Como señala hoy Fernando Vallespín en su interesante artículo, ha llegado el momento inaplazable de pasar a la acción para poner coto a la corrupción pública en España. No es posible seguir conviviendo con el mar de fondo que supone el desprestigio creciente de la política y de las instituciones públicas, a la vista de las informaciones constantes sobre fraudes, abusos, enriquecimientos ilícitos, nepotismo, redes clientelares y un largo etcétera que muestra el intenso grado de deterioro que han sufrido nuestras instituciones en manos de unos responsables políticos que parecen haber olvidado el primer fin de toda labor pública, como es el servicio a lo intereses generales. Están en juego no sólo la calidad de la democracia, sino también la salud de nuestro sistema constitucional y la propia convivencia social.
La corrupción pública abarca dos ámbitos distintos, como son el estrictamente político y el administrativo, correspondiendo el primero al nivel directivo, provisto por personas designadas por los partidos políticos, y el segundo al nivel profesional, integrado por empleados públicos. Son dos ámbitos claramente conectados, pues es difícil que el uso indebido o fraudulento de las potestades públicas pueda producirse sin que personas de ambos niveles -político y administrativo- se pongan mínimamente de acuerdo, aunque unos u otros se limiten a tolerar la conducta indebida del otro, aun sin participar del beneficio ilítico resultante.
Pero cuando hablamos de pasar a la acción, lógicamente aludimos a recurrir a la palabra en modo de propuestas para construir una robusta infraestructura ética -con mecanismos eficaces de prevención y corrección de la corrupción, pública y privada-, pues lo que está claro es que no caben meras actitudes de silencio o de simple condena retórica. La preocupación de esta Asociación frente al fenómeno de la corrupción pública ha sido constante desde el primer momento, y por ello una de nuestras actividades ha sido la celebración anual, cada 9 de diciembre, del Día Internacional contra la Corrupción, algo que años atrás pudo parecer a alguien extravagante, pero que el tiempo ha revelado como una preocupación general del conjunto de los ciudadanos.
Hemos reflexionado sobre la corrupción y sobre los mecanismos a impulsar para combatirla, y estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción pública ha de ser una de las tareas que han de asumir expresamente los servidores públicos que trabajan en las diferentes Administraciones, pues la garantía de la inamovilidad en la condición de funcionario público tiene precisamente como finalidad asegurar la independecia de cada agente público para evitar vulneraciones de la legalidad y enfrentarse a los fenómenos de corrupción que puedan producirse en su ámbito. Ciudadanos, servidores públicos y medios de comunicación han de constituir la imprescindible alianza para regenerar la vida pública española. Los políticos habrán de decidir su grado de compromiso en esta tarea, pero han de ser conscientes de que en su decisión se están jugando su propio futuro.
La corrupción pública abarca dos ámbitos distintos, como son el estrictamente político y el administrativo, correspondiendo el primero al nivel directivo, provisto por personas designadas por los partidos políticos, y el segundo al nivel profesional, integrado por empleados públicos. Son dos ámbitos claramente conectados, pues es difícil que el uso indebido o fraudulento de las potestades públicas pueda producirse sin que personas de ambos niveles -político y administrativo- se pongan mínimamente de acuerdo, aunque unos u otros se limiten a tolerar la conducta indebida del otro, aun sin participar del beneficio ilítico resultante.
Pero cuando hablamos de pasar a la acción, lógicamente aludimos a recurrir a la palabra en modo de propuestas para construir una robusta infraestructura ética -con mecanismos eficaces de prevención y corrección de la corrupción, pública y privada-, pues lo que está claro es que no caben meras actitudes de silencio o de simple condena retórica. La preocupación de esta Asociación frente al fenómeno de la corrupción pública ha sido constante desde el primer momento, y por ello una de nuestras actividades ha sido la celebración anual, cada 9 de diciembre, del Día Internacional contra la Corrupción, algo que años atrás pudo parecer a alguien extravagante, pero que el tiempo ha revelado como una preocupación general del conjunto de los ciudadanos.
Hemos reflexionado sobre la corrupción y sobre los mecanismos a impulsar para combatirla, y estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción pública ha de ser una de las tareas que han de asumir expresamente los servidores públicos que trabajan en las diferentes Administraciones, pues la garantía de la inamovilidad en la condición de funcionario público tiene precisamente como finalidad asegurar la independecia de cada agente público para evitar vulneraciones de la legalidad y enfrentarse a los fenómenos de corrupción que puedan producirse en su ámbito. Ciudadanos, servidores públicos y medios de comunicación han de constituir la imprescindible alianza para regenerar la vida pública española. Los políticos habrán de decidir su grado de compromiso en esta tarea, pero han de ser conscientes de que en su decisión se están jugando su propio futuro.
3 comentarios:
¿Es posible regenerar la vida pública todavía?.¿Colaboración de los medios de comunicación?. Esto ya no tiene solucción lógica
¿Cuándo se empieza a proponer medidas de regeneración? ¿A quién se le plantean? El Justicia de Aragón parece que se ofrece a elaborar un informe con propuestas de transparencia.
Es difícil para el ciudadano-administrado pasar a la acción. Por desgracia, se conocen casos en los que la Administración no ha obrado como debiera. Podríamos hablar de las listas de interinos de administrador superior. A pesar de intentar prescindir de personal interino, cuando son necesarios, se recurre a una lista remitida por el INAEM en la que pocos han tenido oportunidad de entrar, entre otras causas, por no hacerse pública la creación de la misma. O sea, no es justo que nadie entre a formar parte de la Administración sin haber aprobado ninguna de las pruebas de la oposición (Decreto de 2007, sin posibilidad de una ampliación de listas con suspensos mejor calificados) algo que pudiera parecer bastante lógico. Sin embargo, atiende más a los principios de "igualdad, mérito y capacidad" pedir a la oficina de empleo que elabore una lista con quienes cumplan determinados requisitos (todavía desconozco los mismos), sin hacerse pública hasta el momento mismo de ser definitiva y cerrada. ¿Cuál sería la posible RE-acción a conductas como esta? ¿Por qué se intentan cambiar el sistema, su estructura... si en el fondo se realizan las mismas prácticas? Por otro lado, ¿el personal interino no debería ser temporal y no encallarse en la Administración indefinidamente?
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