Ayer tuvo lugar el acto de presentación del proyecto de Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, con una magnífica respuesta por parte de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y un inmejorable ambiente, que se puso de manifiesto en las numerosísimas intervenciones que se sucedieron a lo largo de casi hora y media.
El acto cubrió con creces los objetivos que nos habíamos marcado los promotores del proyecto: exponer la necesidad de una Asociación de estas características y conocer el interés que la misma pudiese despertar entre los funcionarios y demás personal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es evidente que la propuesta de “giro ético” ha tenido un enorme eco y que, a partir de ayer, el proyecto de Asociación pasa a ser ya una realidad, sólo pendiente de su definitiva constitución.
Por parte de los promotores se expusieron las razones que justifican la oportunidad de una Asociación como la propuesta, así como los principios que inspiran la Asociación y las actuaciones previstas para su definitiva constitución e inicio de actividades. Como argumentos que avalan la necesidad de la misma, se señalaron, entre otros: la conveniencia de propiciar un espacio común de encuentro y reflexión, para potenciar la inteligencia colectiva y el uso público de la razón; el ejercicio del derecho fundamental de asociación y el estímulo de hábitos democráticos entre todos nosotros; la necesidad de superar actitudes individualistas o aislacionistas y de promover una solidaridad colectiva en el ejercicio de la función pública que corresponde a cada una de nuestras profesiones; la conveniencia de estimular, en nuestra acción, tanto individual como colectiva, la mejora de la gestión pública y de frenar o invertir los actuales y futuros procesos de degradación del modelo constitucional de Administración; la necesidad de introducir en la agenda política de la Comunidad Autónoma de Aragón la problemática de la Administración autonómica y de su función pública; y, finalmente, la necesidad de posibilitar el debate interno sobre el modelo de función pública del que habrá de dotarse la Comunidad Autónoma de Aragón tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público por las Cortes Generales.
Las actividades de la Asociación pretenden integrar, en su desarrollo, aprovechando las enormes posibilidades de las tecnologías de la información y comunicación, no sólo a los miembros de la misma, sino a todos aquellos funcionarios y demás personal que lo deseen en cada momento y a los ciudadanos que también se hallen interesados en cualquiera de las cuestiones abordadas.
El debate suscitado por el acto de presentación, con más de veinte intervenciones por parte de los asistentes, fue de una enorme riqueza y su contenido y su tono pusieron de manifiesto el deseo de un gran número de funcionarios de poner en valor los principios que animan y justifican nuestra función.
Los promotores queremos agradecer expresamente la presencia y las valiosas aportaciones de las casi ochenta personas que acudieron al acto, así como la asistencia al mismo de destacados representantes de CCOO y CEMSATSE, circunstancia que permitió constatar que la creación de esta Asociación no supone colisión alguna con el papel legal que corresponde a las organizaciones sindicales en la defensa de los intereses de todo el personal que trabaja en las Administraciones Públicas.
Finalmente, debemos agradecer muy especialmente la hospitalidad dispensada por el Colegio de Abogados de Zaragoza, cuyo magnífico salón de reuniones sirvió para dignificar el acto realizado.
Gracias, muy sinceramente, a todos.
NOTA FINAL: Todas aquellas personas interesadas en incorporarse a la Asociación pueden solicitar a la dirección de correo asocfuncionpublica@hotmail.com el impreso de adhesión y remitirlo a la misma dirección una vez cumplimentado o hacerlo llegar a cualquiera de los promotores. Dichas personas serán convocadas oportunamente a la celebración de la Asamblea constitutiva que tendrá lugar en la primera quincena del mes de febrero.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
83 comentarios:
Alguien debería haber hecho alguna fotografía de la reunión de ayer, porque fue y será un momento memorable para muchos de los que estuvimos allí.
Coincido en la opinión de que la cita de ayer tendrá una trascendencia en el futuro de esta Administración que ahora desconocemos, pero propiciará cambios profundos en la forma actual de gestionar e, incluso, de gobernar.
Me gustó mucho ver a numerosos jefes de servicio en la reunión de ayer, lo que demuestra que en la Administración no sólo hay que mandar, sino saber liderar y apostar por iniciativas tan necesarias como el "giro ético" que impulsa la Asociación.
Un matiz, sin ánimo de discutir. Lo de mandar es algo desfasado. Lo que han de hacer los jefes es dirigir y, además, hacerlo bien y con honestidad. Mandar sólo mandan las leyes.
Fue muy positiva la asistencia a la reunión de representantes sindicales y las intervenciones tan acertadas que hicieron algunos funcionarios que reconocieron su militancia sindicial, dejando claro que la misma no era impedimento para apoyar y estar en la Asociación. Eso sirvió para eliminar cualquier recelo y seguro que, a la larga, influirá también en los planteamientos sindicales y en la exigencia de un marco de negociación claro y transparente. Los pactos a puerta cerrada no son nada positivos.
Hubo ausencias clamorosas, pero no por ello vamos a creer que hay órganos de esta Administración en los que no se aprecian los valores y principios que propugna la Asociación. Influirán en ello otro tipo de cuestiones de índole menor que, con el tiempo, se irán superando. Es de espera, por el bien de todos.
Quiero señalar, dentro del debate que se suscitó en el acto de presentación respecto a la propia denominación de la Asociación, que me parece muy oportuna la utilización del término "defensa" en el propio nombre, porque no existe, a mi juicio, expresión que sintetice mejor la labor que debería realizar la Asociación. No comparto las opiniones que ven connotaciones negativas en dicho término. Y no hay que pensar más que en la denominación del ombudsman español, Defensor del Pueblo. ¿De qué y de quién defiende al pueblo? El valor que ha tenido la Constitución al denominar así a una institución dedicada a defender a las personas frente a los propios poderes públicos -ahí es nada- debemos tenerlo nosotros al denominar nuestra Asociación. Defensa lo entiende perfectamente todo el mundo: los que consideran que los principios de la función pública deben ser defendidos y se congratularán de que alguien esté dispuesto a ello, y además todos los días, y los que los vulneran con más frecuencia de la que nos consta, gracias en gran medida a que su defensa no la asume nadie con vocación suficiente para ello.
Lo que debe quedar clarísimo es que la defensa de la función pública no es frente a la crítica de la sociedad o de los ciudadanos, sino justamente al contrario. La crítica a la función pública, cuando se produce, es normalmente por haber actuado sin ajustarse a sus principios y reglas.
Debería insistirse, además, en que la función pública es un elemento para garantizar el buen ejercicio de la labor de gobierno. La Administración es instrumental, ejecuta políticas definidas por el Gobierno, pero no es un instrumento ejecutor cualquiera. Es un instrumento que ha de asegurar el respeto de las normas en toda actividad pública. Por eso, y esto no es necesario discutirlo mucho, quien menoscaba la función pública -y en Aragón se produce un menoscabo claro- está abriendo las puertas a la corrupción. El que entre o no entre será sólo fruto de la calidad de los gobernantes o de la sociedad, pero la sociedad ha quedado inerme frente al abuso si la función pública ha desistido de su papel de garante del respeto a las normas, a la legalidad. No basta con quedarse ahí, pero si no se llega ahí, la vulnerabilidad del Estado de Derecho es enorme y la indefensión del ciudadano ante el poder político también.
¿Se sabe cuántas personas han decidido sumarse a la Asociación? Podría ser estimulante el que se fuera apuntando en este blog el número de asociados? Bueno, si os parece y si consideráis que eso puede ser un elemento de transparencia, de la que tanto se habló en el acto de presentación. Yo me limito a formular la sugerencia. Gracias.
De momento sólo podemos decir que las hojas de adhesión que se llevaron al acto de presentación, que fueron cuarenta, se agotaron y que hemos empezado ya a recibir las primeras cumplimentadas. Creo que ya nos hemos multiplicado por cuatro. Pero el número por sí sólo no nos dará la fuerza, sino el rigor y la coherencia en el trabajo que desarrollemos.
¿Qué puede sentir un funcionario cuando lee noticias sobre corrupción política o administrativa? ¿Indignación? ¿Escándalo? ¿Resignación? Deberíamos también preguntarnos si nuestra conducta facilita o no que todo eso se produzca o se pueda producir. Personalmente echo de menos algunas reacciones frente al fenómeno de la corrupción. Combatirla no es una responsabilidad exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción. Nuestro papel preventivo, para que no se produzca o se produzca en la menor medida posible, es básico.
¿Alguien en esta Administración tiene la sensación de que su trabajo es controlado y evaluado?
¿Por qué no ponemos un título de funcionario por puntos? La fijeza en el puesto es una garantía para que el correcto ejercicio de sus funciones no le pueda acarrear una represalia por parte de la dirección política. Pero todo se pervierte y degrada si el funcionario, sabedor de su seguridad en el empleo, olvida la razón de ser de la misma, e incumple la función que precisamente se garantiza con la fijeza.
Otro factor de deterioro claro en el funcionamiento de la Administración es el de la relativa "irrelevancia" en que ha quedado el control jurisdiccional. Es muy habitual que los responsables políticos y administrativos no orienten sus decisiones desde la estricta legalidad, sino que adopten decisiones abiertamente contrarias a derecho con la seguridad de que la respuesta de los tribunales -si el afectado tiene el coraje de emprender la incierta carrera de obstáculos procedimental para la defensa de su derecho- será tardía.
Cuando haya sentencia firme, ¿dónde estaremos? Es muy habitual escuchar esta manifestación de cinismo que debería inhabilitar para desempeñar responsabilidades públicas. Deberíamos reflexionar profundamente sobre el grado de "responsabilidad" con que se ejercen las responsabilidades públicas y qué elementos permiten que la "irresponsabilidad" vaya ganando terreno cada día en el ejercicio de la labor política.
El problema del título de funcionario por puntos es que, si nos descuidamos, se aplicaría a la inversa. Iría acumulando puntos quien más cómodo y útil resulte al político y no quien mejor sepa cumplir su función, asegurando el logro de los objetivos en el estricto marco de la legalidad. ¿Tan difícil es hacer las cosas conforme al procedimiento? ¿Quién tiene interés en contraponer constantemente eficacia y legalidad?
Muchos ciudadanos se sorprenden de la actitud de algunos funcionarios, pues entienden que la seguridad en el empleo debería ser el antídoto a toda actitud de sumisión al poder político y olvido de las normas.
La forma de ejercicio del poder en una sociedad es uno de los factores que más contribuyen al crédito o descrédito de la clase política y, por extensión, del aparato institucional. Tenemos que descubrir como exigir y promover, dentro de la Comunidad Autónoma, un ejercicio correcto y democrático. Uno no acaba de comprender cosas tan elementales como que exista para todos los empleados públicos una legislación básica en materia de incompatiblidades y que no exista algo similar para los altos cargos, de modo que cada ámbito político pone los estándares de moralidad pública que considera adecuados. Nadie parece discutir este hecho tan sorprendente. Dentro de un mismo Estado y bajo unas mismas normas constitucionales, hay cosas que pueden hacer nuestros Consejeros que no podrían hacer los Ministros del Gobierno central. Y lo peor es que cuando se produce algún episodio notable de salto desde lo público a lo privado, alguien se apresura a decir que eso es legal aquí. Siempre me ha llamado la atención, pero en especial me la llama cuando en los dos ámbitos se halla gobernando el mismo partido. Los responsables nacionales, al parecer, tienen una concepción ética más exigente que la que impera por aquí. Como se suele decir, tal vez lo dé la tierra, esa tierra que tradicionalmente se decía noble.
Creo que los impulsores de esta idea deberíais hacer un pequeño esfuerzo más para conseguir que desde el inicio se incorporen funcionarios de toda la geografía aragonesa y de la mayor parte posible de departamentos, evitando que se pierdan perspectivas que puedan enriquecer el análisis de las cuestiones
Aunque me ha costado trabajo leer el primero de los comentarios, me parece a mí también que ha sido una pena que no se hiciese alguna foto del acto en el Colegio de Abogados, pues el ambiente que se produjo allí tendría que haber quedado reflejado con imágenes en este blog. No recordaba un ambiente semejante desde los mítines de la transición o las asambleas de Facultad. Y de eso han pasado años y años. A lo mejor esto nos sirve para rejuvenecer.
También a mí me impresionó muy gratamente ver entre los asistentes al acto a una docena de jefes de servicio y algunos ex-directores generales. Todos los que acudieron allí hicieron un verdadero ejercicio de libertad, pero reconozco que, en este mundo de seres encogidos en el que vivimos, los jefes de servicio que acudieron hicieron un esfuerzo añadido, venciendo esa tendencia que todos tenemos a escurrir el bulto e instalarnos en la comodidad. Me enorgulleció, quiero decirlo aunque sin nombrarlo, ver allí, y con inevitable protagonismo, a un funcionario de larguísima, rica e intensa trayectoria cuya presencia reforzó en muchos de los presentes el pleno convencimiento en el éxito de la iniciativa.
Se hizo mención el otro día por uno de los promotores de la Asociación a la necesidad de cumplir escrupulosamente las normas, de evitar la tentación de bordearlas o saltarlas cuando estorban. Eso es lo que está pasando en esta Administración en muchos ámbitos y, especialmente, en el de la Función Pública.
En particular, se ha perdido totalmente el sentido primigenio -el sentido, a secas- de instituciones como la vía administrativa para la revisión de los actos administrativos a instancia de parte; la posibilidad de que ante un recurso la Administración revise el acierto o legalidad de sus propios actos antes de llegar a la vía contenciosa. Hoy, los recursos en vía administrativa se han convertido en un obstáculo más, un trámite disuasorio y dilatorio que la Administración opone al recurrente. ¿Cuántos recursos se ganan en vía administrativa? Imagino que un porcentaje mínimo. Y la actuación de esta Administración no es un ejemplo de respeto a la legalidad.
Todavía recuerdo a un funcionario de larguísima, rica e intensa trayectoria diciendo, ante una decisión suya claramente arbitraria: “Y si no está de acuerdo, recurra”. Y es que a veces, quien más habla es quien más tiene que callar. Poco a poco, por repetición de conductas como esa ha llegado la Administración Autonómica aragonesa al lugar en el que se encuentra.
Es cierto que los abogados,ante cualquier problema en materia de personal, aconsejan prescindir, si es posible, del recurso administrativo, por haberse convertido en un trámite inútil, en el que además la Administración logra retardar enormemente la resolución del tema y, en ocasiones, sin aportar las razones que han motivado su desestimación. Es más, hay casos en que la Administración ha instrumentado los propios recursos administrativos para anular sus propias resoluciones, en lugar de acudir al procedimiento de revisión de oficio, y lo peor del caso es que, en tales casos, algún funcionario se ha prestado a formular o firmar un recurso promovido desde arriba, pervirtiendo el procedimiento de arriba a abajo.
Algo sobre lo hay que profundizar, en la actuación negativa de la Administración, es la descarada tendencia a explotar las cuestiones formales menores para evitar entrar en las cuestiones de fondo que se plantean por los recursos. Esa es una manifestación de cómo los formalismos burocráticos se anteponen a la verdadera legalidad y cómo irregularidades manifiestas se consolidan por ridículas circunstancias de tipo formal. La Administración en muchas ocasiones persigue sólo vencer, renunciando a convencer e incluso a razonar. Esa actitud autoritaria -residuo de una Administración no democrática- ya fue denostada por Unamuno en lo que fue su testamento político e intelectual.
Lo que importa es avanzar en la fase de constitución de la Asociación y en la puesta en marcha de las diferentes iniciativas, obteniendo la "visibilidad pública" necesaria para que el mensaje de "giro ético" se haga presente en la realidad social.
Propongo a la Asociación que avance en la elaboración estatutaria y que lo haga con decisión y con la participación de quienes acudimos al acto en el Colegio de Abogados, pues las ideas que allí se expresaron dan para un nivel de actividad extraordinario. hay que cuidar un poco la puesta en escena pública del proyecto, para evitar etiquetas innecesarias o inadecuadas.
En ese sentido, podría servirnos el blog para ir definiendo un posible plan de actuación inicial o de fijación de prioridades, sin perjuicio de que la Asociación, considero, debe reservarse para sí dos o tres actuaciones de impacto que no pueden ser anunciadas con antelación, para no reducir su potencialidad.
La convocatoria fue por invitación y parece ser que se primaron los jefes de servicio o los que aspiran a serlo o los que lo fueron y quisieran volver, o sea los responsables directos del estropicio que dicen querer arreglar ahora.
Acaba de llegar a la asociación la hoja de inscripción del Director General de la Función Pública. Nos congratulamos por ello.
El anonimato en la exposición de ideas tiene algo de positivo, al evitar juzgar las ideas en función de su autor, eliminando con ello los prejuicios y subjetividades que todos arrastramos. El anonimato en las descalificaciones tiene un alcance muy diferente. Además, al desconocer al opinante desconecemos si su nivel de responsabilidad -por acción u omisión- es menor, igual o mayor.
Sería deseable que en el contenido de los comentarios se eviten juicios de valor sobre personas, sobre todo cuando se desconoce la autoría del que los emite.
Perdón, pero los responsables del estropicio -si alguien es capaz de señalar a qué estropicio se refiere- siguen impertérritos en sus puestos. Es una precisión necesaria.
En un contexto tan plural, diverso y complejo, cada cual puede expresar su opinión, pero lo que esta Asociación debe procurar es recoger las opiniones que han de favorecer el cambio en el estado de cosas. Frente a ello, existen algunas opiniones que no van en esa dirección, sino que justamente explican el porqué del estado de cosas existente.
En este blog, creo, nadie habla en nombre de la Asociación, entre otras cosas porque no está constituida y, por lo tanto, nadie ejerce de portavoz de la misma. Todas las opiniones son estrictamente personales. Quiere ello decir que, al margen de bromas, aquí no se identifica la condición de ninguna de las adhesiones recibidas ni se expresan juicios u opiniones sobre las mismas.
De acuerdo en cuanto a la identidad de las personas que han de actuar como cofundadores de la Asociación, pero no señalar el número de los adheridos ya no es algo tan claro.
El número de los socios fundadores se sabrá el día de la constitución formal de la Asociación y no es necesario hacer especulaciones sobre ello. Baste con saber que el número ya no es uno, dos o tres, sino muchos. Ya no caben en un taxi, sería necesario un autobús.
Me resulta curioso algún tipo de planteamiento a propósito de la coherencia personal. Quien hace cosas se equivoca, quien se implica se corresponsabiliza. Frente a juicios interesados, propongo mecanismos objetivos de evaluación, justamente aquello de lo que no dispone esta Administración. De lo otro tenemos de sobra, tanto en un sentido como en el otro. Denuestos y parabienes caen sobre las mismas personas y por las mismas cosas. Curiosa organización que no sabe si una cosa es un acierto o un error y extraña situación si una misma cosa para unos es un acierto y para otros es un error. Claro en una organización donde no se marcan objetivos, los juicios de evaluación sólo pueden ser subjetivos. Y así seguimos. Algunos no se cansan de ese discurso y aprovechan cualquier ámbito para propagarlo.
Pues mucho jabón y que cuántos soms pero aquí todos somos anónimos. ¿miedo al fracaso? ¿terror a la crítica? ¿ya me apuntaré cuando sepa quién va por fin...?
¿sindicato de cuadros? ¿pájaro? ¿avión?... qui lo sa!
Sería interesante conocer el nombre de los destinatarios del mailin utilizado para la convocatoria de la reunión en el Colegio de Abogados. Eso daría una idea de qué consideran los convocantes "funcinario público". Luego se podría comparar con la lista de fundadores que resulte...
¿Todo para el pueblo pero sin el pueblo?... ¿Los demás son, (pobrecitos), ignorantes que no saben lo que quieren?. Bueno, cada cual se retrata con sus actos.
Digo yo que esto de defender la función pública y que se cumpla la legislación está muy bien. Si además se acaba con prácticas arbitrarias pues mejor, pero me da que pensar si esto no lo deben hacer "de oficio" los que ocupan los puestos de dirección (o debieron hacerlo los que ocuparon puestos de dirección, como los tres convocantes). No se. Es para pensarselo.
Bienvenida sea la crítica. Ahora se puede criticar la idea y hasta se pueden hacer juicios de intenciones o cuestionar la coherencia de los promotores y su "sesgado" enfoque de la función pública. Espero, sin embargo, que esa crítica arrecie cuando se empiecen a adoptar las primeras iniciativas. ¿Qué se entiende por puestos de dirección, me pregunto? En fin, parece claro que quien adopta una iniciativa de alcance público se expone a las críticas y a las descalificaciones de los demás. Uno confiaba, sin embargo, en que el "corifeo del poder" emplease argumentos más consistentes y no la descalificación personal.
Nada de despotismo, ni ilustrado ni cerril. La Asociación, para escándalo de muchos, es una Asociación abierta a todos los empleados públicos, funcionarios y laborales, pertenecientes a cualquier grupo de titulación. Por lo tanto, si no hay "pueblo" (quién es pueblo y quién no es pueblo, sería bueno que nos los aclarasen los que usan esos estereotipos)será que el pueblo no ha querido estar presente, porque está invitado desde el inicio a incorporarse al proyecto. Pero una Asociación no se reduce a su presentación ni a su fase preconstitutiva: desde que se produzca su constitución y su entrada en funcionamiento, todos tienen la posibilidad de pertenecer a ella -toda clase de "pueblo", sin excepción-. En fin, los que critican el mucho jabón pueden pasar la lija si les apetece. La piel la tenemos todos bastante endurecida y estamos preparados para eso y mucho más.
¿Cada cual se retrata con sus actos? Todos se retratan con sus actos, sus no actos, sus palabras y sus silencios. Pero, por lo visto, hay quien tiene vocación de retratista de los demás. Que se mire al espejo y haga su propio retrato: conócete a ti mismo, como dijeron los clásicos. Los demás seguiremos dando material para que se nos juzgue, pues nadie puede cuestionar el libre ejercicio de los derechos de los demás, salvo que estoy muy a gusto viviendo en el "páramo" que todos habitamos en este momento.
¿"funcinario público"? Yo tampoco sé qué es eso.
Mi consejo, amigos, es que no perdamos el tiempo ni le hagamos el juego a quien lo único que busca es hacérnoslo perder. Dediquémonos a lo importante y no a las tonterías.
Más valdría reflexionar sobre hechos como el ocurrido en Aramón y lo que ello supone en la gestión de los fondos públicos, en el establecimiento de una red de intereses económicos compartidos entre las instituciones y las entidades financieras, cuyos resultados saltan a la vista.
Siempre había considerado incompatibles la función pública y el ánimo de lucro, pues otra cosa diferente es el despilfarro o el mal uso de los fondos públicos, pero nada tiene que ver eso con entrar en el mercado y promover operaciones económicas en alianza con los poderes económicos regionales. ¿Es posible ser socio de aquellos a los que tienes que regular y controlar? Analicemos los riesgos que implican las alianzas empresariales entre el poder político y el poder económico. ¿Dónde queda, en esos casos, la sociedad civil?
El promover un sector público empresarial, como se ha hecho en nuestra Comunidad en los últimos años, requiere una enorme claridad en los fines perseguidos, en la necesidad de la medida y en el respeto al libre mercado. También es necesaria una justificación de las razones que llevan a encomendar la realización de ciertas actividades a personal laboral externo y no a funcionarios de la propia Administración. Si, además, la apuesta por la estructura empresarial es coincidente en el tiempo con la erosión constante de la Administración y del sistema de selección de personal funcionario (uso y abuso del personal interino, asistencias técnicas, becarios y un largo etcétera, en el que hay que incluir los préstamos de trabajadores por parte de las empresas públicass, parece que el gobierno ha adoptado una estrategia para suplantar el instrumento esencial de la gestión pública -la Administración y los funcionarios públicos que la nutren- y dotarse de otros más cómodos y más acordes a su forma de gobernar. Es posible que estemos ante la emergencia de un nuevo híbrido, el político-empresario, el político que no quiere dirigir un Departamento sino un grupo empresarial, pero ello sin asumir ningún riesgo económico -todo con cargo a los fondos públicos-, de manera que la gestión ineficiente no será castigada por el mercado con la desparición, sino que gravará a los ciudadanos, mermando las inversiones en servicios públicos esenciales para el bienestar social.
Coincido en que buena parte de nuestra clase política acepta con desgana el que haya que contar con los funcionarios para la ejecución de sus decisiones o de sus proyectos. Parece que no se han enterado del esquema constitucional del poder ejecutivo, y que el aparato administrativo se halla a las órdenes del Gobierno, pero, al mismo tiempo, es el conjunto de profesionales que ha de garantizar, aunque no en exclusiva, el respeto a las normas jurídicas, es decir, la vigencia cotidiana del Estado de Derecho. Pretender gobernar sin Administración o sin funcionarios es sencillamente invalidarse para el ejercicio democrático del poder.
Esta obviedad ha de ponerla de manifiesto, desde el primer momento, esta Asociación.
Yo diría más: la realidad permite lanzar la hipótesis de que algunos políticos pretenden directamente descomponer y arruinar el buen funcionamiento de la Administración y así, más tarde, justificar el porqué han de acudir a instrumentos más ágiles y eficientes de gestión, como son las empresas y entidades (algo que es imposible constatar en realidad, pues no existen evaluaciones fiables de nada). Al igual que no cabe invocar el estado de necesidad generado por uno mismo como excusa para incumplir las normas, habría que rechazar que los responsables políticos, después de menoscabar la función pública, invoquen la inoperancia administrativa para tratar de acudir a otro modelo distinto y contrario al diseño constitucional. En esta deriva nos jugamos todos muchos, como individuos pero sobre todo como sociedad.
Otro tema que pone de manifiesto nuestra falta de cultura democrática e institucional es la realización de campañas institucionales a escasos meses de una cita electoral: veo el slogan publicitario de la nueva campaña del Gobierno de Aragón a propósito de su política de salud, algo parecido a ¿Quién va a cuidar mejor de nuestro salud?, y me produce cierto sonrojo. No puedo creer que se dedique dinero público a convencer a la opinión pública de las bondades de la gestión de un determinado servicio público. ¿Interesa, de verdad, conocer la valoración que hacen los usuarios de un determinado servicio? Utilícense los criterios de medición de satisfacción. Eso hablaría bien de una Administración, deseosa de mejorar y de atender las expectativas de servicio de la población. Ahora, lanzar una campaña con un slogan semejante, tan paternalista y caduco, parece desconocer lo que es el ejercicio del poder y de las responsabilidades públicas en una democracia. Nada pasa, sin embargo. Bienvenido sea el dinero que se aporta con tales campañas a los medios de comunicación. ¿Se apaga con eso el sentido y el deber de la crítica?
Esa es otra curiosa cuestión en la que nuestro Gobierno autonómico no ha querido seguir la estela del Gobierno central en medidas de regeneración política, en la delimitación de los que son campañas de publicidad institucional. ¿Cabe acaso instrumentalizar como arma electoral la simple aplicación de las previsiones de la Ley de la Dependencia? Tiempo al tiempo, a la vista del curioso slogan de la campaña de salud. ¿Quién va a cuidar mejor de nuestras montañas? Pues, Aramón. Y por eso sobra cualquier iniciativa legislativa popular de los ciudadanos aragoneses que ven como el Pirineo reproduce el desarrollismo salvaje del litoral mediterráneo. ¡Qué papelón hicieron las Cortes de Aragón! Las solucions llegarán, si algún día llegan, de la Unión Europea. Pero no por ello hay que intentar una resistencia interna, todo lo intensa que se pueda.
¿Dónde nos van a cuidar mejor?: ese es el lema de la campaña de publicidad institucional del Gobierno de Aragón que vi ayer en los autobuses urbanos de Zaragoza.
¿Terror a la crítica? Estaríasmos buenos si fuese así. Es bueno que esta idea de Asociación venga a eliminar una parte importante de los miedos que, no se sabe a santo de qué, existen en los funcionarios a las consecuencias por las posibles discrepancias con sus jefes, políticos o no políticos. El miedo, interiorizado por una gran parte de los funcionarios, es un elemento corruptor. Se deja, a veces, de hacer lo que se debe por miedo a los problemas que puede ocasionar. El miedo empobrece a la organización: muchas ideas no se exponen y, sobre todo, vale más no arriesgar con innovaciones que no tienen el éxito y el aplauso garantizado. Pero frente a ese miedo larvado, existen los generadores de miedo, los que no desaprovechan cualquier ocasión que se presente para afirmar su "poder" y lanzar el mensaje general de que quien se aparte de la doctrina oficial será objeto de escarnio. Han sustituido la razón o el argumento por la orden o la amenaza. Nos dejan claro que el que se enfrente al poder impuesto pagará un alto coste por ello. En un contexto así, invocar la legalidad es una provocación intolerable. No hay ley por encima de la voluntad del que manda. Al menos dentro de la Administración. Una Asociación fuerte puede eliminar gran parte de estas nocivas relaciones de poder que se han establecido en la Administración.
Es posible que haya que recordar a los políticos que no están por encima de las leyes. Una vez alguien me llamó para decirme que tal cosa que debía hacer "venía de muy arriba", que era una "decisión política". Insistieron en ello cuando dije que lo propuesto era contrario a la ley. ¿sabes tú de dónde viene la orden?, advertencia, recordatorio, amenaza de atente a las consecuencias, o ¿quién te has creído que eres tú?.
Este tipo de consignas e insinuaciones ha dejado de ser inusual dentro de la Administración y todo parece ceder ante la voluntad ilegal de un político: frente a la ley como expresión de la voluntad general la "decisión política" como expresión de la voluntad personal. Así, una vez y otra, se va erosionando el Estado de Derecho y los funcionarios parece que estamos para hacer lo contrario de lo que dicen las leyes. ¿Exageración? Ojalá fuera así.
Sí, sí, pero no hay que olvidar que la fragilización de la función pública en ese contexto de falta de cultura democrática por parte de nuestra clase política -piensan que la democracia no tiene que ver con el sometimiento a las leyes-, es un elemento clave: con una alta cifra de personal interino, formas provisionales de cubrir puestos y la inestabilidad en los puestos de libre designación, los mensajes implícitos del "poder" se vuelven muy "poderosos" y, frente a ellos, uno debe plantearse en primer lugar si está dispuesto a mantenerse a cualquier precio. Entonces uno apela a la "profesionalidad" como coartada y olvida que la profesionalidad es precisamente el "decir no" y no el buscar mil razones para autojustificarse y pensar que la buena "carrera administrativa" es el premio a su alta profesionalidad y no a su docilidad, sumisión y su "memoria selectiva" (es muy conveniente, de vez en cuando, olvidar lo que dice la norma, y evitar así el conflicto, pues no podemos venir a pasar malos ratos al trabajo).
Tal vez, por ello, sería bueno ínsistir menos en la prevención de riesgos a los trabajadores y hablar más de otras prevenciones de riesgos a los principios y a las normas.
Y lo más indignante es que no existe ninguna aspiración a establecer códigos éticos de conducta para los altos cargos. Si uno se comporta correctamente, lo será porque es su "voluntad" y no porque sea su obligación. Y si actúa con maneras despóticas, no habrá llamada de atención por parte de nadie. Esas maneras no están prohibidas en la organización. Simplemente, el que no esté a gusto, ya sabe lo que le toca: buscarse un cambio de puesto.
Para poner en evidencia esa cuestión propongo a la Asociación que promueva un sistema de evaluación de los altos cargos por parte de los funcionarios a sus órdenes. Una evaluación sobre su competencia y su estilo directivo. Algo que puede ser meramente simbólico, pero no lo será cuando se haga público el ranking y se señalen los peores directores generales de la Administración autonómica. Puede ser un golpe de efecto. Y, probablemente, sea un dato más interesante para la gente que la lista de las famosas peor vestidas.
Puede servir para que alguien se entere de que determinadas conductas no son toleradas y deben ser desterradas. Que se mejoren las habilidades directivas.
Entonces, la conclusión parece clara: en lugar de terror a la crítica, de la que alguien hablaba, hay que proceder a la crítica del terror.
Y para volver las cosas del revés definitivamente: frente al miedo al fracaso, fracaso del miedo, de ese miedo que algunos administran para desarmar a los muchos y ganar voluntades.
El miedo ya es un fracaso.
En varios comentarios aquí expuestos se habla de "altos cargos" (para evaluarlos, para denostarlos, etc.) y se piensa en ellos de D.G. para arriba, sin querer caer en la cuenta de que los jefes de servicio también son de libre designación y toman decisiones que afectan a mucha gente (no solo a los funcionarios a sus órdenes). Habría que hablar de quién tiene qué responsabilidades...
Esta idea no puede fracasar a la vista del eco que ha tenido entre los funcionarios.
Evitemos la alarma generada por algún bromista. El Director General de la Función Pública no se ha interesado por esta Asociación. Desconocemos su valoración personal.
Estoy totalmente de acuerdo con que también los Jefes de Servicio tienen una enorme responsabilidad en el estado de cosas que hay en la Administración, aunque, cuando se habla de "altos cargos", no cabe incluir en dicha referencia más que al personal directivo a que se refiere la denominación. Pero ello no quiere decir que muchos funcionarios, y no sólo los Jefes de Servicio, tienen una gran parte de responsabilidad en la marcha de las cosas y en que el clima interno de la Administración sea positivo o negativo, en que las arbitrariedades se contengan o se extiendan, en que la legalidad se respete o no. Estoy totalmente de acuerdo: hay quien sólo se queda con lo de jefe y olvida lo de servicio. Y a partir de ahí, no cabe esperar nada bueno.
¿Y no son también de libre designación los jefes de las oficinas delegadas y comarcales?
La libre designación pudo tener su razón de ser en algún momento, para vencer el anquilosamiento de la vieja burocracia, pero ha descubierto unos efectos perversos que merecen un detenido análisis. No comparto el elogio que de la misma hacen algunos, como el medio imprescindible para crear equipos profesionales que funcionen. Ahí no se pretende el trabajo en equipo en muchos casos. Lo que se quiere, en la mayor parte de las veces, es conseguirse una guardia pretoriana que haga posible un férreo control de la actividad administrativa que interese. Sin profesionalidad ni objetividad. Eso se sustituye por la necesaria "lealtad" a quien libremente designa. Es como si alguien, cuando hace falta, te recuerda: yo te nombré, yo te quitaré cuando dejes de servirme como quiero. Hay quien además pretende, y no tiene ningún rubor en defenderlo, que los puestos de libre designación son para cubrirlos con gente de confianza política, comprometida con los intereses electorales de un partido. No me extraña que luego, como sucede en Cataluña, algún partido pida a los funcionarios una parte de sus retribuciones para financiar los gastos de un partido. Eso son nombramientos a comisión. ¿No es necesario reaccionar con contundencia ante semejantes perversiones del sistema que constituyen un verdadero cáncer para las instituciones democráticas?
El viejo liberalismo inglés tenía una llamativa máxima: hay que elegir a los más honrados e inteligentes para que se ocupen del gobierno y vigilarlos como si fuesen los mayores delincuentes. El poder sometido a control, para salvar siempre lo más sagrado, la libertad de las personas. Nuestra democracia, por el contrario, parece en algunos casos estar en las antípodas de esa idea: pongamos para que se ocupen de los asuntos públicos a las personas menos honestas y confiemos en ellas como si fuesen los más honestos. Nadie puede pretender luego sorprenderse de ciertos resultados, como la generalizada corrupción urbanística en nuestro país. Se ha extendido la vocación de enriquecimiento rápido y fácil y no se repara en hacerlo desde las instituciones democráticas, degradándolas y corrompiéndolas sin el menor reparo. La democracia debe reaccionar frente a esta amenaza por su propia supervivencia.
Bueno, pues algo de este saludable trabajo de vigilancia del poder podría realizar la Asociación. Que el funcionario sea el más eficaz colaborador del político para el desempeño de sus funciones de gobierno, pero también su más directo vigilante para que no traicione los principios constitucionales que regulan la forma de gobernar y ejercer las responsabilidades públicas.
Sería interesante avanzar en una propuesta sobre lo que deba entenderse por una burocracia democrática, entendiendo que no se trata de introducir procedimientos de elección (eso se produce en el nivel político), sino mantener los sistemas de selección (el mérito y la capacidad), pero está claro que una burocracia en un sistema democrático ha de tener unos valores interiorizados y unas pautas de funcionamiento muy específicos, si verdaderamente queremos que juegue un papel positivo en el afianzamiento del Estado de Derecho. Esa sería, en mi opinión, una labor muy positiva a realizar, y para ello habría que rastrear la bibliografía que pueda haber a propósito de las administraciones europeas. Debemos importar pensamiento.
No sólo creo que hay que importar pensamiento, sino que sería deseable generarlo. Y para eso están o deberían estar entes como el Instituto Aragonés de Administración Pública.
Lo que debemos es entrar en la red por la que fluyen las ideas vigorizantes y combatir la desertización que se vive en el mundo administrativo.
Los que trabajamos en las instituciones públicas debemos ser conscientes del significado de nuestro trabajo y de su repercusión para el conjunto de los ciudadanos (sobre todo, para cada ciudadano que ha de realizar gestiones en las oficinas públicas sobre temas de su interés). Buen trato y calidad en la respuesta es un objetivo que todos debiéramos imponernos. Pero para que eso sea posible y constituya una constante hace falta que estén resueltas algunas cosas que corresponden a los responsables de la organización. Debemos forzar también esa demanda interna de organización y racionalización para que el trabajo se realice con calidad y satisfacción del ciudadano. No debiéramos escudarnos en los fallos de la organización. La inhibición frente a ellos hace que sus efectos se multipliquen.
Debería impulsarse la existencia de unidades dedicadas al estudio y análisis de políticas en cada una de las áreas departamentales, sobre todo en los servicios centrales. Hay una carencia notable de elaboración teórica y de conexión o seguimiento de la realidad social, y parece que todo lo que no sea estricta gestión carece de interés o de valor. Tenemos que asumir que debe haber funcionarios cuyo cometido básico sea el de leer y pensar y superar el cliché del papeleo burocrático. Consecuencia lógica de esa mentalidad es la falta de planificación en muchísimas áreas, incumpliendo en muchas ocasiones las propias previsiones legales. Lo urgente se impone a lo importante y nunca queda tiempo suficiente para pensar y planificar.
Soy un convencido de que nada valioso resulta fácil o sencillo y, por eso mismo, los objetivos de esta Asociación que son un compendio de lo que se espera de la administración pública en una democracia consolidada como la española llevará tiempo afirmarlos de forma eficaz, con no pocas injustas incomprensiones o críticas. A muchos nos molesta que otros hagan lo que debíamos hacer nosotros. Y además nos cuesta también apoyar iniciativas ajenas, aunque coincidan con nuestras ideas. Somos así, aunque poco avanzaremos si no cambiamos esas maneras de actuar. Pero, lo ambicioso de los principios y el valor de este proyecto o más que proyecto, realidad en ciernes,es que nos propone objetivos que nunca podremos dar por realizados, nos propone más bien una dirección, una labor permanente de vigilancia y de tensión para evitar que la administración deje de realizar su función y lo haga en la forma que ha de hacerla, dignificando cada día la vida colectiva.
La función pública como quehacer necesario.
Echo de menos que alguien aborde la cuestión de la formación de los funcionarios, algo en lo que hay que entrar a fondo, pues el dispendio de recursos y de horas de trabajo que supone el modelo actual, con resultados desconocidos en cuanto a efectividad de los planes de formación aprobados, es llamativo.
Para empezar, se llama plan a una simple relación de cursos, ordenados sin criterio alguno, que yo sepa o deduzca de lo que se publica. Los cursos no pertenecen a módulos articulados ni parecen guardar relación con las necesidades formativas de los Departamentos,y ya, para redondear el asunto, la inscripción en los mismos se produce a gusto del consumidor y sin conocidos criterios de admisión. A veces los que necesitan una formación no la reciben, porque no les viene bien el horario o se les pasa el plazo de solicitud, y los que no la necesitan la solicitan para satisfacer su curiosidad sobre un tema ajeno a su función o sencillamente para ver si obtienen algún mérito más para futuros concursos. Cursos para concursos. Pero, ni aun para tal fin, los cursos convocados precisan para qué tipo de puestos o actividades pueden ser objeto de valoración. Todo es un mundo de indefinición y de estricta voluntariedad. Y otro tanto podríamos decir a propósito de la elección del profesorado, función pública en la que, al parecer, la discrecionalidad en su selección es total y donde no rigen los principios de concurrencia, mérito o capacidad. Como se puede uno imaginar, el resultado que se obtenga de todo esto es puro azar, pero dudo que la organización vea reforzada su profesionalidad o eficiencia con esta "política de formación". Eso sí, como no existe otra cosa, pues al final uno se acomoda a lo que hay. Y no hablemos de la formación en manos de los sindicatos, que parecen haberse convertido en unas verdaderas empresas de servicios y receptores de fondos públicos por todos los conductos posibles. Acaso en muchas ocasiones sea difícil distinguir la negociación del negocio.
Otro tanto cabría decir sobre la inexistencia de una sección de publicaciones especializadas en materias de Administración. ¿No pretenderá alguien encontrar algún libro en el IAAP, verdad? ¿Cómo es posible que suceda algo así?
Frente al entusiasmo manifestado por algunos en este blog, quiero hacer un ejercicio de contención y de prudencia. Cambiar las cosas no es fácil ni se hace de un día para otro. Si se cambia algo, será el resultado de un esfuerzo sostenido y de una labor coherente a lo largo del tiempo. Pero eso no quiere decir que haya que desistir por falta de resultados inmediatos. Confío mucho en que esta Asociación logre un punto de inflexión en la actual tendencia administrativa, pero las resistencias van a ser muy fuertes a cualquier planteamiento exigente y no habrá que darse por vencido por ello. Hay que armarse de paciencia, porque la fuerza de los principios de la Asociación operarán, con un poco de tiempo, por sí solos. Así lo creo.
Queda poco para que todo tome forma, el hecho de estar hablando ya supone mucho, pero tratemos de no ser especialmente agresivos, más que culpables, busquemos soluciones ¿no?
Yo estoy de acuerdo en lo de buscar soluciones, pero la primera solución es acabar con la cultura de la impunidad, lo cual no significa que se vaya contra personas, sino contra determinadas pautas que no es posible admitir en modo alguno.
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