La anunciada reforma
radical de la Administración autonómica por parte del presidente Javier Lambán,
al inicio de la legislatura, se ha quedado reducida a nada. Ningún avance
significativo se ha producido en la función pública, donde la gestión diaria,
sin horizonte alguno, ha sido especialmente anodina e ineficiente. Se desconoce
cualquier objetivo que se haya podido marcar en este terreno y podría afirmarse
que la política de personal del actual gobierno autonómico es la ausencia de
política, quedando reducida a la mera gestión de personal encomendada a los
órganos departamentales.
No parece aceptable que
una organización que cuenta con más de cuarenta mil efectivos y que incide en
ámbitos relevantes para el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo
económico, social y cultural de Aragón carezca de la más mínima hoja de ruta en
política de personal y que su función pública siga huérfana de un proyecto
sólido de mejora y de profesionalización constante. Cualquier aspecto que se
revise del actual sistema de función pública resulta claramente deficiente e
insatisfactorio y da muestras claras del prolongado abandono en que los sucesivos
responsables del Ejecutivo autonómico han mantenido este área de gobierno: los
nombramientos de responsables de la dirección general de la función pública, en
la presente legislatura, son una muestra más de ello.
Solo puede calificarse
de malos gestores a quienes no solo son incapaces de señalar objetivos de
cambio y mejora hacia los que avanzar, sino que ni siquiera pueden garantizar
el cumplimiento de las normas y ofrecer seguridad jurídica en el ámbito de la
función pública: es penoso constatar que la legislación de función pública,
ignorada e inaplicada reiteradamente por los responsables políticos y
directivos de la Administración autonómica, ha dejado de ser la pieza que
garantiza una Administración profesional al servicio del interés general,
sometida a la ley y al derecho, y guiada por criterios de imparcialidad y
objetividad.
Pero no podemos ignorar
tampoco que el tono y la vitalidad de la función pública, su legitimación
social y su credibilidad, ha de residir necesariamente en la actitud y los
valores de sus componentes, y que son ellos los que deben demandar y provocar
cambios y mejoras en el funcionamiento de la Administración, supliendo en la máxima
medida la carencia de impulso y voluntad política que para tales cambios
parecen tener tanto el Gobierno como las Cortes de Aragón. Confiemos en que la
renovación del Justicia de Aragón, y la elección de Ángel Dolado como nuevo titular, comprometido con la despolitización de la Administrción Pública, pueda suponer un revulsivo importante en el
actual marasmo institucional.
Los cambios al frente de la Dirección General de Función Pública no responden sino a criterios de estricta política interna, y son ajenos a toda orientación de la política de personal, lo que revela claramente la total ausencia de proyecto y de exigencia, autocrítica y capacidad de rectificación en este ámbito.
9 comentarios:
Ni una concesión, eh?
«Cada uno hace su trabajo de la forma más profesional»,
DECRETO 51/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de don Ignacio Zarazaga Chamorro, como Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
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Texto:
A propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.6 y 12.32 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, se dispone el cese como Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de don Ignacio Zarazaga Chamorro, con efectos desde el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón", agradeciéndole los servicios prestados.
Zaragoza, 10 de abril de 2018
El Presidente del Gobierno de Aragón
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Hacienda y Administración Pública
FERNANDO GIMENO MARÍN
DECRETO 52/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Departamento de Hacienda y Administración Pública a doña M.ª Arántzazu Millo Ibañez.
A propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.6 y 12.32 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón y en el artículo 18.2 del texto refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, se nombra Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Departamento de Hacienda y Administración Pública a doña M.ª Arántzazu Millo Ibañez, con efectos desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
Zaragoza, 10 de abril de 2018
El Presidente del Gobierno de Aragón
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
El Consejero de Hacienda y Administración Pública
FERNANDO GIMENO MARÍN
Bye, bye, Zarazaga
El Gobierno de Aragón cesa al Director General de Función Pública, y nombra a Arantzazu Millo en su lugar.
ccoo
Dos años, siete meses y quince días. Esa es la condena que el Gobierno de Aragón ha impuesto a sus más de 50.000 trabajadoras y trabajadores, obligándoles a soportar como Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios a Ignacio Zarazaga.
Más de 2 años y medio en los que el Director General de Función Pública ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar su incapacidad para la negociación, su incapacidad para llegar a acuerdos.
Sus continuos desplantes y desprecios a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la DGA han dejado en evidencia al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno y al propio presidente Lambán, que han permitido que permaneciera al frente de Función Pública una persona que no se creía su cometido, hasta el punto de llegar a ser condenado en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por vulnerar el derecho a la negociación colectiva, tras la demanda presentada por CCOO.
El balance, por lo tanto, es claro. Un acuerdo de la devolución de la paga extra de 2012 incumplido, un acuerdo de salud laboral incumplido, un plan de igualdad sin poner en marcha, una ley de función pública paralizada.
Y los derechos y condiciones de trabajo robados y recortados, que se han ido recuperando, lo han sido siempre a remolque de lo que el ministro Montoro autorizaba. Si Madrid daba permiso, Aragón negociaba. Mientras tanto, otras comunidades autónomas como Andalucía o Castilla La Mancha se arriesgaban y negociaban la implantación de las 35 horas de jornada semanal, sin esperar la bendición del gobierno de Rajoy.
En definitiva, estamos lejos, muy lejos de recuperar todo lo que nos han robado (poder adquisitivo perdido, anticipos de carrera, 100% IT, recuperación empleo público, plan de pensiones,…) desde el año 2010.
Por todo ello, el cese de Zarazaga era una medida que el Gobierno de Aragón debería haber tomado hace mucho, mucho tiempo. Una medida que tendría que ir acompañada del cese inmediato del Jefe de Servicio de Relaciones Laborales, José María Recio, cooperador necesario en todo este tiempo y enemigo declarado de la negociación colectiva, tal y como atestiguan las tres sentencias, tres, condenatorias por vulneración de ese derecho constitucional.
Es urgente, por tanto, ponerse a trabajar. CCOO va a solicitar la convocatoria, con carácter inmediato, de la Mesa General para fijar un calendario de negociación. La nueva Directora General de Función Pública tiene mucho trabajo pendiente. No hay tiempo que perder. Sólo nos queda un año por delante.
ccoo
¿Solo nos queda un año?
¿Es que se acaba el mundo en 2019?
Me surgen varias preguntas al leer este correo que ha enviado el sindicato CCOO:
¿CCOO se pone "la medalla"?. ¿Desde cuándo un Director General actúa por su cuenta?.
¿Los "informa" de CCOO son opiniones de uno o dos señores de una sección sindical en la que no existe la transparencia ni democracia interna en la toma de decisiones?
¿Es conveniente que nos defiendan empleados que llevan 15, 20 o más años liberados y que aparecen por los centros de trabajo una vez cada cuatro años a pedir el voto?
¿Se deberían publicar las actas de las reuniones de las mesas de negociación, los recursos judiciales que dicen que presentan con fecha de registro y las sentencias para que TODOS podamos opinar y comprobar que todo lo que dicen en los correos sindicales es verdad?
¿Qué capacidad de negociación tienen las secciones sindicales en la administración autonómica?
Estamos en una época en que sin pruebas ya no nos creemos nada....
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