AÑOS EN LOS QUE NOS JUGAMOS MUCHO

Estamos en el inicio de un nuevo curso. Todos parecen vaticinar un otoño caliente, como resultado del creciente malestar social por las medidas económicas adoptadas y los diferentes recortes en los servicios públicos, recortes que los empleados públicos han sufrido también en sus propias carnes. Sin embargo, si el malestar es un mero indicio del coste social de las medidas -cosa que acaso no habían evaluado suficientemente quienes las adoptaron-, lo decisivo ahora es sobreponerse a su impacto -tratar de discriminar su necesidad o su justificación y sus alternativas- y establecer un horizonte que nos permita vislumbrar hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos para superar la actual situación, y tratar de hacerlo sin renunciar a los valores esenciales de nuestro modelo político y social.

Los principios democráticos -entre ellos, de forma destacada, el debate público y la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones, como ejercicio de madurez y de responsabilidad-y los valores que conforman nuestro modelo social -sobre todo, la solidaridad como compromiso con la dignidad de todos, principalmente con los más desfavorecidos por las actuales circunstancias, para preservar con ello la cohesión social, sin la cual podemos sufrir gravísimas fracturas que degraden la convivencia e hipotequen el futuro- no pueden estar ausentes en ninguna de las estrategias para superar las actuales dificultades.

El conjunto de los ciudadanos -entre ellos, necesariamente los servidores públicos, cuyo papel cobra una especial relevancia cuando se espera de los poderes públicos una acción positiva para asegurar el ejercicio de los derechos de ciudadanía y garantizar el respeto a la legalidad, como única salvaguarda frente a la arbitrariedad o la injusticia- hemos de contribuir a la defensa de nuestras señas de identidad como sociedad democrática, y ello en ocasiones se cifra más en respetar los procedimientos en la toma de decisiones que en el propio contenido de las decisiones adoptadas. No es posible admitir que se impongan modos autoritarios en las formas de gobierno ni que se utilicen las dificultades presupuestarias para devaluar o desvirtuar los principios por los que nos hemos venido rigiendo hasta ahora y que siguen presidiendo nuestro ordenamiento jurídico.

Esta Asociación, pese a las especiales dificultades del momento y al indudable desgaste acumulado en sus años de recorrido -con la indiferencia o el desprecio indisimulado de muchos- no va a desistir en su labor de defensa del papel que corresponde jugar a la función pública en el funcionamiento de nuestro modelo constitucional de Administración Pública, modelo con el que seguimos plena y activamente comprometidos, al margen de que algunos de sus miembros puedan o no desempeñar determinados puestos en la estructura de sus respectivas Administraciones. Tal circunstancia no ha sido ni será obstáculo para el libre ejercicio del razonamiento y de la crítica por nuestra parte, siempre desde la adhesión expresa a nuestras instituciones democráticas, por cuya mejora y profundicación hemos venido trabajando desde el primer momento, formulando propuesta de buen gobierno y buena administración, nociones que siguen estando plenamente vigentes -acaso más que nunca- en la actualidad.