Tras
la reciente celebración del décimo aniversario de la Asociación, con un
intenso acto público en el salón de actos de la Biblioteca Pública
de Aragón, el pasado 15 de febrero de 2017, la Junta Directiva en su reunión
de ayer acordó la convocatoria de la próxima asamblea anual asociativa para el
próximo 28 de marzo, en la que tocará, principalmente, renovar la mitad de los miembros
de la Junta,
incluidos los cargos de Presidente y Tesorero, y revisar, como guía de actuación,
el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado
al comienzo de la presente legislatura.
Se
cerrarán en dicha asamblea anual diez años de actividad, procediendo a la
apertura de un nuevo periodo de trabajo, en el que intensificar tanto las líneas
de actuación hasta ahora establecidas, en especial la reivindicación y defensa
del derecho de acceso a la función pública, como elemento primordial para
asegurar una función pública profesionalizada, conforme a principios de mérito
y capacidad, y poner en pie otros proyectos nuevos, como puedan ser un
Observatorio de la Función Pública
–a articular con otras organizaciones y entidades del conjunto de España-,
desde el que poder realizar un seguimiento de la evolución de la función pública,
de su problemática, de sus alternativas y de los debates en torno a su futuro,
o una amplia coalición o plataforma cívica para impulsar medidas dirigidas a
incrementar la calidad democrática de nuestras instituciones públicas.
Debemos
convertir a los servidores públicos en agentes activos de la regeneración
institucional, con un compromiso inequívoco con los principios de legalidad,
profesionalidad y ética pública que han de presidir la organización y actividad
de todas las Administraciones Públicas y del conjunto de las instituciones políticas,
y remarcar su orientación hacia la realización de los derechos de los
ciudadanos, para dar desarrollo pleno al programa constitucional que proclama
los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, mediante un
correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado
autonómico, como las dos grandes decisiones que definen nuestro modelo político
de convivencia.
Es
necesario que los servidores públicos asuman como tarea indelegable el uso público
de la razón, interviniendo como un actor más en el debate colectivo sobre las
reformas que reclama una sociedad democrática para que la actividad
institucional sea acorde a sus valores y sirva para reforzarlos y dignificar la
vida colectiva. No es posible inhibirse en esta tarea, eludir la
responsabilidad que nos corresponde, desistir de nuestra responsabilidad cívica.
A
dicha tarea convocamos desde esta Asociación a todos los servidores públicos
que aspiran a una función pública mejor, plenamente comprometida con los
principios democráticos y valores constitucionales, con el servicio público, el
interés general, los derechos de los ciudadanos y la construcción de una
sociedad decente y civilizada, en la cual el papel de las instituciones resulta
decisivo. Desde las decisiones acordadas en la futura Asamblea a celebrar el 28
de marzo aspiramos a reforzar el papel de esta Asociación en ese exigente
programa que a todos nos toca atender.
6 comentarios:
Es necesario seguir, ir más allá.
Hacer más, hacerlo mejor.
El examen de auxiliar administrativo tendrá que repetirse por un error.
EPA.
Más 4.000 aspirantes a un puesto público de auxiliar administrativo en el Gobierno de Aragón tendrán que repetir el examen que realizaron el pasado mes de julio. La razón está en un informe del Consejo Consultivo de la comunidad en el que se consideran nulos los acuerdos de los tribunales calificadores que valoraron esta prueba por no especificarse en las bases de la convocatoria cómo se debía superar el primer ejercicio.
Aunque el propio tribunal calificador trató de resolver el problema que no se especificaba en las bases, el órgano consultivo establece que al no haberse producido una comunicación previa a los opositores se cometió un error. Así, el informe habla de «defectos jurídicos insuperables» y sugiere que se repita el primer ejercicio «en las condiciones adecuadas y jurídicamente correctas». El 30 de noviembre se suspendió provisionalmente la oposición hasta que se resolvieran los recursos de alzada interpuestos por algunos de los opositores a cubrir 133 plazas.
EPA
La DGA ha recogido el guante, y aunque los documentos del Consejo Consultivo no son de aplicación obligada, ayer anunció que se volverá a convocar el examen. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, explicó que tras analizar un informe «muy claro» no queda otro remedio que volver ha hcer las pruebas. «Ya he dado instrtucciones a los técnicos para que preparen una resolución que recoja las instrucciones del organismo», señaló.
Gimeno dijo que todavía es pronto para considerar nulo el proceso anterior, a la espera de que se resuelvan algunas de las alegaciones presentadas, pero que lo antes posible se convocarán de nuevo, aunque sin detallar nuevas fechas. «La voluntad política es que sea lo más rápido posible», estableció. Sin embargo, matizó que todavía es pronto para aventurar una resolución al existir personas que no están de acuerdo con el informe.
En términos concretos, además de los más de 4.000 aspirantes al puesto, están afectados por esta decisión los 379 aprobados que no estaban seguros de que su puntuación directa neta en los ejercicios era la que se correspondía a la realidad.
EPA
Las voces críticas desde la oposición a la gestión del proceso no se hicieron esperar. Por parte de Podemos se calificó el proceso como «uno de los más chapuceros de la historia de los exámenes de la Administración pública» y se criticó la intervención de Gimeno. «Se trata de un error más del consejero que vuelven a pagar los aragoneses», indicó la diputada Marta de Santos. Por parte del PAR se tildó de «auténtica barbaridad» la decisión del departamento de Hacienda. Y el sindicato CSIF también denunció el «malestar» y la «manifiesta incompetencia» mostrada por el consejero.
EPA
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