viernes, 24 de febrero de 2017

LA NECESARIA MEJORA DE LAS INSTITUCIONES AUTONÓMICAS: PETICIÓN AL JUSTICIA DE ARAGÓN.



Desde esta Asociación hemos formulado, a lo largo de los años, diferentes propuestas de mejora del funcionamiento de las diferentes instituciones públicas, convencidos de que éstas han de estar en un proceso constante de evaluación y revisión de sus deficiencias, sin admitir que las carencias o defectos constatados, ya sea en su diseño organizativo o en sus formas de actuación, se mantengan a lo largo del tiempo, erosionando su credibilidad y su funcionalidad en el conjunto de la actividad pública.

Las instituciones no están exentas, más bien al contrario, del desgaste impuesto por el paso del tiempo, por la dificultad de cumplir fielmente su cometido y por los errores acumulados en el desarrollo de su actividad, con independencia de a quién quepa imputarlos. También es necesario que las instituciones cuenten con la flexibilidad adecuada para adaptarse a las circunstancias cambiantes y a la evolución de la sociedad, a cuyas necesidades se halla orientada toda su actividad.

Por ello, entendemos que los primeros interesados en revisar de forma periódica la calidad de funcionamiento de una institución son los propios responsables de la misma, sin perjuicio de contar en tal tarea con otros agentes capaces de detectar las posibles carencias en su forma de actuar.

En tal sentido, nos hemos dirigido al titular de la Institución del Justicia de Aragón, animándole a llevar a cabo un análisis de la regulación y funcionamiento de la Institución, y realizar una propuesta de mejoras, señalándole las que nuestra Asociación ha considerado relevantes, pues la continuidad y la inercia no pueden ser la forma adecuada de desenvolvimiento de la actividad institucional. Hay que introducir estándares crecientes de exigencia, máxime en el contexto actual de desconfianza ciudadana y descrédito de los poderes públicos.

La reclamada regeneración institucional ha de abordarse, en buena medida, a través de este proceso de necesaria autoevaluación por parte de cada institución, con un proceso abierto, y unas conclusiones sometidas al debate público, que puedan servir de instrumento o guía para una posterior reforma y puesta al día de las mismas. Creemos que en Aragón el Justicia de Aragón podría dar un primer paso en dicha dirección, marcando con ello una pauta de conducta extensible al resto de las instituciones autonómicas.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Justicia de Aragón:


Excmo. Sr. Justicia de Aragón
C/ Juan de Aragón, 7
50001-ZARAGOZA

Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

Estimado señor:

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad dedicada a la formulación de propuestas de buen gobierno y buena administración, así como a la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de las Administraciones Públicas, hemos destacado siempre la importancia que corresponde al diseño y actuación de las instituciones públicas en cualquier objetivo de calidad democrática.

Convencidos de ello, deseamos sugerirle la oportunidad de que, como institución encargada de la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y de la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y defensa del Estatuto de Autonomía, ámbitos sobre los que incide de manera directa la actuación de los diferentes poderes públicos, impulse actuaciones de oficio tendentes al análisis del diseño y funcionamiento de las instituciones públicas autonómicas y a la formulación, en su caso, de propuestas de mejora de las mismas, para un mejor desempeño de sus respectivas funciones, mejorando con ello su rendimiento institucional.

Creemos que, para ello, sería relevante que la propia institución del Justicia de Aragón, tras los muchos años de funcionamiento que ha acumulado como institución de la Comunidad Autónoma de Aragón, realizara una evaluación de su actual regulación, organización y funcionamiento, y lo hiciera de manera abierta a la opinión de ciudadanos, expertos, entidades sociales y restantes instituciones, incluidas aquellas sobre las que ha venido realizando su labor de fiscalización y control.

Esta Asociación, tal y como refleja en su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al comienzo de la actual legislatura, considera oportuno reforzar las facultades jurídicas de la institución del Justicia de Aragón –particularmente, en la defensa del ordenamiento jurídico aragonés y de la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón-, revisar el procedimiento de nombramiento de su titular, dando participación a la ciudadanía en el mismo, permitiendo la presentación de candidatos por parte de entidades ciudadanas, y proceder a la profesionalización del personal de la Institución encargado de la tramitación de las quejas de los ciudadanos y del desempeño de otras tareas de contenido jurídico, debiendo acomodar su régimen al modelo de función pública constitucional, corrigiendo el uso generalizado e indebido del personal eventual.

Asimismo, creemos que constituye un caso reseñable de inaplicación del ordenamiento jurídico aragonés la falta de desarrollo de lo previsto en la Ley reguladora del Justicia respecto a la figura del Lugarteniente, lo que da lugar a que la propia institución incurra en aquello que tiene por mandato evitar, como es la reiterada inaplicación de las normas, con el consiguiente menoscabo del principio de legalidad.

Entendemos, en definitiva, que por parte de esa Institución sería oportuno impulsar, en el ámbito de cada institución pública, medidas tendentes a la permanente evaluación de la calidad de su diseño y actividad, así como de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a sus respectivos cometidos, y que el mejor modo de llevar a cabo tal propuesta sería comenzar por una evaluación de la Institución del propio Justicia de Aragón, sometiendo a análisis su actual regulación, organización, procedimientos de actuación y resultados obtenidos en los diferentes campos de su mandato institucional.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba nuestro más atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

miércoles, 22 de febrero de 2017

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 28 DE FEBRERO DE 2017.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes 28 de febrero

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 28 de febrero de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad del Presidente.
  4. Preparación de la asamblea anual de la Asociación.
  5. Elaboración de página web.
  6. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 22 de febrero de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

jueves, 16 de febrero de 2017

ACTO CONMEMORATIVO DEL 10º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN: INTERVENCIÓN DE JULIO GUIRAL.



Ayer por la tarde, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, con un magnífico ambiente de público, tuvo lugar el acto conmemorativo de los primeros diez años de nuestra Asociación.

El acto se abrió con una intervención del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, en la que sintetizó la trayectoria de la Asociación, sus planteamientos fundacionales y el horizonte hacia el que encaminar los esfuerzos futuros, pues confiamos en que los próximos diez años de actividad resulten todavía más fecundos que los ahora cumplidos.

En esta nota se reproducen, de manera íntegra, las palabras de su intervención:

Palabras de presentación del acto conmemorativo del Décimo aniversario de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Buenas tardes,

El motivo de este acto es celebrar los 10 años de la existencia de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Esta intervención no pretende recopilar ni glosar los logros y fracasos obtenidos en estos 10 años de actividad, sino  manifestar nuestra voluntad de continuar y mejorar. En representación de la Asociación, espero hacerlo con claridad y brevedad.

En primer lugar,  debo formular una serie de agradecimientos,

-         A los miembros de la mesa de hoy, Teresa Soler, Manuel Contreras y José Manuel Aspas, por su desinteresada participación, y a todos los presentes que nos acompañáis en este día de aniversario.

-         A nuestra procuradora, Soledad Gracia,  y a nuestro abogado, José Manuel Aspas, al que tenemos hoy en la mesa del coloquio

-         A todas las personas que, de forma constante o temporal, han formado parte de esta Asociación

-         A todas las personas que han apoyado nuestra labor y asistido a nuestros actos.

-         A quien diseñó el blog que hemos mantenido estos largos años
 
-         Al Tesorero, que nos ha permitido sobrevivir en las penurias .

-         A todos los que han sido miembros de las sucesivas  Juntas Directivas y que han contribuido a marcar el rumbo de la asociación

-         A los responsables de ADAMS, por su decisiva ayuda en el momento oportuno.

-         A la productora Pandora BOX TV por el excelente documental y por su apoyo y las facilidades que nos han dado y por el diseño regalo del logotipo.

-         A todos los que han confiado en nuestro trabajo y han entendido necesaria nuestra presencia

Insistiremos en la creencia de haber demostrado que no somos un sindicato, ni un lobby de funcionarios para mejorar nuestro estatus, y tampoco una organización sectorial o corporativa, sino una entidad que se siente parte de la sociedad civil europea.

Renunciamos en estatutos a recibir ayudas económicas públicas, lo que ha  implicado superar con dificultad el pago de costas y depender en exceso del apoyo desinteresado de los profesionales del derecho que trabajan y mucho, gratis et amore.

Objetivos fundacionales.

Hace 10 años en una asamblea que nos pareció multitudinaria y muy creativa, se  definieron los siguientes objetivos que cabría sintetizar del modo siguiente:

1.    La defensa de la legalidad, el giro ético y la profesionalización  y despolitización de la función pública.

2.    No aceptar un discurso de cuestionamiento de  las instituciones, insistiendo en su valor y en su necesaria mejora y en la de sus procedimientos, para avanzar hacia objetivos de mayor calidad democrática.

3.    Todos nuestros objetivos van orientados a formular un programa permanente de buen gobierno y buena administración, y definir el papel de la función pública en ese doble horizonte.


¿Qué ha pasado en estos diez años?

Lo habéis seguido en el blog y un poco en la prensa. Esto es un breve y parcial resumen :

ü     Hemos vivido años agitados: Incomprensión sindical, desprecios de los políticos, presión contra la asociación desde el poder político. En algún momento ha hecho mella, pero ha prevalecido la voluntad de seguir.

ü     Vivimos también tensiones internas que produjeron bajas en la asociación, al tocar temas sensibles (remuneraciones ilegales, libre designación o asesores que no ejercían), porque defender la función pública no implica defender privilegios para los funcionarios.


Pensamos que hemos ejercido a lo largo de estos años:

1) La defensa de la función pública frente a su proyecto de desmantelamiento, con el bloqueo de las  ofertas de empleo y la constitución e hipertrofia de un sector empresarial público que pretendía suplantar a la Administración y cuyo personal ejercía tareas reservadas a funcionarios.

2) La defensa jurídica del derecho fundamental de acceso a la función pública: 5 sentencias judiciales favorables anularon cinco ofertas de empleo del Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho fundamental, pero esta batalla jurídica está aún muy lejos de concluirse (seguimos con 4 procesos en marcha).

3) La defensa del derecho constitucional de petición:  obtuvimos amparo del Tribunal Constitucional a nuestro derecho de petición ante las Cortes de Aragón Sentencia y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente al Presidente del Gobierno de Aragón, por vulneración de este derecho.

4) La reclamación de la publicidad y transparencia en los nombramientos del personal eventual y sobre los niveles de interinidad en las distintas administraciones públicas.

5) Hemos elaborado al inicio de cada legislatura unos Documentos de propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, con una fría acogida por parte de los grupos políticos.

6) Hemos reclamado de manera reiterada el desarrollo de las previsiones de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, e ininterrumpidamente hemos conmemorado durante estos años el Día Internacional contra la Corrupción cada 9 de diciembre.

7) Hemos planteado propuestas e iniciativas de interés para avanzar en materia de buena administración y calidad democrática ante la práctica totalidad de las instituciones públicas españolas y alguna de la UE.

Nos hemos esforzado, en definitiva, en aportar argumentos nuevos sobre temas variados y en rebatir viejos y asentados tópicos, como es el caso de las tasas de reposición de efectivos, que a nuestro juicio son un límite inconstitucional al derecho de acceso a la función pública.

¿Cómo hay que seguir tras estos 10 años?

Estamos determinados a continuar nuestra actividad, aunque son necesarios cambios de actitud y organización. Ser más modernos y eficaces y abiertos al cambio.

Debemos adentrarnos en campos de actuación nuevos para impulsar la regeneración institucional (aunque sea una palabra desgastada por mal uso o abuso).  

Defendiendo un modelo de función pública que no sea el del botín de los afiliados a los partidos políticos, y en el que estar mal visto por los dirigentes políticos no sea determinante para la carrera profesional.

Deberemos impulsar que se legisle sobre un modelo de función pública profesional y despolitizada, con un acuerdo básico entre los partidos políticos con vocación de gobierno.

Es preciso el desarrollo en la práctica de las exigencias éticas en la conducta de los funcionarios, en parte enunciadas en el EBEP. Y que tales actitudes y aptitudes sean consideradas en la selección y en la promoción.

Debe asegurarse el derecho de acceso a la función pública sin supeditarlo a los intereses de promoción de los que ya están dentro, un sistema nuevo para seleccionar a los mejores candidatos con una visión integral, la exigencia de formación continua y el refuerzo del compromiso ético y del desarrollo profesional.

Debe prevenirse la corrupción con una ética sólida de la función pública y fijar un sistema de alertas para prevención de las malas prácticas y la corrupción: un sistema no burocrático que ofrezca efectiva protección de los alertadores y con refuerzo de los órganos de inspección, evaluación y control.

Debe mejorarse el diálogo entre sociedad e instituciones, y en especial los cauces de comunicación entre las ONG y los parlamentos y Gobiernos, en especial a través del derecho constitucional de petición.
Debemos reivindicar el papel, frente a la descalificación interesada, de Defensores del pueblo y Tribunales de Cuentas, reforzando su independencia y la profesionalización del personal a su servicio.

Es preciso avanzar en la profesionalización y autonomía efectiva de los órganos de control interno, como son la Intervención e Inspección de Servicios.

Hay que impulsar una verdadera política de transparencia con libre acceso a la información generada por la Administración y al estado de las actuaciones, en cuyo diseño participen los ciudadanos.

Y establecer un Observatorio de la Función Pública, para analizar el estado y evolución de la función pública y hacer frente a la constante manipulación de la información en esta materia.

Desearíamos también superar el limitado marco local y nacional, interesándonos por el marco europeo, el respeto de los derechos fundamentales y la situación de la función pública de otros países, como parte de nuestro compromiso social, con especial atención a las situaciones más críticas (Turquía , Rumanía).

Esperamos superar la falta de interés, el absentismo intelectual  y la inacción en estos campos de actuación. No desconocemos las dificultades del debate, la fortaleza de los que se oponen a los cambios y la necesidad de trabajar con nuevos métodos, incluidos los más incisivos.

Nuestra idea es seguir actuando como lobby no corporativo en defensa del interés general –reivindicando la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en todas las Administraciones- y afrontando todas las dificultades.

Invitamos a todos a aportar ideas e iniciativas. Todas serán bienvenidas, aunque también convenientemente tamizadas por nuestros principios asociativos. Y nos fijamos como objetivo alcanzar la masa crítica de 100 socios para poder seguir adelante con todas las iniciativas.

Concluyo finalmente, dando las gracias por vuestro aliento, apoyo y participación

miércoles, 15 de febrero de 2017

DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE COMPROMISO.



Esta Asociación ha cumplido diez años de trabajo, de recorrido, de existencia, desde la celebración de su asamblea constitutiva el 14 de febrero de 2007, en Zaragoza.

Y queremos celebrarlo hoy con un acto público en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, a partir de las 18:30 horas, acto que consistirá en una breve exposición del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, con la posterior proyección del documental "Corrupción, el organismo nocivo", de Pandora Box TV, y un posterior coloquio, en el que, junto al Presidente de la Asociación, participarán Teresa Soler, codirectora y guionista del documental, José Manuel Aspas, abogado y responsable de las acciones judiciales promovidas por la Asociación en defensa de la legalidad constitucional y administrativa, y Manuel Contreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Agradecemos a todos ellos su presencia y disponibilidad.

Es motivo de celebración acumular diez años de actividad a nuestras espaldas, pero la ocasión y la celebración que hemos querido organizar con tal motivo, no tiene tanto la finalidad de hacer recuento de logros obtenidos en este tiempo pasado, como la intención de reafirmar nuestra voluntad de seguir trabajando en la promoción de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, con el fin de que la Administración pueda cumplir el papel constitucional que tiene asignado, y que no es otro que servir con objetividad el interés general, dando concreción a las políticas impulsadas por los gobiernos que expresan la voluntad de los ciudadanos, desde el respeto a las normas que impone el Estado de Derecho, y el compromiso con el mejor funcionamiento de los servicios públicos de nuestro Estado social, vital para lograr la cohesión social.

La Administración ha de estar a la altura de las circunstancias y saber responder a las exigencias de nuestra sociedad. Debe ser un mecanismo de legitimación de nuestro sistema político e institucional –democracia parlamentaria, Estado social de Derecho, Estado autonómico-, por su inequívoco compromiso con la legalidad y el interés general de todos los ciudadanos, y los primeros obligados a conseguir tal objetivo somos los servidores públicos, quienes trabajamos profesionalmente en el seno de las Administraciones Públicas, convencidos del valor intrínseco del servicio público.

Ha valido y vale la pena defender la función pública como institución al servicio del programa de libertad e igualdad que es nuestra norma constitucional. No importan las resistencias que hayan de vencerse en dicha tarea, ni los costes asumidos por comportamientos a contracorriente del poder político o del conformismo general. Estamos satisfechos de la labor realizada –con sus luces y sombras- y tenemos voluntad de seguir trabajando otros diez años más, con el mismo entusiasmo y compromiso, y animamos a todos a sumarse a este esfuerzo colectivo por hacer que el ser y el deber ser de las Administraciones tiendan a identificarse, superando el divorcio creciente que viven en la actualidad.

viernes, 10 de febrero de 2017

REIVINDICACIÓN PERMANENTE DEL ESTADO DE DERECHO.



Frente a quienes creen que basta la voluntad mayoritaria de los ciudadanos para tomar una concreta decisión, porque así lo dicta el principio democrático, o quienes consideran que las personas democráticamente elegidas cuentan con una legitimidad política que les faculta para adoptar cualquier medida, hay que recordar el pleno sometimiento de todos, ciudadanos y poderes público, al ordenamiento jurídico, como nota propia de un Estado de Derecho.

Desde esta Asociación hemos puesto siempre énfasis especial en reclamar el pleno respeto al principio de legalidad y alertar sobre el grave riesgo que entraña la “banalización de la ilegalidad”, la aceptación de que las normas pueden dejar de cumplirse sin que de ello se derive daño alguno para nadie.

Son numerosos, por ejemplo, los preceptos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que no se respetan por el Gobierno de Aragón, y su reiterada vulneración ha llegado a calificarse, por parte de algún responsable de la Dirección General de la Función Pública, como una “crisis de vigencia”. Si las leyes perdieran su vigor para hacerse respetar, como parecen creer algunos responsables políticos, la quiebra del Estado de Derecho estaría asegurada.

La ley es la principal garantía que tiene el ciudadano frente al abuso de poder, frente a la anómala arbitrariedad institucional y también frente a las lesiones a sus derechos provocadas por otros particulares. Sin una firme creencia en el valor de la ley, y sin mecanismos de aseguramiento del debido respeto a la misma, todos quedaríamos a merced de la arbitrariedad de los demás, ya sean particulares o poderes públicos.

Por eso, nuestro diseño institucional tiene que ser capaz de impedir o depurar todas aquellas conductas que constituyen una clara agresión al respeto de las leyes –sobre las que se asienta la convivencia democrática y tienen amparo los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos-, razón por la cual siempre hemos confiado en las instituciones que encarnan la fortaleza del Estado de Derecho –sin dejar de reclamar por ello su constante mejora-, pues son la imprescindible garantía frente a los excesos de la democracia política.

Es necesario recordar que democracia y ley no pueden ser elementos antagónicos, pues justamente la legalidad propia de un Estado de Derecho es la que tiene legitimidad democrática –y es expresión de la voluntad popular- y solo cabe reconocer como democracia a aquella que se desenvuelve dentro del marco jurídico que vincula por igual a ciudadanos y poderes públicos. Nadie está por encima de la legalidad, todos han de ser iguales ante la ley, sin discriminación posible, y nada puede invocarse para justificar el desprecio a la legalidad o su inaplicación.

Esta Asociación considera por ello que la reivindicación de la fortaleza del Estado de Derecho, al que sirve una función pública profesionalizada y fuertemente comprometida con el principio de legalidad, es una absoluta prioridad.

El valor del Estado de Derecho se percibe en la vida cotidiana de las sociedades –en la seguridad jurídica que genera el respeto a reglas y derechos-, pero también en los momentos de crisis y graves desafíos, ya sea el secesionismo territorial que pretende romper el marco constitucional, como sucede en España, o la adopción de medidas arbitrarias y discriminatorias que atentan contra los principios constitucionales y los derechos de las personas, como sucede en estos momentos con ciertas decisiones del actual Presidente de los Estados Unidos.

jueves, 9 de febrero de 2017

INVITACIÓN AL ACTO CONMEMORATIVO DEL 10º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN, ORGANIZADO PARA EL PRÓXIMO DÍA 15 DE FEBRERO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ARAGÓN.



Durante estos días, desde la Asociación, hemos estado remitiendo a todo tipo de instituciones y entidades políticas y ciudadanas, así como a personas individuales, un escrito de invitación al acto programado para celebrar el 10ª aniversario de la Asociación, constituida precisamente el 14 de febrero de 2007.

Dada la imposibilidad material de llegar a todos los destinatarios que desearíamos, procedemos a publicar en este blog el escrito de invitación, de manera que todas las entidades y personas que deseen acompañarnos en dicho acto, puedan considerarse invitadas al mismo.

Rogamos a todas aquellas personas que valoran de forma positiva la actividad desarrollada por esta Asociación que nos muestren su apoyo mediante la asistencia al acto previsto y la difusión de la convocatoria del mismo en su entorno.

Se reproduce a continuación el escrito de invitación remitido:

“Zaragoza, 7 de febrero de 2017.

Estimados señores:

Como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa deseo invitarles al acto público conmemorativo del décimo aniversario de nuestra Asociación, que tendrá lugar el próximo día 15 de febrero, miércoles, a partir de las 18:30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón ( C/ Doctor Cerrada, 22, Zaragoza).

Nuestra Asociación fue constituida en Zaragoza en febrero de 2007, como entidad comprometida con el impulso de medidas de buen gobierno y buena administración, para reforzar la calidad democrática, y con la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de las Administraciones Públicas, para fortalecer el Estado de Derecho.

Deseamos celebrar el 10º aniversario de nuestra constitución con todos nuestros socios y todos aquellos que comparten los objetivos de nuestra asociación y consideran importante un papel activo de los servidores públicos en la defensa de los valores democráticos y de los principios constitucionales y reafirmar nuestra voluntad de seguir impulsando la labor que nos propusimos en un inicio.

El acto programado, tras una breve presentación, consistirá en la proyección del documental “La corrupción, el organismo nocivo”, de Pandora Box TV, en el que se aborda el importante papel de los servidores públicos en la prevención y denuncia de la corrupción pública, y un posterior coloquio en el que, junto al Presidente de la Asociación, intervendrán Teresa Soler, codirectora y guionista del documental; José Manuel Aspas, abogado y responsable de los recursos judiciales promovidos por la Asociación en defensa de la legalidad constitucional y administrativa; y Manuel Contreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.

Nos resultaría grato que pudieran compartir con nosotros una reflexión sobre la necesidad de un esfuerzo del conjunto de la sociedad civil y de las instituciones públicas para acometer la necesaria regeneración de nuestra vida pública así como también la promoción de una ética cívica que haga de la sociedad (tanto ciudadanos como entidades sociales) un factor de impulso y vigilancia de la calidad democrática de nuestro marco institucional.

Esperando contar con su presencia en dicho acto, reciban un muy cordial saludo.

Julio Guiral”

jueves, 2 de febrero de 2017

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN.



La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión del pasado 31 de enero, acordó la realización de un acto conmemorativo del décimo aniversario de la constitución de la Asociación, llevada a cabo el 14 de febrero de 2007, en el Colegio de Abogados de Zaragoza.

El acto conmemorativo –pendiente de perfilar de forma definitiva- tendrá lugar en la tarde del miércoles 15 de febrero, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, y constará de la proyección del documental “Corrupción, el organismo nocivo”, realizado por Pandora Box TV, y un posterior coloquio, en el que, además de una reflexión sobre el papel que corresponde a los servidores públicos en la prevención y lucha contra la corrupción, se podrá realizar una síntesis de la labor desarrollada por la Asociación en sus diez años de trayectoria, a la vez que se intentará establecer un nuevo horizonte de actividad para los años próximos, y en particular para la actual legislatura de las Cortes de Aragón, a partir del “Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración”, aprobado en la última asamblea

Creemos oportuno celebrar con todos los socios y todas aquellas personas que, de un modo u otro, han estado en relación con esta Asociación, los diez años de trabajo que ahora culminan –recapitulando las principales iniciativas llevadas a cabo a lo largo de este tiempo- y reiterar la llamada al conjunto de los ciudadanos y, en especial, al colectivo de servidores públicos de las diferentes Administraciones para reforzar nuestro compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho, y en definitiva con la calidad democrática de nuestras instituciones, para que contribuyan de manera efectiva a la realización de los derechos de los ciudadanos, y al fortalecimiento de los principios constitucionales que presiden nuestra convivencia social y nuestra vida pública.

Valoramos positivamente los resultados de estos diez años, aunque nos hubiera gustado que fueran más abundantes y decisivos en la orientación de la función pública aragonesa, pero somos plenamente conscientes de lo mucho que queda todavía por avanzar –evitando también los posibles retrocesos e involuciones respecto a la situación actual-, de las muchas carencias que todavía sufre nuestra función pública –como la total falta de hoja de ruta del actual Gobierno de Aragón en la materia-, y por ello la celebración de los diez años de actividad ha de constituir una reafirmación de la voluntad de seguir trabajando por todo aquello que creemos valioso e irrenunciable por parte de quienes nos dedicamos profesionalmente a la función pública, es decir, al servicio público o bienestar común.

Ese compromiso profesional y cívico es la razón de ser de esta Asociación, la razón de su permanencia y la voluntad de continuidad hacia el futuro.

martes, 31 de enero de 2017

LA APROBACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO NO REQUIERE PREVIA LEY DE PRESUPUESTOS.



Sin presupuesto no se puede asumir ningún gasto nuevo, ni siquiera los de la convocatoria de la oferta”, señalaban fuentes del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, días atrás, según información recogida por la prensa aragonesa.

Frente a dicha afirmación, carente de todo fundamento, debemos reaccionar, reclamando de los responsables políticos del Gobierno de Aragón que sus declaraciones sean veraces y acordes a la legalidad, sin difundir informaciones inexactas, erróneas o abiertamente falsas, dirigidas a confundir a la opinión pública o a reforzar estrategias políticas que nada tienen que ver con el cumplimiento de la legalidad, siempre exigible a cualquier poder público.

Convocar oferta de empleo público, en la actual coyuntura de elevadas tasas de interinidad en el conjunto de la Administración Pública, no comporta ningún gasto nuevo, pues las plazas a convocar ya se hallan ocupadas por personal interino, son puestos con su dotación económica, gasto ya autorizado, y que además queda claramente garantizado por las condiciones de la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2016 hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017, acordadas por Orden del Departamento de Hacienda y Administración Pública de 23 de diciembre de 2016.

En concreto, todos los créditos correspondientes a gastos de personal y gastos de funcionamiento corriente quedan prorrogados y disponibles, razón por la cual no existe obstáculo alguno para la aprobación de las ofertas de empleo público ni para la realización de los procesos selectivos correspondientes a dichas ofertas u ofertas pendientes de ejecución. Decir lo contrario es, sencillamente, faltar a la verdad y buscar excusas para incumplir nuevamente la obligación legal de cubrir los puestos de la Administración mediante procesos selectivos públicos conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Frente a tales informaciones, esta Asociación se va a dirigir tanto al Gobierno de Aragón, como a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y al Justicia de Aragón, para reclamar no solo la oportuna corrección de tales declaraciones –si es posible, en sede parlamentaria-, sino el impulso debido a la oferta de empleo público correspondiente a 2017, en la que se incluyan las plazas que se derivan de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón: todas las vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

La falta de aprobación de Presupuestos en 2017 no constituye ningún impedimento para adecuar la selección del personal funcionario a los principios constitucionales que deben regir dicha selección. Lo contrario, supondría un nuevo incumplimiento legal del Gobierno de Aragón y una nueva lesión del derecho fundamental de acceso a la función pública que el artículo 23.2 de la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos.

miércoles, 25 de enero de 2017

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: 31 DE ENERO DE 2017.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes 31 de enero

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 31 de enero de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Elaboración de página web y aprobación logo de la asociación.
  4. Sustitución provisional del cargo de Tesorero.
  5. Iniciativa para la elaboración de propuestas de reforzamiento del Justicia de Aragón
  6. Análisis y valoración del  Plan de calidad aprobado por el Gobierno de Aragón.
  7. Acto conmemorativo del X aniversario de la Asociación.
  8. Acciones de divulgación del documental “Corrupción, el organismo nocivo”, realizado por Pandora Box TV.
  9. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 25 de enero  de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

jueves, 19 de enero de 2017

VOLUNTAD DE RENOVACIÓN.



En el primer trimestre del presente año, esta Asociación celebrará sus primeros diez años de existencia. Un periodo más que suficiente, no tanto para hacer recuento de la actividad desarrollada, como para acometer un programa intenso de renovación, en todos los órdenes, aun manteniéndonos fieles a los objetivos y principios marcados en nuestros Estatutos.

Debemos revisar, en primer lugar, nuestro capítulo de propuestas a las diferentes instituciones públicas, poniendo al día el “Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración”, aprobado al inicio de la presente legislatura. Unas propuestas que señalen las injustificadas carencias de nuestra Administración –como es la falta de profesionalización que se desprende del régimen de nombramiento de altos cargos y de los sistemas de provisión de puestos de trabajo- y que marquen un nuevo horizonte hacia el que avanzar, buscando la inaplazable regeneración institucional y la mejora constante de los servicios públicos.

Hemos de renovar nuestros procedimientos de actuación, limitando la interposición de acciones judiciales, y reclamando de los órganos e instituciones competentes en cada caso el ejercicio de las medidas de control e impulso para asegurar el respeto de las normas y avanzar en el respeto a los derechos de los ciudadanos. No queremos hacer el papel que corresponde a los órganos de control, sino recordar y reclamar de estos órganos su obligada intervención ante determinadas situaciones contrarias a las normas, como pudiera ser el incumplimiento del Gobierno de Aragón de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón, incumpliendo con ello el Estatuto de Autonomía de Aragón. ¿Acaso las Cortes de Aragón han reclamado dicha remisión? ¿No hacen con ello una dejación de su labor de control? ¿Y el Justicia de Aragón está velando suficientemente por el respeto de lo señalado, en este tema, en el Estatuto de Autonomía de Aragón?

Hemos de estar más presentes en la sociedad, buscando el contacto y la colaboración con todas aquellas entidades que –en cada ámbito de la vida social- velan por el aseguramiento de los intereses generales y de los derechos de los ciudadanos, y por el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas. Hemos de construir entre todos una ética cívica que refuerce la calidad de nuestras instituciones democráticas.

Hemos de dotarnos de nuevas herramientas de difusión de nuestras ideas y de nuestro trabajo, mediante el diseño de una página web adecuada o la adopción de un logo que nos identifique públicamente, y hemos de establecer nuevos formatos de debate y diálogo para tratar de incorporar en nuestra actividad al mayor número posible de servidores públicos y de ciudadanos con voluntad de trabajar para hacer realidad las exigencias del buen gobierno y la buena administración, y para promover en el conjunto de las Administraciones Públicas los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Tras diez años de recorrido, contamos con el bagaje necesario para afrontar una nueva etapa de actividad, en la que mantener intacto nuestro compromiso con la función pública, con renovadas propuestas y métodos.

viernes, 13 de enero de 2017

NO PODEMOS CONSENTIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, Y DEBEMOS DENUNCIARLO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.



Dado que alguien pudiera considerar que en el silencio va implícito el consentimiento, y con él la aceptación del actual estado de cosas, incluido el olvido y desprecio de las normas por parte de aquellos obligados a asegurar su aplicación, es evidente que no podemos callar ante el reiterado incumplimiento en que incurren algunos responsables políticos, como sucede con la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la falta de publicidad activa de los decretos de oferta de empleo público que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón.

Los documentos correspondientes a dichos Decretos no se ponen a disposición de todos los interesados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, vulnerando con ello lo exigido en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, y agrava dicho incumplimiento la lesión al derecho de petición ejercido por esta Asociación para que se corrija tal falta de publicidad, pues las peticiones realizadas, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, tampoco han recibido ningún tipo de respuesta.

Una vulneración que agrava la anterior, aunque en la lógica del mal gobierno se pueda pensar que, incumplida una norma, nada impide incumplir las restantes. Debemos reaccionar enérgicamente frente a la cultura de la ilegalidad que sigue presente en nuestras Administraciones e instituciones políticas. Basta observar la indiferencia del Gobierno de Aragón ante la obligación de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón. ¿Es admisible que se presenten las cuentas de 2017 en una rueda de prensa a la opinión pública sin su simultánea remisión a las Cortes de Aragón, al faltar el respaldo parlamentario que asegure su aprobación? Es democráticamente inaceptable, y así hay que decirlo.

Por ese motivo, el incumplimiento en que incurre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales al no asegurar la publicidad activa de los decretos de oferta de empleo público ni respetar, como exige el ordenamiento jurídico constitucional, el derecho de petición ejercido por esta Asociación, nos ha llevado a recabar el apoyo del Consejo de Transparencia de Aragón, para que se subsane la ausencia de publicidad activa, y en breve nos dirigiremos al Defensor del Pueblo para denunciar la vulneración del derecho fundamental de petición, en la que de forma reiterada ha incurrido la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.

De la formulación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, hemos informado a la propia Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, mediante el escrito que se reproduce a continuación:


Excma. Sra. Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 12 de enero de 2017.

Estimada señora:

En fechas pasadas, y en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, le he dirigido dos escritos, al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, en los que solicitaba que su Departamento, como responsable de asegurar el cumplimiento de la normativa de transparencia, garantizase la publicidad activa de los Decretos que aprueban las ofertas anuales de empleo público.

La aprobación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, establece el deber de publicidad activa para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, entendiendo por ésta la obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad pública, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

Entre la información sujeta al régimen de publicidad activa figura la información de relevancia jurídica que señala el artículo 15 de la Ley 8/2015, como son los proyectos de reglamento o disposición general, así como las memorias, informes y dictámenes emitidos con motivo de su tramitación.

No obstante tal previsión, y pese a las peticiones que le hemos dirigido para subsanar su deficiente aplicación, persiste la falta de publicidad activa de los Decretos por los que el Gobierno de Aragón aprueba las ofertas anuales de empleo público, lo que constituye un manifiesto y reiterado incumplimiento de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Por ello, nos hemos visto obligados a dirigirnos al Consejo de Transparencia de Aragón, como órgano garante del cumplimiento de las normas de transparencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, para poner en su conocimiento el incumplimiento en que viene incurriendo ese Departamento, solicitándole que adopte las medidas necesarias para su corrección.

Lo cual deseamos poner en su conocimiento, al tiempo que le reiteramos nuestra seria preocupación ante la falta de voluntad manifestada por su Departamento para asegurar de manera correcta la publicidad activa de proyectos normativos en un asunto de tanta sensibilidad para los ciudadanos como es el derecho de acceso a la función pública.

Atentamente,

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa