AL CONCLUIR UN AÑO DE LABOR.

Cuando concluye 2016, parece oportuno hacer un balance de la actividad desarrollada a lo largo del año por parte de esta Asociación, sin necesidad de hacer recuento de los resultados obtenidos, pues hay que empezar a valorar el impulso de iniciativas cuya oportunidad no se ve desvirtuada por la distinta suerte que puedan correr.

La defensa de la legalidad, la exigencia de respeto a los derechos fundamentales, la reivindicación de transparencia en la gestión pública o la activación de los mecanismos de garantía del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad de los poderes públicos valen por sí mismas, se alcancen o no los objetivos perseguidos.

Esta Asociación, desde el primer momento, rechazó tanto el fatalismo -ese no hay nada que hacer, tan frecuente entre los ciudadanos que parecen haber dimitido de su condición- como el cálculo interesado -esa tendencia a no consumir esfuerzos ni energías en empresas de incierto resultado, a no embarcarse en aquello que solo puede generarnos desgaste o dificultades,  condensado en esa frase cínica que se nos ha querido inculcar desde siempre de que "donde no hay ganancia la pérdida es segura"-, y, en su lugar, se apuntó a la autoexigencia que deben tener, en su actuar, todos los ciudadanos y, en particular, los servidores públicos: no callar ante la quiebra de las normas, no permitir el vaciamiento progresivo de las garantías del Estado de Derecho, no contribuir a la pérdida de calidad de nuestras instituciones y a la desprofesionalización de la función pública, no desatender nuestro cometido.

Podemos decir que a lo largo de 2016 hemos trabajado, menos de lo que hubiéramos deseado, dadas las circunstancias de nuestra Administración Pública, manteniendo la defensa del derecho de acceso a la función pública, reclamando al Gobierno de Aragón -y también a otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza o la Universidad de Zaragoza- la aprobación de ofertas de empleo público que incluyerann la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por personal interino, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público, tratando de impedir con ello que una desafortunada interpretación de las tasas de reposición de efectivos, previstas en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, cercenasen el derecho de acceso e incrementen hasta niveles escandalosos e inaceptables los niveles de interinidad en el conjunto de las Administraciones Públicas.

En vano hemos intentado que el Gobierno presidido por Javier Lambán aceptase la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2014 y 2015, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública. Resulta sorprendente que un Ejecutivo se resista a aceptar y ejecutar unas sentencias favorables al derecho de los ciudadanos, alegando que las mismas van en contra de la legalidad. Y aún más que se acuda al Tribunal Supremo en recurso de casación para tratar de obtener, como ya ha hecho en alguna ocasión, una sentencia restrictiva al derecho de acceso, haciendo primar de manera absurda e irreal los límites presupuestarios al régimen de acceso, sin reparar en que la falta de oferta no solo no reduce costes de personal sino que los agrava, como lo evidencian las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a indemnizar al personal interino en el momento de la terminación de su relación laboral con la Administración.

Corregir las bolsas de interinidad generadas durante todos estos años puede comportar, en indemnizaciones salariales, un coste millonario, dejando así en evidencia la falaz argumentación de quienes afirmaban que la interinidad abarataba costes a la Administración Pública. La negación de derechos y la discriminación laboral que supone la tasa de interinidad actualmente existente no puede salir barata nunca, y las indemnizaciones son uno más, pero no el principal coste a pagar por la miopía y arbirariedad con la que se ha gestionado la selección de personal en las Administraciones por los sucesivos responsables políticos.

El Gobierno de Aragón no solo se ha mostrado incapaz de ejecutar sentencias, sino también de respetar las leyes, y por eso esta Asociación se ha visto obligada, una vez más, a impugnar los Decretos de aprobación de la oferta de 2016 -tanto en el ámbito de la administración general como en el sanitario-, sin que dicho incumplimiento lo podamos entender enmendado ni paliado con la modificación de la Ley de Salud de Aragón para dar cobertura a una oferta extraordinaria de personal del Servicio Aragonés de Salud.

Alguien debería explicar las razones por las que es importante corregir la interinidad en el ámbito sanitario y no en el resto de los sectores de la Administración, cuando la titularidad de un derecho fundamental, como es el de acceso a la función pública, corresponde por igual a todos los ciudadanos, con independencia de su perfil profesional o del sector al que tengan derecho de acceder. Un Gobierno que discrimina a la hora de legislar no hace sino ahondar y reafirmarse en la ilegalidad de su gestión.

No solo el derecho de acceso a la función pública ha sido el objetivo de nuestra actividad a lo largo de 2016, aunque sin duda ha consumido la práctica totalidad de nuestros recursos -unos recursos limitados para hacer frente a la contumaz postura del Gobierno-, sino que también hemos insistido en el derecho de petición -tan vulnerado por el Gobierno de Aragón y tan desdeñado por las Cortes de Aragón, al margen de discursos de pretendida apertura como el de su actual Presidenta, Violeta Barba, pues traducir las palabras en hechos sigue siendo un camino costoso-, y en el derecho de acceso a la información pública, demandando información de calidad en el boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma -su contenido es impropio de una Administración obligada a suministrar información veraz y comprensible a los ciudadanos- y reclamando publicidad activa que la Administración se resiste a dar a conocer, como se evidencia con la ausencia de los decretos de oferta en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, incumpliendo la normativa autonómica.

Por último, pero no por ello menor, esta Asociación ha querido mantener en 2016 su compromiso con la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, a celebrar el 9 de diciembre, y organizó con tal fin la proyección del documental "La corrupción: el organismo nocivo", contando en su proyección con la valiosa presencia de sus codirectores, de Pandora Box TV. El acto, al margen de su concreto desarrollo, ha abierto unas vías de colaboración prometedoras para desarrollar en el resto de las Comunidades Autónomas esfuerzos dirigidos a que, en el seno de su respectiva función pública, se inicie un proceso de reflexión que pueda cristalizar en la constitución de una asociación similar a la nuestra, destinada a promover en su propio ámbito los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Hemos desplegado, en suma, el esfuerzo del que hemos sido capaces, pues a cada cual hay que exigir de acuerdo con sus fuerzas y recursos. Nos hubiera gustado haber hecho mucho más, infinitamente más, pero podríamos también haber hecho menos o nada, podríamos haber llegado a tirar la toalla, cosa que no ha sucedido y por ello llegamos a completar un año más de actividad, con la esperanza de seguir trabajando durante el próximo año, en la defensa de nuestros principios  y en la dirección que marcan nuestros objetivos, que en definitiva son los de todos los servidores públicos y ciudadanos que aspiran a contar con una función pública comprometida con la democracia y el Estado de Derecho, con el interés general y la cohesión social, con la libertad y la dignidad de las personas.

A ese trabajo, seguimos convocando a todos, para poder hacer más, para aspirar a que nuestra aportación pueda contribuir a hacer realidad la regeneración democrática que nuestro país necesita.