jueves, 19 de enero de 2017

VOLUNTAD DE RENOVACIÓN.



En el primer trimestre del presente año, esta Asociación celebrará sus primeros diez años de existencia. Un periodo más que suficiente, no tanto para hacer recuento de la actividad desarrollada, como para acometer un programa intenso de renovación, en todos los órdenes, aun manteniéndonos fieles a los objetivos y principios marcados en nuestros Estatutos.

Debemos revisar, en primer lugar, nuestro capítulo de propuestas a las diferentes instituciones públicas, poniendo al día el “Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración”, aprobado al inicio de la presente legislatura. Unas propuestas que señalen las injustificadas carencias de nuestra Administración –como es la falta de profesionalización que se desprende del régimen de nombramiento de altos cargos y de los sistemas de provisión de puestos de trabajo- y que marquen un nuevo horizonte hacia el que avanzar, buscando la inaplazable regeneración institucional y la mejora constante de los servicios públicos.

Hemos de renovar nuestros procedimientos de actuación, limitando la interposición de acciones judiciales, y reclamando de los órganos e instituciones competentes en cada caso el ejercicio de las medidas de control e impulso para que asegurar el respeto de las normas y avanzar en el respeto a los derechos de los ciudadanos. No queremos hacer el papel que corresponde a los órganos de control, sino recordar y reclamar de estos órganos su obligada intervención ante determinadas situaciones contrarias a las normas, como pudiera ser el incumplimiento del Gobierno de Aragón de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón, incumplimiento con ello el Estatuto de Autonomía de Aragón. ¿Acaso las Cortes de Aragón han reclamado dicha remisión? ¿No hacen con ello una dejación de su labor de control? ¿Y el Justicia de Aragón está velando suficientemente por el respeto de lo señalado, en este tema, en el Estatuto de Autonomía de Aragón?

Hemos de estar más presentes en la sociedad, buscando el contacto y la colaboración con todas aquellas entidades que –en cada ámbito de la vida social- velan por el aseguramiento de los intereses generales y de los derechos de los ciudadanos, y por el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas. Hemos de construir entre todos una ética cívica que refuerce la calidad de nuestras instituciones democráticas.

Hemos de dotarnos de nuevas herramientas de difusión de nuestras ideas y de nuestro trabajo, mediante el diseño de una página web adecuada o la adopción de un logo que nos identifique públicamente, y hemos de establecer nuevos formatos de debate y diálogo para tratar de incorporar en nuestra actividad al mayor número posible de servidores públicos y de ciudadanos con voluntad de trabajar para hacer realidad las exigencias del bueno gobierno y la buena administración, y para promover en el conjunto de las Administraciones Públicas los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Tras diez años de recorrido, contamos con el bagaje necesario para afrontar una nueva etapa de actividad, en la que mantener intacto nuestro compromiso con la función pública, con renovadas propuestas y métodos.

viernes, 13 de enero de 2017

NO PODEMOS CONSENTIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, Y DEBEMOS DENUNCIARLO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.



Dado que alguien pudiera considerar que en el silencio va implícito el consentimiento, y con él la aceptación del actual estado de cosas, incluido el olvido y desprecio de las normas por parte de aquellos obligados a asegurar su aplicación, es evidente que no podemos callar ante el reiterado incumplimiento en que incurren algunos responsables políticos, como sucede con la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la falta de publicidad activa de los decretos de oferta de empleo público que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón.

Los documentos correspondientes a dichos Decretos no se ponen a disposición de todos los interesados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, vulnerando con ello lo exigido en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y agrava dicho incumplimiento la lesión al derecho de petición ejercido por esta Asociación para que se corrija tal falta de publicidad, pues las peticiones realizadas, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, tampoco han recibido ningún tipo de respuesta.

Una vulneración que agrava la anterior, aunque en la lógica del mal gobierno se pueda pensar que, incumplida una norma, nada impide incumplir las restantes. Debemos reaccionar enérgicamente frente a la cultura de la ilegalidad que sigue presente en nuestras Administraciones e instituciones políticas. Basta observar la indiferencia del Gobierno de Aragón ante la obligación de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón. ¿Es admisible que se presenten las cuentas de 2017 en una rueda de prensa a la opinión pública sin su simultánea remisión a las Cortes de Aragón, al faltar el respaldo parlamentario que asegure su aprobación? Es democráticamente inaceptable, y así hay que decirlo.

Por ese motivo, el incumplimiento en que incurre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales al no asegurar la publicidad activa de los decretos de oferta de empleo público ni respetar, como exige el ordenamiento jurídico constitucional, el derecho de petición ejercido por esta Asociación, nos ha llevado a recabar el apoyo del Consejo de Transparencia de Aragón, para que se subsane la ausencia de publicidad activa, y en breve nos dirigiremos al Defensor del Pueblo para denunciar la vulneración del derecho fundamental de petición, en la que de forma reiterada ha incurrido la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.

De la formulación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, hemos informado a la propia Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, mediante el escrito que se reproduce a continuación:


Excma. Sra. Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 12 de enero de 2017.

Estimada señora:

En fechas pasadas, y en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, le he dirigido dos escritos, al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, en los que solicitaba que su Departamento, como responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa de transparencia, garantizase la publicidad activa de los Decretos que aprueban las ofertas anuales de empleo público.

La aprobación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, establece el deber de publicidad activa para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, entendiendo por ésta la obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad pública, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

Entre la información sujeta al régimen de publicidad activa figura la información de relevancia jurídica que señala el artículo 15 de la Ley 8/2015, como son los proyectos de reglamento o disposición general, así como las memorias, informes y dictámenes emitidos con motivo de su tramitación.

No obstante tal previsión, y pese a las peticiones que le hemos dirigido para subsanar su deficiente aplicación, persiste la falta de publicidad activa de los Decretos por los que el Gobierno de Aragón aprueba las ofertas anuales de empleo público, lo que constituye un manifiesto y reiterado incumplimiento de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Por ello, nos hemos visto obligados a dirigirnos al Consejo de Transparencia de Aragón, como órgano garante del cumplimiento de las normas de transparencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, para poner en su conocimiento el incumplimiento en que viene incurriendo ese Departamento, solicitándole que adopte las medidas necesarias para su corrección.

Lo cual deseamos poner en su conocimiento, al tiempo que le reiteramos nuestra seria preocupación ante la falta de voluntad manifestada por su Departamento para asegurar de manera correcta la publicidad activa de proyectos normativos en un asunto de tanta sensibilidad para los ciudadanos como es el derecho de acceso a la función pública.

Atentamente,

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

martes, 10 de enero de 2017

NOTICIAS DE ACCIÓN CÍVICA CONTRA LA CORRUPCIÓN: BALANCE DE ACTIVIDAD DE 2016.



Dada la condición de socio institucional con la que cuenta nuestra Asociación dentro de la entidad Acción Cívica contra la Corrupción, consideramos oportuno reproducir en este blog la información que nos remite el Presidente de la misma, Antonio Penadés, en la que se hace un resumen y balance de la actividad desarrollada por Acción Cívica a lo largo de 2016.

Valoramos muy positivamente la colaboración entre entidades ciudadanas en la lucha contra la corrupción pública, y por ello estamos muy satisfechos de nuestra pertenencia a Acción Cívica contra la Corrupción, y del intercambio de ideas e iniciativas que ello genera, siendo resultado de dicha comunicación la proyección del documental “Corrupción: el organismo nocivo” el pasado 13 de diciembre, en Zaragoza, en el Centro Joaquín Roncal, como acto conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción.

La presencia de los codirectores de dicho documental, Albert Sanfeliu y Teresa Soler, en el coloquio posterior a la proyección y el contacto mantenido con ellos por parte de responsables de nuestra Asociación ha abierto una de las vías de colaboración más interesantes para ahondar en iniciativas a favor de una función pública profesionalizada y firmemente comprometida con la ética y el servicio efectivo a los ciudadanos.

Reproducimos a continuación el contenido íntegro del Presidente de Acción Cívica contra la Corrupción:

Estimados socios y amigos de Acción Cívica,

Os trasladamos a continuación la información más relevante relacionada con nuestra asociación a lo largo de 2016:

Desde el pasado mes de diciembre Acción Cívica está personada como Acusación popular en el caso Taula (juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia) bajo la dirección letrada de la abogada Miriam Salmerón. Se trata de un procedimiento en fase de instrucción en el que se investigan presuntos delitos de corrupción en numersosas instituciones de la Comunidad Valenciana a lo largo de los últimos años. Mediante el ejercicio de la acusación popular ayudaremos a la Fiscalía Anticorrupción y a los Tribunales a esclarecer la verdad en las piezas separadas más importantes.

Acción Cívica ejerce también, desde enero de 2016 y mediante la dirección letrada de Andrés Fariña, la Acusación popular en un procedimiento en el juzgado de Instrucción nº 3 de Colmenar Viejo (Madrid) en el que la Fiscalía de Medio Ambiente ve indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística en 12 cargos públicos del Ayuntamiento de esa localidad. El juez dio por finalizada la fase de instrucción y el caso está listo para juicio oral.

Asimismo estamos en fase de admisión como Acusación popular en el caso Montecarlo (Lanzarote). La abogada que llevará el caso será Irma Ferrer.

En este último año hemos continuado participando en la elaboración del borrador de ley de creación de la Agencia Anticorrupción de la Comunidad Valenciana, que culminó en noviembre con su aprobación por el pleno de Les Corts. Cuando se abra el plazo propondremos a un candidato idoneo a director, pieza clave para que la Agencia funcione correctamente y sea capaz de cumplir los fines previstos.

Acción Cívica continúa divulgando las claves de la lucha contra la corrupción política en diversos foros:

A través de medios de comunicación: ver sección «Prensa» y «Videoteca» en la web de Acción Cívica (www.accion-civica.org).

Mediante la participación en dos «DocuForum» (proyecciones del documental «Corrupción organismo nocivo» y posterior debate): en Cheste (junio) y en Valencia (diciembre).

Conferencia de Joan Llinares, moderada por Antonio Penadés, sobre «Transparecia y corrupción» en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia el 02.05.16, con presencia de autoridades y numeroso público.
Comparecencia de Antonio Penadés el 03.05.16 en la correspondiente Comisión parlamentaria en Les Corts para dar cuenta de la opinión de Acción Cívica respecto al borrador de ley de creación de la Agencia Anticorrupción valenciana.

Celebración de un debate sobre corrupción en la sala Russafa el 14.05.16, dentro del festival «Valencia Negra», con participación de Joan Llinares y Antonio Penadés y moderado por la periodista Laura Ballester.

Participación de Joan Llinares y Antonio Penadés el 21.05.16 en las Jornadas Europeas sobre Transparencia y lucha contra la corrupción en el Centro Octubre de Valencia, organizadas por el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción.

Participación el 16.12.16 en las Jornadas «Adiós a la corrupción» organizadas en la facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

Asimismo, el presidente de Acción Cívica continúa ejerciendo la acusación popular a título individual en el caso Cooperación, estando cerca de su conclusión la fase de Instrucción de las piezas separadas segunda (distintas subvenciones fraudulentas) y tercera (hospital de Haití).

Mientras tanto la asociación ha seguido aumentando el número de socios ordinarios, entidades amigas y socios destacados.

Cumpliendo nuestras exigencias de transparencia, detallamos a continuación los ingresos obtenidos y los gastos a los que se han destinado los fondos a lo largo de 2016:

El saldo de la cuenta de Acción Cívica a fecha 31.12.15 era de 5.692,68 Euros.

Los ingresos (cuotas de socios) fueron de 6.556,58 euros.

Los gastos han sumado 3.937,64 Euros, principalmente por el pago de honorarios a dos procuradores (1.600 euros), el abono de los gastos a una abogada por su actuación probono en una de las acusaciones (1.000 euros), el ingreso de la fianza para la personación en el caso Taula (1.000 euros), la renovación de la web y del dominio (233,66 euros) y gastos bancarios.

Por tanto el saldo de la cuenta de Acción Cívica a fecha 31.12.16 es de 8.311,62 euros.

Agradecemos la imprescindible ayuda aportada por nuestros socios ordinarios, sin quienes no podríamos realizar nuestra labor. Gracias también al escritor José Vicente Marco Giner, quien el 06.07.16 donó a Acción Cívica la recaudación íntegra obtenida en una de las presentaciones de su último libro.

Para seguir puntualmente nuestras actividades podéis consultar nuestro perfil de facebook: https://www.facebook.com/accioncivicacontralacorrupcion

Un cordial saludo,

Antonio Penadés
www.accion-civica.org

jueves, 5 de enero de 2017

FALTA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE ARAGÓN.



Durante los dos últimos años, como Asociación, nos hemos dirigido a la titular del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, insistiendo en la necesidad de que el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón contenga los documentos básicos de la tramitación de los proyectos de decreto de oferta de empleo público, tal y como exige la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana.

Nuestras peticiones no solo no se han visto atendidas –como puede comprobarse con la persistencia del incumplimiento señalado-, sino que ni siquiera han recibido respuesta, a pesar de formularse en ejercicio del derecho fundamental de petición, que obliga a la autoridad pública que la recibe a dar una respuesta razonada en un plazo no superior a tres meses desde su recepción.

Por ello, y sin perjuicio de las iniciativas que podamos adoptar en defensa del derecho de petición –cuya vulneración en modo alguno podemos consentir por parte de la responsable de participación ciudadana del Gobierno de Aragón-, hemos optado por formular un escrito de reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, como órgano encargado de velar para que las Administraciones Públicas cumplan sus deberes de transparencia, ya sea en materia de publicidad activa –como es este caso- o de derecho de acceso a la información pública.

El derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, debe estar rodeado de las máximas garantías –como derecho fundamental que es-, y una de ellas es la total transparencia en cuanto a la elaboración de las ofertas de empleo público por parte de las Administraciones Públicas, debiendo acreditarse la inclusión en las mismas de todas aquellas plazas vacantes ocupadas por interinos, tal y como lo establecen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esa garantía de transparencia debe concretarse en la publicidad activa de la documentación preceptiva para la aprobación de las ofertas de empleo público, que debe resultar accesible al conjunto de los ciudadanos en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, para aquellas ofertas que afectan a la Administración de la Comunidad Autónoma. Eso es lo que hemos venido reclamando, sin éxito, a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, y lo que ahora nos hemos visto obligados a solicitar al Consejo de Transparencia de Aragón.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de reclamación al Consejo de Transparencia de Aragón:

JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Consejo de Transparencia de Aragón y formula el presente escrito de reclamación relativo al incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que corresponde a los decretos de oferta anual de empleo público aprobados por el Gobierno de Aragón, fundado en las razones siguientes:

  1. La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, prevé entre las obligaciones de publicidad activa de las Administraciones Públicas sujetas a sus previsiones las relativas a la información de relevancia jurídica. Así, en su artículo 15 se indica la obligación de publicar, en el Portal de Transparencia respectivo, la siguiente documentación:

-         Los proyectos de reglamento, una vez elaborados y previamente a la solicitud de los informes y dictámenes de los órganos consultivos.
-         Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la emisión de los mismos.

  1. Pese a tal previsión legal, tanto el Departamento de Hacienda y Administración Pública como el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales vienen desatendiendo dicha obligación de publicidad activa en relación con la aprobación de la oferta anual de empleo público que compete al Gobierno de Aragón, pese a que su aprobación se lleva a cabo como disposición de carácter general, sin que, por lo tanto, la información relativa a su procedimiento de elaboración pueda ser sustraída a las exigencias de publicidad de todos los documentos que conforman el expediente de tramitación y aprobación de la misma.

Dicha publicidad activa, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, debiera permitir a todos los ciudadanos, como titulares del derecho de acceso a la función pública, conocer los criterios con los que se ha confeccionado cada oferta anual, y poder controlar que la misma ha sido tramitada y aprobada con estricta sujeción a lo señalado por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, y normas que los desarrollan.

La afección al ejercicio efectivo de un derecho fundamental atribuido por la Constitución Española a todos los ciudadanos, como es el derecho de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 CE, debiera constituir una razón determinante para que los órganos responsables de asegurar la publicidad activa de las ofertas de empleo público cumplieran escrupulosamente con dicha obligación de transparencia, evitando o corrigiendo la situación que viene a señalarse en la presente reclamación.

  1. Tal incumplimiento normativo, por otra parte, no puede atribuirse a la inadvertencia de los órganos responsables, pues esta Asociación se ha dirigido en más de una ocasión a la titular del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, como encargado de asegurar la aplicación de las normas de transparencia, para señalar el citado incumplimiento y reclamar la adopción de las medidas oportunas para asegurar la publicidad activa de las ofertas de empleo público.

Pese a ello, y a pesar de formular nuestra queja al amparo del derecho fundamental de petición, ni se ha corregido la situación de falta de publicación –como puede constatarse con la mera consulta del Portal de Transparencia- ni tampoco las peticiones formuladas han sido objeto de tramitación conforme a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, quedando indebidamente sin respuesta.

  1. La Ley 8/2015, de 25 de marzo, ha creado el Consejo de Transparencia de Aragón como órgano llamado a promover la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma, velando tanto por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa como por la garantía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Corresponde a dicho Consejo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 41 de la citada Ley 8/2015, adoptar las medidas necesarias para el cese del incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, incluyendo en su caso el inicio de las actuaciones disciplinarias que puedan resultar procedentes.


Por todo ello, al amparo de lo señalado en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, y de las restantes disposiciones dictadas para su desarrollo y ejecución, se formula reclamación ante dicho Consejo de Transparencia de Aragón, por el reiterado incumplimiento en el que incurren los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón –en particular, el Departamento de Hacienda y Administración Pública y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales-, al no asegurar la publicidad activa de los decretos de oferta anual de empleo público que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón, desatendiendo con ello la obligación que impone el artículo 15 de la La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, solicitando de dicho Consejo la adopción de medidas para corregir tal incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que pudieran resultar procedentes.

Zaragoza, 4 de enero de 2017.

miércoles, 4 de enero de 2017

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: ESCRITO DE PETICIÓN AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



Esta Asociación se ha dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para manifestarle la preocupación provocada por el incumplimiento en el que incurre el Gobierno de Aragón en cuanto a la remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos al Parlamento autonómico antes del 1 de octubre de 2016, habiéndose estrenado 2017 sin que el citado Proyecto de Ley haya sido aprobado, procediéndose así a la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2016, con las limitaciones que ello supone para las decisiones políticas de gasto y medidas de inversión.

El incumplimiento no es nuevo –fue una constante en la actuación del anterior Gobierno de Luisa Fernanda Rudi-, pero pone de manifiesto la escasa voluntad del nuevo Gobierno de Javier Lambán por corregir malas prácticas en el ejercicio de la iniciativa presupuestaria y por respetar los plazos legales señalados tanto en el Estatuto de Autonomía de Aragón como en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma. Lo sucedido en el presente ejercicio viene a agravar los hechos del anterior ejercicio, pues si el año pasado se incurrió en una tardanza en la aprobación del Proyecto de Ley, este año se ha incurrido en un incumplimiento absoluto, al haber concluido el ejercicio de 2016 sin que el Proyecto de Presupuestos de 2017 haya sido aprobado por el Gobierno de Aragón.

Debe rechazarse el pretexto de que tal Proyecto de Ley no cuenta con el respaldo de una mayoría parlamentaria suficiente para su aprobación, pues la obligación de remisión de los Presupuestos no está vinculada a la garantía de su aprobación. El Gobierno habrá de asegurar, en la oportuna tramitación parlamentaria, que cuenta con el respaldo suficiente o con la capacidad de negociación y transacción necesaria para sacar adelante las cuentas públicas de 2017. Lo contrario supone un manifiesto incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón y de la legislación presupuestaria, además de un claro ejercicio de irresponsabilidad política, al tratar de evitar que la tramitación de la norma ponga de manifiesto el precario respaldo parlamentario del actual Ejecutivo. Tal estrategia en modo alguno puede aceptarse en un modelo de confianza y control parlamentario de la acción de gobierno.

El incumplimiento de las normas no puede ser ignorado en ningún caso, y por ello hemos entendido oportuno ponerlo de manifiesto al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para que por parte del Gobierno de Aragón se proceda a dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía, y se apruebe sin más demora el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, remitiéndose a las Cortes de Aragón para su tramitación y, en su caso, aprobación.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón:

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
  María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 4 de enero de 2017.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad comprometida con el impulso de medidas de buen gobierno y buena administración en el conjunto de las administraciones públicas, deseo expresarle nuestra preocupación por el incumplimiento del ordenamiento jurídico en el que incurre el Gobierno de Aragón al no remitir a las Cortes de Aragón, dentro de los plazos establecidos, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2017.

Similar preocupación la hemos venido manifestando a los responsables del Gobierno de Aragón, en anteriores legislaturas, a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y al Justicia de Aragón, sin que dicha práctica irregular haya sido oportunamente corregida.

El artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que “el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso”, lo que significa que el correspondiente Proyecto de Ley debería haber sido aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón con anterioridad al 1 de octubre de 2016.

Dicho requisito temporal se reitera en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo  1/2000, de 29 de junio, y en cuyo artículo 37 se dispone: “El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las Cortes antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen, enmienda y, en su caso, aprobación”.

Asimismo, también el vigente Reglamento de las Cortes de Aragón, al regular el procedimiento de aprobación de la Ley de Presupuestos, establece en su artículo 143: “Corresponde a la Diputación General la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las Cortes antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen, enmienda y, en su caso, aprobación”.

Pese a la claridad con que el conjunto del ordenamiento jurídico establece dicha obligación, el Gobierno de Aragón, por segunda vez en la presente legislatura, ha venido a incumplir el deber de remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el plazo establecido, lo que no solo constituye una práctica contraria a lo establecido en la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma, sino también un incumplimiento del principio de división de poderes y del principio de responsabilidad política, pues al parecer –como se deduce de diferentes declaraciones públicas realizadas- existe una resistencia del Gobierno de Aragón a remitir al Parlamento autonómico un proyecto que no cuente con el previo respaldo de una mayoría suficiente que garantice su aprobación.

Entendemos que dicho criterio de actuación contraviene frontalmente la normativa a la que se halla sujeta la iniciativa presupuestaria del Gobierno de Aragón, pues la remisión en plazo del proyecto presupuestario no puede verse aplazada o suspendida por la incertidumbre de su aprobación, ya que tal circunstancia no exonera al Ejecutivo autonómico del cumplimiento de tal obligación, debiendo atenerse a las exigencias y plazos que imponen tanto el Estatuto de Autonomía como su normativa de desarrollo.

La tramitación parlamentaria –con las transacciones que sean necesarias para obtener el respaldo suficiente que asegure su aprobación- no puede ser obviada ni descartada mediante negociaciones políticas previas en el momento de confección del proyecto de ley. El Gobierno ha de fijar sus prioridades de gasto y sus previsiones de ingresos y ha de someter dicho programa presupuestario a la aprobación del Parlamento autonómico, asumiendo la responsabilidad política propia de quien ejerce la iniciativa presupuestaria y tiene la obligación primordial de asignar el gasto público que asegure la realización del programa político que corresponde a la acción de gobierno.

Consecuentemente, y de acuerdo con el derecho de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución Española, le solicito que por parte del Gobierno de Aragón, y de acuerdo con la obligación que establecen el Estatuto de Autonomía de Aragón y las normas de desarrollo, se proceda a aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, remitiéndolo a las Cortes de Aragón para su debate, enmienda y aprobación.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa


martes, 3 de enero de 2017

INICIO DE UN NUEVO AÑO DE TRABAJO.



Se abre, con el nuevo año, un horizonte de iniciativas a promover desde esta Asociación, para proseguir nuestra actividad a favor de una función pública profesionalizada y comprometida con los principios constitucionales, y para reclamar de los diferentes responsables políticos un programa decidido que impulse el buen gobierno y la buena administración en el conjunto de las instituciones públicas españolas, y no solo en las aragonesas, pues entendemos que el marco jurídico en el que se desenvuelve nuestra condición de ciudadanos –y al que nos debemos especialmente como servidores públicos- es el ámbito de nuestra norma constitucional, cuya eficacia se proyecta de igual manera sobre la normativa estatal y la normativa autonómica respectiva.

Frente al clima de incertidumbre y pesimismo que parece dominar en amplios sectores de nuestra sociedad, seguimos confiando en la fortaleza de nuestra democracia y en el compromiso mayoritario de los ciudadanos con los valores que representa, sin que ello nos lleve a ignorar problemas y dificultades. Nuestro apoyo a todo lo que representa la Constitución Española de 1978 es inequívoco. Los valores constitucionales y principios democráticos, en los que se condensan las principales conquistas políticas de nuestra sociedad, son el imprescindible marco de referencia y horizonte ético para el debate público sobre los desafíos colectivos a los que hemos de enfrentarnos, sin ceder a las pulsiones autoritarias que están cobrando fuerza dentro y fuera de Europa.

Trabajamos por una democracia exigente, en la que las instituciones funcionen y cumplan con sus respectivos cometidos, respetando el principio de legalidad y sirviendo de forma inequívoca a los intereses generales de los ciudadanos. Defendemos el Estado de Derecho, pues solo desde el compromiso con sus principios entendemos la actividad de las diferentes Administraciones Públicas, que han de contribuir a su realización cotidiana y a su fortalecimiento, generando confianza y seguridad jurídica en el conjunto de la sociedad.

El papel de los servidores públicos es esencial para el desarrollo de las políticas públicas impulsadas por los Gobiernos que cuentan con la confianza parlamentaria –es decir, con el respaldo de los ciudadanos-, pero su actividad ha de ser, al mismo tiempo, una garantía de que la acción de gobierno y la gestión de los asuntos públicos se hace de conformidad con las normas de obligado cumplimiento y desde el respeto a los derechos de las personas.

A partir de estas premisas, y de acuerdo con los objetivos que nos hemos marcado tanto en nuestros Estatutos como Asociación como en los Documentos de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborados al inicio de cada legislatura de las Cortes de Aragón, estamos dispuestos a trabajar con toda la intensidad de la que seamos capaces a lo largo de 2017, y animamos a todos los que comportan nuestros planteamientos a colaborar en dicha tarea.


jueves, 29 de diciembre de 2016

AL CONCLUIR UN AÑO DE LABOR.



Cuando concluye 2016, parece oportuno hacer un balance de la actividad desarrollada a lo largo del año por parte de esta Asociación, sin necesidad de hacer recuento de los resultados obtenidos, pues hay que empezar a valorar el impulso de iniciativas cuya oportunidad no se ve desvirtuada por la distinta suerte que puedan correr.

La defensa de la legalidad, la exigencia de respeto a los derechos fundamentales, la reivindicación de transparencia en la gestión pública o la activación de los mecanismos de garantía del Estado de Derecho frente a la arbitrariedad de los poderes públicos valen por sí mismas, se alcancen o no los objetivos perseguidos.

Esta Asociación, desde el primer momento, rechazó tanto el fatalismo -ese no hay nada que hacer, tan frecuente entre los ciudadanos que parecen haber dimitido de su condición- como el cálculo interesado -esa tendencia a no consumir esfuerzos ni energías en empresas de incierto resultado, a no embarcarse en aquello que solo puede generarnos desgaste o dificultades,  condensado en esa frase cínica que se nos ha querido inculcar desde siempre de que "donde no hay ganancia la pérdida es segura"-, y, en su lugar, se apuntó a la autoexigencia que deben tener, en su actuar, todos los ciudadanos y, en particular, los servidores públicos: no callar ante la quiebra de las normas, no permitir el vaciamiento progresivo de las garantías del Estado de Derecho, no contribuir a la pérdida de calidad de nuestras instituciones y a la desprofesionalización de la función pública, no desatender nuestro cometido.

Podemos decir que a lo largo de 2016 hemos trabajado, menos de lo que hubiéramos deseado, dadas las circunstancias de nuestra Administración Pública, manteniendo la defensa del derecho de acceso a la función pública, reclamando al Gobierno de Aragón -y también a otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza o la Universidad de Zaragoza- la aprobación de ofertas de empleo público que incluyerann la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por personal interino, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público, tratando de impedir con ello que una desafortunada interpretación de las tasas de reposición de efectivos, previstas en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, cercenasen el derecho de acceso e incrementen hasta niveles escandalosos e inaceptables los niveles de interinidad en el conjunto de las Administraciones Públicas.

En vano hemos intentado que el Gobierno presidido por Javier Lambán aceptase la ejecución de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2014 y 2015, por vulnerar el derecho de acceso a la función pública. Resulta sorprendente que un Ejecutivo se resista a aceptar y ejecutar unas sentencias favorables al derecho de los ciudadanos, alegando que las mismas van en contra de la legalidad. Y aún más que se acuda al Tribunal Supremo en recurso de casación para tratar de obtener, como ya ha hecho en alguna ocasión, una sentencia restrictiva al derecho de acceso, haciendo primar de manera absurda e irreal los límites presupuestarios al régimen de acceso, sin reparar en que la falta de oferta no solo no reduce costes de personal sino que los agrava, como lo evidencian las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a indemnizar al personal interino en el momento de la terminación de su relación laboral con la Administración.

Corregir las bolsas de interinidad generadas durante todos estos años puede comportar, en indemnizaciones salariales, un coste millonario, dejando así en evidencia la falaz argumentación de quienes afirmaban que la interinidad abarataba costes a la Administración Pública. La negación de derechos y la discriminación laboral que supone la tasa de interinidad actualmente existente no puede salir barata nunca, y las indemnizaciones son uno más, pero no el principal coste a pagar por la miopía y arbirariedad con la que se ha gestionado la selección de personal en las Administraciones por los sucesivos responsables políticos.

El Gobierno de Aragón no solo se ha mostrado incapaz de ejecutar sentencias, sino también de respetar las leyes, y por eso esta Asociación se ha visto obligada, una vez más, a impugnar los Decretos de aprobación de la oferta de 2016 -tanto en el ámbito de la administración general como en el sanitario-, sin que dicho incumplimiento lo podamos entender enmendado ni paliado con la modificación de la Ley de Salud de Aragón para dar cobertura a una oferta extraordinaria de personal del Servicio Aragonés de Salud.

Alguien debería explicar las razones por las que es importante corregir la interinidad en el ámbito sanitario y no en el resto de los sectores de la Administración, cuando la titularidad de un derecho fundamental, como es el de acceso a la función pública, corresponde por igual a todos los ciudadanos, con independencia de su perfil profesional o del sector al que tengan derecho de acceder. Un Gobierno que discrimina a la hora de legislar no hace sino ahondar y reafirmarse en la ilegalidad de su gestión.

No solo el derecho de acceso a la función pública ha sido el objetivo de nuestra actividad a lo largo de 2016, aunque sin duda ha consumido la práctica totalidad de nuestros recursos -unos recursos limitados para hacer frente a la contumaz postura del Gobierno-, sino que también hemos insistido en el derecho de petición -tan vulnerado por el Gobierno de Aragón y tan desdeñado por las Cortes de Aragón, al margen de discursos de pretendida apertura como el de su actual Presidenta, Violeta Barba, pues traducir las palabras en hechos sigue siendo un camino costoso-, y en el derecho de acceso a la información pública, demandando información de calidad en el boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma -su contenido es impropio de una Administración obligada a suministrar información veraz y comprensible a los ciudadanos- y reclamando publicidad activa que la Administración se resiste a dar a conocer, como se evidencia con la ausencia de los decretos de oferta en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, incumpliendo la normativa autonómica.

Por último, pero no por ello menor, esta Asociación ha querido mantener en 2016 su compromiso con la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, a celebrar el 9 de diciembre, y organizó con tal fin la proyección del documental "La corrupción: el organismo nocivo", contando en su proyección con la valiosa presencia de sus codirectores, de Pandora Box TV. El acto, al margen de su concreto desarrollo, ha abierto unas vías de colaboración prometedoras para desarrollar en el resto de las Comunidades Autónomas esfuerzos dirigidos a que, en el seno de su respectiva función pública, se inicie un proceso de reflexión que pueda cristalizar en la constitución de una asociación similar a la nuestra, destinada a promover en su propio ámbito los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Hemos desplegado, en suma, el esfuerzo del que hemos sido capaces, pues a cada cual hay que exigir de acuerdo con sus fuerzas y recursos. Nos hubiera gustado haber hecho mucho más, infinitamente más, pero podríamos también haber hecho menos o nada, podríamos haber llegado a tirar la toalla, cosa que no ha sucedido y por ello llegamos a completar un año más de actividad, con la esperanza de seguir trabajando durante el próximo año, en la defensa de nuestros principios  y en la dirección que marcan nuestros objetivos, que en definitiva son los de todos los servidores públicos y ciudadanos que aspiran a contar con una función pública comprometida con la democracia y el Estado de Derecho, con el interés general y la cohesión social, con la libertad y la dignidad de las personas.

A ese trabajo, seguimos convocando a todos, para poder hacer más, para aspirar a que nuestra aportación pueda contribuir a hacer realidad la regeneración democrática que nuestro país necesita.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

EL VALOR DE LA EJEMPLARIDAD.



Ayer tarde, en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza, se proyectó, según lo programado para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el pasado día 9 de diciembre, el documental “Corrupción: el organismo nocivo”, realizado por Pandora Box TV, y, tras la proyección del mismo, tuvo lugar un interesante coloquio, con la presencia de los codirectores del documental, Albert Sanfeliu y Teresa Soler, y del Presidente de nuestra Asociación, Julio Guiral.

El documental fue combinando con enorme destreza e impecable realización los relatos de un conjunto de servidores públicos –hay que reservar para ellos esta denominación, que solo merecen quienes de verdad anteponen el deber ético de servicio a sus intereses o a su comodidad- y las intervenciones de una serie de expertos en materia de ética y corrupción, como Victoria Camps, Manuel Villoria, Joan Queralt o Carlos Jiménez Villarejo, de manera que la acción de quienes, en el ejercicio de su función, se enfrentaban a la corrupción pública –con un alto coste personal- venía a encarnar la teoría de quienes reflexionaban y analizaban la exigencia ética en la vida pública y la necesidad de prevenir y combatir la corrupción. Las virtudes que se predican solo pueden apreciarse, verdaderamente, observando el comportamiento de las personas ejemplares que se guían por ellas.

No podemos dejar de señalar, con profunda satisfacción, la plena coincidencia entre los mensajes esenciales del documental realizado y los planteamientos que, desde su inicio, han alentado el trabajo de nuestra Asociación.

No resultó por ello anecdótico el hecho de que, en el transcurso del coloquio, Teresa Soler leyera unos párrafos de un texto que bien podían servir de síntesis de todo lo expuesto y que, no por azar, pertenecían al artículo que en febrero de 2007 se publicó en las páginas de “Heraldo de Aragón” para dar a conocer la constitución de esta Asociación y exponer la necesidad de un “giro ético” en la función pública.

Convencidos del indudable valor que tiene el documental realizado para suscitar una verdadera reflexión sobre las exigencias éticas que comporta el ejercicio de la función pública, desde esta Asociación, tal y como se sugirió ayer en el coloquio, se va a solicitar a los responsables de la Dirección General de la Función Pública que el Instituto Aragonés de Administración Pública, dentro de sus actividades de formación, programe una sesión de sensibilización sobre el fenómeno de la corrupción, dirigida al conjunto de los funcionarios públicos, consistente en la proyección de este documental y posterior debate entre los asistentes a la sesión.

Creemos que el visionado del documental resulta enormemente útil para comprender cuál es el alcance del código de conducta que resulta exigible a los funcionarios públicos, código que ha quedado formulado en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007, sin que el mismo haya sido objeto de desarrollo alguno ni haya servido para propiciar ese “giro ético” que nuestra Asociación comenzó a demandar justamente en ese mismo año.

Han pasado, prácticamente, diez años, pero los avances en materia de buen gobierno y buena administración han sido muy limitados, y en ocasiones se limitan a simples operaciones de imagen que en modo alguno atacan la raíz de los problemas, y que vuelven a dejar los intereses públicos a merced de abusos y conductas ilícitas. Solo cuando se conoce, de primera mano, la batalla librada contra la corrupción por funcionarios españoles a lo largo de estos años pasados, se comprende que el compromiso con la legalidad y la ética pública es una obligación contraída con los ciudadanos, sin duda, pero también un tributo necesario hacia quienes, como refleja el documental, no han dudado en plantar cara a la corrupción sin otra consigna que sus convicciones personales, su sentido de la dignidad y su conciencia cívica.

Gracias sinceras a Albert Sanfeliu y a Teresa Soler por las horas compartidas con todos nosotros, y por el magnífico trabajo realizado sobre el deber ético para todo servidor público de enfrentarse a la corrupción, pues esa actitud es la que nos permite sentirnos orgullosos de nuestra profesión y no vivir avergonzados por consentir y convivir con la degradación moral de nuestro entorno, en el funcionamiento de nuestras organizaciones públicas.




lunes, 5 de diciembre de 2016

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: PROYECCIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTAL “CORRUPCIÓN, ORGANISMO NOCIVO”, EL 13 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL DE ZARAGOZA.



El próximo día 13 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza, tendrá lugar la proyección pública del documental “Corrupción, el organismo nocivo”, realizado por Pandora Box TV, y en el que se recogen numerosos testimonios de servidores públicos –que han revelado y denunciado casos de corrupción desde sus puestos públicos- y de expertos, con el fin de analizar uno de los problemas que de manera más directa ha afectado a la credibilidad de las instituciones y de la política en general, aportando soluciones para prevenir su aparición y reducir su impacto sobre la gestión de los recursos públicos y los derechos de los ciudadanos.

Con dicho acto público, que constará de la proyección del documental y del posterior coloquio con los dos directores del mismo, Albert Sanfeliu y Teresa Soler, junto a Julio Guiral, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseamos conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción y recordar la necesidad de desarrollo de las numerosas previsiones que, en materia de prevención, contiene la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003, y ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008.

Son numerosas las medidas contempladas en dicha Convención que afectan al sector público, y que tienen como finalidad la prevención de la corrupción, atribuyendo un papel especialmente relevante en dicha tarea a los servidores públicos. Su selección, su estatuto jurídico, su formación, su profesionalidad son elementos que han de configurarse de manera que contribuyan decisivamente a reforzar la lucha contra la corrupción, mediante su prevención en el seno de las propias instituciones públicas gracias al compromiso expreso con la ética pública y las normas de conducta propias de quienes han de velar por el respeto de la legalidad y la realización del interés público.

El valioso contenido de los testimonios recogidos en el documental son un elemento de primer orden para propiciar un vivo debate sobre los diferentes aspectos que reviste la corrupción pública –tanto política como administrativa- y las estrategias y medidas que cabe promover para prevenirla y sancionar a los corruptos.

Invitamos por ello a todos los ciudadanos y funcionarios públicos a asistir al acto organizado, para disfrutar del documental excepcional que se proyectará y animar el posterior coloquio sobre el papel que corresponde a la sociedad civil, servidores públicos y medios de comunicación, entre otros, en la lucha necesaria contra la corrupción, para su prevención y sanción.

martes, 22 de noviembre de 2016

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN AMPLÍA EL OBJETO DEL RECURSO CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016.



A la vista de lo solicitado por esta Asociación, y de las alegaciones realizadas por el Ministerio Fiscal a favor de nuestra petición, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), mediante providencia de 17 de noviembre de 2016, ha acordado ampliar el recurso planteado contra la oferta de empleo público en el ámbito de administración general y extender el mismo al Decreto 145/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

Conforme a dicho acuerdo de ampliación, la Sala del Tribunal ha requerido a la Administración que remita el expediente administrativo correspondiente a dicha Oferta y emplace a cuantos aparezcan como interesados, para que puedan personarse como demandados, así como comunicar al Tribunal la autoridad o funcionario responsable de dicha remisión.

Dicha decisión judicial viene, por lo tanto, a aceptar nuestra pretensión de que el control jurisdiccional sobre la oferta de empleo público para 2016 no se limite a la aprobada para el ámbito de administración general sino también para el ámbito de sanidad. Con ello seguimos defendiendo nuestro planteamiento respecto al alcance que corresponde al derecho fundamental de acceso a la función pública, y a la necesidad de que las ofertas aprobadas incluyan la totalidad de los puestos ocupados por personal interino.

Frente a la estrategia que parecen desarrollar los sindicatos de la función pública aragonesa, centrando su presión exclusivamente en la oferta del sector sanitario –con amenaza de huelga incluida-, cuando nada han dicho ni hecho frente a los recursos de casación formulados por el Gobierno de Aragón contra las sentencias del TSJA que anularon las ofertas de empleo de 2014 y 2015, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, y cuya ejecución hubiera podido hacer innecesaria la oferta extraordinaria que reclaman, sin riesgo de impugnación por parte del Estado, desde esta Asociación seguimos defendiendo el derecho de todos los ciudadanos para acceder a la función pública en condiciones de igualdad, en cualquiera de los ámbitos de la administración, en cualquiera de sus cuerpos y escalas, al margen de toda visión corporativista o sectorial.

Tanto el Gobierno de Aragón como los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón parecen seguir el juego a las organizaciones sindicales, centrando sus iniciativas exclusivamente en la oferta sanitaria, olvidando algo tan elemental como el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que la titularidad del derecho de acceso a la función pública corresponde a todos los ciudadanos, y no solo a quienes pretenden acceder a la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

viernes, 18 de noviembre de 2016

NECESIDAD DE UN PROCEDIMIENTO REGLADO PARA DESIGNAR LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.



La realización adecuada de los procesos selectivos para el ingreso en la función pública, además de la necesaria aprobación de la Oferta de Empleo Público, en condiciones que permitan la realización efectiva del derecho de acceso a la función pública –además de atender las necesidades de efectivos de la Administración para el correcto desempeño de sus funciones-, ha de contar con un conjunto de pautas de actuación que garanticen la transparencia y la seguridad jurídica del conjunto de pruebas y demás actuaciones que conforman el proceso selectivo.

Un elemento central y decisivo para el correcto desarrollo de los procesos selectivos es el establecimiento de un procedimiento reglado para designar los miembros de los Tribunales Calificadores que hayan de efectuar los procesos selectivos, reforzando la independencia y solvencia de sus miembros, de manera que su actuación se acomode plenamente a las bases de la respectiva convocatoria, con total garantía de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Esa necesidad ya fue señalada al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por parte del Justicia de Aragón, en sugerencia de fecha 6 de noviembre de 2008, a raíz de una queja planteada por esta Asociación. No obstante el tiempo transcurrido, nada se ha hecho por avanzar en el establecimiento de dicho procedimiento reglado. Más bien al contrario, como se ha podido ver en el reciente proceso selectivo para la Escala Auxiliar Administrativa, hemos llegado a contemplar cómo el Director General de la Función Pública sustituye a la totalidad de los miembros de un Tribunal Calificador, por discrepancias con los acuerdos adoptados, logrando que el nuevo Tribunal revoque lo acordado por el Tribunal precedente.

Creemos que lo sucedido hace totalmente necesario recordar la necesidad de establecer un procedimiento objetivo y reglado para designar a los miembros de los Tribunales Calificadores, corrigiendo la situación actual de absoluta discrecionalidad en dicho nombramiento, y la consiguiente capacidad de influencia sobre el desarrollo de los procesos que de tal designación puede derivarse.

Por todo ello, nos hemos dirigido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para solicitarles la adopción de iniciativas de control e impulso de la acción del Gobierno dirigidas al establecimiento de dicho procedimiento reglado para la formación de los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos.

Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón:

Grupo Parlamentario Socialista
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 17 de noviembre de 2016.

Estimados señores:

Como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseo expresarles nuestra preocupación por una de las principales carencias que padece la Administración de la Comunidad Autónoma a la hora de desarrollar los procesos selectivos de personal derivados de las ofertas anuales de empleo público, como es la  falta de un procedimiento reglado que permita designar a los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso mediante criterios objetivos, que venga a corregir la total discrecionalidad con la que se vienen designando en la actualidad.

Con fecha 6 de noviembre de 2008, el Justicia de Aragón dirigió una sugerencia al entonces Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, al objeto de que se valorase la oportunidad de aprobar un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se acompaña una copia de dicha sugerencia.

A pesar de los años transcurridos y de los reiterados problemas padecidos en el desarrollo de los procesos selectivos –de los que es un claro ejemplo lo sucedido en las actuales pruebas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa, en las que el Director General de la Función Pública ha sustituido a los miembros del Tribunal Calificador inicial por otros, con absoluta discrecionalidad en su modo de designación-, la citada sugerencia sigue sin ser atendida por el Departamento responsable en materia de función pública.

Creemos que la transparencia, la imparcialidad y la seguridad jurídica que han de presidir el desarrollo de todo proceso selectivo ha de tener su principal manifestación en el modo de designar los componentes de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas de acceso. Consideramos que debe asegurarse la objetividad en la designación de sus componentes por parte de los responsables políticos de función pública, e impedir así un indebido control sobre el posterior desarrollo de los procesos selectivos, evitando además posibles conflictos de intereses por quienes determinan la composición de los respectivos Tribunales.

Entendemos que la Administración no puede descuidar un aspecto tan relevante en la ordenación de los procesos selectivos para el ingreso en la función pública autonómica, razón por la cual nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario al objeto de que puedan valorar la oportunidad de impulsar algún tipo de iniciativa de control e impulso de la acción de gobierno sobre la cuestión planteada.

Agradeciendo de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa