¿EXISTE HOJA DE RUTA PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Transcurridos ya casi diez meses desde la formación del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, comienza a ser verdaderamente preocupante la falta de horizonte que hoy se vive en gran parte de la Administración autonómica y el proceso de debilitamiento y precarización crecientes al que parece empujarse al conjunto de los servicios públicos, acuciados sin duda por las dificultades económicas que vive el conjunto del país, pero lastrados igualmente por la falta de un proyecto claro en materia de función pública y de un decidido paquete de medidas para la regeneración de la vida pública.

No dudamos de la capacidad y de la honestidad del responsable de la Dirección General de la Función Pública, pero el equipo de gobierno en su conjunto no ha dibujado el horizonte deseado para fortalecer la función pública aragonesa -mirándola más como un lastre que como uno de los principales activos de nuestra Comunidad Autónoma- y, sobre todo, ha sido incapaz de superar los viejos usos patrimonialistas de los puestos públicos que tanto ha criticado en el pasado. Basta para constatarlo observar el desdén mostrado hacia las estructuras administrativas o la arbitrariedad de algunos nombramientos, donde se mira más la ideología que la competencia de las personas.

El Gobierno no ha acertado en estos meses a decirle a los funcionarios lo que se demanda y espera de ellos en las actuales circunstancias. Tampoco ha dado a conocer a los miles de empleados públicos qué medidas se van a impulsar en la ordenación de la función pública aragonesa, fuera del anuncio de una ley o de medidas de provisión para corregir la enorme provisionalidad existente (el anunciado "macroconcurso" se retrasa sin explicaciones sobre las causas de tal demora y cada día se aprecian más los inconvenientes que las ventajas de tal medida, pues la "movilidad" no puede ser el objetivo que presida la política de recursos humanos, sino la profesionalidad, el compromiso ético y la recuperación de un clima organizacional coherente con los valores del servicio público).

Se tiene sin embargo la sensación que por detrás de las genéricas propuestas realizadas, y ante la ausencia de objetivos reales, lo que se prepara es, sencillamente, un importante adelgazamiento de la plantilla, conviertiendo las medidas de provisión de puestos de trabajo en un mecanismo dirigido a expulsar personal interino. Parece incluso que tal objetivo se antepone a preservar la propia calidad o continuidad de algunos servicios o unidades. Esas cosas suelen suceder cuando se invierten indebidamente las prioridades y se erige en única finalidad el abaratamiento del capítulo de personal.

Son muchos los aspectos que debieran conformar una hoja de ruta en materia de función pública para la presente legislatura, pero un elemento crucial -que todos parecen querer ignorar- ha de ser establecer una posición clara sobre la estrategia a seguir en el aligeramiento necesario de los costes de personal: el montante del capítulo uno es resultado de diversos elementos, pero sus dos variables esenciales son el número de personas empleadas y las retribuciones asignadas a las mismas. Nada dice el Gobierno en este tema, aunque resulta inequívoca su estrategia -expulsar interinos mediante la movilidad de los funcionarios de carrera o mediante el bloqueo a la provisión de puestos-, pero más sorprendente en este asunto es el silencio de los sindicatos de la función pública. Como parecen oponerse a todo -ya sea tocar la plantilla o tocar las retribuciones-, parecen dejar hacer al Gobierno en su solapada política de eliminación de personal interino, confiando acaso con ello en que nadie repare en los ilegales conceptos retributivos que siguen aplicándose al conjunto del personal como resultado de una negociación colectiva viciada y contraria a la legalidad.

Esta Asociación no ha ahorrado esfuerzos, desde su creación, en llamar la atención sobre los graves desvíos de las retribuciones en la función pública aragonesa -con la ilícita cláusula de revisión salarial que se aplicó a partir de 2004, vulnerando los Presupuestos Generales del Estado, y con el inexplicable anticipo de carrera profesional que sigue abonándose a un amplio número de funcionarios, en previsión de que en un futuro indeterminado tal carrera pueda desarrollarse, y en caso contrario "que nos quiten lo cobrao"-, pero a nadie le ha interesado escuchar el mensaje. Ni el Gobierno ni los Grupos Parlamentarios han querido entrar a considerar algo de tanta gravedad, como es el deslizamiento ilegal del sistema retributivo en la función pública aragonesa.

Ahora, sin embargo, cuando el capítulo I de la Administración aragonesa resulta insostenible, nadie repara en que la primera medida a adoptar debiera ser restablecer la legalidad del sistema retributivo y suprimir los conceptos ilegales del mismo -léase el llamado anticipo de carrera-, de manera que el recorte no recaiga injustamente en la supresión de puestos de trabajo necesarios pero cubiertos por personal interino, puestos que indebidamente no se convocaron en las ofertas de empleo público -como ha señalado el Tribunal Supremo- y que ahora sirven de fácil colchón para recortar gasto de personal, posiblemente el gasto de personal que nunca debió de existir en la Administración autonómica por ser ilegal. No parece buena opción, desde ningún punto de vista, sacrificar personas y mantener ilegalidades. No lo es en ningún ámbito, pero mucho menos lo es en el seno de una Administración Pública que quiera considerarse mínimamente comprometida con los principios y objetivos que le marca la Constitución.

Es cierto que en momentos de dificultad resulta particularmente costoso revisar las retribuciones del personal, en especial si se hace desde la consideración de su ilegalidad -pues la imagen de la función pública ante los ciudadanos queda necesariamente cuestionada-, pero sólo tras corregir tal situación los funcionarios públicos podremos demandar otras medidas de control y limitación del gasto público, del que disfrutan quienes ejercen y han ejercido altos cargos en la Administración autonómica.