Zaragoza, 3 de octubre de 2007
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, en ejercicio del derecho constitucional de petición, para solicitar que los nombramientos y ceses del personal eventual o de confianza de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón sean públicos y transparentes, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y que el trabajo realizado por dicho personal quede sujeto al mismo régimen de control establecido para los funcionarios de carrera.
El personal eventual constituye una de las clases de empleados públicos prevista tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la vigente Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, definiéndose como tal el personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para tal fin.
Dicho personal eventual únicamente puede ocupar los puestos de trabajo que, con tal naturaleza, se adscriben a los Gabinetes y Secretarías particulares de los miembros del Gobierno de Aragón, según se prevé en el artículo 20 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Señala el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 12.5, que al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. De acuerdo con ello, debiera entenderse que la publicación de los nombramientos y ceses en los puestos de trabajo, así como los principios o reglas que se establecen en el denominado Código de Conducta o capítulo de deberes de los empleados públicos, habrían de ser aplicados a dicho personal.
Entre tales principios o deberes figuran los de dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad y eficacia, principios todos ellos que vendrían a determinar lo que cabe y debe entenderse como “funciones retribuidas” a desarrollar por dicho personal.
La falta de publicidad actualmente existente en cuanto al nombramiento de las personas que acceden a las funciones públicas de confianza o de asesoramiento especial, así como la inaplicación a los mismos de control de presencia en los lugares de trabajo y cumplimiento de jornada, hace posible que la condición de dicho personal, en determinados casos, no vaya más allá de la percepción de un sueldo público, sin realización de función alguna que justifique el cobro del mismo, posibilidad que en modo alguno puede estimarse admisible.
La Asociación va a hacer de esta cuestión una de sus prioridades de actuación y, en su caso, de denuncia, al constituir tal realidad –o su posibilidad- una de las anomalías más graves de funcionamiento del régimen de función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
63 comentarios:
Ahí, ahí, muy bien traído el asunto, porque la situación es un completo escándalo, pero parece que a los políticos les está todo permitido, hasta vivir del cuento.
Veo a la Asociación derrochando energías. Fabuloso.
¿Alguien conoce algún caso concreto o está feo señalar?
Lo que está feo es recibir un sueldo público a cambio de nada, pero hay gente que por lo visto se cree con derecho a que los ciudadanos lo mantengan a cambio de "servicios prestados" a su partido.
A ver qué contestan, y si no se puede acudir, como en otros casos, a las Cortes de Aragón, para que el control democrático del poder se ejerza.
Me parece una buena iniciativa, siempre que se dé continuidad a la exigencia de control, pues la clase política se ha hecho experta en aguantar el "chaparrón" -cuando lo hay- y luego salirse con la suya, beneficiándose del olvido de los temas y del interés general por otras cuestiones más inmediatas.
¿Hay casos concretos? hay que denunciarlos y especialmente ante los medios de comunicación.
Bien recogido ayer en Heraldo de Aragón, aunque fuese en formato breve.
¿Qué hay que denunciar y ante quién? No creo que sea bueno iniciar una estrategia de escándalo, sino que sería preferible formular las denuncias ante la Inspección General de Servicios, para que la posible pasividad de los órganos de control haga cuestionarse el funcionamiento de los mecanismos internos.
Pienso también que hay que poner en valor los instrumentos de control propios de la organización, aunque está claro que a los políticos sólo les preocupa lo que aparece en prensa.
Creo que la actitud de funcionarios públicos, en la medida en que somos profesionales de esta organización administrativa, es reforzar en todo lo posible los instrumentos y canales propios de la Administración, poniendo con ello en evidencia, si así fuera, los incumplimientos de las obligaciones de corrección de irregularidades por parte de los consejeros o directivos.
No deberíamos permitir que las cosas pierdan su eficacia por desuso, como ocurre con la Inspección General de Servicios, pues no podemos pretender que determinados asuntos los investiguen de oficio.
La publicidad en los nombramientos del personal eventual es fundamental, pues la opacidad actualmente reinante ha permitido que se hagan nombramientos que carecen de justificación, por la total falta de idoneidad de las personas nombradas y lo injustificado de la percepción retributiva por el trabajo realizado, o, lo que es peor, permite que se hagan nombramientos de personas a las que alguien ha decidido poner sueldo público a cambio de nadam, por razones estrictas de interés político.
¿Por qué tienen han de disponer los políticos del dinero público de esta forma? Este modo de actuar debiera invalidarlos para actuar en un sistema democrático. ¿Dónde queda la noción de rendición de cuentas?
En este tema ha de insistirse, y no hay que dejar que el abuso de poder prospere.
He recuperado vuestro enlace en: http://aragonliberal.zoomblog.com/archivo/2007/02/23/blog-del-dia-Asociacion-de-Defensa-de-.html
cuando www.aragonliberal.es os nombró el blog del día, ya que estamos en esta nueva página.
Federico
Confiemos en que Velasco sea consecuente y ponga coto a la situación de los gabinetes, pero precisamente por eso creo que debería comenzarse por ver cómo está su gabinete, pues mal va a corregir irregularidades en las que él mismo incurre.
En el BOA de hoy se nos regala con perlas de lo que es ya el embarullamiento administrativo de las pruebas selectivas: resoluciones que dejan sin efecto anteriores correcciones de errores, error sobre error, terror jurídico, eso sí, esta vez ya se sabe quién suscribe semejantes resoluciones.
Sí, el desbarajuste es penoso.
¿Quién se cree que existe seguridad jurídica en semejante descontrol?
Debe insistirse tanto en el cumplimiento de plazos por parte de la Administración como en el sistema objetivo y reglado de formación de Tribunales, pues ambas cuestiones son el elemento crítico en este momento.
No comprendo el bajísimo nivel de exigencia que existe en nuestra sociedad respecto a los políticos: basta con recordar el cese del Presidente del Banco Mundial por un supuesto trato de favor a su novia y comparar dicho caso con la situación que vivimos en nuestra Administración. ¿Qué sucedería si se aplicase el mismo nivel de exigencia?
Desde luego, parece que se admitiera la corrupción como algo consustancial al funcionamiento de las instituciones. Acaso, porque ello nos legitima a los demás a defraudar en aquello que podamos. No encuentro otra explicación.
Exactamente: summum ius summa inuiria.
Summa iniuria, perdón.
Puede que haya algo de ello: si yo no les exijo, ellos tampoco me exigirán a mí. Todos consentimos los abusos, en mayor o menor medida.
Si la cosa fuese así, nos empezamos a deslizar por una pendiente muy peligrosa.
¿Se puede hacer llegar este asunto al Fiscal Anticorrupción?
Alguien debería analizarlo, pues parece ser que no se entiende otro lenguaje que el de la responsabilidad penal y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, de unos y de otros, de los que cobran sin merecerlo y de los que pagan con un dinero que no es suyo.
¿Y la Intervención General no fiscaliza estos pagos con rigor o también consiente la situación?
Demasiadas preguntas a quien no tiene ninguna voluntad de contestar ni de rendir cuentas, algo que debiera ser básico en una democracia.
No se sabe no se contesta, y si no basta con ver la sonrojante actitud del Gobierno frente a las preguntas parlamentarias sobre contrataciones en las empresas públicas y cómo se confunde el derecho a la intimidad de las personas con la opacidad y la corrupción, lisa y llanamente.
¿Dónde está el aliento democrático de nuestros políticos?
Indignante arbitrariedad de la Administración.
¿A nadie le ha sorprendido que los procesos selectivos de la Oferta de Empleo Público no los asuma la Dirección General de la Función Pública?
Por cierto,¿hay alguna novedad en relación con los recursos interpuestos contra el Decreto de Oferta de Empleo Público? ¿En qué momento se encuentran los procesos judiciales? ¿Podríais informar sobre el tema?
Se preocupan algunos de lo rocambolesco de ciertas actuaciones administrativas que afectan a la promoción interna, pero nada se dice de la penosísima aplicación de las pruebas de habilitación correspondientes al nuevo sistema de promoción del personal laboral. A punto ya de acumular un año desde que se produjo una convocatoria inédita en la historia de la función pública, sobre la que nada objetaron los sindicatos. ¿Por qué?
Lo que no dice el sindicato al que se alude es que el Decreto de Oferta no es el instrumento para regular las modalidades de promoción interna, sino que ésta debe regularse en las normas de promoción interna.
En fin, todo se está haciendo de tapadillo y al margen de los procedimientos legales y parece que esa es la opción que se apoya por las dos partes negociadoras.
¿Hay alguien que crea que la defensa de la legalidad en un Estado de Derecho es una tarea loable y que merece, si no reconocimiento, al menos no ser reprochada?
Alguien tiene interés en evitar la capacidad de acción procesal ante los Tribunales de esta Asociación, entendiendo de manera alicorta la noción de interés legítimo: ese alguien es la propia Administración -en el ejercicio de una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales, justamente al contrario de lo que manda la Constitución al conjunto de los poderes públicos- y también el sindicato Comisiones Obreras, que ha debido dejar olvidado su progresismo en algún punto de su larga trayectoria en favor de la libertad y la justicia.
Hay que cargarse de razones, de forma sopesada y paciente, con exigencia intelectual y ética, y con esfuerzo sostenido tratar de volver a restaurar todas y cada una de las piezas del Estado de Derecho.
¿Alguien puede alegrarse de que los Tribunales amparen o puedan amparar la arbitrariedad administrativa?
Pienso que la Asociación debería acompañar sus iniciativas de la elaboración de documentes explicativos y de profundización en los asuntos, para evitar que sus propuestas sean indebidamente distorsionadas por los hunos o los hotros, como decía Unamuno.
No somos detectives ni fiscales y, por eso, debemos encontrar el modo de trasladar determinadas irregularidades que se detecten a las instancias de control adecuadas.
Ahora resulta que se anuncia a bombo y platillo en la prensa que el nuevo Consejero de Presidencia se ha convencido de que las leyes hay que cumplirlas y que, por lo tanto, los días adicionales de libre disposición que reconocía el Estatuto Básico del Empleado Público a los funcionarios de todas las Administraciones Públicas van a ser reconocidos a los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Pero para llegar a una conclusión tan obvia ha sido necesario, por lo visto, solicitar un informe a los servicios jurídicos, informe que no se solicitó, debe suponerse, cuando el anterior responsable de Función Pública concluyó que tal medida no era de aplicación al personal de la Comunidad Autónoma. ¿Estamos en manos de este tipo de gente que se permite decidir si una ley se aplica o no? Desgraciadamente no cabe llegar a otra conclusión y el vulnerador de la legalidad ahí sigue tan ufano, dedicado a corregir errores y a cometer otros nuevos.
Errar es humano.
La Asociación no debiera dejarse desanimar por las "chinitas" que muchos tratarán de ponerle en el camino. Los problemas han de servir, por el contrario, de estímulo. No hay nada valioso que no conlleve esfuerzo.
Hay que convencerse de que una labor como la propuesta va a tener que vencer muchas resistencias, pues una Asociación independiente de obediencias políticas o sindicales es un elemento extraño e incómodo para muchos.
La gente libre no gusta al poder.
Deberíamos profundizar en las nociones, muy gráficas e ilustrativas, de democracia gobernante y democracia gobernada, a propósito del status central o subordinado de los ciudadanos en el sistema político.
Me temo que cada vez estamos más y peor gobernados.
Alguna responsabilidad nos tocará a los funcionarios en ese negocio, digo yo.
Sí, no podemos eludir nuestra gran responsabilidad en la calidad del gobierno y en el papel de la administración pública como prestadora de servicios a los ciudadanos.
Quiero animar a todos los miembros de la Asociación a seguir adelante con el proyecto que han impulsado y a tratar de hacer partícipes del mismo al mayor número posible de compañeros, pues no sobra la aportación de nadie en esta tarea.
¿Cuántos funcionarios se han incorporado a la Asociación desde su creación? Ese dato sería bueno conocerlo para saber el refrendo dado a su existencia y actuaciones.
Quiero simplemente decir que la sola existencia de este blog, con la apertura de un espacio de libre expresión y de circulación de las iniciativas y planteamientos de la asociación, es un motivo de satisfacción diaria, aunque sólo sea por la oportunidad de asomarse a una ventana con horizontes amplios que uno no suele tener en el Pignatelli o en tantos otros centros de trabajo.
Cuanto más casos conozco de personas que están ocupando -porque no se puede hablar de desempeño- puestos de trabajo en los gabinetes de los consejeros más me sonrojo, por los propios interesados, por los consejeros que los nombran y por la Administración en su conjunto que permite y consiente semejantes tropelías.
A este paso, según leo, algún día algún Fiscal mandará a la Policía Judicial a las oficinas de la Administración para ver lo que está sucediendo con el personal, como ocurrió hace tiempo en Italia.
No creo, sin embargo, que los Fiscales de Aragón tengan la menor preocupación por estos temas.
¿Qué sentido de la responsabilidad demuestran los que así actúan y dónde quedan los controles de eficacia y eficiencia?
¿Qué se puede esperar de una Inspección General de Servicios a la que sólo se conoce su preocupación por sistemas de control horario y luego se inhibe ante el descontrol organizativo?
Muy poca cosa, y mucho menos con el Director General del que ahora ha pasado a depender.
Este tema debería llevarse al Parlamento y no dejarlo sólo a decisión del Consejero de Presidencia, quien no olvidemos lleva ya tres legislaturas en puestos de Consejero. ¿En esas condiciones se puede estar con capacidad de innovar o sanear algo?
Siempre es posible aprovechar el cambio de responsabilidades para modificar criterios y corregir disfunciones.
Los proyectos de regeneración precisan de factores que brillan por su ausencia en esta Administración, en mi opinión.
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