viernes, 3 de julio de 2015

LA OPORTUNIDAD DE EMPEZAR BIEN DESDE EL PRINCIPIO: OBLIGADA PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL NUEVO GOBIERNO DE ARAGÓN.



El cambio de Gobierno supondrá, indefectiblemente, una renovación del personal eventual en la Administración de la Comunidad Autónoma, que se plasmará en ceses y nombramientos del personal de confianza de los miembros del Gobierno de Aragón, destinado en los respectivos Gabinetes y Secretarías Particulares.

Aunque en el inicio de una nueva legislatura pueda parecer una cuestión menor, como Asociación que lleva reclamando, desde hace seis años,  el respeto del deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual que establece la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón –acudiendo a los Tribunales para anular la irregular práctica de los anuncios de publicidad que eluden la publicación como requisito de eficacia de los nombramientos, con evidente fraude de ley-, hemos considerado oportuno reiterar, justo en este momento de renovación plena de todo el personal eventual de la Administración autonómica, dicha exigencia de publicación.

Para dicho recordatorio nos hemos dirigido expresamente a las titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos de Presidencia y Justicia y de Hacienda y Administración Pública, como Departamentos preeminentes en las materias de organización, función pública y régimen jurídico, solicitando que adopten las medidas precisas para el cumplimiento general, por el conjunto de los Departamentos, de dicha obligación de publicación.

La voluntad de corregir prácticas inadecuadas –que han de quedar relegadas al pasado- y de asegurar el correcto cumplimiento de la legalidad podría concretarse, precisamente, en el respeto al deber de publicación de los nombramientos del nuevo personal eventual, tal y como se exige en el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, cuestión a la que esta Asociación prestará particular atención en los próximos días.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a la Secretaria General Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia:



“Ilma. Sra. Secretaria General Técnica
Departamento de Presidencia y Justicia
Edificio Pignatelli
P.º María Agustín, 36
50071-Zaragoza

Zaragoza, 3 de julio de 2015.

Estimada señora:

Siendo inminente el nombramiento de los nuevos miembros del Gobierno de Aragón, con el consiguiente cese del actual Gobierno en funciones, así como de todo el personal eventual de los respectivos Departamentos, conforme a lo previsto en el artículo 20.5 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, deseamos recordarle la obligación legal de publicación de todos los nombramientos y ceses del personal de confianza que establece el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Sin perjuicio de la fórmula que se pueda utilizar para el cese del actual personal eventual, toda vez que sus ceses se producen automáticamente, por expresa previsión legal, sin que en tales ceses intervenga la voluntad del órgano competente para su nombramiento, entendemos imprescindible que el nombramiento del nuevo personal eventual, llevado a cabo por los nuevos miembros del Gobierno de Aragón, se sujete estrictamente al deber de publicación legalmente establecido, siendo el mismo requisito de eficacia para tales nombramientos.

Debe, por lo tanto, descartarse en los nuevos nombramientos de personal eventual la irregular práctica de los anuncios de publicidad suscritos por los titulares de las Secretarías Generales Técnicas, dado que tal práctica ha sido expresamente desautorizada tanto por el Justicia de Aragón como por la jurisdicción contencioso-administrativa, en sentencia nº 133/2012, de 7 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza. En su lugar, habrá de asegurarse la publicación de las respectivas resoluciones de nombramiento, adoptadas por los órganos competentes, siendo tal publicación condición necesaria para la toma de posesión correspondiente.

Entendemos que corresponde a la persona titular de cada Secretaría General Técnica, en cuanto responsable en materia de personal del Departamento, asegurar la correcta aplicación de la Ley y proceder, desde el primer momento de la nueva legislatura, a adecuar el régimen de nombramientos del personal eventual a lo exigido por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

En consecuencia, y en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que imparta criterios de actuación común por parte de todas las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, para asegurar que todos los nombramientos de personal eventual se sujetan al deber de publicación establecido en el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

PETICIÓN DE INFORMACIÓN A LA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS GABINETES DE LOS CONSEJEROS.



Es posible que alguien piense, equivocadamente, que los Gabinetes de los Consejeros son un mundo aparte, ajeno a la Administración Pública, cuyas reglas de funcionamiento son diferentes a las que rigen en el resto de la organización administrativa. Así parecen pensarlo los máximos responsables del actual Gobierno en funciones, a la vista de las respuestas dadas a esta Asociación.

Sin embargo, nada justifica tan peregrina idea, y debemos recordar que no solo los Gabinetes son Administración sino también los Consejeros, ya que éstos son los órganos superiores de la Administración, como señala el artículo 8.1 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: “Los Consejeros, como titulares de los Departamentos, son los órganos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma”. Asimismo, el artículo 20 de la citada Ley regula los órganos de asistencia directa, señalando que “el Presidente y los Consejeros podrán disponer de un Gabinete para su asistencia directa” y que “cada uno de los miembros del Gobierno podrá disponer también de una Secretaría particular”.

Por lo tanto, a toda la documentación generada por los miembros del Gobierno de Aragón y sus órganos de asistencia directa le resulta aplicable el mismo régimen de conservación y archivo que el establecido para el conjunto de la Administración, empezando por el deber de conservación de todo documento público, forme parte o no de un expediente administrativo.

Creemos que dicho régimen ha de estar especialmente claro para quienes tienen la responsabilidad directa de fijar los criterios de conservación de la documentación administrativa y de asegurar su incorporación al Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a los criterios previamente fijados por la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos.

Por ello, y con el fin de recoger información útil para proseguir con la necesaria investigación de las destrucciones documentales llevadas a cabo en las Consejerías de la Administración autonómica, motivadas por el inminente cambio de gobierno, esta Asociación se ha dirigido a la Directora General de Contratación, Patrimonio y Organización del Departamento de Hacienda y Administración Pública, para recabarle información sobre la posible existencia de criterios de conservación documental aplicables a los órganos de apoyo inmediato a los miembros del Gobierno de Aragón y sobre el posible envío de dicha documentación al Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a la Directora General de Contratación, Patrimonio y Organización:


La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, con CIF número G-99156846 inscrita en el Registro de Asociaciones de la DGA con el número 01-Z-1989-2007, y domicilio en la calle León XIII, 21, 4º centro, código postal 50008 Zaragoza, representada por su Presidente, Julio Guiral Pelegrín, provisto del DNI núm. 17130593-D, 

EXPONE:

Con fecha 12 de junio de 2015, se dirigió escrito de denuncia a la Inspección General de Servicios, con motivo de las informaciones relativas a la destrucción de documentación administrativa que se viene produciendo en diferentes Departamentos y Organismos públicos del Gobierno de Aragón, tras la celebración de las pasadas elecciones del 24 de mayo de 2015 y el previsible cambio de gobierno derivado de los resultados electorales.

Consideramos un hecho totalmente anómalo y contrario a los más elementales principios del funcionamiento institucional la destrucción de documentos públicos con motivo de un posible cambio político, máxime teniendo en cuenta que todo documento público, por expresa determinación legal, forma parte del patrimonio documental aragonés y se halla integrado en el patrimonio cultural aragonés y español, previéndose su deber de conservación tanto en la legislación autonómica como en la estatal.

De acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, corresponde a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización el ejercicio de las funciones internas en materia de archivo y la gestión del Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma.

 

También corresponde a esa Dirección la coordinación y gestión de la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos y el establecimiento de los criterios sobre conservación y destrucción de documentos administrativos generados por el conjunto de los órganos de la Administración autonómica.

 

Consideramos necesario, al objeto de valorar la actuación llevada a cabo por parte de los órganos de apoyo directo a los miembros del Gobierno de Aragón, recabar de esa Dirección General una serie de información que por afectar a su actividad administrativa consideramos de carácter público y accesible al conjunto de los ciudadanos.

 

Por todo ello, y en ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley aragonesa 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, 

 

SOLICITA:

1.     Información sobre los posibles acuerdos adoptados por la Comisión de Valoración de Documentación Administrativa relativos a la documentación generada por los órganos de apoyo directo a los miembros del Gobierno de Aragón.
2.     Información sobre el volumen de documentación remitida, a lo largo de la pasada legislatura, al Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma desde los órganos de apoyo directo a los miembros del Gobierno de Aragón.
3.     Información sobre las condiciones de destrucción de documentación llevada a cabo al término de la legislatura por parte de los órganos de apoyo de los miembros del Gobierno de Aragón, y si la misma se ha ajustado a los criterios establecidos por esa Dirección General para las unidades gestoras.


Zaragoza, 2 de julio de 2015.

jueves, 2 de julio de 2015

LA ADMINISTRACIÓN AGUARDA LA FORMACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO, Y SUS INEVITABLES REPERCUSIONES.



Hoy comienza en las Cortes de Aragón el debate de investidura con la presentación de su programa por parte del candidato a Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Mañana se producirán las intervenciones de los diferentes Grupos Parlamentarios y se votará la confianza al candidato. “Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera la mayoría simple”, señala el precepto del Estatuto. Salvo sorpresas imprevistas, el candidato a Presidente cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para alcanzar la investidura en una primera votación, con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.

Elegido el Presidente del Gobierno de Aragón, cuyo nombramiento corresponde al Rey, su primera decisión ha de ser determinar la composición de los Departamentos del Gobierno de Aragón –con la determinación de sus respectivas competencias- y nombrar a los Consejeros titulares de cada uno de dichos Departamentos. De acuerdo con las informaciones difundidas, la composición del nuevo Gobierno de Aragón se determinará el próximo lunes 6 de julio.

Una vez nombrados los titulares de los diferentes Departamentos, queda constituido el Gobierno de Aragón, debiéndose proceder a la determinación de la estructura orgánica básica –órganos directivos- de los Departamentos –cambios organizativos que debieran minimizarse lo más posible, para permitir una consolidación de las estructuras administrativas que favorezca el impulso de proyectos y la gestión de políticas que excedan la duración de una legislatura-, siendo previsible el relevo generalizado de los altos cargos de la Administración autonómica, atendiendo a criterios esencialmente políticos.

Con ello volvemos a constatar la ausencia de una función directiva profesional capaz de cumplir su labor con independencia del signo político del Gobierno.

Los cambios previsiblemente no quedarán ahí, sino que los nuevos altos cargos alegarán la necesidad de contar con equipos profesionales de su confianza –para lo cual tienen abierta la posibilidad de remover a aquellos jefes de servicio de los que deseen prescindir, pues el sistema de provisión de puestos está diseñado para que todos los jefes de servicio sean de quita y pon, a voluntad del director general correspondiente-, y veremos bailes de nombres –con funcionarios afines a unos y otros, sin que la predicada imparcialidad de los funcionarios públicos sea invocada por nadie, y sin que nadie quiera poner remedio a esta promoción profesional por razones de estricta confianza política-, y nuevamente veremos funcionarios cesados –que se sumarán a los altos cargos que vuelven al “servicio activo”, con dificultades de incardinación en puestos con verdadero contenido-, incrementando la disfunción organizativa y estructural que genera el uso y abuso de la libre designación.

Esta Asociación estará atenta al impacto del cambio de Gobierno en las estructuras administrativas y en la función pública, reclamando desde el primer día avances en la profesionalización de los máximos puestos de responsabilidad administrativa, y evitando que funcionarios de cualquier tipo queden aparcados en puestos sin contenido, sufriendo un daño indebido que implica, a la vez, un despilfarro injustificable para la Administración.

miércoles, 1 de julio de 2015

LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN NIEGA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PERO NADA DICE DE LA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA DE LOS GABINETES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO.



El pasado día 12 de junio de 2015, esta Asociación se dirigió por escrito a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para expresarle nuestra alarma por las informaciones relativas a la destrucción de documentación administrativa que se estaba produciendo en diferentes Departamentos y Organismos públicos del Gobierno de Aragón, tras la celebración de las pasadas elecciones del 24 de mayo de 2015 y el previsible cambio de gobierno derivado de los resultados electorales.

Considerábamos un hecho totalmente anómalo y contrario a los más elementales principios del funcionamiento institucional la destrucción de documentos públicos con motivo de un posible cambio político, máxime teniendo en cuenta que todo documento público, por expresa determinación legal, forma parte del patrimonio documental aragonés y se halla integrado en el patrimonio cultural aragonés y español, previéndose su deber de conservación tanto en la legislación autonómica como en la estatal.

Por ello, tras referir las diferentes normas jurídicas que establecen el deber de conservación de todo documento público generado por los órganos de la Administración –entre los cuales se incluyen naturalmente los órganos de apoyo directo a los miembros del Gobierno de Aragón-, y en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, solicitamos a la Presidenta del Gobierno de Aragón que impartiese de inmediato instrucciones precisas a todos los miembros del Gobierno de Aragón para que se preservara escrupulosamente toda la documentación administrativa generada durante la legislatura, y especialmente en sus gabinetes, por venir así exigido por el ordenamiento jurídico, adoptando en su caso las medidas disciplinarias oportunas en el caso de que se hubieran producido destrucciones documentales al margen de la normativa de protección de patrimonio documental y archivos.

A dicha petición ha dado respuesta la Secretaria General Técnica de la Presidencia, mediante escrito de 22 de junio de 2015, en el que se nos informa que el Gobierno de Aragón es estrictamente respetuoso con la legislación estatal y autonómica relativa a la protección y conservación del patrimonio documental aragonés, negando el que se hubiera producido destrucción de documentación administrativa que forme parte de expedientes administrativos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha respuesta, deliberadamente ambigua y evasiva, niega exclusivamente la destrucción de documentación que forme parte de expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Autónoma, con lo que parece aludir a la actividad ordinaria de los órganos administrativos de los Departamentos y organismos públicos, pero nuestro escrito se refería a la documentación generada por los Gabinetes de los miembros del Gobierno, que por su propia naturaleza no pueden ejercer funciones administrativas y, por consiguiente, su documentación no puede formar parte de ningún expediente administrativo.

Es evidente que la respuesta dada –claramente incongruente con nuestra preocupación y nuestra petición- trata de ocultar la realidad de la destrucción producida en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón –hecho que venía a ratificarse por la respuesta remitida a esta Asociación, mediante correo electrónico, por el Consejero de Presidencia y Justicia, en el que se reconocía dicha destrucción, aunque se afirmaba que la misma no había afectado a documentos de valor oficial o patrimonial-, pero se omite toda referencia a las garantías que imponen las leyes en cuanto a la preservación de toda la documentación pública.

Consecuentemente esta Asociación remitirá la respuesta recibida tanto a la Inspección General de Servicios como al Justicia de Aragón, para que se incorpore como documentación adicional a las denuncias realizadas sobre destrucción documental llevada a cabo en los órganos de apoyo inmediato a los miembros del Gobierno de Aragón, lo que vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público, las leyes de patrimonio y de archivos, y pudiera ser constitutivo de un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito remitido por la Secretaría General Técnica de la Presidencia:

Zaragoza, a 22 de junio de 2015.

Estimado Sr. Guiral:

Por medio de la presente, se acusa recibo de su escrito de fecha de entrada en el Gobierno de Aragón el 17 de junio de 2015, por el que se refiere a informaciones relativas a la destrucción de documentación administrativa tras la celebración de elecciones a Cortes de Aragón, el pasado 24 de mayo de 2015.

En contestación al mismo, siguiendo indicaciones de S.E. la Presidenta del Gobierno, le informo que en su actuación, el Gobierno de Aragón es estrictamente respetuoso con la legislación estatal y autonómica relativa a la protección y conservación del patrimonio documental aragonés, no habiéndose producido ninguna destrucción de documentación administrativa que forme parte de expedientes tramitados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Cristina Moreno Casado, Secretaria General Técnica de la Presidencia”.

martes, 30 de junio de 2015

IMPROCEDENCIA DE LOS DECRETOS DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2015 DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



La Administración, en todos los expedientes tramitados para la aprobación de los respectivos Decretos de Oferta para 2015 -en sus diferentes ámbitos funcionales de administración general, educación y sanidad-, incurre en dos elementos de indefinición que permiten calificar de arbitrarios y carentes de fundamentación suficiente los Decretos aprobados.

En primer lugar, en ninguno de los expedientes se aporta una adecuada justificación relativa al número de plazas incluido en los respectivos Decretos, circunstancia que se pone claramente de manifiesto por la Inspección General de Servicios, al informar los relativos a los sectores docente y sanitario, respecto de los cuales indica: “debe señalarse que no se aporta al expediente ninguna documentación que acredite el cálculo realizado para determinar la tasa de reposición”. Sorprende, sin embargo, que no haga tal observación en relación al borrador de Decreto de oferta correspondiente al ámbito de administración general, dado que la documentación aportada resulta claramente insuficiente para la pretendida acreditación como vamos a señalar a continuación. La única forma de admitir el carácter fehaciente de la información recogida en los expedientes administrativos sería la certificación del funcionario responsable del Registro de Personal, señalando el número de bajas producidas a lo largo del ejercicio 2014 y las incorporaciones a deducir del número anterior para fijar el cálculo correspondiente a la tasa de reposición de efectivos del 50% establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Dicho cálculo requiere, sin embargo, una previa determinación de los ámbitos sectoriales en los que cabe llevar a cabo la reposición autorizada. La memoria justificativa elaborada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la que se hace alusión a tal extremo, resulta vaga e insuficiente, pues en ningún momento delimita los puestos de trabajo que corresponden a cada uno de los ámbitos señalados en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. No existe en la memoria una precisión de las áreas de especialización que se han identificado como incluidas en los supuestos excepcionados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tarea que admite una interpretación amplia o restrictiva.

Es evidente que la Dirección General de la Función Pública ha optado por una interpretación restrictiva, y basta para ello una mera comparación entre la naturaleza de las plazas incluidas en la Oferta aprobada por Decreto 75/2015, de 5 de mayo, y la de las plazas insertas en la Oferta de Empleo Público para 2015 en la Administración General del Estado, aprobada por Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo). No hay explicación lógica alguna para que la Oferta de Empleo de la Administración General incluya un número significativo de plazas correspondientes a Cuerpos Generales como los de Administradores Civiles del Estado o Técnicos de Gestión, en tanto que de los correlativos de la Administración de la Comunidad Autónoma (Administradores Superiores y Técnicos de Gestión General) no se incluye plaza alguna. Esa discordancia queda más subrayada si cabe, cuando la parte expositiva del Decreto 75/2015, de 5 de mayo, al justificar las abultadas cifras de promoción interna que se contienen en la Oferta aprobada –en número superior al de turno libre- señala que, dentro de los procesos de promoción interna, se incorporan plazas de Técnicos de Gestión General, “al existir un importante déficit de efectivos en dicha Clase de especialidad”. Es llamativo que ese déficit que se invoca no se plasme, a su vez, en la inclusión de plazas de tal categoría en los procesos selectivos de ingreso por turno libre, como se hace en la Administración General del Estado, máxime cuando una de las áreas en las que se admite la reposición de efectivos es la genérica de “gestión de los recursos públicos”.

Por otro lado, de poco sirve aportar una relación de personal jubilado, fallecidos, excedentes sin reserva de puesto o en servicio en otras Administraciones Públicas, sin una previa y precisa delimitación de los ámbitos en los que han de computarse tales supuestos, y la posterior certificación de tales datos por parte del responsable del Registro de Personal, para que los mismos reúnan todas las garantías requeridas. Ninguno de dichos elementos queda asegurado en la memoria justificativa elaborada, y por ello la rechazamos como suficiente para motivar adecuadamente el Decreto aprobado.

Tampoco se indica en ninguno de los expedientes el número de funcionarios interinos que ocupan puestos de trabajo vacantes en los respectivos ámbitos departamentales, ignorando con ello la obligación establecida por el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón en la formación de la Oferta de Empleo Público, ni se indica previsión alguna sobre amortización de tales plazas. Los números de plazas finalmente incluidos en los Decretos de Oferta están radicalmente alejados de las cifras de interinidad que se contemplan en el Boletín estadístico de personal al servicio de la Comunidad Autónoma, elaborado por la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, cuyos datos referidos a la situación de junio de 2014 señalan que el porcentaje del personal temporal en el conjunto de efectivos al servicio de la Administración autonómica alcanza el 37% (sobre 50.159 efectivos reales, son temporales o interinos 18.709 efectivos reales), y el 31,8% del personal laboral (sobre 4.777 trabajadores, son temporales 1.520 trabajadores). Es evidente que ante una realidad como la descrita las cifras de las Ofertas de Empleo Público aprobadas constituyen un paso irrelevante para corregir la situación existente y, a un mismo tiempo, asegurar el derecho de acceso al empleo público y reforzar la profesionalidad de la Administración autonómica. Por el contrario, su insuficiencia no hace sino agravar la problemática que deriva de las elevadas tasas de interinidad, minimizando una vez más las posibilidades de acceso al empleo público, desconociendo el carácter indisponible de todo derecho fundamental reconocido por la Constitución a los ciudadanos.

La arbitraria determinación del número de plazas que se establece por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en la memoria justificativa del Decreto de oferta relativo a administración general, o por los respectivos responsables de personal en los ámbitos docente y sanitario en sus respectivos Decretos de Oferta –extremo que resalta en sus informes la propia Inspección General de Servicios-, no cumple los estándares exigibles en los casos de delimitación del ejercicio de un derecho fundamental.

La falta de motivación o la motivación insuficiente de una medida limitativa de un derecho fundamental constituye una vulneración del mismo. Se requiere que la introducción de los límites haya tenido en cuenta de manera suficiente el derecho fundamental en cuestión, realizando una interpretación constitucional conforme e interpretando la legalidad ordinaria conforme a la mayor efectividad del derecho fundamental (STC. 5/2002, FJ. 4º).

En todo caso, parece evidente que los cálculos aplicados –más allá de la arbitrariedad de las cifras establecidas, al no quedar oportunamente acreditadas con certificados expedidos por las personas responsables de los respectivos Registros de Personal-, implican la limitación de las plazas ofertadas al 50% de las vacantes computadas como bajas producidas durante el ejercicio 2014, sin diferenciar en dicho cálculo la situación de las plazas ocupadas por personal interino, desconociendo completamente con ello lo establecido en el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, y el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de octubre de 2010 –al anular la Oferta de Empleo Público de 2007-, aplicado ya en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al anular las Ofertas de Empleo Público de 2010 y 2011, mediante las sentencias de 29 de mayo de 2015 y de 10 de febrero de 2012, respectivamente.

No hay razón válida que justifique aplicar otro criterio en el caso de los Decretos que aprueban la Oferta de Empleo Público para 2015

IRREGULARIDADES EN LOS EXPEDIENTES DE ELABORACIÓN DE LOS DECRETOS DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015.



La documentación remitida por la Administración relativa a los expedientes administrativos confeccionados para la aprobación de los diferentes Decretos de Oferta de Empleo Público para 2015 -Decreto 75/2015, de 5 de mayo, que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2015 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 76/2015, de 5 de mayo, que aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015 de personal docente no universitario; y Decreto 77/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2015 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, todos ellos del Gobierno de Aragón-, muestra carencias manifiestas tanto en lo relativo a la acreditación de que el número de plazas incluido en los mismos se ajusta a lo legalmente exigible como en cuanto a la realización correcta de los trámites preceptivos para su aprobación.

De acuerdo con ello, y como luego veremos, el procedimiento administrativo, vista la tramitación realizada, pierde su significación de garantía, al no asegurar ni la corrección de la norma finalmente aprobada ni la satisfacción del derecho fundamental de los ciudadanos a cuyo aseguramiento ha de contribuir la aprobación de la Oferta de Empleo Público.

Entre dichas irregularidades hay que destacar las siguientes:

a)      En ninguno de los tres supuestos se incorpora documentación fehaciente que acredite la situación real de los puestos de trabajo del sector correspondiente –administración general, educación o sanidad-, de manera que no consta certificación alguna del responsable del Registro de Personal en el que se señale, para cada ámbito, el número de puestos ocupados por personal interino, el número de puestos vacantes, así como el número de vacantes resultantes a lo largo del ejercicio 2014, a los efectos de computar los respectivos porcentajes de las tasas de reposición fijados por las Leyes de Presupuestos. Tal falta de acreditación es expresamente señalada en los informes emitidos por la Inspección General de Servicios, sin que tal omisión quede subsanada posteriormente.

b)      Tampoco se determinan de manera suficiente e inequívoca los puestos correspondientes a cada uno de los ámbitos a que se refiere la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en particular el artículo 21.Uno.2 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Dicho precepto señala los ámbitos de las diferentes Administraciones Públicas que se excepcionan de la prohibición general de incorporación de nuevo personal, entre los que se incluyen, en su letra F), las plazas correspondientes a asesoramiento jurídico y gestión de recursos públicos. No existe informe alguno que de manera clara señale las áreas de gestión a las que se aplica la previsión presupuestaria, y muestra del criterio restrictivo y lesivo aplicado por el Gobierno de Aragón es la falta de correspondencia entre el Decreto aprobado para administración general y el aprobado por la Administración General del Estado, puesta de manifiesto por la disparidad de Cuerpos y Escalas incluidos en las respectivas Ofertas, a pesar de ser Cuerpos generales con plena coincidencia funcional, sin que por ello nada justifique su inclusión en la Oferta estatal y su exclusión en la Oferta autonómica.

c)       Faltan documentos esenciales del procedimiento de elaboración normativa de las Ofertas de Empleo Público, como son las propuestas de necesidades de personal que corresponde determinar a los diferentes Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma –no es posible que el criterio organizativo de los Departamentos en cuanto a las necesidades de personal sea indebidamente desplazado por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, elaborando ésta de oficio, y sin recabar propuestas departamentales, el borrador de Decreto de Oferta de Empleo Público, al menos en lo que afecta al ámbito de administración general-, y tampoco existe en los expedientes texto alguno de los borradores de Decreto confeccionados y sometidos a los posteriores trámites de negociación e informe, incorporándose unas memorias justificativas de unos proyectos normativos que se desconocen.

d)      No se respeta en la tramitación de los procedimientos el orden legalmente establecido para la realización de los diferentes trámites, según el cual el último informe que corresponde emitir sería el de la Dirección General de Servicios Jurídicos, conforme a lo previsto en los artículos 47 a 50 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. De hecho, cabe constatar como especial anomalía que el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública –exigido por el artículo 5.1.a) de la citada Ley 2/2009, de 11 de mayo- se remite al órgano responsable de la aprobación de la Oferta con posterioridad a la fecha de aprobación de los respectivos Decretos por el Gobierno de Aragón, efectuada el 5 de mayo de 2015. Esto lleva a concluir que los Decretos son aprobados por el Gobierno de Aragón careciendo todavía de un informe preceptivo, como es el de la Secretaría General Técnica del Departamento competente por la materia, lo que supondría vicio de nulidad de pleno derecho de los Decretos aprobados.

e)      Asimismo, y como queda de manifiesto en los informes emitidos por la Inspección General de Servicios, en ninguno de los expedientes conformados se incorpora el informe previsto por el artículo 31.2 de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, en el que se establece que, a los efectos de determinar los puestos a incluir en la oferta de empleo público, será preceptivo el informe del Departamento de Hacienda y Administración Pública, en el cual se constará la existencia de dotaciones precisas en los anexos de personal de los respectivos programas de gasto. Dicha información, que debe ser suministrada por la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería del citado Departamento, no obra en el expediente, lo que nos lleva a concluir que la tramitación ha omitido nuevamente un informe preceptivo, sin que sea suficiente para justificar su ausencia la afirmación contenida en la memoria justificativa de que el Decreto elaborado no conlleva incremento de gasto, al tratarse de plazas con dotación económica y ocupadas por funcionarios interinos.

f)        Debe destacarse que tanto los informes de la Dirección General de Servicios Jurídicos como de la Inspección General de Servicios subrayan la ausencia de la memoria económica que exige el artículo 48.3 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en la que se debe recoger una estimación del coste a que dará lugar la norma aprobada y su forma de financiación. Debe destacarse el dato de que los procesos selectivos conllevan un coste significativo, por la infraestructura que requiere su realización, y que la ejecución de las Ofertas aprobadas darán a lugar a numerosos procesos selectivos, cuyo coste en modo alguno se cuantifica. Asimismo, ha de observarse en cuanto a las plazas del Cuerpo de Maestros el hecho de que los futuros funcionarios de carrera que resulten de los procesos selectivos realizados no podrán ser suspendidos en los meses de verano, como viene siendo práctica habitual con el personal interino, por lo que el coste retributivo del personal funcionario resultará superior al de los interinos, cosa que se omite conscientemente por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, con claro incumplimiento de lo previsto en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y también de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, cuyo artículo 31.2 exige un informe preceptivo sobre la suficiencia de las dotaciones presupuestarias para las plazas convocadas.

g)      Debe señalarse el hecho relevante y significativo de que en ninguno de los documentos que conforman los diferentes expedientes administrativos –ni en las memorias justificativas ni en los informes de los órganos consultivos o de control, como son la Dirección General de Servicios Jurídicos o la Inspección General de Servicios- se contiene mención alguna a las obligaciones de inclusión en oferta de todos los puestos vacantes ocupados por personal interino, como se establece en el artículo 10.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero. No es posible limitar la referencia al Estatuto Básico del Empleado Público al artículo 70, en el que se configura la Oferta de Empelo Público como un instrumento de ordenación de la función pública, y omitir el régimen material del derecho de acceso al empleo público, en el que se viene a desarrollar el derecho fundamental contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución Española, y conforme al cual resulta obligatoria la inclusión en la Oferta de Empleo Público de todos aquellos puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos, salvo que se prevea su amortización.

Particularmente significativa resulta la omisión de toda referencia a dichos preceptos, toda vez que el incumplimiento de los mismos ha motivado la anulación de las Ofertas de Empleo Público de 2007, 2010 y 2011, del Gobierno de Aragón, por sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ignorar los criterios establecidos por tales sentencias, mediante la interpretación que sobre el alcance del derecho de acceso a la función pública han establecido los Tribunales, supone una clara reincidencia en el desprecio al contenido esencial del derecho fundamental afectado, y una falta de motivación que permite considerar nuevamente lesionado el citado derecho fundamental previsto en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: TRASPASOS Y PROPUESTAS PARA LA NUEVA LEGISLATURA.



En la tarde del pasado jueves, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, y de acuerdo con el orden del día fijado en la convocatoria previamente remitida y publicada en el blog, para conocimiento general, conforme a los criterios de transparencia establecidos, tuvo lugar la prevista reunión de la Junta Directiva de la Asociación.

Tras la aprobación del orden del día propuesto y del acta de la reunión anterior, celebrada el día 21 de mayo de 2015, el Presidente pasa a realizar un breve informe de la actividad desarrollada desde la anterior reunión de la Junta, empezando por la ejecución de los acuerdos adoptadas en dicha sesión. De conformidad con lo acordado, se ha promovido recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales contra los Decretos del Gobierno de Aragón que aprobaron la Oferta de Empleo Público para 2015, relativa a los sectores de administración general, personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, al haber considerado que los mismos no garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público ni en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyos preceptos se viene a dar desarrollo a las condiciones de ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución Española. Debido al carácter abreviado de los trámites de este procedimiento especial, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha remitido ya a la Asociación, como parte actora, los expedientes administrativos correspondientes a los tres Decretos de Oferta impugnados, al objeto de que formulemos el escrito de demanda con anterioridad al próximo día 2 de julio. Toca, por lo tanto, en estos días realizar un detallado análisis del contenido de dichos expedientes, al objeto de fundamentar el recurso promovido: la fundamentación, al igual que en anteriores procesos, no solo se referirá a la motivación insuficiente de los Decretos aprobados –al no quedar en ningún caso acreditado que el número de plazas incluidas es el que exige la normativa aplicable-, sino también al cuestionamiento de la aplicabilidad de las tasas de reposición de efectivos a los puestos ocupados por funcionarios interinos, lo que directamente vulnera el régimen establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y, consecuentemente, como ya señaló el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de octubre de 2010, afecta al contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública, incurriendo en una vulneración del derecho.

Asimismo, se comunicó a los responsables de la Asociación contra la corrupción y por la regeneración social (ACCORS) la voluntad de suscribir con ellos un acuerdo de colaboración para el impulso de medidas de prevención de la corrupción en el sector público, habiendo recibido la plena conformidad de dicha entidad, de manera que queda solo convenir lugar y fecha para proceder a la firma del citado convenio, al entender oportuno que dicha firma sirva de motivo para mantener un contacto directo entre las dos asociaciones.

El Presidente informa del escrito dirigido al nuevo Presidente de las Cortes de Aragón, al objeto de felicitarle por su nombramiento y darle a conocer la labor de nuestra Asociación, y la actividad que en estos ochos años hemos llevado a cabo en el ámbito parlamentario, con numerosos escritos dirigidos a los Grupos Parlamentarios y el ejercicio del derecho de petición ante la Cámara o las comparencias efectuadas ante sus Comisiones.

Seguidamente, se aborda la posible adopción de medidas en relación con la destrucción documental en Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la que tuvimos noticia en la Asociación por diferentes fuentes, y frente a la cual reaccionamos con diferentes escritos a todos los miembros del Gobierno de Aragón y a los Secretarios Generales Técnicos de todos los Departamentos, queja al Justicia de Aragón y denuncia a la Inspección General de Servicios, debiendo acordarse por la Junta Directiva la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas de mayor alcance, como la posible denuncia al Ministerio Fiscal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras intenso debate entre todos los asistentes, vista la respuesta dada por el Consejero de Presidencia y Justicia, en la que se niega la destrucción de documentos de valor oficial o patrimonial –aunque se reconoce la destrucción de otra documentación-, y la información de que la destrucción se ha detenido como resultado de las escritos remitidos, se acuerda aguardar al resultado de las actuaciones que puedan realizar tanto la Inspección General de Servicios como el Justicia de Aragón. No obstante, se plantean como posibilidades de actuación, para prevenir la repetición de hechos como éstos en el futuro, la posibilidad de dirigir un escrito a los nuevos responsables de los Departamentos, así como reclamar de la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos la fijación de criterios claros relativos a los documentos generados en las Consejerías –por el Consejero y sus órganos de apoyo directo-, e incluso plantear una comparecencia parlamentaria, conjuntamente con APUDEPA, para alertar sobre las medidas que deben aplicarse para la debida conservación de la documentación administrativa y el especial cuidado que ha de tenerse en los procesos de traspaso de poderes.

Por último, se aborda el proceso de cierre del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, mediante el sometimiento de sus contenidos –tal y como fueron conocidos en la asamblea ordinaria de la asociación por todos los socios- a un doble proceso de consulta: general a través de su inserción por entregar en el blog asociativo, y particular mediante la remisión de su contenido a un conjunto de personas expertas, al objeto de someter las medidas formuladas a observaciones o críticas que puedan permitirnos reconsiderarlas o matizarlas. En dicho proceso, ya se ha comenzado a recibir diferentes observaciones, las cuales sin duda van a contribuir a mejorar y completar el documento inicialmente elaborado, lo que viene a confirmar el acierto que supuso abrir esta fase de contraste externo del Documento, aun renunciando a su cierre con anterioridad a la celebración de las elecciones autonómicas.

lunes, 29 de junio de 2015

INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: ESCRITO AL CONSEJERO CAMPOY.



Es más fácil aprobar leyes que aplicarlas, sobre eso no hay la menor duda. Pero la credibilidad de las instituciones públicas queda en entredicho precisamente con esta mala práctica en la que parece incurrir de manera reiterada el Gobierno de Aragón, consistente en desvincularse de las obligaciones que fijan las leyes, incluidas las que vienen promovidas por él mismo. Todo ello lleva a pensar en la inconsistencia de los compromisos que se recogen en muchas leyes, que permanecen incumplidos muchos años después de su aprobación o, a lo sumo, se cumplen solo de forma aparente.

Fallan no solo el Gobierno, sino también las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón al no supervisar de manera estricta el cumplimiento de los mandatos legales que se dirigen al Gobierno. El Legislativo reenvía al Gobierno el desarrollo de las normas que aprueba, y luego parece despreocuparse de si este desarrollo se lleva a cabo o no, es decir, si el Ejecutivo acata los mandatos de las Leyes aprobadas. Si el Gobierno desconoce el carácter vinculante de las normas, éstas se ven claramente devaluadas y el Estado de Derecho queda abiertamente en entredicho. No estamos hablando de un asunto menor, aunque para muchos resulte ya normal el incumplimiento de las leyes.

Por eso entendemos, y así lo hemos señalado en nuestro Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, que las Cortes de Aragón han de dotarse de una unidad destinada al seguimiento y control del cumplimiento por el Gobierno de Aragón de aquellos mandatos recogidos en las leyes autonómicas. Dicha labor ha de llevarse a cabo en estrecha colaboración con el Justicia de Aragón, entre cuyas misiones se encuentra la de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, y dicha tutela ha de comenzar por el cumplimiento de los mandatos de desarrollo reglamentario que la Ley dirige al Gobierno de Aragón.

La inactividad normativa del Gobierno de Aragón –o el directo incumplimiento de las previsiones legales, como ocurre en el caso de la Ley de calidad de los Servicios Públicos- ha de ser un elemento a supervisar por las instituciones, y también por los ciudadanos, y va a constituir una de las prioridades por parte de esta Asociación, pues el cúmulo de incumplimientos existente supone una de las principales quiebras del principio de legalidad en nuestra Comunidad Autónoma.

En tal sentido, hemos querido poner de relieve alguno de los incumplimientos de la Ley de calidad de Servicios Públicos en que ha incurrido el Departamento de Hacienda y Administración Pública, con los que queda en entredicho la verdadera voluntad del Gobierno de Aragón al impulsar la citada norma legal.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:


“Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública
Plaza de los Sitios, 7
50071-Zaragoza

Zaragoza, 26 de junio de 2015.

Estimado señor:

El Gobierno de Aragón, durante la legislatura que concluye, mediante el ejercicio de la iniciativa legislativa promovió una norma dirigida a reforzar la calidad de los servicios públicos de la Administración Autonómica, dando lugar a la aprobación, por las Cortes de Aragón, de la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha Ley, entre sus diferentes previsiones, contempla la aprobación por el Gobierno de Aragón de un Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se incluirán las medidas de calidad que hayan de implantarse en los distintos ámbitos de gestión de las políticas y servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

La propia Ley, en su disposición final segunda, señala que el Gobierno de Aragón deberá aprobar dicho Plan en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Pese a ello, y transcurridos ya prácticamente dos años desde dicha fecha, no nos consta que el Gobierno de Aragón haya elaborado ni aprobado el citado Plan.

Igualmente, la citada Ley contempla la creación de la Comisión para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos, entre cuyas funciones fijadas por el artículo 29.2 de la Ley figura la de “elaborar un informe anual sobre la calidad de los servicios públicos, su grado de aplicación y las mejoras que propone”. Tampoco nos consta la elaboración de dichos informes anuales, ni tenemos siquiera constancia del funcionamiento de la referida Comisión, cuya presidencia corresponde al Consejero competente en materia de calidad de los servicios públicos.

Como Asociación preocupada por la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública, cuya realización guarda directa conexión con la calidad de la gestión pública, nos vemos en la necesidad de expresarle nuestra protesta por el incumplimiento en el que se ha incurrido por su Departamento en el desarrollo de la Ley de calidad, entendiendo que ello lastra la credibilidad de las políticas de mejora de la gestión pública y constituye una hipoteca para actuaciones futuras en esta materia.

Hemos insistido, a lo largo de esta legislatura, en relación con diferentes medidas de calidad –como es la aprobación de las cartas de servicios- que la calidad no es una alternativa a la legalidad, pues el cumplimiento de las leyes resulta ineludible, sino un complemento dirigido a su mejor ejecución, y nos vemos obligados a reiterarlo una vez más, al constatar la inaplicación en la que se ha incurrido por su Departamento en relación con los principales compromisos establecidos por la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La política de calidad de los servicios públicos sigue siendo, por lo tanto, una asignatura pendiente de nuestra Administración, a cuya superación en nada contribuye la aprobación de normas que quedan, posteriormente, incumplidas.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

viernes, 26 de junio de 2015

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: ASIGNATURA PENDIENTE E INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.



La evaluación de las políticas públicas, tanto en el momento de su diseño como a lo largo de su ejecución, constituye una asignatura pendiente de la Administración de la Comunidad Autónoma. No por falta de regulación, pues el control de eficacia y de eficiencia sobre el cumplimiento de objetivos por los órganos administrativos y la utilización de los recursos disponibles se haya regulado en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma desde 1996, sin que hasta la fecha se conozca la realización de una sola auditoría administrativa. Acumulamos, por lo tanto, en esta materia un incumplimiento que se prolonga durante dos décadas. La evaluación no es solo una asignatura pendiente, también es la historia de un incumplimiento legal, que no ha parecido preocupar a nadie.

Tal antecedente es suficiente para contemplar con enorme escepticismo las previsiones que establece, en materia de evaluación de políticas públicas, la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta Ley reserva a la evaluación de políticas públicas una regulación mínima, y prevé la creación de la Comisión para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos, entre cuyas funciones apenas se contienen referencias a la evaluación de políticas públicas, primando sobre ella la evaluación de las medidas de calidad, que poco o nada tiene que ver con el análisis y evaluación de políticas públicas.

Tras dos años de vigencia de la Ley 5/2013, se desconoce cualquier estrategia elaborada por la citada Comisión para la implantación de un modelo de evaluación de las políticas públicas. No consta siquiera que la Comunidad Autónoma haya suscrito, con dicha finalidad, convenio de colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), para aprovechar la experiencia y metodología de dicha entidad de cara al impulso de un programa real de evaluación de políticas públicas.

La evaluación de las políticas públicas, sin embargo, no se puede desligar de otras técnicas igualmente necesarias en el diseño y ejecución de las políticas públicas, como son la planificación y el seguimiento, o el previo análisis de necesidades como requisito imprescindible para cualquier diseño realista de políticas públicas, con fijación de objetivos claros y determinación de los recursos aplicados a su ejecución y desarrollo.

La evaluación ha de comprender desde la fase de diseño de las políticas públicas –identificando necesidades, objetivos y estrategias- hasta la valoración de los resultados una vez ejecutadas. Por ello no es posibles evaluar en un contexto en el que no existe un adecuado proceso de diseño de políticas públicas, no existe hábito de planificar –o se aprueban planes carentes de credibilidad y seguimiento- ni se establecen indicadores que permitan conocer el grado de efectividad y eficiencia de una intervención pública. El fin de toda evaluación es también el aprendizaje para una mejor toma de decisiones, que permita modificar o descartar políticas ineficaces, para gestionar mejor los recursos públicos y atender en forma más adecuada las necesidades sociales.

Las evaluaciones han de quedar sujetas al principio de “publicidad activa”, dentro del modelo de transparencia de la gestión pública, de manera que los contribuyentes y ciudadanos puedan conocer el coste y los resultados efectivos de toda intervención pública.

Debemos, no obstante, interrogarnos si estamos ante un cambio real en la gestión pública o ante una nueva norma retórica, sin consecuencias prácticas, cuyo incumplimiento vendrá a añadirse al ya señalado de la Ley de Administración, cuyas previsiones no han sido derogadas, sin que la coexistencia de ambas normas haya merecido la menor reflexión de los responsables de la Calidad y la Evaluación en nuestra Administración.

RESPUESTA DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA AL ESCRITO SOBRE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS CONSEJERÍAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



Tras las informaciones recibidas sobre la destrucción de documentación que se venía realizando en diferentes Consejerías del Gobierno de Aragón, ante el inminente cambio de Gobierno derivado de los resultados electorales del pasado mes de mayo, desde esta Asociación nos dirigimos a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, a la Consejera de Educación, Dolores Serrat, y al resto de los miembros del Gobierno de Aragón, expresándoles nuestra alarma ante tales informaciones, y procedíamos a señalarles que tales actuaciones vulnerarían la normativa de patrimonio cultural y de función pública, en las que se establece el deber de conservación de toda la documentación oficial o administrativa de los entes públicos, y podrían asimismo ser constitutivas de un delito contra la Administración Pública, como infidelidad en la custodia de documentos públicos.

Igualmente nos hemos dirigido al Justicia de Aragón, solicitando su intervención inmediata para constatar los hechos señalados y requerir el estricto cumplimiento de la normativa, dando traslado en su caso de los hechos al Ministerio Fiscal, si entendiese que pudieran revestir relevancia penal.

Finalmente, se ha dirigido escrito a todos los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos, reclamando su intervención para asegurar el cumplimiento de las normas, y se ha formulado denuncia ante la Inspección General de Servicios, para que proceda a la investigación de los hechos y a la adopción de las medidas disciplinarias que resulten precisas a la vista de los resultados de la investigación realizada.

A los señalados escritos, por el momento se ha dado respuesta desde el correo electrónico del Consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, mediante una nota, sin firma ni autoría expresa, en la que se rechazan los hechos señalados, si bien en su párrafo final se reconoce destrucción documental, motivada por la limpieza de los despachos que han de ocupar los nuevos titulares del Gobierno y su personal de confianza, pero se afirma que tal destrucción (la ha habido, por lo tanto) no ha afectado a expedientes oficiales sino a documentación manejada en el trabajo diario, sin ningún tipo de valor oficial o patrimonial.

Desconocemos, pues nada se dice sobre ello, si se han respetado los criterios –si es que existen en relación a la documentación propia manejada o generada por Consejeros y órganos de apoyo- por parte de la Comisión de Valoración de Documentos Administrativos, y si ha sido consultada y oída la Comisión Asesora de Archivos, para determinar cuál pueda ser la documentación administrativa sin valor oficial o patrimonial que cabe destruir sin medida de garantía alguna. Todo parece indicar, por el contrario, que las Consejerías –como entorno administrativo de los Consejeros- han carecido hasta la fecha del debido control en cuanto a la documentación oficial generada, y que ello ha posibilitado prácticas irregulares y contrarias al deber de conservación y custodia de los documentos.

Esperamos, no obstante, que tanto el Justicia de Aragón como la Inspección General de Servicios, en el ejercicio de sus respectivas funciones de control, constaten de manera efectiva si, como se señala en el correo remitido, no se ha destruido documentación oficial, o si ésta ha sido, precisamente, el objeto principal de la labor de limpieza realizada, para dejar los despachos no solo limpios, sino también carentes de parte de la información necesaria para el adecuado ejercicio de las responsabilidades públicas por parte de los nuevos miembros del Gobierno de Aragón.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del correo de respuesta:

Mensaje original----
De: 
consejeropresidencia.j@aragon.es
Fecha: 
22/06/2015 14:17
Para: 
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Asunto: Re: escrito de queja
 
Buenos días,
le adjuntamos la respuesta 
a su queja.
 
Gracias por su atención
 
TEXTO ADJUNTO:


A la atención de Julio Giral (sic) Pelegrín, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

En relación a su escrito del 20 de junio, le indico que:

-Si esta Asociación tiene pruebas de que se está produciendo esta destrucción que las aporte, que cite los Departamentos y los Organismos donde tiene constancia de que se haya producido. No se pueden lanzar acusaciones de estas características sin ningún fundamento.

-Este Gobierno ha tenido un escrupuloso cuidado en el cumplimiento de la Legalidad, y así lo va  a tener hasta el final de su mandato. En cumplimiento de esta Legalidad, la documentación oficial y expedientes son custodiados por los correspondientes órganos gestores de la Administración autonómica.

-Toda la documentación oficial se halla custodiada por los empleados públicos, y toda ella se pondrá a disposición de los siguientes responsables políticos.

-No se puede confundir la orden impartida para que los despachos queden limpios y prestos para la utilización se las personas que se incorporen al nuevo Gobierno, con la destrucción de documentos oficiales. La destrucción que se pueda haber producido tiene que ver con esta orden y, en su caso, no ha afectado a expedientes oficiales, sino a documentación manejada en el trabajo diario, sin ningún tipo de valor oficial o patrimonial”.