martes, 21 de marzo de 2017

PULSO INSTITUCIONAL CONTRA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.



La noticia de que el Gobierno de España impugnará ante el Tribunal Constitucional la Ley aprobada por las Cortes de Aragón que dio la “supuesta cobertura jurídica” a la Oferta de empleo extraordinaria en el ámbito de sanidad vuelve a mostrarnos la realidad que parece no querer reconocer el Gobierno de Aragón, y que no es otra que su total falta de congruencia en materia de función pública y la ausencia de compromiso real con la profesionalización de la Administración autonómica y con el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.

Es llamativo y escandaloso observar cómo los recursos públicos, de una y otra Administración, se dedican a cercenar un derecho constitucional de los ciudadanos, como es el reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, impidiendo con ello que los ciudadanos accedan en condiciones de igualdad a la función pública, a través de procesos selectivos conforme a criterios de mérito y capacidad.

El Gobierno de Aragón se ha negado a aceptar y ejecutar sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, favorables al ejercicio del derecho de acceso, tras declarar nulas y contrarias al citado derecho fundamental las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. Prefiere entender, de manera contraria a lo señalado por el Tribunal, que las tasas de reposición de efectivos contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado impiden la inclusión de dichas vacantes, debiendo primar dicho límite presupuestario sobre el contenido esencial del derecho definido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, ha planteado sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia favorables al derecho de acceso de los ciudadanos.

Las mismas razones que invoca el Gobierno de Aragón en sus recursos de casación al Tribunal Supremo, para anular las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, son las que esgrime el Gobierno de España al promover su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley autonómica aragonesa que facultaba inaplicar las tasas de reposición de efectivos en el ámbito de sanidad. Nada, por lo tanto, puede sorprender al Gobierno de Aragón: o acaso puede contrariarle el hecho de que su tesis, defendida a capa y espada, se vuelva contra él en el ámbito de la oferta sanitaria, aprobada a regañadientes por los responsables de la función pública autonómica.

Mientras los Servicios Jurídicos de una y otra Administración se dedican a torpedear aquellas normas y sentencias que favorecen el acceso a la función pública, los ciudadanos ven cómo el ejercicio de su derecho fundamental es cercenado de forma reiterada y resulta alarmante observar cómo el Estado de Derecho queda reducido a mero campo de batalla jurídica de quienes han decidido vaciar de contenido real los derechos constitucionales de los ciudadanos, rivalizando todos ellos en el grado de desprecio a la legalidad democrática.

En ese escenario es necesario y urgente mantener una estrategia de defensa del derecho fundamental y del Estado de Derecho, perseverar en la reivindicación de una Administración profesionalizada y comprometida con la legalidad, y en ese empeño se mantiene firme esta Asociación, con sus limitados recursos.

viernes, 10 de marzo de 2017

LA CAPACIDAD DE RECTIFICAR VISTO EL FRACASO DEL PROCESO SELECTIVO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: UNA DECISIÓN ADECUADA DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.



Ha trascendido ya la posición final que adoptará el Departamento de Hacienda y Administración Pública en relación con las graves anomalías producidas en el proceso selectivo de Auxiliares Administrativos, de las que cabe responsabilizar no tanto al Tribunal de Selección actuante como a los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, a los que corresponde asegurar que el contenido de las convocatorias de los procesos selectivos y las pautas de actuación de los tribunales de oposición no dejen margen para situaciones como las producidas en dicho proceso.

No es de recibo que las decisiones de un órgano de selección sean objeto de desautorización por órganos que carecen de competencia para ello, menoscabando sus prerrogativas legales para aplicar las bases de la convocatoria. La renuncia en bloque de los miembros del Tribunal designado para realizar dicho proceso selectivo fue una decisión proporcionada a la injerencia cometida por parte de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y la actuación del segundo Tribunal, al dictado del criterio de la citada Dirección General, una clara desvirtuación del proceso selectivo.

No cabe duda que los perjudicados por todo lo sucedido son los opositores que concurrían a dicho proceso selectivo, en el ejercicio de su derecho de acceso a la función pública, tan deficientemente garantizado por la Administración de la Comunidad Autónoma. A ellos debiera la Administración tener presentes no solo para corregir lo sucedido en este proceso sino para introducir criterios de gestión que eviten la reiteración de actuaciones similares, con el consiguiente daño para las personas y para el propio interés público.

No podemos tampoco olvidar que el proceso convocado lo fue en ejecución de sentencia obtenida por esta Asociación por la irregular e insuficiente aprobación de las ofertas de empleo público de 2007 y 2011, al no incluirse en las mismas la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, entendemos que la solución a arbitrar por el Departamento de Hacienda y Administración Pública debía estar presidida por la exigencia de asegurar la restauración del derecho lesionado, ofertando a los ciudadanos las plazas inicialmente omitidas.

Es difícil, a la hora de enderezar o recomponer un proceso selectivo fallido, contentar a todas las personas afectadas por el mismo, pero la solución no ha de estar dirigida a hacer prevalecer unos intereses sobre otros –por legítimos que puedan resultarles a los diferentes afectados-, sino a asegurar el derecho de todos, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad de los opositores, y también el interés general de la Administración, que se concreta en la selección de funcionarios de nuevo ingreso para el desempeño de las plazas convocadas.

Entendemos, por ello, que la solución final adoptada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, a la vista del dictamen del Consejo Consultivo de Aragón –cuyo contenido concreto desconocemos-, es la correcta y celebramos que, en este caso, la Administración haya sido capaz de rectificar en vía administrativa y adoptar una decisión valiente, reconociendo los errores cometidos y reponiendo las actuaciones para asegurar a todos los interesados el ejercicio de su derecho, a la vez que se procura la satisfacción de las necesidades de la propia organización administrativa.

Debe repetirse con plenas garantías el proceso selectivo de Auxiliares Administrativos, en los términos señalados por el Consejo Consultivo de Aragón, y deben exigirse las oportunas responsabilidades en que hayan podido incurrir los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, pues dicha responsabilidad es la mínima satisfacción que cabe ofrecer a todos los perjudicados por las anomalías del proceso selectivo.

Esta Asociación se va a dirigir al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, para felicitarle por su capacidad de rectificación ante los fallos en los que han incurrido los órganos de su Departamento –dando con ello sentido revisor a los recursos de alzada presentados contra las decisiones adoptadas por los órganos de selección, sin contentarse con la valoración de los hechos ofrecida por la propia Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, cuya actuación ha quedado claramente en entredicho por el dictamen del Consejo Consultivo-, y va a reiterarle la necesidad de reforzar las garantías de seguridad jurídica en los procesos selectivos para evitar que situaciones como la señalada puedan volver a producirse, con el consiguiente daño a los ciudadanos y a la credibilidad de la propia Administración.

jueves, 2 de marzo de 2017

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: PETICIÓN DE LOS INFORMES QUE JUSTIFICAN LA IMPROCEDENCIA DE OFERTAS DE EMPLEO SIN PREVIA LEY DE PRESUPUESTOS.



Ante las reiteradas declaraciones de los responsables de función pública, como son el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, sobre la inviabilidad de aprobar ofertas de empleo público y realizar procesos selectivos en la actual situación de prórroga presupuestaria, sin que se hayan aprobado, para el ejercicio 2017, Ley de Presupuestos Generales del Estado ni Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde esta Asociación hemos solicitado que se nos trasladen los informes jurídicos que sostienen dicha inviabilidad.

Queremos saber qué informes existen y qué órgano los suscribe, y queremos igualmente saber cuáles son los argumentos jurídicos en los que basan tal criterio sobre inviabilidad de ofertas, pues esta Asociación sostiene justamente lo contrario: nada impide aprobar ofertas de empleo público en ausencia de presupuesto, pues los criterios para su aprobación están expresamente establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, sin que la interposición de la Ley de Presupuestos resulta precisa para proceder a la aprobación de las respectivas ofertas de las diferentes Administraciones Públicas.

La prórroga presupuestaria de los créditos de gastos de personal de 2016 habilita para cubrir aquellas plazas dotadas o cubiertas por personal interino, dado que su provisión mediante personal de nuevo ingreso, a través de procesos selectivos conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad, no conlleva incremento de gasto económico que precise de una autorización adicional, y supone una obligación de hacer de las Administraciones para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición de información remitido al Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón:


JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y EXPONE.

Que uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, tal y como establece el artículo 23.2 de la Constitución Española, y ha sido objeto de desarrollo por parte del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece la obligación de incluir en la Oferta anual de Empleo Público de cada Administración aquellas plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se acuerde proceder a su amortización.

Que la garantía del respeto a dicho derecho, y a las condiciones legales a que han de ajustarse las ofertas de empleo público que corresponde aprobar a cada Administración Pública, no precisa de la aprobación de ley anual de presupuestos, pues la prórroga de las partidas de gastos de personal que cubren las plazas vacantes dotadas, estén o no provistas por personal interino, posibilitan su cobertura a través de personal de nuevo ingreso, garantizando con ello el régimen de selección conforme a principios de mérito y capacidad que señala el artículo 103 de la Constitución Española.

No obstante lo anterior, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se viene insistiendo en la imposibilidad de aprobar ofertas de empleo público o convocar procesos selectivos en tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, reiterándose igual tesis por parte del titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, se solicita copia de todos aquellos informes jurídicos, remitidos por parte de la Administración General del Estado o elaborados por los servicios propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los que se justifique o razone la citada imposibilidad de aprobar oferta de empleo público o convocar procesos selectivos mientras no se aprueben las respectivas leyes presupuestarias.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.
Zaragoza, 2 de marzo de 2017

miércoles, 1 de marzo de 2017

APERTURA DE UNA NUEVA ETAPA ASOCIATIVA: HACIA UNA ASAMBLEA ANUAL DE RENOVACIÓN.



Tras la reciente celebración del décimo aniversario de la Asociación, con un intenso acto público en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, el pasado 15 de febrero de 2017, la Junta Directiva en su reunión de ayer acordó la convocatoria de la próxima asamblea anual asociativa para el próximo 28 de marzo, en la que tocará, principalmente, renovar la mitad de los miembros de la Junta, incluidos los cargos de Presidente y Tesorero, y revisar, como guía de actuación, el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al comienzo de la presente legislatura.

Se cerrarán en dicha asamblea anual diez años de actividad, procediendo a la apertura de un nuevo periodo de trabajo, en el que intensificar tanto las líneas de actuación hasta ahora establecidas, en especial la reivindicación y defensa del derecho de acceso a la función pública, como elemento primordial para asegurar una función pública profesionalizada, conforme a principios de mérito y capacidad, y poner en pie otros proyectos nuevos, como puedan ser un Observatorio de la Función Pública –a articular con otras organizaciones y entidades del conjunto de España-, desde el que poder realizar un seguimiento de la evolución de la función pública, de su problemática, de sus alternativas y de los debates en torno a su futuro, o una amplia coalición o plataforma cívica para impulsar medidas dirigidas a incrementar la calidad democrática de nuestras instituciones públicas.

Debemos convertir a los servidores públicos en agentes activos de la regeneración institucional, con un compromiso inequívoco con los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública que han de presidir la organización y actividad de todas las Administraciones Públicas y del conjunto de las instituciones políticas, y remarcar su orientación hacia la realización de los derechos de los ciudadanos, para dar desarrollo pleno al programa constitucional que proclama los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, mediante un correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, como las dos grandes decisiones que definen nuestro modelo político de convivencia.

Es necesario que los servidores públicos asuman como tarea indelegable el uso público de la razón, interviniendo como un actor más en el debate colectivo sobre las reformas que reclama una sociedad democrática para que la actividad institucional sea acorde a sus valores y sirva para reforzarlos y dignificar la vida colectiva. No es posible inhibirse en esta tarea, eludir la responsabilidad que nos corresponde, desistir de nuestra responsabilidad cívica.

A dicha tarea convocamos desde esta Asociación a todos los servidores públicos que aspiran a una función pública mejor, plenamente comprometida con los principios democráticos y valores constitucionales, con el servicio público, el interés general, los derechos de los ciudadanos y la construcción de una sociedad decente y civilizada, en la cual el papel de las instituciones resulta decisivo. Desde las decisiones acordadas en la futura Asamblea a celebrar el 28 de marzo aspiramos a reforzar el papel de esta Asociación en ese exigente programa que a todos nos toca atender.

viernes, 24 de febrero de 2017

LA NECESARIA MEJORA DE LAS INSTITUCIONES AUTONÓMICAS: PETICIÓN AL JUSTICIA DE ARAGÓN.



Desde esta Asociación hemos formulado, a lo largo de los años, diferentes propuestas de mejora del funcionamiento de las diferentes instituciones públicas, convencidos de que éstas han de estar en un proceso constante de evaluación y revisión de sus deficiencias, sin admitir que las carencias o defectos constatados, ya sea en su diseño organizativo o en sus formas de actuación, se mantengan a lo largo del tiempo, erosionando su credibilidad y su funcionalidad en el conjunto de la actividad pública.

Las instituciones no están exentas, más bien al contrario, del desgaste impuesto por el paso del tiempo, por la dificultad de cumplir fielmente su cometido y por los errores acumulados en el desarrollo de su actividad, con independencia de a quién quepa imputarlos. También es necesario que las instituciones cuenten con la flexibilidad adecuada para adaptarse a las circunstancias cambiantes y a la evolución de la sociedad, a cuyas necesidades se halla orientada toda su actividad.

Por ello, entendemos que los primeros interesados en revisar de forma periódica la calidad de funcionamiento de una institución son los propios responsables de la misma, sin perjuicio de contar en tal tarea con otros agentes capaces de detectar las posibles carencias en su forma de actuar.

En tal sentido, nos hemos dirigido al titular de la Institución del Justicia de Aragón, animándole a llevar a cabo un análisis de la regulación y funcionamiento de la Institución, y realizar una propuesta de mejoras, señalándole las que nuestra Asociación ha considerado relevantes, pues la continuidad y la inercia no pueden ser la forma adecuada de desenvolvimiento de la actividad institucional. Hay que introducir estándares crecientes de exigencia, máxime en el contexto actual de desconfianza ciudadana y descrédito de los poderes públicos.

La reclamada regeneración institucional ha de abordarse, en buena medida, a través de este proceso de necesaria autoevaluación por parte de cada institución, con un proceso abierto, y unas conclusiones sometidas al debate público, que puedan servir de instrumento o guía para una posterior reforma y puesta al día de las mismas. Creemos que en Aragón el Justicia de Aragón podría dar un primer paso en dicha dirección, marcando con ello una pauta de conducta extensible al resto de las instituciones autonómicas.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Justicia de Aragón:


Excmo. Sr. Justicia de Aragón
C/ Juan de Aragón, 7
50001-ZARAGOZA

Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

Estimado señor:

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad dedicada a la formulación de propuestas de buen gobierno y buena administración, así como a la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de las Administraciones Públicas, hemos destacado siempre la importancia que corresponde al diseño y actuación de las instituciones públicas en cualquier objetivo de calidad democrática.

Convencidos de ello, deseamos sugerirle la oportunidad de que, como institución encargada de la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y de la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y defensa del Estatuto de Autonomía, ámbitos sobre los que incide de manera directa la actuación de los diferentes poderes públicos, impulse actuaciones de oficio tendentes al análisis del diseño y funcionamiento de las instituciones públicas autonómicas y a la formulación, en su caso, de propuestas de mejora de las mismas, para un mejor desempeño de sus respectivas funciones, mejorando con ello su rendimiento institucional.

Creemos que, para ello, sería relevante que la propia institución del Justicia de Aragón, tras los muchos años de funcionamiento que ha acumulado como institución de la Comunidad Autónoma de Aragón, realizara una evaluación de su actual regulación, organización y funcionamiento, y lo hiciera de manera abierta a la opinión de ciudadanos, expertos, entidades sociales y restantes instituciones, incluidas aquellas sobre las que ha venido realizando su labor de fiscalización y control.

Esta Asociación, tal y como refleja en su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al comienzo de la actual legislatura, considera oportuno reforzar las facultades jurídicas de la institución del Justicia de Aragón –particularmente, en la defensa del ordenamiento jurídico aragonés y de la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón-, revisar el procedimiento de nombramiento de su titular, dando participación a la ciudadanía en el mismo, permitiendo la presentación de candidatos por parte de entidades ciudadanas, y proceder a la profesionalización del personal de la Institución encargado de la tramitación de las quejas de los ciudadanos y del desempeño de otras tareas de contenido jurídico, debiendo acomodar su régimen al modelo de función pública constitucional, corrigiendo el uso generalizado e indebido del personal eventual.

Asimismo, creemos que constituye un caso reseñable de inaplicación del ordenamiento jurídico aragonés la falta de desarrollo de lo previsto en la Ley reguladora del Justicia respecto a la figura del Lugarteniente, lo que da lugar a que la propia institución incurra en aquello que tiene por mandato evitar, como es la reiterada inaplicación de las normas, con el consiguiente menoscabo del principio de legalidad.

Entendemos, en definitiva, que por parte de esa Institución sería oportuno impulsar, en el ámbito de cada institución pública, medidas tendentes a la permanente evaluación de la calidad de su diseño y actividad, así como de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a sus respectivos cometidos, y que el mejor modo de llevar a cabo tal propuesta sería comenzar por una evaluación de la Institución del propio Justicia de Aragón, sometiendo a análisis su actual regulación, organización, procedimientos de actuación y resultados obtenidos en los diferentes campos de su mandato institucional.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba nuestro más atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

miércoles, 22 de febrero de 2017

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 28 DE FEBRERO DE 2017.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes 28 de febrero

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 28 de febrero de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad del Presidente.
  4. Preparación de la asamblea anual de la Asociación.
  5. Elaboración de página web.
  6. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 22 de febrero de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

jueves, 16 de febrero de 2017

ACTO CONMEMORATIVO DEL 10º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN: INTERVENCIÓN DE JULIO GUIRAL.



Ayer por la tarde, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, con un magnífico ambiente de público, tuvo lugar el acto conmemorativo de los primeros diez años de nuestra Asociación.

El acto se abrió con una intervención del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, en la que sintetizó la trayectoria de la Asociación, sus planteamientos fundacionales y el horizonte hacia el que encaminar los esfuerzos futuros, pues confiamos en que los próximos diez años de actividad resulten todavía más fecundos que los ahora cumplidos.

En esta nota se reproducen, de manera íntegra, las palabras de su intervención:

Palabras de presentación del acto conmemorativo del Décimo aniversario de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Buenas tardes,

El motivo de este acto es celebrar los 10 años de la existencia de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Esta intervención no pretende recopilar ni glosar los logros y fracasos obtenidos en estos 10 años de actividad, sino  manifestar nuestra voluntad de continuar y mejorar. En representación de la Asociación, espero hacerlo con claridad y brevedad.

En primer lugar,  debo formular una serie de agradecimientos,

-         A los miembros de la mesa de hoy, Teresa Soler, Manuel Contreras y José Manuel Aspas, por su desinteresada participación, y a todos los presentes que nos acompañáis en este día de aniversario.

-         A nuestra procuradora, Soledad Gracia,  y a nuestro abogado, José Manuel Aspas, al que tenemos hoy en la mesa del coloquio

-         A todas las personas que, de forma constante o temporal, han formado parte de esta Asociación

-         A todas las personas que han apoyado nuestra labor y asistido a nuestros actos.

-         A quien diseñó el blog que hemos mantenido estos largos años
 
-         Al Tesorero, que nos ha permitido sobrevivir en las penurias .

-         A todos los que han sido miembros de las sucesivas  Juntas Directivas y que han contribuido a marcar el rumbo de la asociación

-         A los responsables de ADAMS, por su decisiva ayuda en el momento oportuno.

-         A la productora Pandora BOX TV por el excelente documental y por su apoyo y las facilidades que nos han dado y por el diseño regalo del logotipo.

-         A todos los que han confiado en nuestro trabajo y han entendido necesaria nuestra presencia

Insistiremos en la creencia de haber demostrado que no somos un sindicato, ni un lobby de funcionarios para mejorar nuestro estatus, y tampoco una organización sectorial o corporativa, sino una entidad que se siente parte de la sociedad civil europea.

Renunciamos en estatutos a recibir ayudas económicas públicas, lo que ha  implicado superar con dificultad el pago de costas y depender en exceso del apoyo desinteresado de los profesionales del derecho que trabajan y mucho, gratis et amore.

Objetivos fundacionales.

Hace 10 años en una asamblea que nos pareció multitudinaria y muy creativa, se  definieron los siguientes objetivos que cabría sintetizar del modo siguiente:

1.    La defensa de la legalidad, el giro ético y la profesionalización  y despolitización de la función pública.

2.    No aceptar un discurso de cuestionamiento de  las instituciones, insistiendo en su valor y en su necesaria mejora y en la de sus procedimientos, para avanzar hacia objetivos de mayor calidad democrática.

3.    Todos nuestros objetivos van orientados a formular un programa permanente de buen gobierno y buena administración, y definir el papel de la función pública en ese doble horizonte.


¿Qué ha pasado en estos diez años?

Lo habéis seguido en el blog y un poco en la prensa. Esto es un breve y parcial resumen :

ü     Hemos vivido años agitados: Incomprensión sindical, desprecios de los políticos, presión contra la asociación desde el poder político. En algún momento ha hecho mella, pero ha prevalecido la voluntad de seguir.

ü     Vivimos también tensiones internas que produjeron bajas en la asociación, al tocar temas sensibles (remuneraciones ilegales, libre designación o asesores que no ejercían), porque defender la función pública no implica defender privilegios para los funcionarios.


Pensamos que hemos ejercido a lo largo de estos años:

1) La defensa de la función pública frente a su proyecto de desmantelamiento, con el bloqueo de las  ofertas de empleo y la constitución e hipertrofia de un sector empresarial público que pretendía suplantar a la Administración y cuyo personal ejercía tareas reservadas a funcionarios.

2) La defensa jurídica del derecho fundamental de acceso a la función pública: 5 sentencias judiciales favorables anularon cinco ofertas de empleo del Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho fundamental, pero esta batalla jurídica está aún muy lejos de concluirse (seguimos con 4 procesos en marcha).

3) La defensa del derecho constitucional de petición:  obtuvimos amparo del Tribunal Constitucional a nuestro derecho de petición ante las Cortes de Aragón Sentencia y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente al Presidente del Gobierno de Aragón, por vulneración de este derecho.

4) La reclamación de la publicidad y transparencia en los nombramientos del personal eventual y sobre los niveles de interinidad en las distintas administraciones públicas.

5) Hemos elaborado al inicio de cada legislatura unos Documentos de propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, con una fría acogida por parte de los grupos políticos.

6) Hemos reclamado de manera reiterada el desarrollo de las previsiones de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, e ininterrumpidamente hemos conmemorado durante estos años el Día Internacional contra la Corrupción cada 9 de diciembre.

7) Hemos planteado propuestas e iniciativas de interés para avanzar en materia de buena administración y calidad democrática ante la práctica totalidad de las instituciones públicas españolas y alguna de la UE.

Nos hemos esforzado, en definitiva, en aportar argumentos nuevos sobre temas variados y en rebatir viejos y asentados tópicos, como es el caso de las tasas de reposición de efectivos, que a nuestro juicio son un límite inconstitucional al derecho de acceso a la función pública.

¿Cómo hay que seguir tras estos 10 años?

Estamos determinados a continuar nuestra actividad, aunque son necesarios cambios de actitud y organización. Ser más modernos y eficaces y abiertos al cambio.

Debemos adentrarnos en campos de actuación nuevos para impulsar la regeneración institucional (aunque sea una palabra desgastada por mal uso o abuso).  

Defendiendo un modelo de función pública que no sea el del botín de los afiliados a los partidos políticos, y en el que estar mal visto por los dirigentes políticos no sea determinante para la carrera profesional.

Deberemos impulsar que se legisle sobre un modelo de función pública profesional y despolitizada, con un acuerdo básico entre los partidos políticos con vocación de gobierno.

Es preciso el desarrollo en la práctica de las exigencias éticas en la conducta de los funcionarios, en parte enunciadas en el EBEP. Y que tales actitudes y aptitudes sean consideradas en la selección y en la promoción.

Debe asegurarse el derecho de acceso a la función pública sin supeditarlo a los intereses de promoción de los que ya están dentro, un sistema nuevo para seleccionar a los mejores candidatos con una visión integral, la exigencia de formación continua y el refuerzo del compromiso ético y del desarrollo profesional.

Debe prevenirse la corrupción con una ética sólida de la función pública y fijar un sistema de alertas para prevención de las malas prácticas y la corrupción: un sistema no burocrático que ofrezca efectiva protección de los alertadores y con refuerzo de los órganos de inspección, evaluación y control.

Debe mejorarse el diálogo entre sociedad e instituciones, y en especial los cauces de comunicación entre las ONG y los parlamentos y Gobiernos, en especial a través del derecho constitucional de petición.
Debemos reivindicar el papel, frente a la descalificación interesada, de Defensores del pueblo y Tribunales de Cuentas, reforzando su independencia y la profesionalización del personal a su servicio.

Es preciso avanzar en la profesionalización y autonomía efectiva de los órganos de control interno, como son la Intervención e Inspección de Servicios.

Hay que impulsar una verdadera política de transparencia con libre acceso a la información generada por la Administración y al estado de las actuaciones, en cuyo diseño participen los ciudadanos.

Y establecer un Observatorio de la Función Pública, para analizar el estado y evolución de la función pública y hacer frente a la constante manipulación de la información en esta materia.

Desearíamos también superar el limitado marco local y nacional, interesándonos por el marco europeo, el respeto de los derechos fundamentales y la situación de la función pública de otros países, como parte de nuestro compromiso social, con especial atención a las situaciones más críticas (Turquía , Rumanía).

Esperamos superar la falta de interés, el absentismo intelectual  y la inacción en estos campos de actuación. No desconocemos las dificultades del debate, la fortaleza de los que se oponen a los cambios y la necesidad de trabajar con nuevos métodos, incluidos los más incisivos.

Nuestra idea es seguir actuando como lobby no corporativo en defensa del interés general –reivindicando la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en todas las Administraciones- y afrontando todas las dificultades.

Invitamos a todos a aportar ideas e iniciativas. Todas serán bienvenidas, aunque también convenientemente tamizadas por nuestros principios asociativos. Y nos fijamos como objetivo alcanzar la masa crítica de 100 socios para poder seguir adelante con todas las iniciativas.

Concluyo finalmente, dando las gracias por vuestro aliento, apoyo y participación

miércoles, 15 de febrero de 2017

DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE COMPROMISO.



Esta Asociación ha cumplido diez años de trabajo, de recorrido, de existencia, desde la celebración de su asamblea constitutiva el 14 de febrero de 2007, en Zaragoza.

Y queremos celebrarlo hoy con un acto público en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, a partir de las 18:30 horas, acto que consistirá en una breve exposición del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, con la posterior proyección del documental "Corrupción, el organismo nocivo", de Pandora Box TV, y un posterior coloquio, en el que, junto al Presidente de la Asociación, participarán Teresa Soler, codirectora y guionista del documental, José Manuel Aspas, abogado y responsable de las acciones judiciales promovidas por la Asociación en defensa de la legalidad constitucional y administrativa, y Manuel Contreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Agradecemos a todos ellos su presencia y disponibilidad.

Es motivo de celebración acumular diez años de actividad a nuestras espaldas, pero la ocasión y la celebración que hemos querido organizar con tal motivo, no tiene tanto la finalidad de hacer recuento de logros obtenidos en este tiempo pasado, como la intención de reafirmar nuestra voluntad de seguir trabajando en la promoción de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, con el fin de que la Administración pueda cumplir el papel constitucional que tiene asignado, y que no es otro que servir con objetividad el interés general, dando concreción a las políticas impulsadas por los gobiernos que expresan la voluntad de los ciudadanos, desde el respeto a las normas que impone el Estado de Derecho, y el compromiso con el mejor funcionamiento de los servicios públicos de nuestro Estado social, vital para lograr la cohesión social.

La Administración ha de estar a la altura de las circunstancias y saber responder a las exigencias de nuestra sociedad. Debe ser un mecanismo de legitimación de nuestro sistema político e institucional –democracia parlamentaria, Estado social de Derecho, Estado autonómico-, por su inequívoco compromiso con la legalidad y el interés general de todos los ciudadanos, y los primeros obligados a conseguir tal objetivo somos los servidores públicos, quienes trabajamos profesionalmente en el seno de las Administraciones Públicas, convencidos del valor intrínseco del servicio público.

Ha valido y vale la pena defender la función pública como institución al servicio del programa de libertad e igualdad que es nuestra norma constitucional. No importan las resistencias que hayan de vencerse en dicha tarea, ni los costes asumidos por comportamientos a contracorriente del poder político o del conformismo general. Estamos satisfechos de la labor realizada –con sus luces y sombras- y tenemos voluntad de seguir trabajando otros diez años más, con el mismo entusiasmo y compromiso, y animamos a todos a sumarse a este esfuerzo colectivo por hacer que el ser y el deber ser de las Administraciones tiendan a identificarse, superando el divorcio creciente que viven en la actualidad.

viernes, 10 de febrero de 2017

REIVINDICACIÓN PERMANENTE DEL ESTADO DE DERECHO.



Frente a quienes creen que basta la voluntad mayoritaria de los ciudadanos para tomar una concreta decisión, porque así lo dicta el principio democrático, o quienes consideran que las personas democráticamente elegidas cuentan con una legitimidad política que les faculta para adoptar cualquier medida, hay que recordar el pleno sometimiento de todos, ciudadanos y poderes público, al ordenamiento jurídico, como nota propia de un Estado de Derecho.

Desde esta Asociación hemos puesto siempre énfasis especial en reclamar el pleno respeto al principio de legalidad y alertar sobre el grave riesgo que entraña la “banalización de la ilegalidad”, la aceptación de que las normas pueden dejar de cumplirse sin que de ello se derive daño alguno para nadie.

Son numerosos, por ejemplo, los preceptos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que no se respetan por el Gobierno de Aragón, y su reiterada vulneración ha llegado a calificarse, por parte de algún responsable de la Dirección General de la Función Pública, como una “crisis de vigencia”. Si las leyes perdieran su vigor para hacerse respetar, como parecen creer algunos responsables políticos, la quiebra del Estado de Derecho estaría asegurada.

La ley es la principal garantía que tiene el ciudadano frente al abuso de poder, frente a la anómala arbitrariedad institucional y también frente a las lesiones a sus derechos provocadas por otros particulares. Sin una firme creencia en el valor de la ley, y sin mecanismos de aseguramiento del debido respeto a la misma, todos quedaríamos a merced de la arbitrariedad de los demás, ya sean particulares o poderes públicos.

Por eso, nuestro diseño institucional tiene que ser capaz de impedir o depurar todas aquellas conductas que constituyen una clara agresión al respeto de las leyes –sobre las que se asienta la convivencia democrática y tienen amparo los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos-, razón por la cual siempre hemos confiado en las instituciones que encarnan la fortaleza del Estado de Derecho –sin dejar de reclamar por ello su constante mejora-, pues son la imprescindible garantía frente a los excesos de la democracia política.

Es necesario recordar que democracia y ley no pueden ser elementos antagónicos, pues justamente la legalidad propia de un Estado de Derecho es la que tiene legitimidad democrática –y es expresión de la voluntad popular- y solo cabe reconocer como democracia a aquella que se desenvuelve dentro del marco jurídico que vincula por igual a ciudadanos y poderes públicos. Nadie está por encima de la legalidad, todos han de ser iguales ante la ley, sin discriminación posible, y nada puede invocarse para justificar el desprecio a la legalidad o su inaplicación.

Esta Asociación considera por ello que la reivindicación de la fortaleza del Estado de Derecho, al que sirve una función pública profesionalizada y fuertemente comprometida con el principio de legalidad, es una absoluta prioridad.

El valor del Estado de Derecho se percibe en la vida cotidiana de las sociedades –en la seguridad jurídica que genera el respeto a reglas y derechos-, pero también en los momentos de crisis y graves desafíos, ya sea el secesionismo territorial que pretende romper el marco constitucional, como sucede en España, o la adopción de medidas arbitrarias y discriminatorias que atentan contra los principios constitucionales y los derechos de las personas, como sucede en estos momentos con ciertas decisiones del actual Presidente de los Estados Unidos.

jueves, 9 de febrero de 2017

INVITACIÓN AL ACTO CONMEMORATIVO DEL 10º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN, ORGANIZADO PARA EL PRÓXIMO DÍA 15 DE FEBRERO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ARAGÓN.



Durante estos días, desde la Asociación, hemos estado remitiendo a todo tipo de instituciones y entidades políticas y ciudadanas, así como a personas individuales, un escrito de invitación al acto programado para celebrar el 10ª aniversario de la Asociación, constituida precisamente el 14 de febrero de 2007.

Dada la imposibilidad material de llegar a todos los destinatarios que desearíamos, procedemos a publicar en este blog el escrito de invitación, de manera que todas las entidades y personas que deseen acompañarnos en dicho acto, puedan considerarse invitadas al mismo.

Rogamos a todas aquellas personas que valoran de forma positiva la actividad desarrollada por esta Asociación que nos muestren su apoyo mediante la asistencia al acto previsto y la difusión de la convocatoria del mismo en su entorno.

Se reproduce a continuación el escrito de invitación remitido:

“Zaragoza, 7 de febrero de 2017.

Estimados señores:

Como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa deseo invitarles al acto público conmemorativo del décimo aniversario de nuestra Asociación, que tendrá lugar el próximo día 15 de febrero, miércoles, a partir de las 18:30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón ( C/ Doctor Cerrada, 22, Zaragoza).

Nuestra Asociación fue constituida en Zaragoza en febrero de 2007, como entidad comprometida con el impulso de medidas de buen gobierno y buena administración, para reforzar la calidad democrática, y con la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de las Administraciones Públicas, para fortalecer el Estado de Derecho.

Deseamos celebrar el 10º aniversario de nuestra constitución con todos nuestros socios y todos aquellos que comparten los objetivos de nuestra asociación y consideran importante un papel activo de los servidores públicos en la defensa de los valores democráticos y de los principios constitucionales y reafirmar nuestra voluntad de seguir impulsando la labor que nos propusimos en un inicio.

El acto programado, tras una breve presentación, consistirá en la proyección del documental “La corrupción, el organismo nocivo”, de Pandora Box TV, en el que se aborda el importante papel de los servidores públicos en la prevención y denuncia de la corrupción pública, y un posterior coloquio en el que, junto al Presidente de la Asociación, intervendrán Teresa Soler, codirectora y guionista del documental; José Manuel Aspas, abogado y responsable de los recursos judiciales promovidos por la Asociación en defensa de la legalidad constitucional y administrativa; y Manuel Contreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.

Nos resultaría grato que pudieran compartir con nosotros una reflexión sobre la necesidad de un esfuerzo del conjunto de la sociedad civil y de las instituciones públicas para acometer la necesaria regeneración de nuestra vida pública así como también la promoción de una ética cívica que haga de la sociedad (tanto ciudadanos como entidades sociales) un factor de impulso y vigilancia de la calidad democrática de nuestro marco institucional.

Esperando contar con su presencia en dicho acto, reciban un muy cordial saludo.

Julio Guiral”