La
aprobación del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón llevada a cabo ayer
por el Gobierno de Aragón constituye un claro gesto de irresponsabilidad política
e institucional, pues la actual coyuntura de total incertidumbre financiera impide
cualquier planteamiento de desarrollo de un nuevo modelo de función pública, máxime
si el previsto por el proyecto normativo aprobado por el Gobierno de Aragón
conlleva un elevado coste económico no evaluado.
Nos
encontramos no solo ante un Proyecto de Ley inviable económicamente –pues es
manifiesta la incapacidad de la actual Administración autonómica para financiar
un modelo de carrera administrativa horizontal para todos los empleados públicos
como el previsto en el proyecto aprobado-, sino ante un modelo de función pública
rechazable, al no definir un horizonte real de profesionalización de la función
pública, pues la libre designación mantiene un ámbito tanto o más amplio que el
actualmente existente, a lo que se añade una función pública directiva,
supuestamente profesional, cuya regulación queda totalmente indeterminada,
convirtiéndose así en un nuevo ámbito abierto a la discrecionalidad política.
No
solo nos encontramos ante un Proyecto de Ley inviable y deficiente, sino que
además, y esta es la objeción más rotunda que cabe hacer al texto elaborado por
el Departamento de Hacienda y Administración Pública, nos encontramos ante un
proyecto legal que ha renunciado a fijar los elementos esenciales del modelo de
función pública, confiando su definición a futuros desarrollos reglamentarios. Con
ello se incumple de manera manifiesta la reserva de ley que debe observar el
modelo de función pública, para que su configuración no pueda quedar en manos
del Gobierno y de su capacidad normativa reglamentaria. Esto permite poner en
duda la propia constitucionalidad de la futura Ley, al delegar en el Gobierno la
definición de los elementos esenciales que han de determinar la carrera
administrativa de los funcionarios públicos.
No
solo la definición efectiva de la función pública no puede quedar confiada al Gobierno
de Aragón, pues constituye una responsabilidad del legislador, sino que su eficacia
y desarrollo no pueden quedar diferidos a un futuro indeterminado, sin plazos
precisos, pues ello equivale a trasladar al Gobierno de Aragón no solo el qué y
el cómo de la función público sino también el cuándo, algo que atenta al
principio de jerarquía normativa que debe presidir las relaciones entre ley y
reglamento, es decir, entre Parlamento y Gobierno.
En
definitiva, la aprobación de este Proyecto de Ley por parte del Gobierno de
Aragón, en un contexto de congelación del propio Estatuto Básico del Empleado Público,
carente todavía de desarrollo en la Administración
General del Estado, puede calificarse como una huida hacia adelante
del Departamento de Hacienda y Administración Pública y del propio Gobierno de
Aragón, abiertamente criticable, pues el Consejero responsable, Javier Campoy, o
es o debiera ser totalmente consciente de la inviabilidad económica e inconsistencia
jurídica del modelo establecido en dicho Proyecto de Ley, defectos ambos que quedan
subrayados con el aval concedido al texto por los sindicatos de la función pública
aragonesa.
13 comentarios:
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La nueva Ley de Función Pública de Aragón, cuyo proyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno, apostará por crear más personal funcionario y menos personal laboral, siempre basándose en criterios de "mérito y capacidad". De este modo, esta opción de contratación quedará reducida a determinadas excepciones correctamente justificadas.
La intención en la elaboración del texto, precisó el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido conseguir una ley "que vaya más allá de los posibles cambios de gobierno". Para ello se ha contado con el consenso de todos los agentes que forman la mesa común de negociación de las Administraciones Públicas de Aragón: UGT, CCOO, CSI-F y los representantes de las administraciones autonómica, local, universitaria y las entidades públicas.
MÁS TRANSPARENTE Articular una Administración más moderna, transparente, ágil, eficiente y volcada en el servicio al ciudadano son los fines principales del proyecto de ley, que ayer mismo se remitió a las Cortes para el inicio de su tramitación parlamentaria. Se actualiza "por fin" el texto de 1991, dijo Bermúdez de Castro, que necesitaba una adaptación a las actuales competencias autonómicas, a las posibilidades que desarrolla el Estatuto de Autonomía de Aragón y a los contenidos específicos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Sus ejes principales son el fortalecimiento del concepto de función pública como estatuto de servicio público; el refuerzo del principio de publicidad y transparencia en la gestión de los recursos humanos, especialmente en lo relativo al acceso al empleo público y a la carrera profesional, e impulsar la profesionalización de la administración pública. También profundizar en la apuesta por la ética del servicio público, simplificar el aparato institucional y agilizar los procesos administrativos relacionados con los recursos humanos. Roberto Bermúdez de Castro celebró que la ley se haya elaborado con mucho consenso.
EPA.
EFE 13/05/2014
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de Función Pública, un texto "integrador y con amplia vocación de futuro" que apuesta por el "principio funcionarial", es decir, por promover que todos los trabajadores sean funcionarios y no personal laboral.
Esta opción de contratación quedará reducida a determinadas excepciones correctamente justificadas.
La intención en la elaboración del texto, ha precisado el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido conseguir una ley "que vaya más allá de los posibles cambios de gobierno".
Para ello se ha contado con el consenso de todos los agentes que forman la Mesa Común de Negociación de las Administraciones Públicas de Aragón: UGT, CC.OO, CSI-F y los representantes de las administraciones autonómica, local, universitaria y entidades públicas.
Articular una Administración más moderna, transparente, ágil, eficiente y volcada en el servicio al ciudadano son los fines principales del proyecto de ley, que ha sido remitido hoy mismo a las Cortes de Aragón para el inicio de su tramitación parlamentaria.
Se actualiza "por fin" el texto de 1991, ha dicho Bermúdez de Castro, que necesitaba una adaptación a las actuales competencias autonómicas, a las posibilidades que desarrolla el Estatuto de Autonomía de Aragón y a los contenidos específicos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Sus ejes principales son el fortalecimiento del concepto de función pública como estatuto de servicio público; el refuerzo del principio de publicidad y transparencia en la gestión de los recursos humanos, especialmente en lo relativo al acceso al empleo público y a la carrera profesional, e impulsar la profesionalización de la administración pública.
También profundizar en la apuesta por la ética del servicio público, simplificar el aparato institucional y agilizar los procesos administrativos relacionados con los recursos humanos.
Se tenderá a homogeneizar el acceso a la función pública de todas las administraciones y la formación del personal de las distintas entidades públicas, lo que favorecerá la movilidad entre diferentes lugares de trabajo.
La ley alcanza al conjunto del sector público aragonés, con lo que se persigue la conformación de un modelo global de la función pública en Aragón.
ha sido toda una sorpresa que los dos periódicos de la capital recojan la noticia copiando la nota oficial, por cierto alejada del proyecto de transparenecia tan cacareado.
esperemos que un poco de periodismo de investigaciòn ponga las cosas en su sitio..la nota de la asociación puede ayudar a pensar en lo que realmente ha ocurrido con el proyecto de ley (por cierto , desconocido hasta el momento en su redacción definitiva ).
¿Qué han dicho los sindicatos sobre el nuevo texto?
¿Cuáles son las bondades del texto para apoyarlo?
¿Es legal utilizar las pruebas de personalidad en los procedimientos selectivos y en los concursos?. Artículo 63.d) y en Sección 2ª, concursos, art. 84.1b).
Deberían informar si les parece bien todo el articulado y los motivos de su apoyo.
Está accesible el texto del proyecto de ley en alguna parte?
No figura en el Portal del Empleado, lo cual resulta bastante peculiar.
En la información de función pública, sigue figurando el texto inicial del anteproyecto, de febrero.
Al habitual control del gasto que efectúan los distintos departamentos, a partir de hoy se le añade una unidad especial creada y aprobada ayer por el consejo de Gobierno que hará que el propio consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Javier Campoy, supervise quincenalmente todos los gastos que emanen de los distintos departamentos de la Administración autonómica. El consejo de Gobierno dio el visto bueno a la creación de esta unidad de control del gasto, como ya anunció la pasada semana el consejero, que tendrá tres subcomisiones: de racionalización y optimización del gasto corriente, de gasto social y de política de inversión estratégica.
Esta unidad se crea después de que ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, confirmara que las seis comunidades que han incumplido con el objetivo de déficit recibieron el pasado lunes el documento en el que se indica cómo deben hacer los planes de ajuste. En el caso de Aragón, la memoria que deben entregar antes de final de mes no se ajusta a un programa pormenorizado, según indicaron ayer fuentes del Gobierno de Aragón. Según indicaron, no existe un documento remitido por el ministerio, ya que el ajuste es "mínimo" y se está realizando con las indicaciones que da el Ministerio de Hacienda casi a diario.
EPA.
NIVEL POLÍTICO Aunque ya se hacía un control de gasto, el portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, indicó ayer que ahora se hará "a otro nivel, más político", en el que al primer filtro que efectúen los secretarios generales técnicos de cada consejería se añadirá un segundo dirigido por el propio Campoy. Junto a él, en este seguimiento "exhaustivo" participarán la interventora general y la directora general de Presupuestos, Financiación y Tesorería, aunque se podrá contar en las reuniones con el apoyo técnico y político de los trabajadores de los distintos departamentos. Ninguno de ellos recibirá contraprestación económica por esta función.
Respecto a las subcomisiones, la de racionalización del gasto corriente tendrá funciones para controlar la eficiencia de este gasto, para la reestructuración de los entes públicos y para hacer propuestas de generación de ingresos, como la enajenación del patrimonio. La de gasto social enfocará su atención en los aspectos clave que resultan prioritarios para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y la de inversión estratégica tendrá como objetivo mejorar los retornos de las inversiones del Gobierno de Aragón.
Con estas medidas, el Ejecutivo autonómico pretende corregir el desfase en el objetivo de déficit del 2013, y debe recortar alrededor de cien millones de euros, a los que se unirán otros cien para cumplir con el objetivo del 2014. En lo que se lleva de año, el déficit de Aragón ya supera levemente el máximo permitido. Pero fuentes del Gobierno aragonés están convencidos de que con estas unidades especiales se conseguirá atajar a final de año, e incluso aseguraron que en julio, cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se analizarán las actuaciones de Aragón, se podrá ver ya el avance. Incluso el ministerio ayer indicó que Aragón tiene "actas de ejecución" positivas que permitirán una mejor recaudación este año.
EPA.
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