UN NUEVO AÑO QUE RECLAMA COMPROMISO Y NUEVAS INICIATIVAS.

Comenzamos la andadura de 2018 con la voluntad de seguir trabajando, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, por los mismos objetivos que nos marcamos en 2007, en el inicio de nuestra actividad, que podemos sintetizar en la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el funcionamiento de las Administraciones y en la actividad de los servidores públicos.

Creemos imprescindible propiciar un espacio de reflexión, análisis y debate sobre la realidad de la función pública y sus necesidades de cambio, para que la función pública –en cada nivel de gobierno- sea un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos y del propio Estado de Derecho, y un agente activo de la calidad institucional de nuestra democracia. 

Ello pasa, a nuestro juicio, por la toma de conciencia del papel que corresponde a los servidores públicos en el aseguramiento de la legalidad y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en la efectiva realización de los derechos y deberes de los ciudadanos a través del correcto funcionamiento de los servicios públicos, en la credibilidad de la organización institucional como garante de la convivencia democrática y de la cohesión social.

Somos defensores de una democracia exigente, en la que los ciudadanos ejerzan un papel activo en el debate público y en el control de la actividad de los poderes públicos, sin cuestionar lo esencial de nuestro modelo de democracia representativa –y el papel central que corresponde a los representantes parlamentarios, como depositarios de la voluntad y la confianza de la sociedad-, y una pieza relevante de ese modelo de democracia exigente –con un Estado de Derecho eficiente que asegura la primacía de las leyes, como expresión de la voluntad colectiva y garantía de la libertad de todos frente al abuso arbitrario del poder- es una función pública plenamente comprometida con su labor de servicio al interés general, con elevado sentido de profesionalidad y un claro componente ético en su desempeño. 

Frente a los diferentes desafíos globales a los que se enfrenta nuestra sociedad, la función pública ha de constituir una fortaleza para afrontarlos, y ello exige compromiso y profesionalidad y plena orientación al servicio público –sin eludir la necesaria autocrítica que nos permita corregir deficiencias propias-, demandando del conjunto de la organización institucional coherencia con los principios democráticos y valores constitucionales y adoptando una posición de “resistencia constitucional” frente a todo aquello que amenaza y debilita los valores que han de presidir de nuestra actividad y el conjunto de la vida colectiva.