DOBLE FRACASO DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RESTO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

El incumplimiento de los objetivos de déficit público de la Comunidad Autónoma de Aragón, con todas las consecuencias que ello lleva aparejado, y vista la prioridad que el Gobierno de Aragón había concedido a tal medida dentro de su política presupuestaria, supone un sonoro fracaso del Ejecutivo aragonés, de su Presidenta y, sobre todo, de su Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, responsable político directo del control presupuestario de la Administración autonómica, tarea en la que no ha sido capaz de garantizar las actuaciones necesarias para lograr el objetivo marcado.

Pero si el incumplimiento en que se ha incurrido en un punto de tanta trascendencia, dentro del contexto actual de necesaria estabilidad presupuestaria, reviste una importancia máxima, no es menor el daño que estos años de gestión política del Gobierno de Aragón, y, en particular, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, ha causado en la función pública, si la consideramos como la estructura profesional encargada de ejecutar las directrices políticas del Gobierno. Nos atrevemos incluso a afirmar que la pésima gestión de la función pública constituye un factor decisivo en el fracaso de la política de contención del gasto público, pues dicho objetivo requería no solo recortes o trabas a la gestión pública –como los que continuamente se han practicado desde el equipo económico-, sino sobre todo competencia, motivación y cohesión entre todos los gestores públicos para asumir como propios los objetivos de eficiencia y reducción del gasto establecidos.

No ha sido el estilo de este Gobierno ni de este Consejero confiar en una función pública profesional comprometida con el interés general, y por ello se ha buscado colocar en puestos de responsabilidad administrativa a personas afines –al margen de su competencia profesional y su experiencia-, personas que, en muchas casos, han actuado con total irresponsabilidad, sin el menor compromiso no ya con objetivos de contención del gasto sino con la simple gestión pública de los órganos que les tocaba dirigir, y, consiguientemente, sin el menor liderazgo ni capacidad de dirección. El área de sanidad y servicios sociales sería un claro ejemplo de ello, y el perfil de las personas incorporadas con contratos de alta dirección da la señal exacta del despropósito que se ha consentido en momentos en que se debieran haber aplicado criterios máximos de rigor y profesionalidad. Cuando hacía falta un esfuerzo extraordinario de la Administración para contribuir a superar las dificultades, la desmovilización de los funcionarios públicos ha alcanzado cotas desconocidas por la falta de dirección y por los criterios sectarios y arbitrarios que han dominado en gran parte de las decisiones de provisión de puestos.

No nos puede sorprender, por lo tanto, lo sucedido, y no es posible achacarlo a los criterios del Ministerio, como parece pretenderse, cuando esos criterios están claramente establecidos y aceptados por todos. Es posible que el balance de esta legislatura, con su indudable fracaso de gestión, no admita ya enmienda posible. Los factores de degradación que nos han conducido a la situación actual son perfectamente identificables, pero se ha preferido ignorarlos o minimizarlos. No existe voluntad alguna de corregirlos, y no es previsible que Consejeros ni Secretarios Generales Técnicos de los diferentes Departamentos, a estas alturas, sean capaces de superar su profundo desencuentro con el grueso de la función pública autonómica, a la que no han sabido respetar ni cohesionar, dirigir ni motivar, sino todo lo contrario. El daño a las cuentas públicas no es más que la plasmación económica del enorme daño que durante estos años ha sufrido la Administración autonómica, puesta bajo sospecha por la falta de altura, solvencia y compromiso de quienes debían dirigirla.

ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ARAGÓN: OPORTUNIDAD DE UN ANÁLISIS Y DEBATE PÚBLICO.

El Boletín Oficial de Aragón incluye hoy una resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de transparencia pública y participación ciudadana de Aragón, cuyo texto fue objeto de toma de conocimiento por el Gobierno de Aragón el pasado 18 de marzo de 2014.

Celebramos la decisión adoptada por el Departamento de Presidencia y Justicia, que viene a demostrar la voluntad de participación y apertura mediante el trámite acordado, si bien entendemos que la documentación puesta a disposición de los ciudadanos interesados debiera incluir no solo el texto del Anteproyecto de Ley sino todos sus antecedentes o memorias confeccionadas para justificar su necesidad y concretar sus objetivos y opciones normativas.

Entendemos igualmente oportuno que la información pública de los proyectos de normas legales sea objeto de un trámite de información pública reglado, en cuanto a su realización y al obligado tratamiento y conocimiento público de las alegaciones realizadas. Hoy por hoy la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón solo contempla el trámite de información pública en el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias, y solo a ellas se refiere el artículo 105 de la Constitución Española al que se alude en la resolución que hoy se publica en el Boletín.

Es preciso reflexionar sobre la articulación de las consultas a los ciudadanos tanto en la fase de iniciativa legislativa –en particular, en la iniciativa del Gobierno de Aragón- como en la fase de tramitación parlamentaria en las Cortes de Aragón, permitiendo tanto que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil puedan hacer llegar a los Grupos Parlamentarios sus observaciones sobre cada proyecto normativo objeto de tramitación durante el periodo de presentación de enmiendas, como también la posible comparecencia de entidades o expertos en una determinada materia, ante la Comisión competente, para poder contribuir a la formación de criterio de los distintos Grupos.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha venido planteando en sus Documentos de Propuestas de Gobierno y Buena Administración, como el confeccionado en 2011 al inicio de la presente legislatura de las Cortes de Aragón, la necesidad de avanzar en medidas de participación ciudadana y control social de las políticas públicas, en la transparencia y participación en la elaboración y ejecución presupuestaria, en la publicidad de la actuación de los órganos de consulta y participación, y en la transparencia y acceso a la información pública.

La transparencia pública, de acuerdo con lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, de 27 de noviembre de 2008, ha de atender los objetivos siguientes: proporcionar una importante fuente de información para los ciudadanos; contribuir a la formación de una opinión fundamentada sobre el estado de la sociedad y sobre la gestión de las autoridades públicas; y, finalmente, fomentar la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas.

Esta Asociación, que forma parte de la Coalición Pro Acceso, desde la cual se ha exigido una ley española que garantice el acceso a la información pública, hará un estudio del texto elaborado por el Departamento de Presidencia y Justicia y formulará, dentro del plazo concedido, sus alegaciones para tratar de mejorar, en la medida de lo posible, los mecanismos de información y de participación previstos. 


Sería deseable que, en paralelo, o al término de dicho periodo de información pública, el proyecto normativo fuera objeto de un debate público, sobre sus contenidos necesarios y sus garantías de efectiva realización.

EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE DOS NUEVAS QUEJAS DE LA ASOCIACIÓN.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha comunicado a esta Asociación su decisión de admitir a supervisión las quejas formuladas en relación con la falta de regulación y actividad de la Comisión Interdepartamental de Función Pública y con la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de Veterinarios de Administración Sanitaria, al permitir la participación en el mismo de funcionarios de nuevo ingreso en destino provisional, vulnerando con ello el criterio legal de adjudicación de primer destino definitivo, conforme al orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Ambos casos son claros ejemplos de la irregular actuación del Departamento de Hacienda y Administración Pública, incapaz de ejecutar las leyes –como sucede con la establecida Comisión Interdepartamental de Función Pública- o de respetarlas, como es el reiterado incumplimiento del régimen de adjudicación de primeros destinos a los funcionarios de nuevo ingreso.

En ambos casos, el Justicia de Aragón se ha dirigido al Departamento de Hacienda y Administración Pública para que informe sobre las cuestiones planteadas. Debemos señalar que, en cuanto a la irregular participación en concursos de los funcionarios de nuevo ingreso en destino provisional, ya hubo un pronunciamiento del Justicia de Aragón con motivo del concurso de secciones recientemente realizado, en el que se requirió a los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública que se atuvieran a lo previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma. No parece que estén dispuestos a ello, como se constata con las nuevas convocatorias de concurso.

No resulta aceptable que los responsables de la función pública aragonesa hagan caso omiso, una y otra vez, de lo que establecen las leyes y apliquen en la gestión de personal criterios arbitrarios que contravienen las normas y, por lo tanto, lesionan derechos e intereses de terceros amparados jurídicamente.

Mal se puede fomentar la cultura de la legalidad entre el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, si cada día todos somos testigos de la vulneración de las normas que ordenan la propia función pública, ya sea en el régimen de selección de personal o en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Una Administración incapaz de respetar las normas en su funcionamiento interno está, lógicamente, inhabilitada para cumplir su función con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, como establece el artículo 103.1 de la Constitución Española. La devaluación de la legalidad en el interior de la organización afecta al compromiso con la legalidad en las relaciones con los ciudadanos, como resulta fácilmente constatable en muchas áreas de la gestión pública.

CUATRO PARLAMENTOS AUTÓNOMICOS DAN DISTINTO TRATAMIENTO A LA MISMA PETICIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN, CON IDÉNTICO RESULTADO.

La petición dirigida el pasado mes de febrero por esta Asociación a los distintos Parlamentos de las Comunidades Autónomas para solicitarles que promovieran un posible recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por contener limitaciones indebidas al derecho fundamental de acceso a la función pública, no ha logrado, hasta la fecha, que ninguna Asamblea Legislativa autonómica promueva dicho recurso, pero ha servido para constatar el diverso tratamiento que dichos Parlamentos han concedido a nuestro escrito de petición.

Resulta sorprendente que en unos casos se le haya negado la calificación de petición –como ha sucedido en el Principado de Asturias- o se haya archivado la petición, al alegarse la incompetencia de la Comisión de Peticiones para acordar lo solicitado o la conveniencia de evitar cualquier posible contradicción con la decisión que pudiese adoptar el Defensor del Pueblo –como ha sucedido en el Parlamento de La Rioja-, decisiones frente a las cuales resultan mucho más razonables las adoptadas por el Parlament de les Illes Balears o las Cortes de Castilla y León, cuyas Comisiones de Petición han decidido remitir dicho escrito a los Grupos Parlamentarios y a los diputados no adscritos, por si alguno de ellos quisiera iniciar el procedimiento para la interposición del recurso de inconstitucionalidad, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Cámara. En estos dos últimos casos, la Comisión se ha limitado a un papel de intermediario entre la Asociación y los distintos Grupos Parlamentarios de la Cámara –pobre función para una Comisión Parlamentaria-, pero al menos no se ha incurrido en despropósitos jurídicos como el rechazar la condición de petición a nuestro escrito o alegar una razón tan peregrina para archivarlo como la de no interferir en la labor del “Alto Comisionado de las Cortes Generales” (Defensor del Pueblo), criterio que, al parecer, constituye “práctica parlamentaria” en La Rioja.

La constatación final de todo ello puede ser que ningún Parlamento autonómico –al menos, hasta ahora- ha considerado oportuno hacer uso de sus facultades para asegurar la constitucionalidad de aquellas medidas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que excluyen o limitan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española y regula, con carácter básico para todas las Administraciones Públicas, el Estatuto Básico del Empleado Público.

El resultado último es idéntico –ningún Parlamento asume la defensa de un derecho fundamental reconocido a los ciudadanos a los que representa, para que, al menos, el Tribunal Constitucional despeje las más que razonables dudas que suscitan los límites previstos en las Leyes de Presupuestos-, pero, además de ello, hay algunos Parlamentos que –como sucede en Asturias o La Rioja- se muestran incluso incapaces de asegurar el normal ejercicio del derecho fundamental de petición ante ellos, esgrimiendo razones disparatadas para inadmitir la petición o para proceder a su archivo, sin llegar siquiera a dar traslado de la misma a los Grupos Parlamentarios, máximo logro obtenido hasta el momento en nuestra campaña ante los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.

Si la realidad de la función pública en nuestras Administraciones Públicas no fuese la que es, con tasas de interinidad que alcanzan a más de una cuarta parte de sus efectivos, y las cifras del desempleo en España no fueran tan graves como las provocadas por la prolongada crisis económica, las respuestas dadas por los Parlamentos –sin el menor análisis del fenómeno denunciado en nuestra petición- resultarían criticables desde un punto de vista jurídico o constitucional, pero el contexto social en que se enmarca nuestra petición hace que las respuestas dadas merezcan también una crítica sobre el compromiso de nuestras instituciones públicas con su misión constitucional, como es la de velar por el efectivo disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ningún Parlamento tiene entre sus obligaciones la de crear puestos de trabajo, pero sí que podemos considerar incluida entre sus misiones la de asegurar que el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad se respete en España y en cada una de sus Comunidades Autónomas.

Tal vez esa reflexión quede, ahora, exclusivamente en manos de los Grupos Parlamentarios de cada Parlamento, siendo lo más probable que nunca lleguemos a saber la atención que les haya podido merecer el escrito planteado. Por ello, volveremos a dirigirnos nuevamente a todos ellos, pues solo podemos admitir el archivo de nuestra petición cuando el derecho de acceso a la función pública se halle escrupulosamente respetado por el conjunto de las Administraciones Públicas.

INCOMPRENSIBLES SILENCIOS SOBRE LO SUCEDIDO EN MALLÉN.

Los silencios generales sobre cuestiones graves y relevantes son enormemente reveladores, y particularmente sospechosos. Solo cabe achacarlos a intereses ocultos, cuyas razones no resulta posible exponer públicamente. Y si las cosas fueran distintas a como las imaginamos –a la vista del comportamiento general de los responsables institucionales, e incluso de los medios de comunicación aragoneses-, sería bueno que se dejase claro, por unos y por otros, la razón por la que parece posible admitir lo sucedido en el reciente pleno de la corporación municipal de Mallén, que decidió inaplicar (es decir, vulnerar) la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), y consentir la continuidad en el cargo de alcalde de Antonio Asín, pese a haber sido condenado por la Audiencia Provincial como autor de un delito de prevaricación, lo que constituye una incompatibilidad objetiva sobrevenida para el desempeño de un cargo electo, de acuerdo con el artículo 6.2.b) de la LOREG.

Cuando los representantes de los ciudadanos no solo consienten, sino que respaldan la continuidad en su cargo público de una persona condenada por los tribunales y, por lo tanto, inhabilitada para permanecer en el desempeño del mismo, no están adoptando una decisión democrática, sino incurriendo en un posible delito, como expresamente les advertía el informe de la secretaría municipal, indebidamente menospreciado por el propio alcalde de la localidad, al oponer al mismo otros informes a los que ninguna virtualidad cabe conceder en el ámbito interno del Ayuntamiento. Conducir los intereses de un municipio desde la ilegalidad no resulta admisible dentro de un Estado de Derecho como el español, y que ello suceda debería ser evitado tanto por el Delegado del Gobierno en Aragón como por el titular del Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, a los cuales no se ha oído una sola palabra sobre el tema.

La salud pública de nuestra democracia es incompatible con el silencio y la inactividad institucional frente a lo sucedido en el Ayuntamiento de Mallén, y cuestiona la consistencia y el alcance de la voluntad de regeneración democrática de algunos líderes políticos, dispuestos a investigar parlamentariamente la corrupción producida en empresas públicas, bajo la gestión de su propio partido político, pero incapaces de desautorizar a los concejales de su partido por la gravísima actuación en un pleno municipal que deja al Ayuntamiento de Mallén al margen de la legalidad, guste o no a una parte de sus vecinos, pues la democracia y el Estado de Derecho nada tienen que ver con vítores y abucheos como los producidos tras el pleno celebrado para quebrantar la legalidad.

Lo peor de un Ayuntamiento que se coloca al margen del Derecho es que arrastra a parte de sus vecinos fuera de la ciudadanía, para convertirlos en meros apologistas de la ilegalidad –un penoso espectáculo que esperábamos no presenciar en nuestra Comunidad Autónoma-, y quien está dispuesto a defender que las leyes no deben cumplirse y que las sentencias judiciales carecen de valor y eficacia ha de ser consciente de que se va deslizando inevitablemente fuera del espacio democrático, cuya legitimidad en un Estado constitucional solo puede subsistir desde el respeto a la legalidad.

TARDÍA RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO DE UNA OFERTA DE EMPLEO ANULADA.

El Boletín Oficial de Aragón de ayer publicaba la Resolución de 6 de marzo de 2014, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la que se hacen públicos los nombres de los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en la Clase de especialidad Administrativos.

Resulta sintomático del estado de salud de nuestra función pública reparar en el hecho de que tal resolución corresponde a la Oferta de Empleo Público de 2011, que resultó anulada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al no incluir la totalidad de los puestos vacantes ocupados por interinos, como exige el Estatuto Básico del Empleado Público, vulnerando con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Por consecuente, estamos en presencia de un proceso selectivo que procede de una Oferta contraria a Derecho, en el que el número de plazas aprobadas y convocadas no se ajusta a lo exigido por el ordenamiento jurídico.

Pero la irregular tramitación de dicho proceso selectivo no radica solo en la irregular Oferta de la que procede, sino también en el manifiesto incumplimiento de los plazos de desarrollo del mismo. Ni la convocatoria se aprobó en el plazo de tres meses marcado por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, ni el desarrollo de las pruebas de la fase de oposición se ha completado en los seis meses que señala el artículo 24 de la citada Ley: “1.Publicada la oferta en el «Boletín Oficial de Aragón», se convocarán, dentro de los tres meses siguientes a su publicación, las pruebas selectivas para acceder a las plazas ofertadas, a las que podrán agregarse hasta un diez por ciento adicional. 2. La realización de las pruebas deberá concluir dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria, sin perjuicio de una mayor duración de los cursos selectivos que pudieran establecerse”.

Basta comprobar las fechas de los diferentes trámites del proceso selectivo para constatar que los nueve meses que debieron transcurrir entre la publicación de la Oferta de Empleo y la conclusión de la fase de oposición se han transformado en tres años, y aún queda por delante todo el periodo de prácticas, cuya duración, de forma injustificada, se halla indeterminada en la convocatoria del proceso selectivo, añadiendo nueva arbitrariedad al incumplimiento de la norma.

Lo irregular no acaba, sin embargo, aquí. Con alta probabilidad, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios vulnerará también –pues así lo viene haciendo en anteriores procesos selectivos- el régimen de adjudicación de primeros destinos, al otorgar puestos en destino provisional –incluidos puestos reservados a funcionarios de carrera- o al permitir la participación de los funcionarios de nuevo ingreso en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, incumpliendo con ello los criterios legales para la asignación de primer destino por riguroso orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo.

Resulta verdaderamente ilustrativo sobre el estado de nuestra función pública detectar tal cúmulo de irregularidades tras la simple publicación de una resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y no es posible ocultar lo alejada que se halla hoy la gestión de personal de la legalidad administrativa. Constituye un pésimo indicio sobre la calidad de nuestra Administración el hecho de que la selección de su personal se haga con tanto olvido de la legalidad administrativa. Podemos imaginar la realidad de aquellos otros procesos selectivos que ni siquiera ofrecen la garantía de los principios de publicidad, mérito y capacidad para la selección del candidato.

VIII ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN: VOLUNTAD DE AVANZAR EN EL COMPROMISO.

Ayer tarde tuvo lugar, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, la celebración de la VIII Asamblea General de la Asociación para la Defensa de la Función Pública, conforme al orden del día previsto en su convocatoria, de la que se informó a través de este blog.

Con la presencia de una docena de miembros de la Asociación, en segunda convocatoria, se dio inicio al tratamiento de los diferentes puntos del orden del día, aprobándose el acta de la asamblea anterior, celebrada el 25 de abril de 2013, y realizándose un breve repaso a la actividad desplegada por la Asociación desde dicha fecha, a través de la memoria de actuaciones remitida a todos los miembros de la Asociación y difundida igualmente en el blog asociativo, para conocimiento general. En el repaso de dichas actuaciones, llevada a cabo por el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, se hace particular hincapié en el proceso de ejecución forzosa de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, en el que, a pesar de las más que dudosas decisiones del Gobierno de Aragón, ha llevado a la aprobación de los Decretos de Ofertas de Empleo Público complementarias en las que se incluyen 2.783 plazas indebidamente omitidas en las Ofertas aprobadas en 2007 y 2011, si bien dichas Ofertas complementarias resultan claramente insuficientes para corregir las injustificadas e irregulares tasas de interinidad existentes en los diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Igualmente se hace repaso a la campaña emprendida contra las tasas de reposición de efectivos que anualmente se incluyen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,  que se inició ante las Cortes Generales con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y que tuvo su continuidad en la petición al Defensor del Pueblo para que se promoviese un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 finalmente aprobada. También se han reclamado medidas de control de constitucionalidad de dicha Ley, en defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública, a todos los Parlamentos autonómicos y a los diferentes Defensores del Pueblo autonómicos, si bien los resultados obtenidos han resultado bastante insatisfactorios hasta el momento, lo cual, sin embargo, no debe hacernos dudar de la oportunidad de la iniciativa.

Se destacan igualmente, entre el conjunto de actuaciones realizadas, las alegaciones formuladas, a invitación del Consejero de Hacienda y Administración Pública, al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, a las cuales no se ha dado respuesta ni acuse de recibo por parte de los responsables del citado Departamento, y cuyo contenido no ha sido, al parecer, considerado en la redacción del texto del proyecto normativo, por lo que esta Asociación mantiene y reforzará en un futuro su posición crítica frente a dicho texto, por el repudiable modelo de función pública que propugna.

Concluido el repaso a la memoria de actividades presentada a la asamblea, el Presidente de la Asociación plantea la necesidad de marcar líneas claras de actuación para los próximos meses, abriéndose un debate general que lleva a concluir un conjunto de prioridades de las que ocuparse a lo largo del nuevo año de actividad, y que se concretan en la reivindicación permanente del derecho de acceso a la función pública y exigencia de aprobación de Ofertas de Empleo Público por el conjunto de las Administraciones con sujeción plena al Estatuto Básico del Empleado Público; en la necesidad de redoblar nuestro esfuerzo de análisis y crítica de todas las carencias e insuficiencias del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, así como del reciente Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, del que se ha tomado conocimiento por el Gobierno de Aragón, y que, a juicio de esta Asociación, habría de someterse a un procedimiento formal de información pública, como ejercicio imprescindible de participación ciudadana que resulte coherente con los objetivos que se propone; en la conveniencia de acometer, en fechas próximas, la revisión de los contenidos del “Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración para la VIII legislatura de las Cortes de Aragón” (julio 2011), con el fin de confeccionar un nuevo documento, en el que se contengan propuestas para la próxima legislatura, y que, a ser posible, pueda remitirse a las distintas fuerzas políticas con anterioridad al inicio del proceso electoral de mayo de 2015, sin perjuicio de que pueda, igualmente, remitirse a los distintos Grupos Parlamentarios que se constituyan en las Cortes de Aragón tras las elecciones autonómicas; y, finalmente, en la oportunidad de promover, al margen del citado documento, pero a partir de sus principales contenidos, una posible coalición de organizaciones de la sociedad civil a favor del buen gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, de manera que seamos capaces de coordinar y sumar esfuerzos para avanzar en objetivos de calidad democrática, buen funcionamiento institucional, profesionalidad de la función pública, eficiencia de los servicios públicos y cultura cívica democrática.

La Junta Directiva de la Asociación deberá concretar las medidas específicas que quepa adoptar en cada una de esas líneas prioritarias de actuación, pero se proponen un conjunto de iniciativas en materia de acceso a la función pública. Entre ellas deberá incluirse la impugnación de la Oferta de Empleo Público que pueda aprobar, en 2014, la Administración General del Estado, para así poder plantear de modo directo, ante el Tribunal Supremo, el debate sobre la constitucionalidad de las tasas de reposición de efectivos y defender su inadecuación respecto al Estatuto Básico del Empleado Público y a la Constitución Española. Se considera que dicha impugnación es la única medida efectiva para que los responsables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se tomen en serio el respeto al derecho de acceso a la función pública, y no solo respeten la Constitución Española sino que la hagan respetar en el conjunto de las Administraciones Públicas, devolviendo a la función pública sus señas de identidad constitucional. En dicha impugnación se tratará de contar con el respaldo de otras asociaciones de empleados públicos, como FEDECA.

Asimismo, la Junta Directiva deberá diseñar y poner en marcha el proceso destinado a la configuración de una posible Coalición por el Buen Gobierno, al hilo de la revisión del Documento de propuestas para la próxima legislatura.

Finalmente, dentro de este punto del orden del día, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, plantea la necesidad de abrir un proceso de reflexión por parte de todos los miembros de la Asociación sobre el ámbito territorial de actuación de la asociación y la posible modificación de su denominación, de manera que la actividad asociativa no se limite a la defensa de la “función pública aragonesa”, sino que dicha defensa se refiera a la “función pública” en todo el ámbito de aplicación de los principios constitucionales, es decir, frente a todas las instituciones y administraciones españolas, e incluso en el marco de la Unión Europea. Se conviene por los presentes en la necesidad de profundizar en dicha reflexión, sopesando los distintos factores en juego, como son la identidad y la funcionalidad de la asociación.

A continuación el Tesorero expone su informe sobre el estado de las cuentas de la Asociación, señalando el superávit existente de 3.000 euros, con el que resulta posible abordar los gastos que implican actuaciones como la posible impugnación de la Oferta de Empleo Público aprobada por la Administración General del Estado, si bien señala el estancamiento en el número de socios, tras una paulatina disminución de los mismos.

Seguidamente, se procede a la renovación parcial de los miembros de la Junta Directiva, que de acuerdo con lo previsto en los Estatutos ha de alcanzar a los cargos de Vicepresidente, Secretario y cuatro vocales de la Junta. El cargo de Vicepresidente, que se halla vacante, queda nuevamente vacante por falta de candidatos. Como Secretario resulta reelegido Félix Gracia, y como Vocales resultan igualmente reelegidos Adolfo Ballestín, Antonio Brotons, Eduardo Notivol y Juan José Morales. De este modo, y junto a ellos, la Junta Directiva queda completada por Julio Guiral, como Presidente, José Ramón Gálligo, como Tesorero, y Alfonso Salgado, Antonio Serrano y Guadalupe Zárate como Vocales, contando con un total de diez miembros.

Por último, en el apartado de ruegos y preguntas, se interesan algunos asistentes sobre las medidas que se han adoptado para el cuestionamiento del uso abusivo de la libre designación en las relaciones de puestos de trabajo como forma de provisión, hallándose pendiente de formalizar la interposición de recurso contencioso-administrativo contra las distintas relaciones de puestos de trabajo de Departamentos y Organismos autónomos, al margen de la petición al Justicia de Aragón para la posible confección de un estudio de oficio sobre el estado del sistema de provisión de puestos en la Administración autonómica.

Concluye la asamblea con la sensación generalizada de los enormes desafíos y tareas que tiene ante sí la Asociación para tratar de dar cumplimiento a sus fines estatutarios, y con la conveniencia de afrontar la defensa de la función pública, junto a otras organizaciones ciudadanas que demandan buena administración, pues la exigencia de una función pública profesionalidad y de una buena administración que asegure los derechos de los ciudadanos son, sin duda, las dos caras de una misma moneda, resultando inaplazable sumar ambas perspectivas, reforzando con ello el trabajo que distintas organizaciones realizan en sus respectivos ámbitos.

Con las decisiones adoptadas en la asamblea, la Asociación viene, en definitiva, a reforzar su compromiso con una función pública presidida por los valores de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública, y a expresar su voluntad de abierta colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil para promover una plataforma que propugne exigencias de buen gobierno y calidad democrática, combatiendo tanto la corrupción pública como la arbitrariedad del poder político, como principales factores de debilidad institucional de nuestra democracia.

BALANCE DE UN AÑO DE TRABAJO.

En la asamblea que celebra en la tarde de hoy esta Asociación, entre sus puntos del orden del día figura la presentación de una memoria de la actividad desarrollada desde la anterior asamblea, celebrada el 25 de abril de 2013.

Aunque se ha venido dando constante información de dicha actividad a lo largo de todo este tiempo en este blog, parece oportuno que dicho conjunto de iniciativas se recoja en un documento que pueda servir para constatar el tipo de medidas impulsadas y evaluar el esfuerzo realizado hasta la fecha, que, pese a ser notable, nunca alcanza la totalidad de los objetivos marcados en cada asamblea, quizá por el claro desequilibrio entre las aspiraciones que se propone la Asociación anualmente y los medios de que dispone para su posterior impulso y desarrollo.

Pese a ello, queda claro que, pese a su insuficiencia, todas las medidas impulsadas a lo largo de estos últimos meses han contribuido a mantener vivo el proyecto asociativo y a ver realizados logros inesperados años atrás, como la obligada aprobación por parte del Gobierno de Aragón de unas Ofertas de Empleo Público complementarias con 2.783 plazas, indebidamente omitidas en las Ofertas de 2007 y 2011. No son todas las que se deberían haberse incluido, pero constituyen un número muy significativo.

El trabajo desplegado sirve siempre de base sólida para el impulso de nuevas iniciativas, y ese es el principal efecto que persigue la memoria elaborada. En ella queda reflejado el esfuerzo del que hemos sido capaces –grande o pequeño, según se considere- y se apuntan los temas de los que nos hemos ocupado. El esfuerzo debe mantenerse y, si es posible, incrementarse, y los temas han de volver a priorizarse, para dedicarnos con carácter preferente a aquello que resulte más relevante en la agenda pública y más decisivo para contribuir a una función pública profesionalizada y plenamente comprometida con el servicio público, tratando de superar todas las numerosas insuficiencias que hoy se detectan para ello.

Reproducimos, a continuación, el texto de la memoria preparada para la Asamblea de hoy:

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA DURANTE EL AÑO 2013.

Resumen de la actividad desarrollada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa a lo largo del último año de actividad, desde la asamblea celebrada el 25 de abril de 2013, ordenada según el tipo de iniciativa:

ESCRITOS Y PETICIONES.

1.- Petición dirigida a la Mesa de las Cortes de Aragón en relación con la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos, sugiriendo la realización de un conjunto de comparecencias de expertos que puedan ayudar al estudio y enmienda del proyecto normativo aprobado por el Gobierno de Aragón, en el que no existió fase de participación o información pública.

2.- Petición dirigida al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitar la eliminación del complemento de alto cargo para funcionarios públicos, previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

3.- Petición al Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, para someter a control y restringir el uso del contrato de alta dirección en los ámbitos de sanidad y servicios sociales, por la arbitrariedad en que se viene incurriendo con su utilización.

4.- Petición dirigida a la Presidenta de la Diputación Provincial de Teruel, con motivo de la convocatoria para provisión por el procedimiento de libre designación de los puestos de Secretario General, Interventor y Tesorero.

5. Petición dirigida al Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, con motivo del cese de la Interventora de la Institución, para solicitar que la provisión de dicho puesto se efectúe mediante concurso de méritos y no por libre designación.

6.- Petición al conjunto de los titulares de los Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas para que garanticen mediante Oferta anual de empleo público el acceso regular a la función pública docente.

7.- Petición dirigida a la Directora General de Participación Ciudadana, solicitando que el Gobierno de Aragón elabore la memoria anual sobre actuaciones derivadas del derecho de petición.

8. Presentación de escrito de alegaciones al texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, señalando las insuficiencias del modelo establecido, respondiendo a la invitación expresa realizada por el Consejero de Hacienda y Administración Pública.

9.- Presentación de escrito de alegaciones al proyecto de modificación del Decreto regulador de las cartas de servicios, dentro del periodo de información pública.

10.- Peticiones dirigidas tanto al Consejero de Política Territorial e Interior y a la Interventora General en relación con la irregular publicidad de los nombramientos y ceses del personal eventual del Gobierno de Aragón, al no respetarse el deber de publicación de las resoluciones administrativas de nombramiento y cese que establece el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

11.- Campaña contra las tasas de reposición de efectivos incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en el curso de la cual se han dirigido escritos razonados de la posición de la Asociación a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado y a los portavoces de dichos Grupos en las respectivas Comisiones de Presupuestos, así como a Presidente y Vicepresidentes de la Mesa de la Comisión, y escritos de petición, solicitando eliminación de dichas tasas o su adecuación a los términos del Estatuto Básico del Empleado Público, tanto al Secretario de Estado de Administraciones Públicas como a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, y, finalmente, también se han dirigido escritos a todos los Subsecretarios de las Ministerios de la Administración General del Estado.

12. Petición al Defensor del Pueblo relativa a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por establecer limitaciones indebidas al ejercicio del derecho de acceso a la función pública.

13. Petición a los Defensores del Pueblo autonómicos sobre respaldo a la petición de control de constitucionalidad del artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, realizada al Defensor del Pueblo.

14. Petición a los Parlamentos autonómicos relativa a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por establecer limitaciones indebidas al ejercicio del derecho de acceso a la función pública, para reforzar la petición realizada ante el Defensor del Pueblo.

15.- Peticiones realizadas a la Mesa de las Cortes de Aragón, a los Grupos Parlamentarios y a la Presidenta del Gobierno de Aragón para la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de la empresa pública PLAZA, S.A.

16.- Petición dirigida a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para que asegure el respeto al ejercicio del derecho de petición por parte de los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica.

17.- Petición dirigida a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, sobre adecuación del sector público empresarial aragonés a las directrices de gobierno corporativo de las empresas públicas de la OCDE.

18.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón sobre la necesidad de control sobre la calidad del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma.

ACTOS PÚBLICOS Y RELACIONES EXTERNAS.

19.- Saludo dirigido a la recién creada Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social, planteando la posibilidad de establecer un marco de colaboración para la difusión de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

20.- Encuentro mantenido con funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, para conocer la problemática que puede suscitar la supresión de organismos y entes instrumentales municipales y la posterior integración de su personal en la función pública local.

21.- Encuentro mantenido con el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, para recabar información sobre el proceso de tramitación previsto para el Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón.

22.- Reuniones mantenidas con diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón (PSOE, CHA e IU), con motivo de las aportaciones formuladas por la Asociación frente al texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, que permiten comentar y profundizar en dicho documento o intercambiar impresiones sobre la política general de función pública del actual Gobierno de Aragón.

23.- Realización del acto público conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción, que finalmente el 15 de enero, en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Zaragoza, en colaboración con la entidad ARARSE, asociación promotora de la responsabilidad social empresarial en Aragón.

24.- Contactos con responsables sindicales de dicho sector como son STEA y CGT Enseñanza, con motivo de la ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo público y su incidencia en el personal docente.

25.- Encuentro con responsables de acción institucional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), para intercambiar opiniones sobre la situación de al función pública.

QUEJAS Y RECURSOS.

26.- Planteamiento de sendas quejas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo ante la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público por parte del Gobierno de Aragón en 2012 y 2013, cuestión también planteada a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.

27. Queja ante el Justicia de Aragón por la no aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, por parte del Gobierno de Aragón, en los plazos establecidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón.

28.- Resolución del Justicia de Aragón a la queja planteada frente a las convocatorias de concursos de méritos, al permitir que a través de los mismos se pudiera obtener primer destino para los funcionarios de nuevo ingreso, con vulneración de lo previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública.

29.- Queja ante el Justicia de Aragón por el reiterado incumplimiento del Gobierno de Aragón del deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual que impone el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

30.- Queja ante el Justicia de Aragón por la falta de desarrollo reglamentario y actividad de la Comisión Interdepartamental de Función Pública.

31. Queja ante el Justicia de Aragón por el incumplimiento de la normativa de función pública, al adjudicar como primer destino provisional puestos reservados a funcionario de carrera.

ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

32.- Incidentes de ejecución promovidos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución forzosa de las sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública.

33.- Autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en los que se obliga al Gobierno de Aragón a la ejecución de las sentencias que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública.

34.- Impugnación del Decreto 155/2013, sobre oferta de personal docente no universitario, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la vía especial de protección de derechos fundamentales, toda vez que en el misma se realiza una aplicación de las tasas de reposición previstas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado claramente lesiva para el derecho de acceso a la función pública.

35. Acuerdo de impugnación de las relaciones de puestos de trabajo, por la utilización abusiva de la libre designación como forma de provisión, hallándose pendiente de formular el escrito de interposición del recurso.

NOTAS PÚBLICAS MÁS RELEVANTES. BLOG ASOCIATIVO.

36.- Denuncia pública por el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón del deber de remitir a las Cortes de Aragón, antes del 1 de octubre, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

37.- Publicación de notas conmemorativas de los aniversarios de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los días 6 y 10 de diciembre.

38.- Notas correspondientes a la campaña sobre cuestionamiento de la constitucionalidad de las tasas de reposición de efectivos contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, como límite al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública.

39.- Notas relativas al proceso de ejecución de las sentencias judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón, y debate del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, sobre medidas de ejecución de dichas sentencias.

40.- Mantenimiento de la actividad del blog de la Asociación, con publicación de más de trescientas cincuenta notas, con información de la actividad de la Asociación y del funcionamiento de sus órganos.

Zaragoza, jueves, 20 de marzo de 2014

CELEBRACIÓN HOY DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Hoy martes celebra su Asamblea anual la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza (C/ Hernán Cortés, 33), con el fin de hacer balance de la actividad desarrollada en el último año, renovar parcialmente su Junta Directiva y aprobar una estrategia de actuación para el nuevo año.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en 2007 por un conjunto de funcionarios públicos aragoneses, tiene como objetivo la promoción y defensa de los valores y principios constitucionales de la función pública, como son la legalidad, la profesionalidad y la ética pública, y el impulso de iniciativas para avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración, para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la calidad democrática de nuestras instituciones públicas.

El principal logro obtenido en el año que se cierra con la Asamblea de mañana ha sido la aprobación de los Decretos de oferta complementaria a las anuladas de 2007 y 2011, en ejecución “forzosa” de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon dichas Ofertas por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pese a discutir la correcta ejecución de las sentencias, la convocatoria de 2.783 plazas vacantes supone un importante paso para corregir la irregular tasa de interinidad existente en nuestras Administraciones, resultante de la vulneración del derecho de acceso a la función pública en que incurren los órganos de gobierno por la falta de aprobación de ofertas anuales de empleo público, como ha venido sucediendo con frecuencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.

También en este año se ha desarrollado una amplia campaña ante diferentes instituciones públicas para cuestionar la licitud constitucional de los límites al derecho de acceso a la función pública que viene estableciendo de manera reiterada la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al establecer tasas de reposición de efectivos que contradicen el régimen de acceso establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público y lesionan el contenido esencial del derecho fundamental de acceso reconocido a los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Algunos de los objetivos a debatir para el próximo año de actividad, que se abrirá tras la celebración de la asamblea de mañana, son la reivindicación del desarrollo de las medidas de prevención que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, con el fin de que los funcionarios públicos sean agentes activos en la alerta de posibles casos de corrupción en el seno de la Administración. También se iniciará la preparación de un nuevo documento de propuestas de buen gobierno y buena administración de cara a la próxima legislatura de las Cortes de Aragón, para su remisión a los diferentes grupos políticos.

Se seguirá insistiendo en todo caso en la defensa activa del derecho de acceso a la función pública, y de la profesionalidad, reclamando el respeto a los principios de mérito y capacidad en la provisión de puestos de trabajo, con una drástica reducción del ámbito de aplicación de la libre designación, y se intervendrá activamente en el debate y posterior seguimiento de los Proyectos de Ley de Función Pública y de Transparencia Pública y Participación Ciudadana que ha elaborado en los últimos meses el Gobierno de Aragón, y frente a los cuales se mantiene una postura crítica y vigilante.

Creemos que los objetivos de esta Asociación mantienen plena vigencia y su defensa sigue siendo tan necesaria ahora como hace siete años, y confiamos en que a lo largo de los meses próximos seamos capaces de desarrollar un esfuerzo suplementario para dar a conocer la importancia que la defensa de la legalidad y la promoción de una función pública profesional revisten para el conjunto de la sociedad y su incidencia en la calidad de nuestras instituciones.

HOMENAJE A ADOLFO SUÁREZ.

No es posible añadir en este blog nada nuevo a lo ya dicho sobre el decisivo protagonismo de Adolfo Suárez en la transición de España a la democracia, bajo el impulso del Rey Juan Carlos I. En aquellos años convergió la voluntad de cambio de millones de españoles, que ansiaban la recuperación de las libertades democráticas, pero que debían lograrlo desde unas bases de reconciliación nacional y de consenso, tras años de división, de represión, de exilio para tantos españoles.

Adolfo Suárez supo contribuir decisivamente a canalizar el deseo de democracia de la inmensa mayoría de los españoles y, sobre todo, hacerlo desde la base de la reconciliación y del consenso. Tras años de división y de dogmatismo ideológico, se supieron sentar las bases de la convivencia que hemos podido disfrutar a lo largo de más de treinta y cinco años de democracia constitucional. Personas como Adolfo Suárez hicieron posible superar la dinámica de confrontación entre españoles, la lógica de la exclusión: ni España era patrimonio de la derecha ni el compromiso con la libertad era monopolio de la izquierda.

La Transición democrática española no es el logro individual del Rey ni de Adolfo Suárez, es evidente, sino resultado del esfuerzo de muchos españoles, de sus organizaciones políticas y sociales. Fue un logro de la sociedad española, pero ese anhelo encontró en personas como el Rey y Suárez la altura humana y el coraje político para favorecer y hacer posible el consenso nacional que da lugar a la Constitución Española de 1978 y que sigue siendo hoy –pese a todas las dificultades del momento y pese a todas las fallas producidas- el marco fundamental de nuestra vida democrática, donde se contiene el proyecto ético de libertad y de justicia que esta Asociación reivindica y respalda sin reticencias, como ha querido dejar claro en cada aniversario de nuestra norma constitucional.

Todos los elogios merecidos por Adolfo Suárez han sido dichos a lo largo de este fin de semana y se añadirán otros muchos a lo largo de los próximos días. A ellos se suma esta sencilla nota, pues no hay mayor servicio público a los ciudadanos que el dedicar la vida a ennoblecer la política de un país y a lograr tanto la reconciliación nacional tras un régimen autoritario excluyente como la recuperación y aseguramiento de la libertad para todos los españoles, devolviéndonos a todos la dignidad de ciudadanos. La dignidad de la que hoy disfrutamos es resultado del decisivo esfuerzo de todos los que supieron forjar nuestra democracia constitucional y, entre ellos, como protagonista indiscutido se encuentra Adolfo Suárez.

Por ello, sumamos nuestro homenaje al de la inmensa mayoría de españoles que sienten hoy la desaparición de uno de nuestros más destacados conciudadanos, con el que este país estará permanentemente en deuda.

CIENCIA Y CONCIENCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La función pública, entendida como el conjunto de profesionales que sirven a la Administración Pública para asegurar el interés general y aplicar o ejecutar las políticas públicas bajo la dirección del Gobierno, requiere, por una parte, cualificación suficiente para el desarrollo de su actividad (ciencia) y, por otra, compromiso ético con el servicio público (conciencia). Han de darse juntamente ambas condiciones para que podamos contar con una función pública de calidad, que suponga un elemento que aporte fortaleza a una sociedad democrática.

Profesionalidad y ética pública son los principios que, de manera preferente, defiende esta Asociación como señas de identidad de la función pública, lo que podríamos definir también como ciencia y conciencia. No bastan el conocimiento –la mera capacitación técnica- y la ejecución eficaz de tareas, si no van acompañados del sentido ético que requiere el correcto desempeño de las tareas y responsabilidades propias de cada servidor público, todas ellas necesariamente presididas por el interés general, el respeto a la legalidad y la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Ciencia, profesionalidad, eficacia, mérito y capacidad requieren una estrategia en materia de personal que, hoy por hoy, no vemos en el grado necesario en nuestra Administración Pública. Ni los sistemas de selección ni los procedimientos de provisión de puestos de trabajo ni los planes de formación ni los criterios de racionalización y calidad de la actividad administrativa están suficientemente orientados a asegurar y estimular el perfeccionamiento constante de los servidores públicos para permitir el cumplimiento de objetivos en la gestión pública. La situación debemos abordarla y transformarla de manera obligada, pues la progresiva desprofesionalización de la función pública –resultado de unas deficientes políticas de personal- priva a los servidores públicos de su valor esencial, el mérito o la ciencia.

Conciencia, compromiso, voluntad de servicio, integridad y conducta ética son rasgos distintivos del personal de las Administraciones Públicas que deben acompañar a su preparación profesional. Aplicar buenas técnicas a buenas metas, poner el mejor conocimiento posible al servicio del interés general, desarrollar la mejor disposición para alcanzar objetivos y asegurar la legalidad y respetar el derecho de los ciudadanos son contenido esencial de las pautas que han de guiar la conducta profesional de los servidores públicos. Tampoco, en este ámbito, existen medidas decididas para reforzar el deber ético propio de quienes se ocupan de los servicios públicos, elementos fundamentales de cohesión de nuestra sociedad.

Conocer las técnicas y procedimientos de gestión –y asegurar la actualización y el perfeccionamiento de dichos conocimientos con unas adecuadas herramientas de formación continua, de las que hoy no se dispone- y potenciar los valores éticos propios del servicio público –con una infraestructura adecuada que refuerce la integridad del conjunto de los empleados públicos y moralice no solo a los individuos, sino también al conjunto de la organización-, es decir, impulsar ciencia y conciencia de los servidores públicos es lo que esta Asociación propone y reclama al defender los principios de profesionalidad y ética pública establecidos en sus estatutos.