RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA: PETICIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

La pasada semana desde esta Asociación nos dirigimos a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para expresarles la necesidad de que el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón sea devuelto al Gobierno de Aragón por carecer de la preceptiva memoria económica que debiera acompañarlo, para determinar el coste económico que conlleva su ejecución y las condiciones de financiación establecidas para ello.

Un Gobierno no puede desatender, como se ha hecho en el presente caso, la obligación que le impone la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón sobre confección de memoria económica de todo proyecto de ley que se apruebe, obligación que, en las actuales circunstancias de dificultades y restricciones presupuestarias, se refuerza tanto por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2014 como por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón de 2012.

El que un Gobierno se considere liberado –de manera irresponsable- de cumplir las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico a la hora de ejercer su iniciativa legislativa no justifica en modo alguno que las Cortes de Aragón acepten llevar a cabo la tramitación parlamentaria y aprobación de un texto legal cuyo impacto económico –indeterminado, pero notable- se desconoce y para cuya atención no hay previsión presupuestaria alguna.

Confiamos en que, ante una situación como la generada por el Gobierno de Aragón, los Grupos Parlamentarios procedan, a través de las oportunas enmiendas a la totalidad, a devolver el Proyecto de Ley al Gobierno ante la improcedencia de tramitar un texto que puede comprometer la suficiencia presupuestaria de la Comunidad Autónoma en futuros ejercicios o que, por el contrario, puede resultar inaplicable por falta de dotación presupuestaria, lo que solo puede redundar en la ineficacia y descrédito de la norma y de las instituciones que la aprobaron.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida:

“Grupo Parlamentario Izquierda Unida

Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 23 de mayo de 2014.

Estimados señores.

El Gobierno de Aragón aprobó el pasado 13 de mayo de 2013 el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón con la finalidad de revisar la actual regulación de la función pública aragonesa y adaptarla al marco establecido por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dicho Proyecto de Ley aparece publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón nº 234, de 22 de mayo de 2014, tras su calificación por la Mesa de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014, acordándose su tramitación por el procedimiento ordinario común.

Entendemos que un proyecto de ley de función pública que establece un nuevo modelo de carrera administrativa –claramente más costoso que el ahora vigente, al optarse por un modelo de carrera horizontal universal, que desliga las retribuciones complementarias de las características de los puestos desempeñados- y modifica el sistema retributivo de todo el personal de la Administración pública, creando nuevos componentes retributivos ligados al desarrollo de carrera o al logro de objetivos, ha de contar de manera indispensable con una memoria económica que estime la repercusión económica sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón que se deriva de tales medidas y las condiciones previstas para su financiación.

La necesidad de dicha estimación del coste para futuros ejercicios no solo viene exigida por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, al señalar su artículo 37.3 que todo anteproyecto de ley ha de contar con una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar, sino que tal obligación viene claramente reforzada por la Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014, en su artículo 13.1, dispone que “todo proyecto normativo cuya aplicación pueda comportar un incremento de gasto en el ejercicio del año 2014, o de cualquier ejercicio posterior, deberá incluir una memoria económica en la que se pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la forma en que se financiarán los gastos derivados de la nueva normativa, así como el informe preceptivo del Departamento de Hacienda y Administración Pública”.

Asimismo, la Ley 5/2012, de 7 de junio,  de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, en su artículo 7.3, establece que “en la fase de elaboración y aprobación de las disposiciones legales y reglamentarias, de los actos administrativos, contratos y convenios de colaboración y de cualquier otra actuación que suponga mayores gastos o menores ingresos, los órganos gestores habrán de valorar sus repercusiones y efectos financieros y no podrán comprometer el cumplimiento de los objetivos marcados de estabilidad y sostenibilidad financiera”.

Todas las obligaciones que imponen al Gobierno de Aragón las leyes citadas, como son la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma  de Aragón para el año 2014 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, parecen haber sido desatendidas por el Ejecutivo aragonés, como cabe deducir de lo señalado en el dictamen nº 48/2014 emitido por el Consejo Consultivo de Aragón en relación con el texto del anteproyecto de ley, publicado en la página web de dicho órgano consultivo, y en cuya página cuatro se señala lo siguiente:

“En cuanto al impacto económico y presupuestario, se concluye que ‘no es posible cuantificar mínimamente una estimación del gasto de su implantación al estar sujeto a las disponibilidades presupuestarias de ejercicios futuros la puesta en marcha de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley y, en particular, las relativas a la gestión del rendimiento y carrera horizontal, que no van a suponer coste alguno en los ejercicios presupuestarios que restan hasta la finalización de la presente legislatura ni, previsiblemente, hasta el ecuador de la siguiente’ ”.

Constituye una patente paradoja que el Departamento que pretende fiscalizar la viabilidad u oportunidad de aquellos gastos autorizados por los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a través de la creada Unidad de Control de la Gestión Pública, se permita aprobar un proyecto de ley de tanta incidencia económica como el que representa el señalado de función pública, obviando todas las exigencias de evaluación económica legalmente establecidas.

A la vista de lo señalado, entendemos que la tramitación del proyecto de ley de función pública, sin incorporar al mismo la indispensable memoria económica que asegure su viabilidad y permita conocer con claridad su alcance para los presupuestos de la comunidad autónoma, con el correspondiente coste de oportunidad que representa todo compromiso o decisión de gasto, no es admisible ni jurídica ni política ni socialmente.

Por todo ello, nos permitimos sugerir a dicho Grupo Parlamentario la posible adopción de iniciativas adecuadas para devolver el referido proyecto de ley al Gobierno, rechazando su tramitación y debate parlamentario en tanto no se acompañe el texto del proyecto normativo con un estudio económico suficiente que evalúe el coste de sus medidas y el modo en que se prevé su financiación.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestro escrito, reciban nuestro atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”