PULSO INSTITUCIONAL CONTRA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La noticia de que el Gobierno de España impugnará ante el Tribunal Constitucional la Ley aprobada por las Cortes de Aragón que dio la “supuesta cobertura jurídica” a la Oferta de empleo extraordinaria en el ámbito de sanidad vuelve a mostrarnos la realidad que parece no querer reconocer el Gobierno de Aragón, y que no es otra que su total falta de congruencia en materia de función pública y la ausencia de compromiso real con la profesionalización de la Administración autonómica y con el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.

Es llamativo y escandaloso observar cómo los recursos públicos, de una y otra Administración, se dedican a cercenar un derecho constitucional de los ciudadanos, como es el reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, impidiendo con ello que los ciudadanos accedan en condiciones de igualdad a la función pública, a través de procesos selectivos conforme a criterios de mérito y capacidad.

El Gobierno de Aragón se ha negado a aceptar y ejecutar sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, favorables al ejercicio del derecho de acceso, tras declarar nulas y contrarias al citado derecho fundamental las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. Prefiere entender, de manera contraria a lo señalado por el Tribunal, que las tasas de reposición de efectivos contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado impiden la inclusión de dichas vacantes, debiendo primar dicho límite presupuestario sobre el contenido esencial del derecho definido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, ha planteado sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia favorables al derecho de acceso de los ciudadanos.

Las mismas razones que invoca el Gobierno de Aragón en sus recursos de casación al Tribunal Supremo, para anular las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, son las que esgrime el Gobierno de España al promover su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley autonómica aragonesa que facultaba inaplicar las tasas de reposición de efectivos en el ámbito de sanidad. Nada, por lo tanto, puede sorprender al Gobierno de Aragón: o acaso puede contrariarle el hecho de que su tesis, defendida a capa y espada, se vuelva contra él en el ámbito de la oferta sanitaria, aprobada a regañadientes por los responsables de la función pública autonómica.

Mientras los Servicios Jurídicos de una y otra Administración se dedican a torpedear aquellas normas y sentencias que favorecen el acceso a la función pública, los ciudadanos ven cómo el ejercicio de su derecho fundamental es cercenado de forma reiterada y resulta alarmante observar cómo el Estado de Derecho queda reducido a mero campo de batalla jurídica de quienes han decidido vaciar de contenido real los derechos constitucionales de los ciudadanos, rivalizando todos ellos en el grado de desprecio a la legalidad democrática.

En ese escenario es necesario y urgente mantener una estrategia de defensa del derecho fundamental y del Estado de Derecho, perseverar en la reivindicación de una Administración profesionalizada y comprometida con la legalidad, y en ese empeño se mantiene firme esta Asociación, con sus limitados recursos.