viernes, 22 de mayo de 2015

NECESIDAD DE CAMBIO AL CONCLUIR EL GOBIERNO DE LUISA FERNANDA RUDI CON UN POBRE, MUY POBRE BALANCE.



Al inicio de una legislatura, todas las promesas parecen realizables, los nuevos responsables no dudan de su capacidad para modificar el estado insatisfactorio de las cosas –que tanto han criticado desde la oposición-, pero no tarda mucho en imponerse la realidad que se esconde tras los slogans y las promesas electorales –las hipotecas que llevan a reproducir y mantener los vicios criticados, cambiando únicamente a los beneficiarios de los mismos-, y así cualquier pretensión de renovación cede rápidamente ante los intereses establecidos y las malas prácticas políticas arraigadas.  Desaparece la credibilidad de quienes se anunciaban como regeneradores y comienza una operación de propaganda, para hacer creer a todos que se está haciendo lo contrario de lo que se hace. Todo ello queda muy lejos de lo que significa gobernar

La profesionalización pretendida –o, al menos, anunciada- da paso a la colonización política de diferente signo, y la quiebra interna de la función pública –y del clima laboral de la organización- no hace sino avanzar, alcanzándose nuevas cotas de arbitrariedad y de degradación de la gestión pública. El Gobierno que renegaba de las convalidaciones de gasto público –como demostración del desgobierno del equipo anterior- ha sido incapaz de corregirlas en sus cuatro años de mandato, y dejará numerosas facturas sin pagar por no hallarse respaldadas por contratos válidos. El Gobierno que se quejaba de las deudas acumuladas en prestaciones para personas en situación de dependencia al inicio de esta legislatura, no ha hecho sino incrementarlas exponencialmente, empujando a los ciudadanos hacia una situación de total desconfianza en el funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales. La incompetencia y la mala gestión ha estado presente en ésta y en otras muchas áreas de la gestión pública. Basta para comprobarlo la simple lectura de los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Aragón.

Todas las disfunciones de la Administración permanecen intactas o agravadas –sin perjuicio de insuficientes avances en materia de transparencia, como la posible consulta sobre el estado de ocupación de las relaciones de puestos de trabajo-, y la función pública autonómica carece de la más elemental hoja de ruta que marque su evolución futura. El Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón naufraga en las Cortes de Aragón, y la normativa de función pública se administra sin criterio alguno, cumpliendo aquello que apetece y olvidando lo que interesa.

El Estado de Derecho, con la sujeción de la Administración al principio de legalidad como una de sus principales señas de identidad, no se respeta, se arrincona como algo en desuso, y frente a la reivindicación de legalidad de tantos ciudadanos el discurso del Gobierno apela a la calidad y la transparencia. Finalmente, no tenemos ni legalidad, ni calidad ni transparencia. La cortina de humo levantada, sin embargo, se disipará en la jornada electoral de este domingo, y la realidad de la Administración quedará plenamente al descubierto en próximas fechas, cuando la Cámara de Cuentas levante su silencio sobre los informes de fiscalización de la gestión de este equipo de gobierno.

Necesitamos cambios profundos en el ámbito de la Administración Pública, porque los ciudadanos no se merecen un aparato burocrático que lastra el desarrollo de la sociedad, y que abandona las tareas estratégicas que le corresponde llevar a cabo para favorecer el desarrollo y el bienestar colectivo. Una Administración incapaz de trabajar con respeto a las leyes y con resultados acordes a los recursos consumidos reclama una reforma radical, en sus estructuras y en sus hábitos de trabajo.

Los empleados públicos han de dejar de ser unos trabajadores por cuenta ajena con un régimen jurídico privilegiado frente a los trabajadores del sector privado, y pasar a ser verdaderos servidores públicos, garantes de la legalidad y de la eficacia administrativa. Pero el horizonte deseable para dotarnos de verdaderos servidores públicos exige cambios en todos los niveles, en el nivel de gobierno, en el de la dirección administrativa y en la actitud de todos y cada uno de quienes hoy por hoy trabajamos en la función pública, olvidando en muchas ocasiones la responsabilidad social que nos corresponde, y por la cual se nos garantiza un estatuto jurídico que incluye la inamovilidad de nuestra condición.

Reclamamos una legislatura de cambios reales, cambios que no se agotan con otro color político del Gobierno, sino con un cambio en las formas de gobernar, en el sentido de la acción política, en la concepción del papel que corresponde a las Administraciones Públicas y en la idea de la responsabilidad social que han de asumir los servidores públicos para contribuir a la calidad de nuestra democracia y al aseguramiento de la dignidad de todos los ciudadanos, tanto en su relación con los poderes públicos como en sus condiciones de vida.

Queremos una Administración que deje de estar sometida a la arbitrariedad del poder político, y que esté al servicio de la democracia y de los ciudadanos, aplicando las políticas determinadas por quienes cuentan con la confianza de los representantes de los ciudadanos. Queremos una Administración consciente del nivel de exigencia y solvencia que impone el actual momento de nuestra sociedad.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: LEGALIDAD EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, REGENERACIÓN INSTITUCIONAL Y OBSERVATORIO.



En la tarde de ayer, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme al orden del día previsto en la convocatoria previamente remitida y hecha pública en este blog, conforme a los criterios de transparencia establecidos, tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de esta Asociación.

Tras la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior, correspondiente al 7 de mayo de 2015, el Presidente señala que la actividad desarrollada desde la anterior reunión de la Junta ha quedado reflejada en las diferentes notas hechas públicas en el blog asociativo, y que dada la escasa disponibilidad de tiempo para el desarrollo de la reunión, interesa centrarse directamente en las dos decisiones que corresponde adoptar conforme al orden del día, como son la decisión de promover o no recurso judicial contra la Oferta de Empleo Público para 2015, aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado 5 de mayo, y de aprobar la oferta de colaboración en la actuación contra la corrupción con la Asociación contra la corrupción y por la regeneración social (ACCORS), de acuerdo con el ofrecimiento realizado por parte de esta asociación de ámbito nacional. No obstante, se informa brevemente a todos los asistentes de que, dentro del proceso establecido para la aprobación del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, se han remitido ya las invitaciones a un amplio número de personas –todas ellas vinculadas al ámbito de la función pública- para que puedan actuar como Grupo de Contraste –con sus observaciones y aportaciones- al borrador de documento elaborado internamente por la Asociación, permitiendo con ello dar cabida a sugerencias y observaciones externas que la Junta Directiva estime oportunas y congruentes con los objetivos de la Asociación.

De acuerdo con ello, se pasa a analizar las posibles actuaciones respecto a la Oferta de Empleo Público de 2015 –que se concreta en tres Decretos del Gobierno de Aragón, relativos respectivamente a los sectores de administración general, personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, aprobados el 5 de mayo de 2015, y publicados en el Boletín Oficial de Aragón de 14 de mayo de 2015-, acordándose promover contra todos ellos un recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, al entender que los mismos no garantizan el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se viene a dar desarrollo al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Las altas tasas de interinidad existentes en la Administración autonómica hacen inaceptable las cifras de plazas incluidas en las Ofertas aprobadas, resultando igualmente lesivo para tal derecho el dato de que las plazas reservadas para la promoción interna superen las destinadas al turno libre de acceso. El desequilibrio entre turno libre y promoción interna, cuestionable en sí mismo, resulta inadmisible en el actual contexto de elevada interinidad, lo que conlleva la obligación de reclutar personal de nuevo ingreso, y de desempleo, en el que las Administraciones debieran ser particularmente sensibles a crear opciones para las personas en busca de trabajo –muy especialmente para los jóvenes universitarios que se están viendo forzados a buscar oportunidades de empleo fuera de España-, todo lo cual hace particularmente aberrante el predominio de la promoción interna sobre el acceso libre a la función pública. Un derecho legal de promoción reconocido a los empleados públicos no debe nunca primar, por su relevancia, sobre un derecho fundamental de los ciudadanos, pero en una situación como la actual no solo nos parece antijurídico sino socialmente reprobable. No resulta admisible que el personal interino de la Administración, en determinadas Escalas y Clases de especialidad, no tenga ninguna opción de optar a la condición de funcionario de carrera, al tiempo que sus plazas quedan afectadas a procesos de promoción interna, de manera que estos procesos pueden determinar que el resultado derivado de la ejecución de las ofertas sea una disminución de efectivos, al provocar movilidad interna de funcionarios de carrera y ceses de funcionarios interinos a los que no se garantiza el derecho de acceso que les reconocen la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Asimismo, la fundamentación de los recursos a promover contra los tres Decretos de Oferta aprobados por el Gobierno de Aragón debe conectarse con la oposición que viene sosteniendo la Asociación contra la técnica de las tasas de reposición de efectivos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que no podemos admitir como límite válido al ejercicio de un derecho fundamental, siendo radicalmente opuestas al sistema de selección establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.

En cualquier caso, y dado que la ejecución de las Ofertas han de corresponder al Ejecutivo que salga de las elecciones del domingo 24 de mayo de 2015, se establece la posibilidad de que un posible acuerdo con los nuevos responsables de Función Pública, en el sentido de rectificar y ampliar el número de plazas de las Ofertas aprobadas, pudiera justificar, en su caso, la retirada de los recursos por entender satisfecha extraprocesalmente nuestra petición.

Seguidamente, tras breve deliberación, se aprueba el texto de posible acuerdo de colaboración a establecer con la Asociación contra la corrupción y por la regeneración social (ACCORS), dentro del cual nuestra Asociación desea poner especial énfasis en la difusión del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificado por España en 2006, y particularmente en la implantación de todas aquellas medidas de prevención de la corrupción del sector público, por su decisiva aportación a cualquier programa de regeneración institucional que se plantee o impulse.

Finalmente, dentro del apartado de ruegos y preguntas, se plantea el posible enfoque y ámbito que correspondería dar a la propuesta de Observatorio del Acceso al Empleo Público, de ámbito estatal, cuya articulación se desea realizar con las asociaciones de funcionarios existentes en el conjunto de España y con las principales academias o centros de preparación de oposiciones. Dicho Observatorio contaría con una doble actividad: de seguimiento de las ofertas y procesos selectivos desarrollados por las diferentes administraciones públicas, para evaluar sus condiciones de desarrollo; y de análisis sobre el nivel de respeto del derecho de acceso  en las diferentes administraciones. La actividad del Observatorio se concretaría en un Informe anual –y un ranking de respeto al derecho de acceso por las diferentes administraciones- y en un conjunto de recomendaciones que se haría públicas y se remitirían a todas las instituciones llamadas a asegurar el respeto del derecho, como órganos ejecutivos o de control.

Concluye la reunión con el compromiso de continuidad en el desarrollo de todas las actividades actualmente en marcha, y con la voluntad de mantenimiento de las posiciones de la Asociación en la próxima legislatura, con independencia de los resultados electorales. El mayor pluralismo en las Cortes de Aragón que vaticinan las elecciones autonómicas y la voluntad de regeneración de la mayor parte de las fuerzas políticas que concurren a las mismas abren un nuevo escenario propicio para que las iniciativas de esta Asociación sean consideradas por las instituciones.

jueves, 21 de mayo de 2015

UNIR ESFUERZOS CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA.



Meses atrás nos hicimos eco en este blog de la constitución de la Asociación contra la corrupción y por la regeneración social (ACCORS), cuya sola existencia celebramos como signo de movilización de la sociedad civil –con importante presencia de personas vinculadas a la función pública- frente al fenómeno de la corrupción pública, cuya incidencia en el desprestigio de las instituciones públicas y en deterioro de la vida democrática no es posible menospreciar.

Es necesario sumar esfuerzos entre todos aquellos que sienten una verdadera preocupación por la pérdida de calidad de nuestra democracia, y por ello recibimos en su día con satisfacción la invitación hecha por la nueva Asociación, ACCORS, para colaborar en el impulso conjunto de medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

Tras un periodo de maduración de los posibles términos de colaboración, y entendiendo que la misma debe centrarse en aquellas medidas que contempla la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 para el sector público, nuestra Asociación aprobará hoy, en la reunión de su Junta Directiva, los términos del acuerdo de colaboración a suscribir con ACCORS, de manera que en los próximos meses podamos plantearnos las primeras actuaciones conjuntas, dirigidas a la divulgación de la Convención de Naciones Unidas y al control de las medidas adoptadas por el Gobierno de España para asegurar su aplicación en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del borrador de Acuerdo de colaboración a suscribir:


“ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE ACCORS Y LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA, PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POR LA REGENERACIÓN SOCIAL


En Madrid, a         de junio de 2015.



REUNIDOS

De una parte, D.ª Elena Vicente Rodríguez, como Presidenta de la Asociación contra la corrupción y por la regeneración social (ACCORS)

De otra, D. Julio Guiral Pelegrín, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa


MANIFIESTAN

1. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida en 2007 para la promoción y defensa de los valores constitucionales de la función pública tiene entre sus fines prioritarios el fortalecimiento de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el seno de las Administraciones Públicas, de manera que los servidores públicos contribuyan activamente a la garantía del Estado Derecho, a la satisfacción del interés general y de los derechos de los ciudadanos, y a la prevención de cualquier modalidad de corrupción pública.

2. ACCORS es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo prioritario es la lucha contra la corrupción exigiendo un ejercicio ético y responsable de las Instituciones públicas y privadas. Uno de los objetivos de ACCORS es verificar que las Organizaciones Públicas y Privadas actúan de manera transparente y contraria a cualquier tipo de corrupción.

3. Ambas partes declararan expresamente:

a)      Que la corrupción es una práctica inadmisible en la vida democrática y generadora de enormes perjuicios para la sociedad en su conjunto.

b)       Que la corrupción frena el desarrollo económico, socava la democracia y daña la justicia social y el Estado de Derecho.


c)        Que garantizar la transparencia en la gestión pública y privada, despolitizar las instituciones, disponer de una Justicia independiente y eficaz, y una actuación ejemplarizante de los organismos reguladores y de las instituciones de control de la actividad pública son elementos claves para la prevención de la corrupción y para la recuperación de los valores sociales de integridad que deben presidir la sociedad.

d)       Y que la responsabilidad y la cooperación entre las distintas organizaciones resultan determinantes para prevenir conductas corruptas y para proteger a la sociedad de los riesgos de distorsión que genera la corrupción.


4. La prevención y sanción de la corrupción constituye una línea de actuación fundamental en todo programa de regeneración institucional, cuyo marco de referencia internacional lo constituye la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008. El desarrollo e impulso de sus medidas constituye un objetivo compartido por ambas organizaciones.



Con base en todo ello,


ACUERDAN



1. ACCORS y la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se reconocen recíprocamente como interlocutores cualificados en las materias que constituyen sus respectivos ámbitos de actividad.

2. ACCORS y la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa colaborarán activamente en la realización de estudios, actos y eventos dirigidos a la difusión del contenido de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y a la implantación en España de sus previsiones, principalmente las previstas respecto al sector público.

3. ACCORS y la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa impulsarán la formación ética en el seno de las Administraciones Públicas, la implantación de Códigos Éticos de Conducta y el establecimiento de cauces de alerta ética a través de los cuales, con las debidas garantías, los empleados públicos puedan comunicar al órgano competente todo acto de corrupción del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

4. La Asociación para la Defensa de la Función Pública comunicará a ACCORS cualquier caso de corrupción o de prácticas irregulares que conozca, con el fin de impulsar las medidas necesarias para su investigación y corrección en su caso, colaborando a tal fin con la Fiscalía Anticorrupción.

5. ACCORS y la Asociación para la Defensa de la Función Pública promoverán la transparencia pública y la rendición de cuentas, así como la participación ciudadana en el control y evaluación de la gestión pública, para reforzar la integridad de las instituciones públicas y su decidido compromiso con la legalidad, el interés general y los derechos de los ciudadanos.

6. Ambas organizaciones se comprometen a actuar con plena transparencia, tanto ante sus miembros como ante el conjunto de la ciudadanía.

Y, en los términos de la mejor buena fe, firman el presente documento las partes, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


La Presidenta de ACCORS,

     
El Presidente de la Asociación para la   Defensa de la Función Pública Aragonesa”

miércoles, 20 de mayo de 2015

DOS MIL NOTAS DE BLOG PRECEDEN YA A LA DE MAÑANA.



En un recorrido que excede ya los ocho años, este blog ha acumulado un total de dos mil notas, número al que llegamos en esta semana electoral de mayo. Esas dos mil notas –resultado de una labor sostenida en el tiempo, unas veces con entusiasmo, y otras con simple disciplina-  son la expresión del trabajo de reflexión y de acción realizado por esta Asociación en defensa de la función pública, reivindicando el papel que corresponde a la función pública en el aseguramiento del Estado de Derecho y de la convivencia democrática.

Una labor ingente –imposible de acometer- a la que hemos tratado de dedicarnos, de forma muy desigual, en todos estos años, y en la que hemos cosechado escasos resultados, aunque algunos de ellos, como las sentencias en materia de oferta de empleo público, nos parecen suficientes para recompensar el prolongado esfuerzo desplegado en la defensa del derecho de acceso a la función pública, en la que hemos querido simbolizar nuestra demanda de respeto a la legalidad constitucional, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la profesionalidad de la propia función pública.

Tal vez la actividad de este blog, y sobre todo la existencia de la Asociación que tiene detrás y a la que sirve de cauce de expresión, no deba medirse por los resultados obtenidos –siempre limitados en relación con los objetivos perseguidos-, sino por la resistencia ejercida frente a la arbitrariedad administrativa de quienes han dirigido la Administración autonómica a lo largo de las dos últimas legislaturas, así como por la exigencia del respeto a la legalidad, incluyendo la demanda de mayores niveles de ética pública en el conjunto de la gestión pública.

No debemos olvidar los episodios de abusos y corrupción pública que han sido objeto de denuncia en este blog, ante el silencio generalizado, ya fuese el uso fraudulento de los puestos de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón –que denunciamos a la Fiscalía General del Estado- o los ilegales incrementos retributivos pactados entre Administración y sindicatos, con total vulneración de las normas presupuestarias, algo que los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón prefirieron ignorar.

Lo escrito, escrito está. Es imposible desconocer –ni tampoco olvidar- los episodios de degradación que hemos experimentado como Administración, y menos aún ignorar la falta de coraje cívico con que los hemos afrontado. No hay ni habrá regeneración real ni relegitimación social sin el reconocimiento de los abusos en los que se ha incurrido, incumpliendo las reglas más elementales a las que se debe un servidor público. Esperar la prescripción o el olvido de los hechos no es el camino para recuperar la ética perdida, y sobre ello debiéramos reflexionar todos, pero sobre todo los sindicatos de la función pública que consideraron como conquista social histórica un acuerdo fraudulento e ilegal.

La batalla ética continúa. La corrupción que veíamos a nuestro alrededor –en las oficinas administrativas, y en nuestras nóminas- la señalábamos en nuestras notas, para descartar así cualquier pacto de silencio que pudiera suponerse. Esas denuncias reflejaban solo una mínima parte de la enorme corrupción alojada en la vida pública y privada española, que hoy lastra nuestra vida institucional y democrática, y que hace más gravosas las consecuencias de la crisis económica que padecemos.

Frente a quienes nada quieren aprender de lo sucedido, y siguen creyendo que puede valer una Administración que se ha mostrado incapaz de evitar el mal uso de los recursos públicos y el grave incumplimiento de la legalidad, hemos de seguir insistiendo en este blog, mientras seamos capaces de ello, sobre la necesidad inaplazable de una toma de conciencia sobre la responsabilidad que corresponde a todo servidor público, entre la que consideramos incluida la  necesidad de organizarnos colectivamente para seguir denunciando la arbitrariedad y la corrupción pública a la que debemos enfrentarnos. Para seguir reclamando una Administración profesional y firmemente comprometida con la legalidad y la eficacia, con el servicio a los ciudadanos y la profundización democrática.

Otras notas deberán reflejar, por lo tanto, la acción de esta Asociación en la próxima legislatura, en la que nuevamente habrá de poner a prueba su coherencia y su independencia.

URGE REACCIONAR CONTRA LA PEREZA, LA INERCIA Y LA DEGRADACIÓN.



La realidad de la Administración no puede entenderse sin reconocer el hecho de que muchos responsables y funcionarios públicos han renunciado al principio de exigencia que obliga a gestionar con eficacia y respeto a la legalidad. Hay proyectos que no salen, normas que decaen por falta de impulso, y a nadie parece importarle. No hay cultura ni compromiso con los resultados, en muchos casos el trabajo carece de calidad porque se sabe condenado al fracaso. De todo eso hay abundantes ejemplos en la actual legislatura.

Ni la calidad ni el cumplimiento de las normas –objetivo que parece inalcanzable en estos momentos-, ni la satisfacción del interés general ni el servicio eficaz a las necesidades de los ciudadanos parecen hoy verdaderos compromisos de la Administración de la Comunidad Autónoma. La carencia de objetivos en la gestión es manifiesta y el poco escrúpulo en la tramitación de los procedimientos es noticia constante en la prensa –basta con observar la gestión del Ingreso Aragonés de Inserción o la falta de reconocimiento de las prestaciones a las personas en situación de dependencia, pero se podrían señalar con total seguridad otros muchos ejemplos-, si bien todo ello parece insuficiente para generar un verdadero cambio de actitud por parte de los gestores públicos, instalados en su lógica de ineficiencia y de autojustificación.

Necesitamos una reacción generalizada frente a este estado de cosas, rechazar las rutinas y las inercias que nos han conducido al actual nivel de inoperancia en amplias parcelas de la Administración Pública. La calidad de la gestión queda permanentemente cuestionada en los informes emitidos por el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas –que no muestran sino una mínima parte de las deficiencias de la gestión pública-, sin que ello merezca la menor autocrítica por parte de los responsables públicos. Resulta más sencillo descalificar al órgano de control, y seguir negando la evidencia del profundo deterioro de la gestión pública.

El cambio de legislatura constituye una magnífica oportunidad para superar la insostenible actitud que tantos mantenemos en el ámbito de las Administraciones Públicas, aceptando, como si fuera una fatalidad inevitable, el continuo incumplimiento de las normas o el despilfarro injustificable de recursos públicos. Sin legalidad, profesionalidad y ética pública, no cabe esperar que los ciudadanos reconozcan ninguna legitimidad social a quienes trabajamos en las Administraciones Públicas.

Confiamos en que la nueva realidad política resultante de las elecciones del próximo 24 de mayo de 2015 abra una oportunidad real para someter a crítica la situación de la gestión de los servicios públicos y posibilite afrontar, sin complejos de ningún tipo, todas las deficiencias que aquejan a las Administraciones públicas aragonesas, rechazando la inercia y la inacción a la que tantos parecen haberse abandonado en estos años, con total dejación de su deber de responsabilidad y su obligado compromiso con la legalidad y la eficacia.

martes, 19 de mayo de 2015

EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA RELATIVA AL PROCESO SELECTIVO DE ADMINISTRADORES SUPERIORES.



El Justicia de Aragón ha comunicado la admisión a supervisión de la queja planteada por esta Asociación en relación con el proceso selectivo de Administradores Superiores, correspondiente a la oferta complementaria de 2007, en el que, al margen de los principios de legalidad, igualdad y publicidad, se aplican criterios diferentes a los establecidos en las bases de la convocatoria del proceso.

La queja señala el incumplimiento de las bases de la convocatoria en el que incurre la Administración –tanto el Instituto Aragonés de Administración Pública como el Tribunal de selección actuante- al contemplar la exención de pruebas a candidatos de anteriores procesos selectivos –en atención a la calificación obtenida en alguno de los ejercicios-, cuando tal opción no se recoge ni en las bases de la convocatoria ni en el Decreto de Oferta aprobado. Cualquier excepción al principio de igualdad –como son las exenciones de realización de pruebas- que se produzca en el desarrollo de un proceso selectivo ha de estar legalmente contemplado y, sobre todo, previsto en las bases de la convocatoria del propio proceso selectivo, requisitos que no se cumplen en el presente caso.

Los errores en la aplicación de la excepción irregular motivaron incluso la realización de una segunda convocatoria del primer ejercicio para dos candidatas a las que se había eximido equivocadamente de la realización del ejercicio, rompiendo con ello la unidad del proceso y dando lugar con ello a una nueva arbitrariedad en la actuación del órgano de selección, al apartarse en ambos casos de las bases de la convocatoria sin el menor problema, en el ejercicio de una mal entendida “soberanía” que entra de ello en la prohibida derogación singular de reglamentos, al excepcionar sin base jurídica alguna la aplicación de las bases de la convocatoria a una serie de candidatos.

Tras la admisión a trámite, el Justicia de Aragón ha procedido a solicitar información sobre los hechos al Departamento de Hacienda y Administración Pública, como responsable de dicho proceso selectivo. Esta Asociación espera que la actuación del Instituto Aragonés de Administración Pública y del propio Tribunal actuante reciba la rotunda desautorización del Justicia de Aragón, y a la vista de la misma los candidatos afectados puedan ejercer las acciones oportunas.

No entra dentro de nuestros planes promover acciones judiciales tendentes a la anulación del proceso, ya que ello perjudicaría indebidamente a aquellos candidatos inmersos en el proceso selectivo, pero entendemos que correspondería, a la vista del pronunciamiento del Justicia de Aragón, reclamar responsabilidades a quienes tanto desde  la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, el Instituto Aragonés de Administración Pública y el Tribunal actuante, han procedido con abierta vulneración de las bases de la convocatoria, y han dado lugar a un proceso selectivo en el que no se han garantizado de forma adecuada los principios básicos que deben presidir el acceso a la función pública.

lunes, 18 de mayo de 2015

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 21 DE MAYO.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al jueves 21 de mayo


CONVOCATORIA:


De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 21 de mayo, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la C/ Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad por parte del Presidente.
  4. Adopción de medidas en relación con la Oferta de Empleo Público de 2015.
  5. Convenio de colaboración a suscribir con la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS).
  6. Ruegos y preguntas.




Zaragoza, 18 de mayo de 2015
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

viernes, 15 de mayo de 2015

LA LUCHA POR EL ESTADO DE DERECHO Y LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN LAS REDES SOCIALES.



La preparación del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que deseamos presentar al inicio de la nueva legislatura de las Cortes de Aragón, tras las elecciones del 24 de mayo de 2015, nos ha llevado a descubrir numerosos foros de interés en el amplio mundo de las redes sociales, cuyas noticias y contenidos permiten cobrar idea del pujante activismo a favor de la regeneración institucional y de la recuperación de los valores constitucionales en la vida pública, comenzando por la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Este blog –simple herramienta de difusión de la actividad que desarrolla la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa- quiere en la medida de sus posibilidades hacerse eco de las iniciativas más interesantes de las que podamos tener conocimiento a través de las redes sociales, pues pretendemos estar presentes en los debates que se mantienen en las mismas, y queremos someter también a debate nuestras propias posiciones.

Frente a la parálisis que parece atenazar a nuestras Administraciones Públicas en Aragón, abrirnos a las iniciativas que surgen en otros ámbitos puede resultar estimulante  y enriquecedor. Debemos seguir lo que, en todos los temas que nos interesan, se dice y se publica tanto en España como fuera de España, y debemos introducir en nuestra actividad ideas y experiencias formuladas en otras Administraciones cuyo funcionamiento ha logrado superar las graves insuficiencias que aquejan a las nuestras. Hay que aprender y tomar ejemplo de las buenas prácticas de otras Administraciones, y hay que lograr traer a la función pública aragonesa debates necesarios para avanzar en nuestro compromiso con el interés público y la realización del Estado de Derecho y los principios democráticos.

Para ello, a partir de ahora, serán frecuentes también las notas dedicadas a dar a conocer organizaciones, foros, publicaciones u otro tipo de iniciativas que resulten útiles para enriquecer nuestra labor de reflexión o actuación en torno a los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública, cuya realización sentimos cada vez más necesaria en el ámbito de nuestras Administraciones Públicas.

Sirva de ejemplo la interesante convocatoria prevista para la semana próxima en Madrid, impulsada por la Fundación ¿Hay Derecho?:

Con motivo de las próximas elecciones municipales en toda España y autonómicas en 13 Comunidades, Ceuta y Melilla, e inmersos en una espiral de noticias que cada día nos recuerdan que la corrupción es un mal endémico de la vida política española, desde la Fundación ¿Hay Derecho? queremos presentar nuestro estudio “Corrupción institucional y controles preventivos”.

El objeto del estudio es verificar si allí donde hay más corrupción política e institucional los controles legales preventivos son más débiles. Hemos analizado también en que ámbitos de las Administraciones Públicas se dan más casos de corrupción. Las conclusiones del estudio avalan que el fortalecimiento de los controles preventivos es esencial en la lucha contra la corrupción.

Los ciudadanos merecen conocer hasta qué punto se han asumido los compromisos para regenerar la vida política española, una regeneración que pasa obligatoriamente no sólo por la contundencia en las respuestas a los casos de corrupción interna, sino también por los controles previos para que ésta no se produzca.

En la presentación del estudio intervendrán:

– Lucía Méndez, periodista del diario El Mundo
– Elena de Vicente, Presidenta de la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors)
– Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
– Carlota Tarín, politóloga y responsable del estudio

Tendrá lugar en el Club 567, situado en la c/ Jorge Juan 15 el miércoles 20 de mayo a las 19h00”.

UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO INACEPTABLE: EL GOBIERNO DE ARAGÓN DE RUDI OFRECE ÚNICAMENTE 48 PLAZAS DE ACCESO LIBRE, EN EL ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN TODA LA LEGISLATURA.



Ayer se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 75/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2015 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. No está de más señalar que el Decreto publicado ayer contiene la única Oferta aprobada por este Gobierno a lo largo de toda la legislatura, pues las complementarias de 2007 y 2011 ni corresponden a una decisión propia del Gobierno –sino a requerimientos reiterados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón- ni afectan a las plazas vacantes generadas a lo largo de la actual legislatura, pues se correspondían exclusivamente con las plazas ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2006 o 31 de diciembre de 2011. El cumplimiento de la normativa de función pública y el respeto al derecho de acceso a la función pública, a lo largo de esta legislatura, ha sido, por lo tanto, la excepción y el incumplimiento de la legalidad ha sido la norma. Pobre balance para quienes anunciaban la vuelta a la legalidad y al respeto del Derecho.

El contraste entre la parte expositiva y la parte normativa del Decreto aprobado no puede ser mayor: afirmar que la oferta de empleo público constituye un elemento imprescindible para asegurar la profesionalidad de los empleados públicos y la calidad del funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar el derecho constitucional de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, como se afirma retóricamente en el texto del Decreto, poco o nada tiene que ver con las cifras en que se concreta la oferta de empleo aprobada, en la que se incluyen solo 48 plazas de turno libre, es decir, ofrecidas a los ciudadanos para acceso a la función pública como funcionarios de nuevo ingreso.

La política de selección de personal del Gobierno de Aragón sigue envuelta en la más absoluta opacidad. Alguien debería explicar la razón de que la tramitación del Decreto de Oferta no conste en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, y consecuentemente no dispongamos del acceso a ninguno de los documentos preceptivos para su elaboración y aprobación. Tampoco podemos hallar información fiable y válida en el Boletín estadístico de personal que confeccionan la Dirección General de la Función Pública y el Instituto Aragonés de Estadística, cuyas deficiencias de diseño y contenido lo invalidan totalmente como herramienta de información.

Volvemos a constatar el claro desequilibrio entre el número de plazas de acceso libre (48) y las reservadas a promoción interna (64), algo que no resulta en modo alguno congruente con la situación de una plantilla que cuenta con una tasa de temporalidad que se aproxima al 40% de los efectivos (según los datos del Boletín estadístico  de diciembre de 2014, de la propia Dirección General de la Función Pública). Tal situación no merece la menor reflexión en la parte expositiva del Decreto aprobado, y el “importante déficit de efectivos” que se destaca respecto a las plazas de Técnicos de Gestión General pretende afrontarse con tres plazas de promoción interna. La racionalidad y la congruencia parecen criterios ausentes en el Decreto aprobado, lo que lleva necesariamente a rechazar cualquier atisbo de funcionalidad en la Oferta aprobada para programar y ordenar las necesidades de personal de la Administración autonómica. La valoración de la inclusión de plazas de la Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros –desconectada de cualquier reordenación interna de la Intervención General, que al menos se conozca- merecerá un comentario aparte.

Con todo ello, el Gobierno de Aragón sigue actuando con una arbitrariedad impropia de un Estado de Derecho, en el que las decisiones que afectan y limitan el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos han de contar con una particular motivación, que despeje cualquier duda de lesión al mismo. Ningún documento avala las cifras de plazas de la Oferta, por lo que resulta imposible conformarse con las mismas sin renunciar a la exigibilidad del respeto a los derechos fundamentales y a la indisponibilidad de los mismos por parte de los poderes públicos. El Gobierno de Aragón sigue obligándonos a apelar a los Tribunales para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la función pública, pues ni siquiera en los márgenes establecidos por las tasas de reposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado –cuya aplicación seguimos combatiendo en el terreno político y judicial- es capaz de ofrecer la garantía sobre la corrección de sus actuaciones en materia de oferta de empleo público. Está visto que nada ha aprendido en toda esta legislatura, con el proceso de ejecución de las sentencias que anularon las Ofertas de 2007 y 2011.

Al margen del ridículo número de plazas incluido en la oferta de empleo aprobada, debemos rechazar la posibilidad que contempla el artículo 7 de la oferta de empleo público sobre el condicionamiento de la adjudicación de primer destino a la previa modificación de la relación de puestos de trabajo, pues el Gobierno de Aragón debe sujetar la oferta a los términos de las relaciones de puestos de trabajo, y no al revés. Los puestos son los que marcan las necesidades de selección de personal, y no al revés.

Por todo ello, esta Asociación habrá de valorar la procedencia de promover nuevamente un recurso judicial contra la Oferta aprobada, para evitar que se siga ignorando por el Gobierno de Aragón el derecho de acceso a la función pública que la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos en su artículo 23.2. Sin respeto a la legalidad constitucional, cualquier programa de regeneración que se formule será falaz e inconsistente.

jueves, 14 de mayo de 2015

LA NECESIDAD O URGENCIA DEL CAMBIO.



La legislatura agoniza, después de cuatro años en los que la inoperancia administrativa ha sido la nota dominante. Falta de liderazgo y de proyectos, falta de iniciativa y de compromiso han lastrado el funcionamiento de la Administración en esta legislatura que ahora concluye. La indisimulada desazón de muchos funcionarios públicos ante todo el tiempo perdido y los significativos retrocesos sufridos en materia de organización de los servicios públicos y clima laboral –degradado en muchos ámbitos por sectarismo, autoritarismo o dejación de responsabilidades- ofrece un balance inequívoco de lo que ha sido la gestión de este Gobierno autonómico, presidido por Luisa Fernanda Rudi.

Esta Asociación ha carecido de interlocución con este Gobierno, una vez producida la marcha de Mario Garcés, primer responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, y único Consejero que tuvo interés en convocarnos para conocer y compartir puntos de vista sobre el horizonte posible para la Administración autonómica. Nunca sabremos, sin embargo, lo que podría haber supuesto su continuidad al frente de dicho Departamento durante la totalidad de la legislatura.

El Gobierno de Aragón de Luisa Fernanda Rudi ha sido incapaz de gestionar los recursos públicos desde el respeto a la ley y apostando por la profesionalidad de los servidores públicos. El sectarismo político ha presidido numerosas decisiones en materia de provisión de puestos de trabajo, primando afinidades partidistas y personales sobre la profesionalidad de los candidatos para desempeñar puestos de responsabilidad administrativa. El ejemplo más claro está en los contratos de alta dirección suscritos para ciertos responsables de centros asistenciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Suficientes para desmentir cualquier discurso sobre la profesionalización de la función pública, con el que hace unos años se nos presentaba la entonces candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Popular.

El Gobierno de Aragón ha impulsado una Ley de Transparencia al tiempo que ha ocultado a los Tribunales los datos básicos sobre puestos ocupados por funcionarios interinos para asegurar la ejecución de sentencias llamadas a restablecer el derecho fundamental de acceso a la función pública, derecho reiteradamente conculcado durante estos cuatros años en los que no se ha aprobado oferta de empleo público de administración general hasta la víspera de las elecciones. La transparencia del discurso y la ocultación de la información relevante no es sino manipulación y desprecio de la legalidad, algo que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas.

La irresponsabilidad en el diseño de la Administración autonómica quedó claramente de manifiesto con el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, con un modelo que reunía lo peor de lo que cabía imaginar, como era la arbitrariedad de la dirección política –para un mayor control de la función pública- y la demagogia de los sindicatos, con un sistema de carrera económicamente insostenible e imposible de explicar a los ciudadanos, llamados a financiarlo con sus impuestos y su merma de servicios. Una financiación cuyos costes no se llegaron a evaluar, presentándose como memoria económica un documento que resultaba bochornoso consultar. La inviabilidad del Proyecto llevó a que se dejara decaer con la disolución de la Cámara.

Hoy, tras cuatro años de Gobierno, tenemos una Administración menos estructurada y mucho menos profesional y motivada, con una autoestima seriamente afectada. La exclusiva motivación de muchos empleados públicos es la esperanza de cambio en las próximas elecciones del 24 de mayo, para que se cierren unos años de inoperancia y de sectarismo, y las instituciones y la función pública puedan recuperar el sentido de su función, puedan recobrar la esperanza de destinarse al servicio del interés general y de los ciudadanos, de manera objetiva y con respeto a las leyes. La función pública precisa recobrar el espíritu de servicio público y el respeto a sí misma, la conciencia del valor de su aportación a la convivencia y al bienestar del conjunto de los ciudadanos.

miércoles, 13 de mayo de 2015

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN DECLARA EJECUTADA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE ANULÓ LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2007.



Mediante auto de 4 de mayo de 2015, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha acordado “declarar ejecutada la sentencia de 29 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Supremo, sin imposición de costas”. Con ello concluye un largo proceso judicial iniciado por esta Asociación con la impugnación, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, del Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para 2007, al no incluirse en la misma la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.

En un futuro próximo, cuando concluyan las restantes acciones judiciales promovidas en defensa del derecho de acceso a la función pública, será necesario recapitular la larga batalla jurídica librada por esta Asociación para reclamar el respeto del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Entre los logros obtenidos en la misma, hay que destacar necesariamente el importante pronunciamiento del Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de octubre de 2010, que ahora se da por ejecutada, aunque hays sido imposible constatar la realidad de los puestos afectados por la misma, dado el oscurantismo con el que ha actuado la Administración de la Comunidad Autónoma en todo momento.

Ante la pasividad de la Administración respecto a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, fue necesario instar la ejecución forzosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, requiriendo éste, en julio de 2013, al Gobierno de Aragón para que en el plazo de seis meses aprobase un Decreto de oferta de empleo público complementaria, que incluyese todas las plazas vacantes a fecha 31 de diciembre de 2006 cubiertas por funcionarios interinos, salvo aquellas que se previese su efectiva amortización y las que estuvieran reservadas a funcionarios de carrera. Dicha Oferta complementaria se aprobó por Decreto 22/2014, de 18 de febrero, pero su contenido, vistas las alegaciones realizadas por parte de esta Asociación, se estimó insuficiente y el Tribunal requirió al Gobierno de Aragón la aprobación de una nueva oferta complementaria a fin de dar total cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo.

El segundo requerimiento judicial motivó la aprobación del Decreto 8/2015, de 27 de enero, de oferta adicional a las ofertas complementarias de empleo público de 2007 y 2011. Pese a que nuestra Asociación alegó la carencia de garantías de que dicha Oferta adicional llevara a efecto debidamente los términos de la sentencia, dada la falta de información aportada por la Administración para constatarlo, el auto dictado por el Tribunal viene a considerarla ejecutada. Llama la atención el hecho de que el auto –y las actuaciones judiciales relatadas en el mismo- ignore por completo el Decreto-ley que aprobó el Gobierno de Aragón con la pretensión de alterar el alcance de los fallos judiciales que anularon las Ofertas de 2007 y 2011, y cuyo contenido se ha visto posteriormente alterado –sin mayores consecuencias- por la oferta adicional que ha sido preciso aprobar, a requerimiento del Tribunal, al considerarse insuficiente el número de plazas incluido en las ofertas complementarias, aprobadas conforme a las cifras fijadas por el Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón.

En definitiva, las acciones judiciales promovidas por esta Asociación, que dieron lugar a la anulación de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 –sin afectar en nada a los procesos selectivos realizados al amparo de las mismas-, han motivado la convocatoria –aún no completada- de cerca de 3.000 plazas en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, algo que consideramos un logro suficiente para recompensar el esfuerzo desplegado.

Debemos señalar, no obstante, que el auto judicial se refiere exclusivamente a la sentencia que afecta a la Oferta de Empleo Público de 2007, quedando pendiente el pronunciamiento relativo a la ejecución de la sentencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, y en la que esta Asociación y el Ministerio Fiscal siguen reclamando la necesaria convocatoria del conjunto de plazas del Cuerpo de Maestros que a 31 de diciembre de 2010 se hallaban ocupadas por funcionarios interinos. Confiamos en que el Tribunal obligue a la aprobación de una nueva oferta complementaria con dichas plazas de Maestros, sancionando con ello la grosera manipulación en la que han incurrido a lo largo de este proceso tanto el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte como el propio Gobierno de Aragón.

martes, 12 de mayo de 2015

UN PROCESO DE REFLEXIÓN COLECTIVA.



Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y a través de este blog, invitamos a todos los interesados en analizar y corregir las deficiencias e insuficiencias que sufre nuestra Administración a participar en la confección y debate del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que pretendemos aprobar para su posterior remisión a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, tras las elecciones del próximo 24 de mayo, y a los integrantes del Gobierno de Aragón que resulte de dichas elecciones.

Quienes llevamos años trabajando dentro de la Administración Pública, y no por ello renunciamos a una ciudadanía activa para mejorar la calidad de nuestra democracia, deseamos formular un programa de medidas que pudieran servir para contar con unas instituciones más sólidas y más identificadas con los valores constitucionales, y disponer también de una función pública profesionalmente cualificada, plenamente comprometida con la legalidad y el interés general, orientada a la plena realización de los derechos de los ciudadanos y con una ética de servicio público que la sitúe en la vanguardia de la lucha contra la corrupción pública.

Queremos un documento en el que la experiencia acumulada y la reflexión compartida permitan sintetizar de forma clara un conjunto de propuestas dirigidas a señalar defectos que debieran corregirse con el concurso de todos –comenzando por el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuya deficiente redacción lo convierte en una norma inadecuada para el diseño institucional de la Comunidad Autónoma y para la articulación del poder territorial dentro del conjunto estatal-, y marcar objetivos que debemos perseguir para que las instituciones y la administración pública sirvan de verdad al interés general, a la democracia y a los ciudadanos, eliminando ineficiencias y prácticas contrarias a los principios de eficacia, de profesionalidad e imparcialidad, de mérito y capacidad.

Para ello, a lo largo de las semanas próximas, procederemos a publicar en este blog las diferentes medidas que figuran en el documento que fue sometido a la consideración de la asamblea ordinaria de socios del pasado mes de marzo, y que quedó pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Junta Directiva, una vez concluidos los trabajos de elaboración. Deseamos hacer posible que dicho Documento, antes de su aprobación definitiva, sea objeto de un debate abierto, a través de este blog y de otros posibles cauces que quepa establecer para tal fin.

El Documento que resulte no solo será un conjunto de propuestas a elevar a las instituciones autonómicas –o estatales, en su caso- para su consideración, sino que constituirá a su vez el programa de acción de esta Asociación durante los próximos cuatro años. Es importante que la actividad diaria cuente con un claro programa de objetivos, en los que se concretan los principios estatutarios de la Asociación, pues principios, objetivos y acciones desarrolladas se refuerzan entre sí cuando se articulan con coherencia y con un nivel de exigencia adecuado a los valores en juego.