LEYES SIN COSTE ECONÓMICO (EVALUADO).

Es llamativa la tendencia del Gobierno de Aragón a afirmar que las iniciativas legales que promueve carecen de coste o repercusión económica. Se confunde, en la mayor parte de los casos, la falta de coste económico con la falta de voluntad para evaluarlo o determinarlo. Debiera, por ello, tenerse presente que uno de los mayores costes que tiene que sufrir con frecuencia la Administración, en la aplicación de políticas públicas, es la deficiente evaluación de las mismas. No evaluar los costes suele salir muy caro. Pero parece que el Gobierno de Aragón prefiere seguir instalado en el autoengaño, lo cual no sería grave si el resultado de ello no repercutiera luego sobre todos los ciudadanos, a los que toca siempre pagar los platos rotos, de manera directa o indirecta. Quienes no quieren o no son capaces de evaluar el coste de una iniciativa legislativa, a pesar de su evidente incidencia en el gasto público, no merecen gestionar los intereses generales. Ellos mismos se descalifican con su forma negligente de actuación.

Sorprende especialmente que un Gobierno que ha incumplido los objetivos de déficit y que carece de recursos para atender los gastos presupuestarios autorizados –como ocurre con el Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi- actúe con tal ligereza en la valoración del coste económico de los proyectos normativos que elabora. Lo que ya no sorprende tanto es que un Gobierno que actúa así acabe incurriendo en manifiesto incumplimiento de los objetivos de contención del déficit. Los costes existen aunque no se quieran señalar ni evaluar. La realidad es como es y no como se desea presentar en memorias justificativas confeccionadas sin ningún tipo de rigor, y admitidas como buenas por las diferentes instancias del Gobierno de Aragón.

No cabe, como todos podemos fácilmente comprender, que un proyecto normativo como el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, que incide de lleno en la cuantía global de los gastos de personal de la Comunidad Autónoma, vaya acompañado de una memoria justificativa que dice, nada menos, que “no es posible cuantificar mínimamente una estimación del gasto de su implantación al estar sujeto a las disponibilidades presupuestarias de ejercicios futuros la puesta en marcha de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley”.

Cuesta dar crédito al hecho de que un responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública pueda haber firmado un párrafo como el señalado.

No se dice que no haya gasto añadido –más bien al contrario-, pues lo que se afirma es que no se puede cuantificar, lo que pone de manifiesto el grado de indefinición del modelo establecido y el coste que ha de acarrear, no lo olvidemos, para los ciudadanos. Un empresario privado podría ser descuidado en la determinación del coste de sus decisiones, desafiando la racionalidad económica de su negocio, pero tal descuido no es posible admitirlo en decisiones de un Gobierno autonómico que compromete dinero público, los recursos presupuestarios de futuros ejercicios, sin delimitar siquiera el coste de oportunidad que tal medida conlleva.

¿De dónde se detraerán los recursos económicos que requiera la financiación de la carrera administrativa de los empleados públicos? ¿Existe acaso margen de maniobra para disponer de dichos recursos? ¿Cómo saberlo si no nos consta el importe necesario a financiar? Buen asunto, sin duda, para que lo analice la Unidad de Control de la Gestión Pública puesta en marcha por el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, el mismo que se ha saltado sin problemas, al proponer este Proyecto de Ley, los controles del gasto que establecen la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2014 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón de 2012.

Igual carencia de evaluación de coste económico sufre el Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, en cuya memoria justificativa se señala que “la aplicación inmediata de la norma no llevará consigo una repercusión económica”. Sobre tal cuestión, y dentro del trámite de audiencia pública establecido, tras la toma de conocimiento del Anteproyecto de Ley por el Gobierno de Aragón, la institución del Justicia, en su escrito de alegaciones, ha destacado lo siguiente: “La Ley establece un cúmulo de obligaciones a la Administración para dar a conocer su actividad a los ciudadanos, encomienda tareas al Departamento responsable en materia de transparencia y crea órganos específicos (Consejo de Transparencia y Unidades de Transparencia en cada Departamento de la C.A.), pero no cuenta con una memoria económica que evalúe el coste que todo ello supone. Su elaboración resultaría de un enorme interés para garantizar el presente y la sostenibilidad del sistema de transparencia y participación ciudadana pretendido con esta Ley”.

Se echa en falta que el Justicia de Aragón, al señalar el interés de la elaboración de una memoria económica, no recuerde a la Dirección General de Participación Ciudadana, más allá de ese interés, la obligación de su confección para dar cumplimiento a lo indicado en el ordenamiento jurídico y, en concreto, en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón (artículo 37.3), en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2014 (artículo 13.1) y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón (artículo 7.3).

Carece de toda coherencia democrática el ejercicio de la iniciativa legislativa sin respetar las obligaciones legales para dicha iniciativa. La pretensión de aprobar una ley sin respetar las leyes, como parece querer hacer el Gobierno de Aragón, no innova el ordenamiento jurídico, sino que lo degrada, haciendo cada vez menos reconocible el Estado de Derecho.