jueves, 16 de noviembre de 2017

LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA COMO TAREA PROPIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.



Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas tras la aprobación en 2003 de la Convención contra la Corrupción, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008, esta Asociación organizará el próximo mes de diciembre un acto público en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón, con la intervención de Joan Llinares, Director de la nueva Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

Es importante afrontar el grave problema de la corrupción pública, tanto política como administrativa, con una estrategia amplia de medidas de prevención, entre las cuales ha de ocupar un papel fundamental el reforzamiento de la profesionalidad de los servidores públicos y la promoción de códigos de conducta que hagan de cada funcionario un agente activo de prevención de posibles irregularidades en la gestión pública, y hemos de explorar la función que pueda cumplir en dicha estrategia la creación de agencias de prevención, con una dependencia directa del Parlamento, como es el caso de la recientemente creada Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, y también de la aragonesa Agencia de Integridad y Ética Públicas, creada por la Ley 5/2017, de 1 de junio.

Entre los objetivos establecidos en la nueva Ley autonómica de Integridad y Ética Públicas se señalan el de establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos y regular el estatuto del denunciante. No es posible desconocer que desde 2007, años en el que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se incluía un ambicioso precepto dedicado a los códigos de conducta de los empleados públicos, nada se ha hecho para su instauración y control en los diferentes ámbitos de la Administración autonómica, y no parece que para la aplicación de una Ley sea necesaria la aprobación de otra, sino la adopción de medidas tendentes a llevar a la práctica administrativa los principios de conducta ya establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Diez años de inactividad en esta materia parecen quererse enmendar ahora con una nueva Ley, pero nada permite augurar, por el momento, que la nueva Ley vaya a tener mayor aplicación que el inaplicado Estatuto Básico del Empleado Público. Debemos por lo tanto alertar sobre el carácter meramente cosmético que pueden revestir ciertas decisiones legislativas, si las mismas no vienen acompañadas de una clara voluntad política de aplicación, y si las instituciones de control, como puede ser el Justicia de Aragón, no adoptan un compromiso firme en el ejercicio de su labor de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, evitando que las normas legales que debieran ayudar a corregir deficiencias y disfunciones de la acción pública se vean relegadas a la inoperancia, por la falta de aplicación real de sus previsiones.

Nuestra Asociación, desde una posición crítica con la nueva Ley de Integridad y Ética Públicas, tratará de que el conjunto de las instituciones públicas incorpore en sus objetivos de acción medidas que refuercen el papel de los servidores públicos en el ámbito de la prevención y la denuncia de la corrupción pública, entendiendo que el respeto al régimen de selección del personal de las Administraciones y el fomento de su profesionalidad en el desempeño de las funciones –con un sistema adecuado de provisión de puestos de trabajo y un modelo objetivo de carrera profesional- son elementos imprescindibles de dicha estrategia. Mal se puede aspirar a superiores niveles de integridad pública mientras el acceso al empleo público y el sistema de provisión de puestos permanecen claramente alejados de la legalidad constitucional y administrativa y la objetividad y el mérito siguen viéndose relegados por la discrecionalidad política y la vulneración de las normas.

jueves, 9 de noviembre de 2017

NECESIDAD DE REFLEXIÓN, DEBATE Y ACCIÓN, DESDE EL COMPROMISO PLENO CON LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO.



Esta Asociación, en la reciente reunión mantenida por su Junta Directiva, ha valorado no solo la oportunidad sino también la necesidad de seguir impulsando, en el ámbito de las Administraciones Públicas y del conjunto de las instituciones públicas, una labor de impulso de medidas tendentes a reforzar el compromiso con la legalidad, la profesionalidad y la ética de los servidores públicos, para contribuir con ello a la fortaleza del Estado de Derecho y a la calidad de nuestra democracia, especialmente en estos momentos en los que se sufre el ataque indiscriminado por parte de aquellos que, pese a sus proclamas de democracia, son incapaces de apreciar todo lo valioso que ha aportado a la sociedad española la Constitución Española de 1978, en la que se han reconocido al más alto nivel los derechos fundamentales de los ciudadanos y se han proclamado los principios y dictado las reglas que aseguran nuestra libertad y nuestra convivencia dentro del respeto al pluralismo y a la diversidad.

Desde esta Asociación reivindicamos sin reserva alguna la vigencia de los principios y valores de nuestra Constitución y la imprescindible vigencia del Estado de Derecho, sin el cual cualquier aspiración de convivencia democrática resulta irrealizable. Cualquier proyecto formulado al margen de sus cauces constituye una amenaza a la libertad de todos y al bienestar colectivo, al que todos hemos de contribuir con un comportamiento cívico y respetuoso de la legalidad. No hay nadie exento del pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, y mucho menos las autoridades públicas y responsables institucionales, cuyo desafío al orden constitucional reviste una extrema gravedad.

Vamos a seguir ejerciendo el uso público de la razón, vamos a seguir promoviendo dentro de las Administraciones Públicas el cumplimiento de la legalidad, el avance en objetivos de profesionalidad e integridad en el desempeño de la función pública, el irrenunciable empeño en conseguir cotas crecientes de buen gobierno y buena administración que redunden en la calidad democrática de nuestra sociedad y nuestro sistema político, y animamos a servidores públicos y ciudadanos a participar de este esfuerzo común al que todos hemos de contribuir con nuestro trabajo, nuestra actitud, nuestra capacidad de encuentro.

Todas las ideas son valiosas si contribuyen a enriquecer el necesario debate en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, si se formulan desde el compromiso de profundizar en el proyecto de libertad y convivencia que supone nuestra comunidad política, definida en la Constitución Española y en los Tratados de la Unión Europea, y esta Asociación no solo está dispuesta a expresar sus ideas, desde el respeto a las de los demás, sino a considerar las ideas y posiciones ajenas como aportación estimable a los soluciones que entre todos hemos de ser capaces de hallar, para seguir avanzando en nuestra vida democrática, con el objetivo primordial de hacer realidad la libertad plena de las personas y la dignidad de todos, desde la solidaridad y la atención a las condiciones de vida de todos, de modo que nadie se vea excluido ni privado del potencial que le corresponde como persona, como ciudadano, como ser humano y elemento necesario y activo de la sociedad de la que todos formamos parte.

viernes, 20 de octubre de 2017

CONVOCATORIA DE JUNTA DIRECTIVA: 24 DE OCTUBRE DE 2017



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes 24 de octubre.

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 24 de octubre  de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad del Presidente.
  4. Análisis de la situación de la Oferta de Empleo Público en la Comunidad Autónoma de Aragón y actuaciones a llevar a cabo.
  5. Actuaciones de desarrollo del Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.
  6. Trabajos de actualización del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración.
  7. Celebración del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre)
  8. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 20 de octubre de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

miércoles, 18 de octubre de 2017

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS CIUDADANOS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA, OBJETO INDEBIDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.



La Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma parece haber alcanzado un acuerdo entre Administración y Sindicatos de la función pública para la aprobación de las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019, con la inclusión en las mismas de un importante número de plazas -9.671-, con lo que se vendría a reducir de forma significativa el elevado índice de temporalidad actualmente existente en la Administración autonómica.

Al margen de las cifras manejadas y de los efectos reales que ello llegue a tener en el funcionamiento de los diferentes sectores de nuestra Administración, hemos de reiterar nuestra postura contraria a que una cuestión como las necesidades de nuevo personal –claramente autoorganizativa de la Administración- y, sobre todo, el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, se vea sometido no a la legalidad constitucional y administrativa, sino al acuerdo entre responsables de función pública y sindicatos, otorgando al ámbito de la negociación colectiva la capacidad de decidir sobre el alcance de un derecho constitucional que corresponde al conjunto de los ciudadanos, tanto españoles como del resto de los Estados de la Unión Europea. Ello supone, a nuestro juicio, un claro olvido de los límites que, para la negociación colectiva, establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

El incumplimiento por parte de la Administración –del conjunto de las Administraciones Públicas- del deber de aprobación anual de ofertas de empleo público y de convocatoria en plazo y con las debidas garantías de publicidad e igualdad de los correspondientes procesos selectivos ha generado un evidente deterioro en las condiciones del empleo público y un claro menoscabo en el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, como es el de acceder a la función pública conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Desde esta Asociación hemos combatido jurídicamente –ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y también ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional- por el restablecimiento pleno del derecho fundamental de acceso, tratando de disociar las fórmulas de contención del gasto público –que debieran operar sobre el volumen y dimensión de las plantillas- y el régimen de acceso a la función pública, asegurando lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, como norma legal que vino a determinar y configurar el contenido esencial del derecho establecido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Pese a un inicial éxito en nuestras actuaciones, obteniendo un pronunciamiento que parecía decisivo del Tribunal Supremo, y que obligó a incorporar en las ofertas de empleo de 2007 y 2011 la totalidad de las plazas cubiertas por funcionarios interinos que habían sido omitidas, ha acabado imponiéndose una doctrina restrictiva del alcance del derecho, permitiéndose que las leyes anuales presupuestarias excepcionen y limiten la eficacia de un derecho fundamental, opción que desde esta Asociación seguimos entendiendo totalmente infundada y lesiva para la posición que corresponde a los ciudadanos, posibilitando con ello la actuación arbitraria de los poderes públicos y el vaciamiento del régimen de acceso a la función pública.

Frente a lo que ahora parece el restablecimiento del derecho de acceso, cosa que celebran como triunfo histórico los sindicatos de la función pública, hemos de mantener nuestra posición de siempre: el respeto al derecho de los ciudadanos no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Las tasas de reposición establecidas anualmente, y sus excepciones, aplicadas sin ningún criterio que resulte objetivamente comprensible, no son aceptables desde nuestra óptica de administración pública democrática y profesional, configurada como elemento esencial del Estado de Derecho y, por lo tanto, vinculada especialmente al respeto de las normas y de los derechos de los ciudadanos, comenzando por el derecho de acceso a la función pública.

No vamos a cejar en nuestro empeño de defensa de la legalidad y en nuestra crítica a que el ejercicio de un derecho de los ciudadanos se vea mediatizado por los posibles acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva. La titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales emanan directamente de la Constitución y de las Leyes que la desarrollan –como es el caso del Estatuto Básico del Empleado Público- y su contenido no es disponible ni para las Administraciones ni mucho menos para los sindicatos de la función pública. Mucho menos puede ser objeto de negociación y acuerdo –siempre a la baja- de quienes, como cualquier poder público o entidad privada, están expresamente sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Por todo ello, y a la espera de valorar el contenido del acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación celebrada ayer, manifestamos aquí nuestro rechazo al mero hecho de que la efectividad de un derecho fundamental pueda quedar a merced de lo tratado en el ámbito de la negociación colectiva, marco del que obviamente están excluidos los ciudadanos.

miércoles, 4 de octubre de 2017

NECESIDAD DE REGULACIÓN DEL LOBBY.

La calidad de nuestra democracia sigue siendo una necesidad permanente y una demanda de las organizaciones de la sociedad civil, procurando cauces de participación institucionales que refuercen la democracia representativa, y por ello desde esta Asociación deseamos hacernos eco de la petición que desde Access Info Europe y Transparencia Internacional se ha dirigido a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para impulsar una regulación exigente de la actividad de los lobbies en los procesos de decisión pública, en la definición de políticas y en la elaboración de normas. La transparencia con la que han de actuar los grupos de presión que quieren incidir en la toma de decisión -haciendo presentes los intereses de sectores o grupos de interés- es un requisito del control ciudadano sobre el ejercicio del poder político en una democracia exigente.
Se reproduce a continuación el contenido de la nota difundida, con fecha de hoy 4 de octubre de 2017, por ambas organizaciones, con las que esta Asociación colabora en el marco de Coalición Pro Acceso:
 
Access Info Europe y Transparencia Internacional España instan a los grupos parlamentarios a que la regulación del lobby en el Congreso de los Diputados garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones, en línea con los estándares internacionales.
Las organizaciones han valorado positivamente la reanudación del debate sobre la regulación de la actividad de los lobbies a través de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, consideran que el alcance del actual texto es muy limitado, que se encuentra alejado de los estándares internacionales y que ni siquiera cumple los mínimos transparencia e integridad del lobby que ya contemplan regulaciones de nuestro entorno como en Francia o la Unión Europea.
Ambas organizaciones han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios. El documento está disponible aquí [pdf].
Pedimos que la regulación del lobby garantice el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas. Para eso la norma debe establecer claramente que el registro vaya a ser público, pero también las agendas de los diputados”, ha declarado Alba Gutiérrez Coordinadora de campañas de Access Info.
Existe un interés público significativo en asegurar la transparencia e integridad del lobby. Para que la reforma actual no suponga una oportunidad perdida, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace lobby, la información que se proporciona a la hora de registrarse y que el organismo de supervisión se independiente”, añade Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional España.
Entre las propuestas de las organizaciones, en línea con los Estándares Internacionales de la Regulación del Lobby, destacan:
» Definir la actividad del lobby de manera clara e inequívoca, como actuación que implique cualquier comunicación directa o indirecta con un cargo público que se realice, gestione o instruya con la finalidad de incidir en decisiones sobre cuestiones públicas.
» Garantizar que la información del registro va a ser detallada y accesible y va a permitir el ejercicio del control por parte de la sociedad civil.
» Publicación de las agendas completas de trabajo de los cargos con responsabilidad en la toma de decisiones, con información sobre las reuniones mantenidas, incluyendo los documentos compartidos.
» Crear un mecanismo independiente de supervisión que disponga del mandato y de los recursos suficientes para velar por el cumplimiento de las obligaciones. El modelo propuesto por el texto para que sea la Presidencia del Congreso con la asistencia de la Secretaría General no cumple estos requisitos.
» Establecer sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones tanto a lobistas como a cargos públicos o políticos.
Ambas organizaciones inciden, además, en que, introducir una regulación del lobby únicamente en el Congreso de Los Diputados de forma aislada e independiente, limita el alcance de la misma. Por eso, piden a los grupos parlamentarios que avancen en la regulación del lobby en el poder ejecutivo, contemplando un registro común o conectado para los distintos poderes.