ESPERANDO AL NUEVO RESPONSABLE DE FUNCIÓN PÚBLICA.

Es previsible que el Gobierno de Aragón lleve a cabo hoy el nombramiento del nuevo responsable de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, vacante desde el cese del anterior titular, Ignacio Murillo. No es un nombramiento más, pues será revelador de la seriedad con la que se pretende abordar la inaplazable reforma de la función pública y de la Administración en su conjunto, dentro del programa de regeneración institucional auspiciado por las diferentes fuerzas políticas que posibilitaron la investidura del actual Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Esta Asociación, con independencia de la persona designada para asumir la citada responsabilidad, estará abierta a una colaboración crítica y exigente, desde los postulados recogidos en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y de Buena Administración que presentaremos en breve plazo, para avanzar hacia una función pública profesional y eficiente, comprometida con el principio de legalidad y la garantía del Estado de Derecho, y dedicada de lleno a la promoción del interés general y de los derechos de los ciudadanos.

No podemos resignarnos al actual estado de cosas, en el que la Administración y el personal que la sirve parecen haber perdido la conciencia de su función de servicio a la sociedad, y donde la colonización política de las estructuras administrativas a lo largo de los años –alcanzando grados de instrumentalización escandalosos en determinadas empresas públicas- ha desvirtuado la propia noción de interés general, al verse desplazada por intereses corruptos y clientelares.

Esta Asociación va a seguir defendiendo, desde su libertad y total independencia política, los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública, como señas de identidad de una función pública democrática como es la diseñada por nuestra Constitución. Los propios profesionales de la función pública hemos de asumir un compromiso activo para procurar la plena regeneración de la Administración Pública, para que ésta se sitúe decididamente al nivel que las exigencias de nuestra sociedad demandan.

La función pública ha de recuperar su legitimación social mediante una actividad que no permita el menor resquicio de duda sobre la integridad de sus miembros y de sus pautas de comportamiento. En ese ineludible desafío de regeneración estamos comprometidos no solo el conjunto de los servidores públicos, sino también los responsables políticos y administrativos, a los que toca liderar dicho proceso, y los sindicatos de la función pública, cuyos planteamientos siguen siendo una rémora para un verdadero cambio de valores que permita superar la mediocridad y el olvido de la legalidad que domina en tantas parcelas del sector público.

Para desbloquear la actual situación resultará, sin duda, relevante el papel que corresponde jugar al nuevo titular de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y el proceso de cambio que sea capaz de impulsar, devolviendo al conjunto de los empleados públicos el sentido de integrar una organización al servicio del interés general, contribuyendo a la calidad democrática de nuestro sistema institucional.