Zaragoza, 30 de agosto de 2007.
En el Boletín Oficial de Aragón se publicaba ayer la Orden del Departamento de Presidencia, por la que se nombra funcionarios de carrera de nuevo ingreso pertenecientes a la Escala Auxiliar Administrativa, poniendo con ello fin al proceso selectivo que, para cubrir plazas de dicha Escala mediante turno independientes de discapacitados, correspondía a la Oferta de Empleo Público del año 2003.
Desde la publicación de la citada Oferta de Empleo Público para 2003 hasta la Orden de nombramiento publicada ayer, con la que concluye definitivamente dicho proceso selectivo, han transcurrido cuatro años y medio.
Esta injustificada demora es una circunstancia que no puede ser en modo alguno indiferente ni a los órganos de gestión de personal responsables –Dirección General de la Función Pública e Instituto Aragonés de Administración Pública- ni a los órganos internos de control de la eficacia administrativa –Inspección General de Servicios- ni, por supuesto, a los órganos encargados de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos –Justicia de Aragón y Defensor del Pueblo-, pues no hay que olvidar que el acceso a la función pública, en cualquiera de sus modalidades o turnos específicos, es un derecho fundamental constitucionalmente reconocido.
La situación de gravísimo deterioro que padece el sistema de selección de personal , constituye una especial preocupación para esta Asociación y, por ello, la llamativa demora en la ejecución del proceso selectivo señalado (concluido en un plazo de cuatro años y medio, en lugar de los nueve meses que establece la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón) ha motivado que, con esta fecha, se hayan dirigido sendos escritos de queja al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo, poniéndoles de manifiesto el incumplimiento de los plazos legales por parte de la Administración en la resolución del proceso selectivo y señalando la inseguridad jurídica que ello supone para todos los afectados y la evidente lesión que ello produce en el derecho de acceso a las funciones públicas en las condiciones que marca la ley.
Debemos recordar además que después de haber transcurrido tres años desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2004, siguen sin convocarse numerosos procesos selectivos autorizados por la misma y la práctica totalidad de los mismos aún no se han concluido. Esta situación nos parece incompatible con las exigencias del Estado de Derecho, en especial, con el sometimiento de los poderes públicos a la ley y con el necesario respeto a los derechos de los ciudadanos.
La Administración no puede ignorar los plazos que marca la ley, al objeto de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, y esta asociación entiende que de ello debieran tomar buena nota los nuevos responsables del Departamento de Presidencia y de la Dirección General de la Función Pública.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
27 comentarios:
Vayamos calentando motores.
Me alegra que agosto no sea un mes en blanco, aunque es una pena que haya que insistar una y otra vez en las mismas cuestiones, dado el mutismo de los responsables y la falta de voluntad de cambio o de mejora.
Habrá que activar también otras cuestiones y no sólo las propias de función pública, pero hay que confiar en algún signo positivo de cambio que, por el momento, no se ha producido, más allá de la salida de Roldán de la Dirección General, lo cual no es poca cosa.
¿qué cuestiones hay que activar?
¿podemos ser más explícitos y constructivos?...
Sugiero una referencia al estado de los gabinetes de los consejeros, aunque sea volver a cuestiones que puedan parecer a algunos poco constructivas, pero en mi opinión no hay nada más constructivo que atajar toda práctica contraria a la ética pública. ¿O es que nos resistimos a ver la realidad?
Habría que plantear, por ejemplo, un sistema objetivo de designación de miembros de los Tribunales de selección que intervienen en los procesos selectivos.
Nada hay que objetar a la integridad personal de la mayoría de los miembros de los mismos, pero no es admisible que, en un tema tan sensible como es el de la selección del personal funcionario de carrera, los responsables políticos tengan manos libres para elegir a los componentes de los Tribunales.
Eso se presta a abusos e indicios recientes de ello los hay abundantes.
Ya se establecía en el Decreto de Oferta la imposibilidad de que los Directores Generales pudiesen ser miembros de los mismos, y ahora el propio Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 60.2) señala que el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
Parece una buena previsión, pero resultará incompleta o ficticia si no se avanza más, impidiendo que la designación de los miembros sea una facultad irrestricta de los responsables políticos, permitiéndoles configurar tribunales con componentes afines o amigo, sobre los que poder ejercer el deseado control o influencia.
Creo que la Asociación debería formular una sugerencia en ese sentido al Consejero de Presidencia.
¿Qué hay de racionalización de procedimientos y de calidad en los servicios?
¿Ni siquiera de voluntad?
Bien, creo que el espíritu crítico, cuando lo ejercen personas que han hecho de la función pública su dedicación profesional con plena convicción, no reviste carácter destructivo o negativo, sino justamente lo contrario: se es crítico porque no se es indiferente, se es crítico porque uno se niega a renunciar a los principios y valores de la función pública, se es crítico porque no se buscan ni esperan premios por trabajar ni se está dispuesto a asumir el principio de jerarquía o la sacrosanta invocación de la "decisión política" como única referencia de lo que ha de hacerse o no hacerse.
Se necesita recuperar ese espíritu crítico, alimentado no por el capricho personal o la voluntad arbitraria, sino como necesaria confrontación entre lo que se hace y lo que se debe o debería hacer, a la vista de los principios y valores constitucionales y las normas que han de presidir la acción administrativa y laconducta de todos los servidores públicos.
Un breve comentario: hay continuidad en el gobierno y, salvo que se demuestre lo contrario -dejemos esa posibilidad abierta-, habrá continuidad en el estilo y en la práctica de gobierno, y ello supone, entre otras cosas, que la función pública va a seguir sometida al mismo trato que se le ha dado en todos estos últimos años: no habrá giro de ningún tipo en la política de personal si no se logra restablecer, por encima de todo, el respeto a la legalidad, y en esa labor la Asociación ha de centrar todos sus esfuerzos y contar, cada vez, con mayor respaldo de los funcionarios.
De acuerdo, y por ello ánimo a todos, que la tarea que hay por delante es ingente.
Hay que demostrar que los funcionarios públicos podemos contribuir decisivamente a vigorizar la sociedad civil.
Si Zapatero ha pronunciado este fin de semana el tradicional mitin ante los mineros asturianos y leoneses del SOMA, es señal de que el nuevo curso político y administrativo comienza -dato confirmado por la reaparición en las calles de la prensa gratuita-, de modo que la Asociación ha de volver nuevamente a la plena actividad, para reclamar del nuevo gobierno una actuación decidida en la mejora del funcionamiento de la administración pública.
¿Ya ha regresado el webmaster? De todos modos, gracias al becario que ha atendido el blog durante el mes de agosto. Tampoco han sido graves los desmanes.
De momento desconocemos los derroteros que puedan seguir los nuevos -¿nuevos?- responsables de función pública, pero algún margen de confianza habrá que concederles, a pesar de seguir insistiendo en temas esenciales como la oferta de empleo y otros.
Si en el transcurso del mes de septiembre no se convocan las pruebas selectivas pendientes de la Oferta de Empleo Público de 2004, pese a los requerimientos realizados por el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón, será necesario endurecer las iniciativas y la presión sobre el nuevo equipo.
En mi opinión, es necesaria una campaña de difusión sobre la existencia de la Asociación, para dar a conocer sus principios y objetivos, ahora que las incertidumbres que a muchos les generaba el cambio de gobierno ya se han despejado.
¿Qué razones había para la incertidumbre?
No lo sé, pero si no existen razones objetivas, cada uno se las inventa, para así tener una excusa para no actuar o no tentar la suerte o no buscarse problemas.
Había una máxima, socialmente retrógrada, que decía aquello de que "donde no hay ganancia, la pérdida está asegurada".
Probablemente, una gran, inmensa mayoría no ve ninguna ganancia en defender los valores constitucionales o la legalidad.
Esa labor no está premiada y, por lo tanto, es una inversión ruinosa de energías.
¿Cómo podremos salir del sopor general en que vivimos?
En mi opinión, no se está consiguiendo nada. Lo único que en este país funciona es el señalamiento en la palestra pública. El administrado debe ser informado en los medios de difusión de cómo funciona esta administración que debería servirle. No se está confiando en el ciudadano. Se prefiere (¿desear?) la reacción positiva de una administración que se escuda en la demora eterna de la justicia y la impunidad acostumbrada de sus desmanes, o en instituciones que recomiendan y no exigen. No se ha explorado bien la vía de exponer reiteradamente al administrado la realidad de la administración aragonesa, para que señale él mismo el escándalo y sea el juez y el defensor de lo que debería ser un instrumento a su servicio
Creo que se está consiguiendo algo, un poco, pero el grado de inmovilismo del conjunto de los funcionarios es sorprendente y eso dificulta enormemente el eco necesario a las iniciativas de la Asociación.
No obstante, como Asociación somos una isla de independencia crítica y eso es una realidad insólita y molesta para los responsables de esta Administración.
En cualquier caso, no prejuzguemos todavía los posibles resultados de la actividad de este curso que ahora comienza.
Pienso que si actuamos con rigor y sentido común el grado de incidencia va a ser notable.
Yo tampoco me abono al pesimismo.
Estoy convencido de que ningún esfuerzo es estéril, y mucho menos el que es conforme con los valores constitucionales. Es lo contrario lo que no tiene futuro, aunque en ocasiones parezca dominarlo todo. Es algo efímero, como bien se va a demostrar.
¿Vuelve la Asociación con bríos renovados?
Bien se ve que sí.
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