El pasado día 8 de octubre, mediante diligencia acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se acordó recibir a prueba el recurso formulado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007.
Asimismo, se ha dado traslado a la Asociación del escrito de contestación a la demanda formulado por la Administración, así como de las alegaciones formuladas, en calidad de codemandados, por los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y, finalmente, escrito de alegaciones suscrito por el Ministerio Fiscal.
Coinciden todas las partes en negar afección al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, al considerar que el número de plazas incluido en la Oferta de Empleo Público no supone discriminación alguna en las condiciones de acceso, negando con ello la sustantividad del derecho de acceso a la función pública para reducirlo a una mera aplicación del principio de igualdad en los procesos selectivos que se convoquen. Es decir, si se impidiera antijurídicamente la posibilidad de presentarse a determinados candidatos se estaría vulnerando el derecho fundamental invocado, pero si, por falta de oferta o insuficiencia de la misma, se reduce la posibilidad de acceso de forma antijurídica no podría entenderse lesionado el citado derecho fundamental, por tratarse de una cuestión de mera legalidad ordinaria.
La Asociación, obviamente, no comparte una interpretación tan reductora de los derechos de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas y tanto en la fase de prueba como en las posteriores conclusiones insistirá en que el número de plazas convocadas y la misma aprobación de oferta son parte del contenido esencial de un derecho sustantivo a acceder a la función pública, con las condiciones que establecen las leyes. Sorprende, en todo caso, que dos sindicatos sostengan una tesis que avala la temporalidad en el empleo público.
Tampoco evitan ni la Administración ni Comisiones Obreras volver a plantear, aunque el asunto ya fue resuelto por un auto del Tribunal favorable a esta Asociación, la falta de legitimación de la Asociación para formular el recurso planteado, ya que, al parecer, defender aquello que es el objeto propio de la existencia de esta Asociación –la legalidad y la profesionalidad, entre otros principios o fines- no constituye un interés legítimo que habilite a la Asociación a acudir a los Tribunales. De hecho, tal pretensión de inadmisión de la demanda por falta de legitimación activa es la única petición formulada por Comisiones Obreras.
Sin perjuicio del resultado del proceso, entendía y entiende esta Asociación que era absolutamente necesario suscitar un debate sobre el nivel de incumplimiento de la legalidad en materia de selección y la arbitrariedad mostrada por la Administración en dicho tema, tanto en la aprobación de ofertas –con cuatro años carentes de oferta de empleo público desde el año 2000- como en las condiciones de ejecución de las aprobadas, acumulándose en gran parte de las convocatorias más de tres años de retraso respecto a los plazos marcados por la Ley.
Y esta Asociación sigue considerando que tal forma de proceder es una vulneración del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, sin que pueda servir de consuelo, como parece suceder con Administración y sindicatos, que tales vulneraciones lo sean exclusivamente de la legalidad ordinaria, como si la Administración y los Sindicatos, a la hora de negociar la oferta de empleo público, estuviesen menos vinculados por la Ley que por la Constitución.
Asimismo, se ha dado traslado a la Asociación del escrito de contestación a la demanda formulado por la Administración, así como de las alegaciones formuladas, en calidad de codemandados, por los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y, finalmente, escrito de alegaciones suscrito por el Ministerio Fiscal.
Coinciden todas las partes en negar afección al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, al considerar que el número de plazas incluido en la Oferta de Empleo Público no supone discriminación alguna en las condiciones de acceso, negando con ello la sustantividad del derecho de acceso a la función pública para reducirlo a una mera aplicación del principio de igualdad en los procesos selectivos que se convoquen. Es decir, si se impidiera antijurídicamente la posibilidad de presentarse a determinados candidatos se estaría vulnerando el derecho fundamental invocado, pero si, por falta de oferta o insuficiencia de la misma, se reduce la posibilidad de acceso de forma antijurídica no podría entenderse lesionado el citado derecho fundamental, por tratarse de una cuestión de mera legalidad ordinaria.
La Asociación, obviamente, no comparte una interpretación tan reductora de los derechos de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas y tanto en la fase de prueba como en las posteriores conclusiones insistirá en que el número de plazas convocadas y la misma aprobación de oferta son parte del contenido esencial de un derecho sustantivo a acceder a la función pública, con las condiciones que establecen las leyes. Sorprende, en todo caso, que dos sindicatos sostengan una tesis que avala la temporalidad en el empleo público.
Tampoco evitan ni la Administración ni Comisiones Obreras volver a plantear, aunque el asunto ya fue resuelto por un auto del Tribunal favorable a esta Asociación, la falta de legitimación de la Asociación para formular el recurso planteado, ya que, al parecer, defender aquello que es el objeto propio de la existencia de esta Asociación –la legalidad y la profesionalidad, entre otros principios o fines- no constituye un interés legítimo que habilite a la Asociación a acudir a los Tribunales. De hecho, tal pretensión de inadmisión de la demanda por falta de legitimación activa es la única petición formulada por Comisiones Obreras.
Sin perjuicio del resultado del proceso, entendía y entiende esta Asociación que era absolutamente necesario suscitar un debate sobre el nivel de incumplimiento de la legalidad en materia de selección y la arbitrariedad mostrada por la Administración en dicho tema, tanto en la aprobación de ofertas –con cuatro años carentes de oferta de empleo público desde el año 2000- como en las condiciones de ejecución de las aprobadas, acumulándose en gran parte de las convocatorias más de tres años de retraso respecto a los plazos marcados por la Ley.
Y esta Asociación sigue considerando que tal forma de proceder es una vulneración del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, sin que pueda servir de consuelo, como parece suceder con Administración y sindicatos, que tales vulneraciones lo sean exclusivamente de la legalidad ordinaria, como si la Administración y los Sindicatos, a la hora de negociar la oferta de empleo público, estuviesen menos vinculados por la Ley que por la Constitución.
151 comentarios:
Sigue siendo muy oportuno el plantar cara a la actuación de Administración y Sindicatos en esta materia y recordarles que la ley ampara a los ciudadanos también frente a lo que ellos negocien: no en vano existe la figura del pacto en perjuicio de terceros y esa oferta lo es.
Adelante, pese a todo y pese a quien pese.
Es evidente que los sindicatos tratan de defender lo que consideran que es su territorio: veremos si se lo consienten los jueces.
Creo que nadie pretende suplantar o desplazar a los sindicatos en su labor de negociación, pero ni los sindicatos ni nadie puede pretender que sus pactos o acuerdos estén exentos del control de legalidad. Y desde luego que ese control es absolutamente necesario en este momento para que recuerden que ellos como todos están sujetos al ordenamiento jurídico. El caso de la Oferta es un claro ejemplo del rumbo equivocado que se sigue.
Completamente de acuerdo con el desafuero que vivimos en materia de negociación colectiva y la falta de rigor de la que dan muestras tanto la Administración como los Sindicatos.
¿Se han elaborado ya documentos o propuestas por parte de los grupos de trabajo?
Sería bueno darles difusión o suscitar algún debate sobre su contenido.
¿Qué os parece el tema de los días libres adicionales del EBEP? Ahí sí que los sindicatos invocan la obligatoriedad de las leyes, pero en otros temas no les interesa tanto, como es el de la publicidad de los acuerdos o la inclusión en oferta de todas las plazas cubiertas por personal interino.
Parecen aplicar un criterio selectivo, forma suave de llamar la incongruencia en la actuación de la que hacen gala constantemente.
Asistimos a una voladura, no sé si controlada, de la Administración Pública e indirectamente del Estado de Derecho, y ahí están pujando a la baja en cuanto a profesionalidad y garantías para los ciudadanos tanto responsables políticos como sindicales.
Es lógico, porque no es por criterios de profesionalidad por los que unos y otros podrán promoverse en la Administración, sino por el más estricto sistema de botín o despojo. Mientras tanto, a los profesionales interesa marginarlos y desacreditarlos.
Considero que este blog puede ser un espacio valioso para compartir opiniones y sugerencias, desde el compromiso con el servicio público, aunque a veces tengamos la tentación de desahogarnos y de utilizar este lugar como tapia donde escribir nuestras pintadas desairadas o nuestro grito de denuncia indignada.
Sí, hay que animarse a compartir puntos de vista, para reconstruir la inteligencia colectiva que se halla totalmente desactivada en nuestra Administración.
Hablando de ofertas y convocatorias, creo que se debería decir algo sobre la ubicación orgánica del Instituto Aragonés de Administración Pública en la estructura del Departamento de Presidencia.
¿Cómo es posible que no se integre el IAAP en la Dirección General de la Función Pública? Nuevamente, escapa al ámbito de control de dicha Dirección General la ejecución de la oferta de empleo y la formación de los empleados públicos.
¿Por qué motivo? No parece que haya razones objetivas, sino en todo caso intereses personales de quienes lo cojen y de quienes ceden tal responsabilidad.
Curiosamente, no se ha escuchado ningún comentario sobre el tema y no es una cuestión menor.
Es una manifestación más del espíritu ramplón que domina en el área de personal de esta Administración, carente de ambición y de visión de conjunto.
Dejémonos de historias y vayamos a lo esencial, que a mi juicio no es nada más que prestar el mejor servicio a los ciudadanos y al interés general, encarnando del mejor modo posible todos los valores del sistema democrático.
Seamos exigentes con nosotros mismos y con el entorno, pero sobre todo con nosotros mismos, sin disculparnos o escudarnos en mil razones para justificar nuestra baja actualización profesional o escaso rendimiento, en definitiva, el mal o insatisfactorio funcionamiento, y puede que lo demás nos venga dado por añadidura.
Os veo, a veces, en vuestros textos o comentarios un pelín ganados por la desazón o el desánimo, cosa harto comprensible cuando los asuntos se encaran con planteamientos de exigencia, pero hay que convencerse que esta batalla que la asociación ha decidido librar, y en la que debería contar con el respaldo de todos los que dentro de la Administración tienen algún aprecio por su trabajo y su función, es una batalla larga y difícil, en la que hay que demostrar coraje pero sobre todo una gran capacidad de resistencia, para sostener el esfuerzo en el tiempo y evitar que los sinsabores numerosos que se han de sufrir no hagan mella en el ánimo.
El compromiso de los funcionarios con los valores constitucionales, y de eso creo que va esta asociación, es lo más digno que cabe esperar de quienes se ocupan del conjunto de los servicios públicos, cuyos salarios proceden de los tributos pagados por los ciudadanos.
¿hacemos, entonces, de la necesidad virtud?
Una pregunta, por curiosidad y no por impertinencia: además de alimentar este blog, ¿qué otras cosas hace la Asociación?
No hace mucho, desde luego, pero lo poco que hace se va dejando notar, tal vez por la pasividad de quienes deberían defender los principios de la función pública.
Las actitudes de algunos sindicatos, con reivindicaciones en nada conectadas a las mejoras de los servicios públicos, son una fuente de desletimación del sector público, como puede apreciarse con sólo hablar un poco con los ciudadanos de a pie y no con los que gozan de las prebendas oficiales.
¿Hay algún hombre orquesta?
¿Un hombre qué?
Orquesta, porque él se pregunta y él se contesta.
Creía que era una atracción de feria.
¿Un titiritero?
Algo apropiado para estos días de fiesta en Zaragoza.
Atención a la Resolución de la Dirección General de la Función Pública publicada hoy en el Boletín por la que se pretende que las pruebas de habilitación -fase de oposición de la promoción interna del personal laboral- sigan adelante sin una previa definición de las pruebas a realizar y de los contenidos a exigir, vulnerando el contenido imprescindible que han de tener toda convocatoria de pruebas selectivas -libres o de promoción- para asegurar los principios de igualdad y publicidad.
Se desatiende además, con ello, la recomendación realizada por el Justicia de Aragón en relación con dichas pruebas.
Ahora ya no estamos ante el riesgo de filtraciones de exámenes sino incluso ante el riesgo de filtración de temarios no publicados.
¿Los sindicatos avalan esta forma de proceder?
Hay que reclamar la nulidad de esta convocatoria.
¿Pero nadie tiene nada que decir sobre esta barbaridad?
La degradación a la que se llega por parte de Función Pública con esta resolución publicada hoy es inimaginable y con ella todos los sindicatos que han auspiciado estas vergonzosas pruebas de habilitación. Allá ellos, si se han propuesto suprimir la legalidad en el régimen del personal laboral. Alguien tendrá que restaurarla.
Los sindicatos se inhabilitan con estas pruebas de habilitación vulneradoras de los principios más básicos que han de presidir los procesos de concurrencia en materia de personal.
Hemos llegado al imperido de la arbitrariedad, una arbitrariedad negociada y pactada.
¿Existe algún precepto concreto que se vulnere?
¿Precepto legal?
Sí, legal, ya sea de la ley aragonesa o del Estatuto Básico.
Pues hay que pensar en el artículo 26 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se señala el contenido necesario de las convocatorias de pruebas de selección de personal funcionario o laboral, selección en la que hay que incluir necesariamente las pruebas de habilitación, por tratarse de acceso a categoría profesional distinta y tratarse por lo tanto de una selección, aunque se limite la posibilidad de presentación a trabajadores fijos por tratarse de un proceso de promoción profesional.
En dicho precepto se señala que, entre el contenido obligado de la convocatoria, figurarán los requisitos de los aspirantes, el contenido de las pruebas y los programas.
Nada de ello se ha concretado en ningún momento en las citadas pruebas de habilitación.
Por lo tanto, la convocatoria es nula, por vulnerar la ley y lesionar el derecho de acceso en atención a principios de mérito y capacidad.
Pero, en el presente caso, hay que presumir una intención deliberada de vulnerar la legalidad, por lo que cabría, además, exigir responsabilidades personales de quienes han firmado las diferentes resoluciones.
Está claro que esto no se puede dejar pasar de ninguna manera.
Hay que acudir de nuevo al Justicia de Aragón para que vea la verdadera actitud de la Administración en este tema, sobre el cual ya se pronunció dicha institución.
Y ahora veremos en breve los comunicados de los sindicatos felicitándose de la inmediata realización de las pruebas. ¿Se puede alcanzar mayor cinismo?
Los sindicatos se están deslegitimando muy seriamente con este tipo de actuaciones.
Ellos sabrán lo que hacen, pero que no cuenten con nuestro silencio ni nuestra complicidad.
Sencillamente indignante, pero no parece que la cosa preocupe a los candidatos a las pruebas, lo que no deja de ser extraño, muy extraño. ¿Qué está sucediendo?
Sobre esta convocatoria de pruebas de habilitación, que se retrotrae a finales de 2006, se pronunció el Justicia de Aragón señalando lo siguiente: "Nos permitimos sugerirle a la Diputación General de Aragón que adopte las medidas necesarias para garantizar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la convocatoria de las pruebas de habilitación como paso previo y necesario para celebrar los movimientos de movilidad de su personal labora. Para ello, entendemos que en las resoluciones por las que se convocan dichas pruebas debe especificarse tanto la estructura de las pruebas que deben superar los aspirantes, como la titulación que se les exige en función de la categoría a la que aspiran ingresar y el conjunto de conocimientos que les son requeridos".
El Justicia no pudo ser más claro y no puede ser más evidente el incumplimiento que hace la Administración de su sugerencia, sugerencia que en este caso no era más que un recordatorio de lo que exige la ley.
Nos hallamos, por lo tanto, ante una decisión administrativa contraria a la ley y que hace caso omiso de las indicaciones realizadas sobre el tema por parte del Justicia de Aragón.
Es un caso de contumacia que cualifica la ilegalidad cometida.
¿De qué fecha es la resolución del Justicia?
De 3 de mayo de 2007 y se puede leer íntegra en la página web del Justicia de Aragón, dentro de las resoluciones relativas a función pública.
¿Se sabe si la Administración aceptó la sugerencia del Justicia y ahora se desdice de aquello?
Todo es posible, conociendo a las personas que intervienen en el caso.
La Asociación debería tomar este asunto como una cuestión prioritaria, muy representativa de la dinámica inaceptable que parecen impulsar al unísono Administración y Sindicatos.
El asunto parece claro.
¿Claro para quién?
Para quien lo quiera examinar a la vista de que lo que exigen las normas.
Imagino que la ilegalidad a la que se alude es que se deja a los Tribunales la total configuración de las pruebas, confundiendo lo que es la discrecionalidad técnica de examinar o valorar unas pruebas con la seguridad jurídica que debe aportar una convocatoria, fijando programas y estructura de las pruebas, para así controlar los actos discrecionales de un órgano. Hemos llegado al sumum del despropósito desde luego. Frente a esto sólo cabe denunciar el proceso y solicitar su anulación, aunque luego nos achaquen que estamos boicoteando la promoción de los trabajadores. ¿A esto le llamana promoción? Esto lo único que promociona es la arbitrariedad de la Administración y la erosión de las garantías jurídicas.
La nueva Directora General se retrata completamente con esta resolución y dilapida todo su posible capital de credibilidad.
El tema hay que trasladarlo a los Grupos parlamentarios de las Cortes, pues es de una enorme gravedad.
sí, es preciso que la oposición empieza a fiscalizar la inadmisible política de personal que se viene aplicando por esta coalición de ¿gobierno?.
Está muy interiorizada la sensación de estar por encima de la ley, sobre todo cuando se cierra filas con los sindicatos en la ilegalidad. No por ello es menos ilegal, sino al contrario. Un pacto en contra de la ley nos degrada a todos y no sólo los ciudadanos deben reaccionar frente a ellos sino todos los que pensamos que nuestro trabajo ha de ajustarse a la más estricta legalidad. No, la estricta legalidad se reserva para los de la calle y para los de dentro el reparto del pastel, sin el menor decoro o disimulo.
¿No se ha dicho siempre que los tribunales son soberanos?
Claro, pues que aprueben ellos las convocatorias.
¿Cabía esperar otra cosa de un gobierno que ni en su composición ha diso capaz de someterse a lo que dice la Ley, nombrándose a un Vicepresidente que no cumple los requisitos establecidos para acceder a tal cargo?
Desde luego, a partir de ahí ya nada puede extrañarnos.
Todo es manifestación de lo mismo, de entender que la voluntad política, sea de quien sea, está por encima de la ley.
Y lo peor de todo es que, pase lo que pase, no salta ninguna alarma del sistema: ¿las han desactivado todas?
Deben de estar en ello, no cabe duda a la vista de lo que sucede.
¿Sólo nos queda este reducto en el ciberespacio para ejercer el uso público de la razón?
Da igual, nadie escucha ni quiere saber nada.
A nadie le interesa el respeto de las reglas del juego. Entonces, ¿qué clase de jugadores son ? ¿de ventaja?
Esta pusilanimidad general es la causa principal del deterioro que todos apreciamos en la Administración.
¿Para qué crearse problemas, verdad? No, mejor no hacer nada, no nos vayan a marcar como díscolos o disidentes y eso nos perjudique en nuestra carrera administrativa. ¿Carrera hacia dónde?
Hacia el Estado de desecho.
Debemos evitar que lleguemos a ese resultado: sería como la imagen final de "El planeta de los simios", ver reducido a escombros todo nuestro sistema de convivencia y de gobierno.
Pretender la coherencia en el error es lo peor que puede suceder. Y en eso parecen afanarse los responsables de función pública de esta Administración para nuestra desgracia o desventura.
¿Debemos optar entre el no pasarán o el no nos moverán?
¿cómo han quedado compuestos los tribunales de las pruebas de habilitación para gozar de tan amplios e ilegítimos poderes?
¿están, además, dispuestos a ejercer aquellas funciones que legalmente no les corresponden?
Pero se las atribuye la Directora General de la Función Pública.
¿Con qué fundamento?
Hay que hacer público este caso, exponiendo todas las implicaciones que tiene
Como la Administración parece que no tiene ya ni un ápice de sabiduría, es incapaz de corregir sus errores. Más bien al contrario, perseveran en ellos con sorprendente contumacia.
¿A quién acudir en estos casos?
A los Tribunales si hace falta.
Debiera intentarse plantear la cuestión en el ámbito interno de la Administración. Por ejemplo, solicitar la convocatoria inmediata de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo para abordar la interpretación del artículo 52 del mismo en lo que afecta a la determinación del contenido de las pruebas por parte de la Dirección General de la Función Pública.
Que se mojen, en primer lugar, los sindicatos.
Esa es una posible e interesante iniciativa.
También habría que dirigirse a los responsables de personal de los diferentes Departamentos, es decir, los Secretarios Generales Técnicos, a ver si se deciden a entrar en el ámbito de sus competencias y exigir de Función Pública una correcta aplicación de la normativa.
Aquí todos parecen unos mandaos, que están a lo que se les diga.
Es una verdadera pena.
Hay que utilizar todos los cauces posibles y amplificar al máximo la denuncia de actuaciones como la de estas pruebas de habilitación.
¿y los derechos de los afectados?
Uno ya no sabe, si a la vista de la actitud general adoptada por unos y otros, es posible hablar de afectados o de beneficiados.
Sí, parece que todos consentimos la irregularidad y que la picaresca nos alcanza a todos, en mayor o menor medida, por acción o por omisión.
A veces es preciso romper esa dinámica con alguna iniciativa que resulte traumática.
Sí, cuando la irregularidad está tan asentada y consolidada no cabe corregirla con medidas suaves sino con iniciativas contundentes, catárticas.
¿Y en qué consisten?
Lamentablemente, la última ratio para los que creemos en la legalidad no son sino los tribunales de lo penal, es decir, hay que imputar responsabilidades personales y dejarnos de juzgar exclusivamente la legalidad o ilegalidad de las resoluciones. la ilegalidad tiene autoría y esa autoría no puede quedar, en determinados casos, incólume.
Lo cierto es que quedan pocas opciones para quienes nos resistimos a criminalizar la gestión administrativa,
De eso se valen ellos.
Debemos vencer nuestras reservas, pero antes hemos de intentar agotar todas las alternativas.
Acudamos pues a todas las instancias de control internas y externas, y después hagamos balance de las respuestas obtenidas en cada una de ellas, porque será una interesante radiografía de su funcionamiento y de su virtualidad.
Confiemos en la Inspección General de Servicios, dependiente de quien aprobó la irregular convocatoria de la que todo deriva y de quien, además, se negó a informar a la Inspección respecto de las denuncias formuladas por tal convocatoria.
Nota de servicio: Este blog permanecerá operativo en el horario en el que los participantes no tengan nada mejor que hacer, es decir, de 9 a 14,30, hora en la que sacan los pinchos en la cafetería para el vermouth.
Acudamos al Justicia de Aragón, para ver si a una segunda sugerencia de esa Institución se le hace más caso que a la primera. Al menos, nos cargaremos de razones si se vuelve a sostener la improcedente actuación de la Administración.
Manolooooooh!
Feliiiiiiiiiixxx!
la hora!!!!!!
¿Algún recurso administrativo?
¿Instamos el control parlamentario?
y a mí quien me defiende?
¿Trasladamos la cuestión a los medios de comunicación? ¿Les puede interesar lo más mínimo?
A mí uno de tortilla, potestativo, por supuesto.
Dos cañas, con gas.
Que pago yo, joder.
Cada uno debe defenderse a si mismo, ¿o qué?
Mejor que paguen los sindicatos.
Parece que hay interferencias, sí, se ha colado otra conversación, de unos tíos que se bajan a la cafetería a tomarse el aperitivo.
¿las cañas? ¿los platos rotos?
Bueno, las paredes oyen.
Oye, yo me voy que con tanto recurso me ha entrado el hambre.
Hay días terribles como hoy, en los que la justicia parece valer menos que el orín de los perros.
Sí, pero eso no quita el apetito a los que hacen gala de buenas tragaderas.
Tenemos que encontrar razones para seguir trabajando en una organización que cada vez nos provoca más repugnancia y cuyos responsables parecen gente que ha vendido su alma al diablo, como dijo Max Weber.
Tal vez mañana llueva y se serenen los ánimos, con esa monotonía de la lluvia tras de los cristales.
Ojalá fuera así.
¿Aquí se trabaja por horas o por objetivos?
A gusto de cada cual, por lo visto, es lo que ahora se llama la conciliación.
De vez en cuando conviene remover bien las aguas de la charca para evitar la putrefacción que nos amenaza.
Eso no es del agrado de todos.
¡Qué vamos a hacerle!
Apaga y vámonos.
O mejor nos quedamos para plantar cara a la situación.
Creo que es hora de que alguien alce la voz en favor del respeto al cumplimientode los artículos 23 y 103 de la CE, que en la mayoría de la Administración Local al menos, brillan por su ausencia. Ya está bien de vilipendiar al empleado público y de permitir que el personal eventual se apropie de nuestras funciones. YA está bien de tomar el pelo y de no ejecutar en plazo las ofertas de empleo público que son actos administrativos plenamente ejecutivos. Ya está bien de meter gente a dedo en la Administración que son los que luego ponen zancadillas a los que realmente están preparados para entrar en la administracón. Quieren cargarse la función pública y no saben cómo. No les demos pistas
¿Así está la cosa?
¿Qué ocurre hoy? ¿Se descansa? ¿Se trabaja? ¿Decrece la indignación?
Y eso que no ha llovido.
Tal vez el tema quedó ya agotado por todos los interesados.
Probablemente es que a la gente de a pie le interese más el tema de los dos días libres adicionales del Estatuto.
Ah! A los trabajadores de esta Administración imagino que les interesará que sus procesos de promoción se hagan con todas las garantías y no se convierta la gestión de personal en un castillo de naipes, inconsistente.
Sin embargo, no parece que ninguno de ellos haya dicho lo más mínimo sobre los supuestos fallos del procedimiento.
¿Y eso a qué puede deberse? ¿Conformismo?¿Desconocimiento? ¿Fe en los sindicatos?
Imposible saberlo, pero no cabe duda que el nivel de desinformación es enorme.
Es que es muy costoso enfrentarse a la dinámica generada por Administración y sindicatos.
Además, ¿dónde es posible escuchar opiniones críticas, valoraciones o análisis sobre los procedimientos que se siguen?
¿Alguien ha oído hablar sobre posibles cambios en la Inspección General de Servicios?
Creo que este blog ha de dar cabida a nuevos contenidos, para generar líneas de pensamiento libre y democrático en el seno de la Administración, y no ser un mero noticiario de las actividades o propuestas de la Asociación.
¿No os parece?
Por supuesto, me parece una magnífica idea.
Además, hay que conectarse con el exterior y trascender un poco los ámbitos de esta Administración, pues las cuestiones de la función pública, la gestión pública o la ética pública hay que reflexionarlas en espacios amplios de pensamiento, evitando el reduccionismo que nos impone esta Administración tan agobiante.
O familiar, próxima.
No hay que resignarse a la mediocridad nunca.
Imagino que sólo el hecho de mantener y alimentar periódicamente este blog os supone un notable esfuerzo y dedicación.
Sólo quiero decir que ese esfuerzo vale la pena y que dará sus frutos tarde o temprano, modificando, a mejor, el ambiente que nos rodea a todos en nuestros puestos de trabajo.
Creo que la Asociación debe esforzarse por desarrollar con más detalle sus propuestas y poner luego más enfásis en la difusión de sus iniciativas. Ponga como ejemplo la petición de mayor profesionalidad de los altos cargos. Esa propuesta tiene que tener seguimiento, reiterarse. No puede ser una mera nota de prensa de un día. Eso es a lo que están acostumbrados los políticos, a que las cosas pasen y todo siga igual.
Me parece que tiene mucha razón quien dice que las cosas hay que reiterarlas, y ejercer aquella máxima de Mario Benedetti, "pienso, luego insisto".
Hay que buscar el modo de amplificar la difusión de las iniciativas de la Asociación y no replegarse a este blog, por mucho que se entienda accesible a todos.
El blog tiene potenciales todavía inexplorados, pero estoy convencido que es el elemento más valioso con el que ha contado la Asociación en todo este tiempo.
Desde luego, el que quiere saber lo que se hace no tiene más que entrar en este blog.
Y puede opinar, valorar, discrepar.
Debería opinarse más.
Un blog como éste tiene una operatividad extraordinaria.
Es seguido, me consta, por numerosos altos cargos, aunque sería deseable en esos casos exigirles suscripción. ¿Es posible?
¿con cargo a los gastos de representación?
Publicar un comentario