitucional de acceso al empleo público de los ciudadanos.

El Estatuto Básico del Empleado Público reconoce el derecho a la promoción interna (artículos 14, 18 y 19), pero dicho derecho no puede privar de contenido al superior derecho –por tener carácter de derecho fundamental- de acceso al empleo público, reconocido en el artículo 55 del propio Estatuto Básico: “todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico”.

No puede primar el derecho de algunos –los empleados públicos- sobre el derecho de todos –los ciudadanos-, de modo que la promoción debe realizarse conforme a los criterios legales y reglamentarios establecidos y guardando en todo caso la proporción adecuada con el número de plazas previstas para turno libre.

Quede claro que esta Asociación en ningún momento se opone, ni mucho menos, al pleno reconocimiento del derecho de los servidores públicos a la promoción interna, sino que entiende que tal derecho ha de ejercerse sin lesionar el derecho de acceso de los ciudadanos el empleo público. En definitiva, la promoción interna ha de enmarcarse plenamente en la legalidad, sin patrimonializar indebidamente la Administración Pública por parte de los empleados públicos.

El correcto equilibrio entre acceso libre y promoción interna es la garantía del respeto al derecho de todos, sin sacrificar indebidamente el derecho de los más al derecho de los menos.

En consecuencia, la suma de los dos factores citados, como son la no inclusión de plazas que la Ley obliga a incluir en la oferta y la desproporción que ello motiva, en determinadas Escalas y Clases de especialidad, entre las plazas reservadas a promoción interna y las previstas para acceso libre, lleva a concluir que la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón no respeta el contenido esencial del derecho fundamental de acceso al empleo público.

En cualquier caso, la Asociación desea aclarar que no entra en sus cálculos ni propósitos la suspensión de ningún proceso selectivo o de promoción, razón por la cual el recurso formulado no será motivo de aplazamiento de los procesos autorizados por el Decreto de la Oferta.

ESTE RECURSO ES UNA ACTUACIÓN A FAVOR DEL DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO, ELEMENTO BÁSICO PARA ASEGURAR UNA ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL. ES UNA EXIGENCIA DEL RESPETO A LA LEY, EN LA QUE DEBEN ARMONIZARSE TODOS LOS DERECHOS E INTERESES DE CIUDADANOS Y DE EMPLEADOS PÚBLICOS. NADIE PUEDE REIVINDICAR MÁS QUE AQUELLO QUE LA LEY LE RECONOCE.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA SEMANA

La encuesta de la semana pasada con la pregunta "¿Deseas que hagamos encuestas semanales sobre diferentes aspectos de nuestra Administracion autonomica?" ha arrojado los siguientes resultados:

36 votos (85.7 %), "Sí, excelente idea"

3 votos (7,1 %), "No estoy seguro"

2 votos (4,8 %), "Sí, pero solo en materia de función pública"

1 voto (2,4 %), "En ningún caso"

Total de votos: 42.

EL JUSTICIA DE ARAGÓN RECUERDA AL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE DEBE DESARROLLAR SUS PROCESOS SELECTIVOS EN LOS PLAZOS FIJADOS POR LA LEY.

El Justicia de Aragón, en una reciente resolución de 19 de junio de 2007, sugiere a la Diputación General de Aragón que desarrolle los procesos selectivos para acceder a las plazas incluidas en sus Ofertas de Empleo dentro de los plazos fijados por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha resolución corresponde a una queja formulada ante dicha Institución en relación con la demora injustificada en la convocatoria y resolución del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma, Clase de especialidad Auxiliares de Enfermería.

Dicho proceso, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2003, aprobada por Decreto 41/2003, de 25 de febrero, no fue convocado hasta el 7 de julio de 2004 y su conclusión se produjo el 4 de enero de 2007, mediante el nombramiento de funcionarios de carrera realizado por Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Tal y como se señala en la resolución dictada por el Justicia de Aragón, “encontramos que han transcurrido casi cuatro años entre la aprobación por Decreto de la Oferta de Empleo Público y la finalización de las pruebas selectivas correspondientes a plazas incluidas en dicha Oferta”.

Llaman la atención enormemente las afirmaciones contenidas en el informe remitido por la Administración al Justicia de Aragón sobre el contenido de la queja, al negar el carácter vinculante de los plazos marcados por la Ley para la realización de los procesos selectivos: tres meses para la convocatoria, a contar desde la publicación de la Oferta, y seis meses para la realización de las pruebas selectivas, desde la publicación de la convocatoria (artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Frente a la claridad con que se expresa la norma legal, la Dirección General de la Función Pública afirma que “los plazos previstos en el artículo 24 de la Ley funcionan actualmente como objetivos que se impone la Administración, en aras de la eficacia y la agilidad de su gestión, indicando los plazos en los que, razonablemente, han de emprenderse las actuaciones necesarias para ejecutar la Oferta de Empleo Público; pero no como plazos imperativos o vinculantes que generen a los interesados un derecho a exigirlos en caso de incumplimiento, ya que las circunstancias y el entorno organizativo actual en que se ha de aprobar y ejecutar dicha Oferta no son, obviamente, los mismos que hace dieciséis años, cuando se consideraban márgenes de tiempo razonables y adecuados a las circunstancias del momento”.

Frente a tal argumentación, contraria a los principios más básicos del Estado de Derecho, como son el principio de legalidad –sometimiento de la Administración a los mandatos de la Ley- y el principio de seguridad jurídica en las relaciones entre ciudadanos y Administración, el Justicia de Aragón recuerda que la Administración ha de ceñirse al tenor literal de la norma y considera que, en el caso analizado, se ha vulnerado la disposición legal aplicable, con vulneración de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa observa con extraordinaria preocupación el hecho de que un órgano administrativo, responsable del desarrollo de procedimientos que afectan a miles de ciudadanos, considere que las garantías jurídicas establecidas por el ordenamiento jurídico no deban ser respetadas, negando incluso el carácter vinculante consustancial a la Ley. Semejante afirmación es radicalmente contraria al mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución española, en el que se señala que la Administración ha de actuar “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

Por tal motivo, la Asociación va a dirigirse tanto al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo como al de Presidencia y Relaciones Institucionales, para que velen por el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la ley, desautorizando expresamente el criterio expresado por la Dirección General de la Función Pública.

CARTA ABIERTA DE LA ASOCIACION AL PRESIDENTE DEL CSIF ARAGON, CON MOTIVO DE SU RECIENTE ESCRITO “REFLEXIONES SOBRE LAS ELECCIONES EN ARAGON”.

Zaragoza, 25 de junio de 2007.

D. Angel Pelay Labrador.
Presidente de CSI-CSIF Aragón.

Estimado Señor:

Ante el escrito remitido el jueves 21 de junio por Vd. en calidad de Presidente de CSI-CSIF Aragón, a través del correo electrónico de los empleados públicos de la Administración autonómica, en el cual se vertían opiniones y comentarios sobre una “Asociación”, sin más datos que su subjetiva valoración sobre los objetivos y planteamientos de ésta, y dada la plena convicción de que el citado escrito alude a nuestra Asociación, realizamos la siguiente puntualización:

1. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida el 14 de febrero de 2007 en ejercicio del derecho fundamental de asociación, tiene como objetivo defender los principios, valores y normas que rigen el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, no defiende intereses, colectivos o individuales, de los funcionarios y demás empleados públicos, si bien la defensa de la legalidad constituye la mejor defensa de la dignidad de su labor.

2. Esta Asociación es plural e independiente, y por lo tanto no está ligada a ningún tipo de organización, asegurando además su independencia mediante la no aceptación de subvenciones o fondos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. Desde esta Asociación se ha mostrado un claro respeto hacia los partidos políticos y los sindicatos, así como a las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas, pero ello no es impedimento para el ejercicio de nuestra actividad asociativa y la formulación de propuestas a unos y otros, como las contenidas en los documentos remitidos con motivo de las recientes elecciones sindicales y autonómicas. Nos sentimos, por ello, plenamente legitimados para demandar de unos y otros igual grado de respeto hacia esta Asociación, hacia los miembros de su Junta Directiva y todos los demás asociados.

4. Esta Asociación asume plenamente la responsabilidad derivada de todas sus manifestaciones y actuaciones públicas, suscritas siempre por su Junta Directiva o por su Presidente, rechazando la imputación de todos aquellos escritos o afirmaciones de personas ajenas a la misma y por ello sin capacidad para vincularla.

Por todo lo anterior, creemos oportuno puntualizar sus afirmaciones como Presidente de CSIF Aragón y rogarle una rectificación pública de las mismas, otorgando a dicha rectificación una difusión igual que la dada a su anterior escrito.



Firmado: Julio Guiral Pelegrín,
en nombre de la
Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

RESEÑA DE LA QUINTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION

El pasado jueves, 21 de junio, a partir de las siete y media de la tarde, en la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la quinta reunión de la Junta Directiva de la Asociación, en la que tras aprobarse el acta de la sesión anterior, se procedió a escuchar el informe realizado por el Presidente sobre actuaciones realizadas –referido fundamentalmente a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Decreto que aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2007, señalando la comunicación de la providencia de admisión del recurso acordada por la Sala competente del Tribunal-, siguiendo el informe del Tesorero, sobre la situación económica de la Asociación, y la marcha de las gestiones dirigidas al pago de la cuota anual de los asociados.

El tema central de la reunión fue la campaña pública sobre la oferta de empleo público que se desea desarrollar, en paralelo a las actuaciones judiciales emprendidas contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo. Con dicha campaña se quiere sensibilizar al conjunto de la sociedad aragonesa y al conjunto de las instituciones públicas sobre la necesidad de reconducir la selección de personal en la Administración autonómica al marco de la legalidad, ofreciendo seguridad jurídica a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de acceso al empleo público. Las nociones de profesionalidad y de eficacia administrativa son inseparables de la plena vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el conjunto de los procesos selectivos de personal de nuevo ingreso.

La difusión de la campaña a favor de una verdadera oferta de empleo público, ajustada a la ley, ha de realizarse tanto en el seno de la Administración autonómica, mediante la difusión de los argumentos propios de la Asociación para la iniciativa adoptada, como fuera de la Administración, dirigiéndose en particular a los Colegios Profesionales y a las academias de preparación de oposiciones, pero también a las instituciones autonómicas encargadas de velar por la correcta gestión del Gobierno de Aragón, como son las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón. En particular, las razones de esta campaña se harán llegar a los diferentes Grupos Parlamentarios, una vez constituidas las Cortes de Aragón resultantes de las pasadas elecciones del 27 de mayo.

También se abordó la necesidad de impulsar una página web de la Asociación, como elemento de integración de los diferentes blogs puestos en marcha, si bien su implantación se pospuso para el otoño.

En cuanto a la puesta en marcha de los diferentes Grupos de Trabajo de carácter permanente, se acordó seguir con la definición de la labor a desarrollar por parte de los correspondientes a Etica Pública, Gestión Pública y Función Pública, cuya actividad deberá comenzar a desarrollarse, de forma eficaz, a partir del paréntesis veraniego.

En el apartado de ruegos y preguntas, se planteó la cuestión suscitada a raíz de una comunicación dirigida a todos los empleados públicos de la Administración autonómica por parte del Presidente de CSIF-Aragón, en la que se contenían claras alusiones a esta Asociación, en términos poco adecuados y nada ajustados a la realidad. Tras barajar diferentes opciones, se acordó que el Presidente de la Asociación formulara una carta de puntualizaciones al citad escrito, aclarando los objetivos y la naturaleza de la Asociación y solicitando, al firmante, una rectificación pública de sus afirmaciones.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO JUDICIAL PROMOVIDO POR ESTA ASOCIACION FRENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLIC

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante providencia dictada el 13 de junio de 2007, tiene por interpuesto el recurso contencioso-administrativo promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007.

De acuerdo con ello, se requiere al Gobierno de Aragón para que en el plazo de cinco días remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal el expediente administrativo completo y alegue lo que estime procedente como fundamento del acto impugnado, y para que se notifique de inmediato la resolución que orden la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer ante esta Sala en el plazo de cinco días con advertencia de las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, se designa el Magistrado Ponente que ha de intervenir en el citado recurso y se notifica la providencia al Ministerio Fiscal, parte necesaria en los procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PÚBLICA ARAGONESA
DEFIENDE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A TRAVÉS DE LA EXIGENCIA DE UNA OFERTA CORRECTA Y SUFICIENTE.


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LA ASOCIACION PIDE AL GOBIERNO CONTROL SOBRE LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

En el día de ayer, la Asociación se ha dirigido la Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en su calidad de responsable de la política de personal del Gobierno de Aragón, para que desde dicho Departamento se confeccione una serie de criterios comunes y precisos que deban respetarse en todos los procesos de selección de personal laboral realizados por parte de las entidades de Derecho público y las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La fijación de tales criterios debería ir acompañada, a juicio de esta Asociación, por el establecimiento de un órgano supervisor encargado de controlar el cumplimiento y respeto de los mismos.

Aunque la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 87, señala que la selección del personal laboral de las empresas públicas se realizará mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, dichos procesos, como se ha podido comprobar con la reciente resolución del Justicia de Aragón a propósito de las contrataciones de personal por parte de la empresa SODEMASA, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, no han logrado asegurar los referidos principios, razón por la cual se hace preciso que los órganos responsables en materia de política de personal adopten las medidas necesarias para velar por el estricto respeto de dichos principios en la selección de personal en el conjunto del sector público autonómico.

Se reproduce, a continuación, el texto de la carta remitida:


Zaragoza, 21 de junio de 2007.

Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.

Estimado Señor:

En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle la preocupación de nuestra Asociación por las condiciones de selección de personal laboral no directivo en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, condiciones que, como recientemente ha puesto de manifiesto el Justicia de Aragón, en relación con la empresa Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón (SODEMASA), dependiente del Departamento de Medio Ambiente, no se ajustan siempre a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Como Asociación, entendemos que la Administración Pública, institución medular del Estado de Derecho, debe actuar en la materia como empleador modélico, ajustando sus procesos de selección de personal a los principios constitucionales y a las exigencias legales, toda vez que las entidades del sector público carecen de la libertad de contratación propia de las empresas privadas.

Con independencia de las medidas que deba adoptar el Departamento de Medio Ambiente, como órgano directamente concernido por la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón en relación con la contratación de personal laboral no directivo de la citada empresa, creemos de sumo interés que el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en atención a su específica competencia respecto a la política de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, elabore un conjunto de criterios de común aplicación a todos los procesos de selección realizados por las entidades de Derecho público y las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo asimismo un órgano supervisor encargado de controlar el cumplimiento y respeto de los mismos.

La citada solicitud se formula al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, creyendo que la misma ha de contribuir muy positivamente a evitar las críticas que se han vertido contra las empresas públicas por supuestas irregularidades en la selección de personal, críticas que en modo alguno pueden ser indiferentes a los responsables máximos de los Departamentos de los que dependen tales empresas ni a los responsables de la política de personal del Gobierno de Aragón, primeros obligados a asegurar el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.

Sin otro particular, reciba mi más atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín

PROXIMA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION

Mañana jueves, a partir de las siete y media, en la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebrará una nueva reunión de la Junta Directiva de la Asociación, con el siguiente orden del día:

Aprobación del orden del día propuesto.
Aprobación del acta de la sesión anterior.
Informe de actuaciones por parte del Presidente.
Informe económico por parte del Tesorero.
Campaña pública sobre oferta de empleo público: acciones y financiación.
Página web de la Asociación.
Puesta en marcha de los Grupos de Trabajo.
Ruegos y preguntas.

LA ASOCIACIÓN SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD UNA ATENCIÓN PREFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y A SU FUNCIÓN PÚBLICA.

Zaragoza, 15 de junio de 2007. En fechas recientes, la Asociación se ha dirigido al Presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para hacerle llegar el documento de propuestas a los partidos políticos, elaborado por la Asociación y remitido a todos los partidos políticos que concurrieron a las elecciones a Cortes de Aragón el pasado 27 de mayo.

Dicha remisión ha sido aprovechada para señalar a quien, con toda seguridad, presidirá nuevamente el Gobierno de Aragón la necesidad de que la próxima legislatura aborde con seriedad la problemática propia de la Administración autonómica y de su función pública, otorgándoles en el futuro programa de gobierno la atención requerida.

Se reproduce, a continuación, el texto de la carta remitida:


Zaragoza, 12 de junio de 2007.

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de
Aragón.

Estimado Señor:

Con motivo de las recientes elecciones autonómicas, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, cuyo objetivo principal, como ya tuve ocasión de señalarle en una comunicación anterior, es la defensa de los principios, valores y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, elaboró un documento de propuestas para los partidos políticos que concurrían a dichas elecciones, en el que se contenían una serie de medidas que, a juicio de esta Asociación, resultaba oportuno adoptar e impulsar en el ámbito del buen gobierno o gobernabilidad, de las instituciones públicas, de la gestión y de la función pública.

Dicho documento, que carecía de voluntad exhaustiva en la formulación de tales propuestas, fue remitido en la última semana de la campaña electoral a todas las fuerzas que concurrían a las elecciones a las Cortes de Aragón y, simultáneamente, se organizó, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales, de la Universidad de Zaragoza, una mesa redonda, a la que se invitó a representantes de PSOE, PP, CHA, PAR e IU, para que expusieran las medidas contenidas en sus programas electorales en materia de Administración y Función Pública, propiciando con ello un diálogo e intercambio de opiniones entre los representantes de los partidos políticos que aceptaron tal invitación (PP y CHA) y los funcionarios que asistieron al mismo.

Toda vez que la totalidad de las medidas que se contienen en el documento elaborado inciden en el ámbito de decisión del Gobierno de Aragón, ya sea de sus facultades ejecutiva y reglamentaria o de su iniciativa legislativa, entendemos que el mismo ha de resultar de interés para Vd., en especial a la vista de los resultados de las recientes elecciones autonómicas.

La situación que vive la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la necesidad de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales, hacen necesario que la próxima legislatura aborde con seriedad la problemática propia de la Administración autonómica y de su función pública, otorgándoles en el futuro programa de gobierno la atención requerida.

Sin otro particular, aprovecho para expresarle mi respeto y el del conjunto de la Junta Directiva de la Asociación que represento, quedando a su disposición para cualquier aclaración o ampliación informativa sobre los objetivos o actividad de la Asociación a la que represento.



Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa

LA ASOCIACION SOLICITA AL JUSTICIA UNA INVESTIGACION DE OFICIO SOBRE EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA DGA

Zaragoza, 12 de junio de 2007. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido al Justicia de Aragón una petición para que dicha Institución, conforme a las facultades que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley reguladora del Justicia de Aragón, inicie una investigación de oficio sobre la inaplicación reiterada de las normas que rigen la selección de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La falta de aprobación de Ofertas de Empleo Público en los años 2005 y 2006, la falta de ejecución, pese al tiempo transcurrido, de la Oferta de Empleo Público de 2004 y las condiciones de aprobación de la Oferta de 2007, efectuada por el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, e impugnada reciente por esta Asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ponen de manifiesto el grave deterioro que sufre el sistema de acceso al empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón, lo cual tiene una directa repercusión en el buen funcionamiento de los servicios públicos y en las garantías de legalidad en la actuación administrativa.

La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, norma principal que regula la materia en la Administración autonómica, establece la obligación de que la Oferta de Empleo Público se apruebe con carácter anual (artículo 23 LOFP), y establece que los procesos selectivos previstos en la misma sean convocados en el plazo de tres meses tras la publicación de la Oferta en el Boletín Oficial de Aragón y se realización se concluya en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria (artículo 24 LOFP).

Pese a la claridad de la norma, el Gobierno de Aragón, en los últimos cuatro años, no ha aprobado Oferta de Empleo Público en dos ejercicios (2005 y 2006), incumpliendo igualmente los plazos de ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2004, cuyos procesos selectivos, en su práctica totalidad, o no han sido convocados o no han sido concluidos.

Tal situación, a juicio de esta Asociación, requiere una enérgica reacción por parte de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, entre los que ocupa una destacada posición institucional el Justicia de Aragón.

La investigación solicitada englobaría no sólo la estricta Administración pública, compuesta por Departamentos y Organismos autónomos, sino que debería extenderse también a la situación existente en las entidades de Derecho público y en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma.

LA ASOCIACIÓN SOLICITA A LOS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE GARANTICEN EL RESPETO AL TURNO DE DISCAPACITADOS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLIC

Zaragoza, 13 de junio de 2007. En el día de hoy, la Asociación se ha dirigido al Consejero de Servicios Sociales y Familia y al Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para solicitarles que, a la vista de los términos en que el Gobierno de Aragón ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2007, incumpliendo el porcentaje de plazas ofertadas que han de quedar reservadas para el turno correspondiente a personas discapacitadas, insten al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo la modificación de la misma, tal y como solicitó en fechas pasadas esta Asociación al titular de dicho Departamento.

Se reproduce el escrito remitido por la Asociación al Consejero de Servicios Sociales y Familia:

Estimado Señor:

Me dirijo a ese Departamento en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida para la defensa de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, con el objeto de poner en su conocimiento el hecho de que la Oferta de Empleo Público para el año 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, al establecer el turno de acceso al empleo público reservado para personas con discapacidad, no respeta el porcentaje legalmente establecido.

Dicha Oferta de Empleo Público asigna solamente un tres por ciento de las plazas ofertadas, en lugar del cinco por ciento que prevé el artículo 56.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, igualmente, establece el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Esta Asociación, a la vista de ello, se ha dirigido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, competente en materia de función pública, para solicitarle que proceda a modificar los términos del artículo sexto del citado Decreto 67/2007, con el fin de adecuar el número de plazas reservadas al turno de personas con discapacidad a lo ya señalado por el vigente Convenio Colectivo y al criterio establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Solicitamos, por todo ello, al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley reguladora del derecho de petición, que ese Departamento, en su tarea de velar por los derechos de las personas con discapacidad, inste al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo la modificación del Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007.

Asimismo, como órgano competente en la materia, entendemos que debería recordar a la Dirección General de la Función Pública que, conforme a lo previsto en la Disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la expresión “personas con minusvalía”, utilizada en el referido Decreto, debiera ser sustituida por la de “personas con discapacidad”.

Sin otro particular, reciba mi más atento saludo.




Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE FUNCIÓN PÚBLICA

Zaragoza, 13 de junio de 2007

El pasado 30 de mayo, en reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, se decidió priorizar la vida interna de la Asociación mediante la constitución de los diferentes Grupos de Trabajo establecidos.

En la condición de Coordinador del Grupo de Función Pública me dirijo a todos vosotros solicitando la colaboración de aquéllos que estéis en disposición de participar en el mismo. Me permito recordaros que los Grupos de Trabajo tienen como objetivo la documentación y análisis sobre las distintas cuestiones de la Función Pública Aragonesa y, resultado de ello, la elaboración de documentos o dictámenes en los que se proponga la posición a adoptar por la Asociación sobre tales cuestiones y las posibles iniciativas a adoptar.

Mi idea inicial, que como es lógico se debatirá y consensuará en el seno del Grupo, es la de hacer un estudio pormenorizado de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, utilizando para ello toda la base documental, que nos sea posible, bibliográfica e incluso Recomendaciones del Justicia de Aragón.

En la actividad del Grupo, al margen de mantener todas las reuniones presenciales que sean necesarias para la puesta en marcha y discusión de los temas, deberemos pontenciar el trabajo mediante medios telemáticos, con el fin de posibilitar la máxima participación de asociados y no asociados. Para esto se ha habilitado el blog http://grupofuncionpublica.blogspot.com/ .

No me queda más que animaros a participar en el Grupo lo más decididamente que cada uno pueda en el bien seguro de conseguir avanzar un conjunto de propuestas, ideas y reflexiones sobre temas que nos afectan a todos: carrera administrativa, promoción interna, provisión de puestos, acceso al empleo público, negociación colectiva, entre otros.

Todos los interesados en participar en este Grupo, podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección electrónica mdiaz@aragon.es.

Un saludo,

Manuel Díaz Muiña.

LA ASOCIACIÓN SOLICITA AL GOBIERNO DE ARAGÓN LA CONVOCATORIA DE TODOS LOS PROCESOS SELECTIVOS PENDIENTES DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2004.

Zaragoza, 11 de junio de 2007. En días pasados, y de acuerdo con la sugerencia formulada por la institución del Defensor del Pueblo, la Asociación se dirigió a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, para solicitarles que, durante el mes de junio, se proceda a la publicación de todas las convocatorias pendientes de la Oferta de Empleo Público de 2004.

También la Asociación se ha dirigido a las organizaciones sindicales presentes en la Administración autonómica, con el fin de que apoyen tal petición.

A continuación se reproduce el escrito dirigido a los dos Consejeros competentes para la aprobación de las convocatorias de los procesos selectivos:


Zaragoza, 6 de junio de 2007.

Estimado Señor:

En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle mi preocupación por la demora injustificada producida en la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2004, aprobada por Decreto 158/2004, de 22 de junio, y publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 7 de junio de 2004.

Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada Oferta, la práctica totalidad de los procesos selectivos derivados de la misma, o bien no han sido iniciados o ni siquiera han sido convocados, pese a que el artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón señala que las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas se convocarán dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la oferta en el Boletín Oficial de Aragón. En una gran parte de dichos procesos, eses tres meses se han convertido en tres años. Tampoco se ha respetado el plazo de resolución que marca el mismo precepto legal, según el cual la realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria, sin perjuicio de una mayor duración de los cursos selectivos que pudieran establecerse.

Tal incumplimiento de plazos ha sido puesto de manifiesto recientemente por una resolución del Defensor del Pueblo, en la que se recuerda al Gobierno de Aragón que la Administración está obligada a cumplir los plazos establecidos en las leyes, por lo que deberían adoptarse todas las medidas que sean necesarias para que la oferta de empleo público del año 2004 quede rápidamente culminada, así como para evitar que, en la ejecución de las posteriores, se sobrepasen los tres años que, como máximo, se han establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

De acuerdo con dicho pronunciamiento del Defensor del Pueblo, y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, solicitamos que sea aceptada la sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo, de modo que, a lo largo del presente mes de junio, sean publicadas todas las convocatorias de pruebas selectivas que se hallen pendientes de la Oferta de Empleo Público de 2004.

Del presente escrito, así como de la sugerencia del Defensor del Pueblo, se da traslado a las organizaciones sindicales presentes en la Administración autonómica.




Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO FRENTE A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2007

La Asociación de Defensa de la Función Pública Aragonesa cumpliendo la decisión de impugnar judicialmente la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado 8 de mayo, ha interpuesto hoy día 7 de mayo de 2007 un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al entender que los términos de la Oferta restringen de forma arbitraria y antijurídica el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución.

CULMINACIÓN DE LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN, TRAS EL ACTO CELEBRADO EN EL EDIFICIO PIGNATELLI.

Zaragoza, 7 de junio de 2007.

Ayer, a partir de las cinco de la tarde, tuvo lugar el acto previsto de presentación de la Asociación a los funcionarios de Zaragoza, en el Salón de Actos del Edificio Pignatelli.

Ante las más de treinta personas que acudieron al acto convocado, los representantes de la Asociación que intervinieron en dicho acto, Julio Guiral, Manuel Díaz y Félix Gracia, expusieron las razones que han llevado a la constitución de una Asociación para la Defensa de la Función Pública en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la filosofía que anima a la Asociación creada y la necesidad de un compromiso activo del conjunto de los funcionarios públicos con los valores y principios que han de regir el correcto ejercicio de la función pública para hacer posible una Administración que contribuya a la realización plena del Estado de Derecho, la satisfacción del interés general y la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Se hizo un repaso de la actividad desplegada por la Asociación en los cerca de cuatro meses de existencia, con las propuestas formuladas con motivo de las elecciones sindicales de 28 de marzo y las elecciones autonómicas de 27 de mayo, además de numerosas iniciativas formuladas ante las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de las perspectivas de actuación futura, con la puesta en marcha de los diferentes Grupos de Trabajo internos.

También se expuso la decisión de la Asociación de impugnar judicialmente la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado 8 de mayo, iniciativa que se materializará esta misma semana, con la interposición de un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, al entender que los términos de la Oferta restringen de forma arbitraria y antijurídica el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución.

En el coloquio posterior, se plantearon diversas cuestiones sobre el estado actual de la función pública autonómica y se constató el deseo de explorar las posibilidades de esta Asociación para contribuir a modificar el actual estado de cosas, mediante el análisis de los problemas, la formulación de propuestas y la activación, siempre que sea preciso, de los mecanismos y resortes de que se halla dotado el Estado de Derecho para asegurar el respeto de la legalidad.

ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN EL EDIFICIO PIGNATELLI EL DÍA 6 DE JUNIO.

Zaragoza, 4 de junio de 2007.

La Asociación, después de realizar su presentación a los funcionarios de los Servicios Provinciales de Teruel y Huesca, desea cerrar dicho capítulo de presentaciones con la organización de un acto público de presentación que tendrá lugar este próximo miércoles, 6 de junio, a las cinco de la tarde, en el Edificio Pignatelli (en el Salón de Actos, conocido como “croissant”).

El acto permitirá exponer a todo el personal de Servicios Centrales y Servicios Provinciales de Zaragoza que se hallen interesados en la Asociación promovida tres aspectos que nos parecen destacables: qué es y qué se propone esta Asociación, qué ha hecho desde su creación hasta ahora y qué actividades se plantea realizar durante la nueva legislatura de la Comunidad Autónoma.

La Asociación es una organización de participación, debate y propuesta que desea acoger en sus diferentes Grupos de Trabajo (Etica Pública, Gestión Pública, Régimen de la Función Pública y Participación Ciudadana) el mayor número de personas posibles, para poder analizar con la debida profundidad los problemas y formular propuestas útiles de actuación y mejora en los diferentes ámbitos de la gestión pública.

Animamos a todos a asistir a dicho acto público, para tratar de dar el impulso definitivo a esta propuesta asociativa y contratar los planteamientos de la Asociación con las diferentes opiniones de los asistentes.

CONTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ÉTICA PÚBLICA.

Zaragoza, 1 de junio de 2007. De acuerdo con la decisión adoptada por la Junta Directiva de la Asociación, el pasado día 30 de mayo, y en calidad de Coordinador del Grupo de Trabajo de Ética Pública, me pongo a disposición de todos aquellos miembros de la Asociación que deseen incorporarse al mismo.

Los Grupos de Trabajo, de acuerdo con la configuración que se ha querido dar a los mismos, son un ámbito de estudio y debate, cuya finalidad es la incorporación de elementos teóricos y el conocimiento de experiencias realizadas en la materia en otras Administraciones o entidades. Son un instrumento adecuado para madurar propuestas y para posibilitar la circulación y difusión de ideas.

El objetivo inicial del Grupo de Trabajo, según mi propuesta –sometida naturalmente a revisión por lo que se decida por los integrantes del Grupo-, sería la recopilación y análisis de documentos básicos en materia de ética pública, para proceder a su posterior difusión dentro y fuera de la Asociación. Posteriormente, pasaríamos a la formulación de iniciativas en la materia, trasladándolas a la Junta Directiva de la Asociación, para su posible aprobación.

Una de las iniciativas que cabría impulsar, dentro de la Administración, es el establecimiento de un Código de Buena Conducta Administrativa, en desarrollo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la línea del aprobado por el Parlamento de la Unión Europea. Al margen de dicha iniciativa, de ámbito interno de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la innegable proyección exterior en un buen servicio a los ciudadanos, cabría impulsar una Declaración común de asociaciones de funcionarios públicos de todas las Administraciones Públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), formulando un compromiso colectivo con la ética pública y contra la corrupción política y administrativa.

En todo caso, los contenidos y la dinámica del Grupo vendrán determinados por las aportaciones de todos los socios y no socios que participen en el mismo.

Instrumento fundamental del Grupo de Trabajo será un blog específico sobre Etica Pública vinculado al blog general de la Asociación.

Todos los interesados en participar en este Grupo, podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección fgracia@aragon.es

Un cordial saludo.

Félix Gracia Romero.

CARTA AL CONSEJERO DE ECONOMIA, OFERTA PÚBLICA Y DISCAPACITADOS

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo.


Estimado Señor:

En mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirijo a Vd. para expresarle mi preocupación por el hecho de que la Oferta de Empleo Público para el año 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, al contemplar el turno de acceso al empleo público para personas discapacitadas, reserve para el mismo solamente un tres por ciento de las plazas ofertadas, en lugar del cinco por ciento que prevé el artículo 56.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, igualmente, establece el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.

Si bien es cierto que para el personal funcionario cabría aplicar la reserva del 3 por ciento, prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, precepto no derogado por el Estatuto Básico en la fecha de aprobación del Decreto 67/2007, dicho porcentaje no resulta válido para el personal laboral. Además, toda vez que el citado Decreto 67/2007 incorpora en su contenido previsiones materiales del Estatuto Básico del Empleado Público, pese a no haberse producido en dicha fecha su entrada en vigor, nada impide que la reserva para el turno de discapacitados contemple el cinco por ciento de las plazas ofertadas, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, dando con ello aplicación a un criterio de acción positiva que se ha querido común para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, y al amparo del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica que lo desarrolla, solicitamos la modificación de los términos del artículo sexto del Decreto 67/2007, con el fin de adecuar el número de plazas reservadas al turno de discapacidad a lo ya señalado en el vigente Convenio Colectivo así como al criterio fijado por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Al margen de lo señalado, esta Asociación considera que la Oferta de Empleo Público incurre en muchas otras deficiencias que requerirían una revisión en profundidad de la misma, razón por la cual le comunico nuestra voluntad de promover diferentes acciones para garantizar el necesario respeto al derecho constitucional de acceso al empleo público de todos los ciudadanos y la adecuada atención de las necesidades de funcionamiento de la Administración autonómica.





Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragones

EL GOBIERNO DE ARAGÓN APRUEBA UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE NO RESPETA EL PORCENTAJE RESERVADO A PERSONAS DISCAPACITADAS.

Zaragoza, 4 de junio de 2007. El pasado día 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, para cubrir vacantes existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con independencia de otros motivos de desacuerdo con la Oferta aprobada, claramente insuficiente en relación con el alto porcentaje de interinidad existente en la Administración autonómica, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa quiere poner de manifiesto el hecho de que dicha Oferta no respeta los porcentajes establecidos para incorporación de personas discapacitadas al empleo público.

En concreto, señala el artículo sexto del citado Decreto que “del total de las plazas ofertadas se reservará un tres por ciento para ser cubiertas por personas que tengan la condición legal de personas con minusvalía”

Tanto el VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, pactado entre Administración y sindicatos en julio de 2006, como el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, señalan que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”.

Llama la atención el hecho de que la mayor parte de los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación y en la Comisión de Personal que han intervenido en la tramitación de la Oferta aprobada, hayan apoyado unos términos de la misma que incumplen el propio Convenio Colectivo suscrito por dichos sindicatos y que no satisfacen el porcentaje previsto en el propio Estatuto Básico del Empleado Público, si bien éste no entró en vigor hasta pocos días después de la aprobación de la citada Oferta, lo cual no ha impedido que determinados preceptos de la Oferta incorporen su contenido.

Entendemos que, coherentemente con la línea de integración de las personas discapacitadas y las medidas favorecedoras de su incorporación al empleo público impulsadas por el conjunto de las Administraciones Públicas, corresponde al Gobierno de Aragón subsanar los términos de la Oferta aprobada, para acomodarla al Convenio Colectivo aplicable al personal laboral y ajustarla al criterio establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ya se ha dirigido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, competente en materia de función pública, para que proceda a acomodar la Oferta aprobada a las condiciones señaladas.

CUARTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION.

Ayer, en la Junta Municipal Centro (C/ Hernán Cortés, 33) del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la cuarta reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

Tras aprobar el orden del día propuesto y el acta de la sesión anterior, se procedió a efectuar una valoración de las actividades principales desarrolladas a lo largo de los tres meses de andadura de la Asociación, haciendo especial hincapié en el ciclo de conferencias “El futuro de la función pública” (abril-mayo 2007), cuyas tres sesiones discurrieron de forma muy satisfactoria, tanto en su contenido como en la asistencia de público, y en el documento de propuestas formuladas a los partidos políticos que concurrían a las elecciones a Cortes de Aragón celebradas el pasado 27 de mayo, documento que se trasladó a dichos partidos, en la última semana de la campaña electoral, y que se ha hecho llegar también a los sindicatos presentes en la Administración autonómica. Se acordó remitirlo también al Presidente del Gobierno de Aragón, al Justicia de Aragón y a los diferentes medios de comunicación social aragoneses.

Después de repasar el conjunto de actividades desarrolladas, la Junta Directiva pretende priorizar en este momento la vida interna de la Asociación, mediante la constitución de los diferentes grupos de trabajo establecidos, en especial aquellos para los cuales existen ya Coordinadores designados, como es el caso de los Grupos de Etica Pública, Gestión Pública y Régimen de Función Pública. Los respectivos coordinadores, en fechas próximas, se dirigirán al conjunto de los asociados para invitarles a participar en los mismos y diseñar unos posibles criterios de actuación o funcionamiento. El trabajo de reflexión realizado en el seno de los Grupos de Trabajo ha de ser el sustento de las diferentes iniciativas públicas adoptadas por la Asociación, una vez concluido este primer periodo de funcionamiento en el que la Junta Directiva se ha visto forzada a asumir la casi totalidad de los requerimientos de actuación.

Tras deliberar sobre la necesidad de concluir el conjunto de actos de presentación de la Asociación a los funcionarios y demás empleados públicos de la Administración autonómica, se decidió organizar un acto informativo en el edificio Pignatelli para el próximo día 6 de junio.

Finalmente, y por entender que el cumplimiento de la legalidad administrativa en materia de selección de personal es una prioridad máxima para corregir la actual situación de la Administración autonómica, se acordó por unanimidad de todos los presentes la impugnación judicial de la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por Decreto 67/2007, de 8 de mayo, al entender que ni su tramitación ni su contenido se ajustan a las necesidades de la Administración y a las normas legales que le son de aplicación. El carácter insuficiente de las plazas aprobadas y el modo arbitrario en que se ha procedido a su determinación invalidan, a juicio de la Asociación, la Oferta aprobada, con la que no queda garantizado ni el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos interesados ni la necesaria reducción de la tasa de temporalidad del empleo público a los porcentajes sugeridos por el Defensor del Pueblo (8%) o pactados en su día por Administración y sindicatos (5%).

Por último, se acordó la admisión de todos los nuevos socios que han solicitado la incorporación a la Asociación.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

Zaragoza, 30 de mayo de 2007. Esta tarde, a partir de las siete y media, en la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebrará reunión de la Junta Directiva de la Asociación, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Informe de actuaciones por parte del Presidente.
4. Análisis de las actuaciones desarrolladas por la Asociación: Grupos de Trabajo, Documento propuestas a sindicatos, Ciclo de conferencias, Documento propuestas a partidos políticos, Actuaciones de divulgación: acto 6 de junio en el edificio Pignatelli.
5. Determinación nuevas actuaciones y objetivos: acciones respecto a la oferta de empleo público 2007.
6. Propuestas, ruegos y preguntas.

ELECCIONES AUTONOMICAS Y FUNCION PUBLICA: MESA REDONDA CON LOS PARTIDOS POLITICOS.

Ayer tuvo lugar, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales, la tercera y última sesión del ciclo “El futuro de la función pública”, dedicada a la exposición por parte de los partidos políticos de sus propuestas en materia de administración y función pública ante las elecciones autonómicas del 27 de mayo. Con una notable asistencia de público, el acto permitió disfrutar de un diálogo e intenso debate entre un buen número de funcionarios públicos y representantes de los partidos políticos asistentes.

En el acto, presentado y moderado por el periodista Rafael Bardají, participaron Luis Arcega, por parte de Chunta Aragonesista, y Manuel Guedea, por parte del Partido Popular. PSOE, PAR e IU, pese a estar igualmente invitados, optaron por no asistir al acto, por distintas razones que no vamos a valorar. Dicha ausencia, por otra parte, no privó de interés a la sesión celebrada, calificada por el presentador como “apasionante”.

Tras la exposición de las propuestas electorales formuladas por CHA y PP en sus respectivos programas, en las que no faltaron referencias a la opacidad en la gestión de las empresas públicas y a los problemas de funcionamiento interno de la Administración por el incumplimiento de aprobación de las ofertas anuales de empleo públicos y la tasa de temporalidad resultante, se produjo un intenso y vivísimo debate entre los asistentes y los representantes de los partidos, en el que se pudo constatar la preocupación por la creciente politización y desprofesionalización de la función pública aragonesa, el alto nivel de incumplimiento de la normativa de función pública por los responsables de su aplicación, y la falta de contundencia de los grupos parlamentarios de oposición para exigir el respeto de la ley o someter a los controles adecuados la creación de entidades y empresas públicas.

El debate fue vivo e intenso entre todos los asistentes y sirvió para que, por primera vez, funcionarios y políticos abordasen los problemas de la administración y la función pública de forma libre y plural. Fue el inicio de un diálogo que la Asociación pretende mantener en el futuro.

Asimismo, entre los asistentes al acto se distribuyó el documento de propuestas formuladas por la Asociación a los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas y que les fue remitido en fechas recientes.

La Asociación, al concluir el ciclo organizado, desea agradecer muy sinceramente a todos las personas que, con su asistencia y participación activa en las sesiones de debate, han contribuido al éxito del ciclo.