UNA DISPARATADA UNIDAD DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO.

El Boletín Oficial de Aragón publicaba ayer el extravagante Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Unidad de Control de la Gestión Pública. No se nos dicen las razones que hacen necesario un control como el previsto, cuya inoperancia a primera vista resulta evidente, pues tres personas –los miembros que integran dicha Unidad, entre ellos el propio Consejero de Hacienda y Administración Pública- difícilmente pueden pretender supervisar todo el gasto público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El órgano previsto se muestra a priori inoperante y obsoleto, pues con arreglo a cualquier criterio moderno y eficiente de control, los criterios y objetivos de gestión han de incorporarse a los propios procesos administrativos y trasladarse a todos los responsables del gasto público, para que éstos sean los primeros encargados de su aplicación y vigilancia, pues nadie puede suponer que la tarea del Consejero de Hacienda de una Comunidad Autónoma pueda consistir en informar, con carácter previo, toda propuesta de gasto formulada por Departamentos, organismos públicos y empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El modelo diseñado, además de arcaico y disfuncional, es contrario a la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues en ella se atribuye a cada Consejero la competencia para autorizar los gastos con cargo a los programas presupuestarios que correspondan a su Departamento. Se supone que el Departamento de Hacienda y Administración Pública tiene herramientas suficientes para controlar debidamente el gasto público e impedir que se produzcan gastos o compromisos que no vengan respaldados por los ingresos previstos, pero no puede desplazar el criterio de oportunidad en la ejecución presupuestaria que corresponde a cada Consejero.

Nada se concreta en el Decreto aprobado sobre el alcance que quepa otorgar al informe previo que se reserva a dicha Unidad de Control. Es evidente que se trata de un informe preceptivo, de carácter obligatorio, sin el cual no será posible tramitar ningún expediente de gasto. Pero no se señalan los criterios que ha de aplicar dicha Unidad de Control para informar las propuestas de gasto, de manera que al margen del criterio de suficiencia presupuestaria –algo que ya aprecia en su labor de fiscalización previa la Intervención General- no cabe descartar que se apliquen criterios discrecionales de oportunidad política, colisionando con ello con la propia competencia de los Consejeros o responsables de cada organismo o empresa pública.

¿Tiene carácter vinculante el informe que pueda emitirse? Ante el silencio de la norma, ha de concluirse que no es vinculante, lo cual hace todavía más absurdo el nuevo filtro de control introducido, salvo que la finalidad perseguida sea dilatar y entorpecer la gestión, si ésta se entiende como sinónimo de gasto. Tal vez se trate solo de dificultar la gestión para con ello impedir el gasto. Disfuncional y rechazable en todo caso.

La composición prevista para la nueva Unidad de Control resulta igualmente rechazable. La presencia en el mismo de la Interventora General es totalmente inadecuada, pues su condición técnica debiera mantenerla alejada de toda decisión política o de oportunidad sobre el gasto, ya que luego ha de corresponderle fiscalizar la corrección del gasto desde un criterio estricto de legalidad y suficiencia presupuestaria. Aún más resulta criticable la posibilidad de que a dicho órgano se incorpore personal eventual –de estricta confianza política-, toda vez que la legislación de función pública excluye para los mismos el desarrollo  de cualquier actividad que exceda del asesoramiento especial a los miembros del Gobierno, sin que por lo tanto puedan en modo alguno ejercer tareas de control sobre las decisiones de gasto público de los órganos administrativos.

El órgano es disfuncional, inoperante, contrario a la Ley de Hacienda y a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, y también a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues, como se señala en su artículo 11.2, “no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”.

Es evidente que el órgano de control interno del gasto público es la Intervención General y que su función ha de ejercerse con autonomía funcional. Vulnera tales competencias exclusivas y dicha autonomía de funcionamiento la creación de la  nueva Unidad de Control, pues su funcionamiento implica superponer un nuevo control al gasto público, con menoscabo del papel que corresponde a la Intervención General. La presencia en dicha unidad de la Interventora General, sometiéndola al criterio político que, en cada caso, fijen el titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública y la nueva responsable de Presupuestos contraviene la autonomía funcional que la Ley reserva a dicho órgano. Es evidente, por ello, que la labor de control del gasto público –en lo que afecta a suficiencia presupuestaria- se ha usurpado a la Intervención General, desnaturalizando también el perfil estrictamente técnico de este órgano.

Esta Asociación, a la vista de todo lo señalado, analizará la oportunidad de dirigirse al Justicia de Aragón, así como a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para que se requiera la supresión de la Unidad de Control creada por el Gobierno de Aragón, por ser contraria al ordenamiento jurídico y vulnerar el principio de jerarquía normativa.