NO PARECE SER UNA QUERELLA MÁS.

En las páginas de la prensa aragonesa se informa hoy –cuando comienza a tomarse declaración en el Juzgado a los miembros de los consejos de administración de Plaza-, de la presentación de una querella contra el presidente del PAR y de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, por presunto cobro de comisiones ilegales con motivo de la ejecución de determinadas obras públicas. Interpone dicha querella la organización Manos Limpias, y sus responsables señalan que está muy bien fundamentada.

Esta Asociación se abstiene de realizar cualquier valoración sobre el contenido de la denuncia, pero no debemos dejar de señalar que la pérdida de la cultura de la legalidad en nuestra Comunidad Autónoma durante las pasadas legislaturas del Gobierno PSOE-PAR –que alcanzó también al régimen retributivo de los empleados públicos de la Administración autonómica, mal que nos pese-, y la cultura de la impunidad reinante entre muchos responsables políticos, hace que, tristemente, la corrupción sea hoy la primera noticia sobre la realidad de nuestra vida pública.

Es posible que ciertas alianzas políticas se basaran en meros intereses económicos, lo cual supondría una primera desvirtuación de la acción de gobierno, pero sería muy grave descubrir, además, que esos intereses económicos resultaban en gran parte ilícitos y contrarios al interés general de los ciudadanos. Si la utilización fraudulenta de los puestos de los gabinetes del Gobierno de Aragón se hacía a la vista de todos los funcionarios, cabe sospechar, con fundamento mayor o menor, que iguales criterios de escaso rigor ético podrían aplicarse en otros ámbitos de la gestión pública, amparados por la opacidad de los procedimientos administrativos.

Celebramos en todo caso que toda la gestión de la etapa del anterior Gobierno sufra el examen de los Tribunales, para que así quienes reclamaron sentencias para avalar cualquier afirmación sobre vulneración de la legalidad tengan sentencias, se declaren las responsabilidades en que se haya podido incurrir por acciones ilícitas y, sobre todo, se aparte de la vida política aragonesa a todos aquellos que han demostrado, con su actuación, no merecer la confianza de los ciudadanos.

Nos congratula comprobar que, al menos, la sensación de impunidad ha desaparecido para muchos responsables públicos, lo que es un elemento de enorme valor para comenzar a dignificar la vida pública de nuestra Comunidad.