jueves, 11 de enero de 2018

MENSAJE DE SALUTACIÓN AL NUEVO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN: NECESARIA CLARIDAD EN EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO.



Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa hemos dirigido al nuevo Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, un escrito de felicitación por su reciente nombramiento, escrito que aprovechamos para aludir a dos cuestiones que ponen de relieve el olvido de la legalidad por parte del Gobierno de Aragón y sobre las que debería estar vigilante dicho órgano de control.

La legalidad presupuestaria comienza por la obligación de aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos en los plazos señalados por el Estatuto de Autonomía de Aragón –obligación cuyo incumplimiento no hace sino señalar la escasa voluntad de sometimiento del Gobierno de Aragón al ordenamiento jurídico, del cual el Estatuto de Autonomía de Aragón es justamente la norma de la que deriva su propia existencia-, sin que el incumplimiento de la legalidad pueda verse eximido por razones de índole política, como es la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante dicho proyecto. Los apoyos han de recabarse con anterioridad a la fecha de obligada presentación, para demostrar a los ciudadanos que la ley vincula a todos, empezando por los poderes públicos. Mal ejemplo ofrece el Gobierno al ignorar sus obligaciones legales, y ese comportamiento debiera ser censurado de manera expresa por la Cámara de Cuentas, así como por las propias Cortes de Aragón.

Entendemos igualmente que el gasto de personal debe estar vinculado a la legalidad de su selección, sin que pueda considerarse admisible que las retribuciones se abonen a personas que no se han incorporado a la Administración conforme a los principios establecidos por la Constitución Española y las leyes de función pública, responsabilidad que lógicamente no recae sobre los trabajadores públicos en situación de interinidad sino sobre los responsables de la política de personal. Por ello, resulta todavía más rechazable el hecho de que sean las propias Leyes de Presupuestos las causantes de la quiebra del sistema de acceso a la función pública y de la normal selección de los funcionarios públicos, provocando con la congelación de ofertas de empleo público elevadas tasas de interinidad y el consiguiente deterioro de la función pública. La absurda técnica de las tasas de reposición de efectivos, que ha impedido corregir la interinidad creciente, se ha revelado no solo ilógica sino también ruinosa para el erario público, a la vista de los fallos judiciales que vienen a obligar a las Administraciones a indemnizar a los interinos con motivo de su cese, generando con ello una gravísima amenaza a la estabilidad presupuestaria, justamente el resultado contrario al alegado para su establecimiento.

De todo ello es necesario que se haga balance por parte de los órganos de control del gasto público, de manera que podamos saber cuánto cuesta a los ciudadanos tanto la prórroga presupuestaria, por falta de Presupuestos aprobados a 1 de enero de cada ejercicio, como los gastos innecesarios derivados de la interinidad en las Administraciones Públicas, propiciada con la falaz justificación de contener el gasto público.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al nuevo Presidente de la Cámara de Cuentas:


D. Alfonso Peña Ochoa
Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón
C/ Jerusalén, 4
50009-ZARAGOZA

Zaragoza, 10 de enero de 2018.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad comprometida con los valores de la legalidad, profesionalidad y ética pública en el ejercicio de la actividad de los servidores públicos y del funcionamiento de las instituciones públicas, deseo expresarle nuestra felicitación por su reciente nombramiento como Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Valoramos muy positivamente la existencia de un órgano de control externo de la legalidad presupuestaria que supervise, con rigor y agilidad, la actividad de las administraciones públicas aragonesas y que refuerce los principios de transparencia y eficiencia del gasto público.

Desearíamos aprovechar esta ocasión para manifestarle nuestra preocupación por el reiterado incumplimiento del Gobierno de Aragón del plazo establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y su posterior remisión a las Cortes de Aragón, práctica que entendemos debe censurarse desde esa Cámara, siendo igualmente deseable que se señalen los efectos que conlleva para los ciudadanos y para el funcionamiento de los servicios públicos la no existencia de Ley de Presupuestos al inicio de cada ejercicio.

Igualmente nos gustaría insistirle en el grave incumplimiento del régimen de selección de personal en que vienen incurriendo las Administraciones, con la falta de aprobación de ofertas de empleo público o con aprobación de ofertas manifiestamente insuficientes, generando con ello elevadas tasas de interinidad que afectan a la profesionalidad y calidad de la función pública y constituyen un menoscabo al papel que corresponde a la Administración Pública en un Estado de Derecho, pues la inamovilidad del funcionario de carrera constituye una garantía expresa para asegurar su deber de imparcialidad y objetividad. Entendemos, por otra parte, que la ausencia de ofertas de empleo público, lejos de suponer una medida de ahorro presupuestario, constituye un uso irregular y un gravamen para el gasto corriente de las Administraciones.

Le expresamos nuestra voluntad de diálogo y colaboración con la Institución que preside, agradeciéndole de antemano la atención al conjunto de propuestas que a lo largo de este nuevo periodo podamos trasladarle con el fin de incrementar la calidad del funcionamiento institucional y la eficacia y legalidad de la actuación administrativa.

Confiando en que dicho diálogo se vea mantenido y reforzado en esta nueva etapa, reciba nuestra felicitación y más cordial saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

jueves, 4 de enero de 2018

NECESIDAD DE QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CUENTEN CON UNA AGENDA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.



El problema de la corrupción pública reviste la suficiente entidad como para justificar que las instituciones públicas –en su totalidad- cuenten con una estrategia propia de prevención y lucha contra cualquiera de las modalidades en que dicha corrupción pueda concretarse, con el consiguiente sacrificio del interés general y consiguiente daño al buen funcionamiento de nuestra vida pública y al bienestar y cohesión de la sociedad. 

Desconocemos cualquier iniciativa o programa que, con la debida seriedad, trate de abordar tal problemática en el seno de la Administración Pública, más allá del impulso de normas que en ocasiones no constituyen sino una simple apariencia u operación de imagen sin compromiso real ni voluntad clara para hacer frente a todas aquellas prácticas y abusos que amenazan y menoscaban la correcta gestión de los intereses generales y de los recursos públicos aplicados a su realización.

Desde el año 2007, con la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas cuentan con un código de conducta y la formulación de una serie de principios éticos que han de regir la conducta de los empleados públicos, figurando en primer lugar el desempeño de sus tareas con sujeción y observancia de la Constitución y del resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Dichos códigos legalmente proclamados apenas han tenido trascendencia práctica alguna en el seno de la Administración autonómica, ni en su difusión ni en la formulación de concretos códigos para las diferentes áreas de gestión pública –en la que debieran individualizarse los riesgos propios y las cautelas exigibles- ni en el control de su cumplimiento por parte de los respectivos órganos responsables.

Es evidente que el comportamiento ético de los miembros de una organización solo resulta posible cuando la propia organización actúa de manera coherente con los principios proclamados, y éstos no son una mera declaración formal de intenciones sin consecuencia práctica alguna, y por ello resulta difícilmente realizable el compromiso estricto con la legalidad cuando los responsables políticos no tienen inconveniente en desatender el cumplimiento de las normas, entendiendo que sobre ellas prima, en todo caso, la voluntad política o la actuación arbitraria en el ejercicio de las potestades administrativas.

La no remisión a las Cortes de Aragón del proyecto de ley de presupuestos en el plazo marcado en el Estatuto de Autonomía de Aragón, con el pretexto de que es preciso el previo acuerdo político para garantizar su aprobación, o la falta de respeto al régimen de selección del personal funcionario –con las consiguientes tasas de interinidad que degradan de manera grave la profesionalidad y la objetividad de la función pública-, o la abundante inaplicación de exigencias legales o manifiesta inactividad en desarrollos normativos de obligado impulso, generan un contexto en el que difícilmente los empleados públicos pueden dar cumplimiento a su deber ético de actuar conforme al ordenamiento jurídico, sin que ello les genere un conflicto con sus superiores jerárquicos.

Es necesario, por lo tanto, que nos dotemos de una agenda de prevención de la corrupción, en la que el impulso de códigos de conducta para los empleados públicos ocupe una posición destacada, para reforzar la importancia de los principios éticos en el desempeño profesional, pero dicha agenda debe incidir, de manera prioritaria, en el general deber de la organización pública de respeto al ordenamiento jurídico, en el que el primer obligado ha de ser el Gobierno de Aragón y, con él, el conjunto de los responsables políticos, en especial quienes asumen la labor de dirección de todo el aparato administrativo.

martes, 2 de enero de 2018

UN NUEVO AÑO QUE RECLAMA COMPROMISO Y NUEVAS INICIATIVAS.



Comenzamos la andadura de 2018 con la voluntad de seguir trabajando, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, por los mismos objetivos que nos marcamos en 2007, en el inicio de nuestra actividad, que podemos sintetizar en la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el funcionamiento de las Administraciones y en la actividad de los servidores públicos.

Creemos imprescindible propiciar un espacio de reflexión, análisis y debate sobre la realidad de la función pública y sus necesidades de cambio, para que la función pública –en cada nivel de gobierno- sea un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos y del propio Estado de Derecho, y un agente activo de la calidad institucional de nuestra democracia. 

Ello pasa, a nuestro juicio, por la toma de conciencia del papel que corresponde a los servidores públicos en el aseguramiento de la legalidad y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en la efectiva realización de los derechos y deberes de los ciudadanos a través del correcto funcionamiento de los servicios públicos, en la credibilidad de la organización institucional como garante de la convivencia democrática y de la cohesión social.

Somos defensores de una democracia exigente, en la que los ciudadanos ejerzan un papel activo en el debate público y en el control de la actividad de los poderes públicos, sin cuestionar lo esencial de nuestro modelo de democracia representativa –y el papel central que corresponde a los representantes parlamentarios, como depositarios de la voluntad y la confianza de la sociedad-, y una pieza relevante de ese modelo de democracia exigente –con un Estado de Derecho eficiente que asegura la primacía de las leyes, como expresión de la voluntad colectiva y garantía de la libertad de todos frente al abuso arbitrario del poder- es una función pública plenamente comprometida con su labor de servicio al interés general, con elevado sentido de profesionalidad y un claro componente ético en su desempeño. 

Frente a los diferentes desafíos globales a los que se enfrenta nuestra sociedad, la función pública ha de constituir una fortaleza para afrontarlos, y ello exige compromiso y profesionalidad y plena orientación al servicio público –sin eludir la necesaria autocrítica que nos permita corregir deficiencias propias-, demandando del conjunto de la organización institucional coherencia con los principios democráticos y valores constitucionales y adoptando una posición de “resistencia constitucional” frente a todo aquello que amenaza y debilita los valores que han de presidir de nuestra actividad y el conjunto de la vida colectiva.