viernes, 30 de septiembre de 2016

UN NUEVO ESCENARIO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.



Los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los que claramente se determina que las situaciones de prolongada y abusiva temporalidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas constituyen una práctica irregular y suponen una discriminación laboral que debe corregirse, ponen abiertamente en entredicho la política de recursos humanos que ha venido lastrando el funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas, al generarse bolsas injustificadas de interinidad, con tasas de temporalidad muy por encima de lo razonable, todo ello resultado del incumplimiento reiterado del deber legal de aprobar ofertas anuales de empleo público, o de la limitación de éstas por las arbitrarias tasas de reposición de efectivos que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado han venido recogiendo año tras año, con el falso pretexto de contener el gasto público.

La obligación de indemnizar al personal interino con motivo de su cese, como parece entenderse por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supone el lógico corolario de una política de personal que ha hecho de la precariedad y de la discriminación en las condiciones de trabajo del personal de las Administraciones una de sus más destacadas características. Sonroja pensar que esa política de personal arbitraria e inicua es la que el actual Gobierno de Aragón pretende defender y hacer valer con motivo de sus recursos de casación frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declararon nulas las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública.

Como Asociación comprometida, desde hace mucho tiempo, con la defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública, no podemos dejar de observar con satisfacción el panorama resultante de los diversos pronunciamientos de la justicia comunitaria contra el estado de cosas que ha provocado la ilegal e irracional política que se ha venido aplicando, obligando a convivir en el seno de las Administraciones Públicas a funcionarios de carrera y funcionarios interinos, en condiciones que han desfigurado el modelo de función pública previsto en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Pero no podemos dejar de lamentar el hecho de que ni las instituciones políticas de nuestro Estado –y nos referimos al Gobierno y a las Cortes Generales- ni nuestros más altos tribunales –ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional- ni nuestras instituciones de garantías de los derechos de los ciudadanos –fundamentalmente, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado- hayan sido capaces, en todos estos años, de poner freno al sinsentido de las tasas de reposición de efectivos, como límite irracional al ejercicio del derecho de acceso a la función pública, forzando a la precariedad a un elevado porcentaje del personal de las Administraciones Públicas, con su consiguiente deterioro y desprofesionalización.

Una vez más, como en tantas otras ocasiones, es la Unión Europea la que tiene que corregir nuestras inconsecuencias y nuestra falta de compromiso efectivo con la legalidad. Y, para nuestra vergüenza, demostrar que un Tribunal consecuente con el derecho europeo puede enmendar a todo un sistema institucional como el español incapaz de hacer valer y respetar los derechos fundamentales consagrados en su Constitución.

Penoso y esperanzador, al mismo tiempo. En cualquier caso, nos hallamos en un  momento de redefinición del panorama de nuestra función pública, y las consecuencias de ello pueden suponer la más absoluta descalificación de todo lo hecho hasta ahora en materia de selección de personal, de lo que lógicamente existen personas responsables que será oportuno identificar. Entre ellos, sin lugar a dudas, nuestro actual Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno.

viernes, 23 de septiembre de 2016

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al martes 27 de septiembre

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 27 de septiembre, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Revisión de la  actividad desarrollada durante el verano de 2016.
  4. Programa de trabajo de la asociación para el último trimestre de 2016.
  5. Análisis de fundamentación de la  demanda contra oferta 2016.
  6. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 23  de septiembre  de 2016.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

viernes, 16 de septiembre de 2016

BAJA CALIDAD DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS CORTES DE ARAGÓN: A PROPÓSITO DEL DERECHO DE PETICIÓN A LA CÁMARA.



Esta Asociación se dirigió el pasado mes de julio a las Cortes de Aragón para solicitar a dicha Cámara que, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Española y el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, y en ejercicio de la función de control e impulso de la acción de gobierno que institucionalmente le corresponde, se impulsasen iniciativas parlamentarias dirigidas a asegurar el respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica, conforme a lo previsto en las leyes, instando al Gobierno de Aragón a retirar los recursos de casación promovidos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anulan las ofertas de empleo público de 2014 y 2015 y exigen que en las mismas se incluyan la totalidad de las plazas cubiertas por interinos, ya que dicha inclusión viene exigida por las leyes de función pública aplicables y resulta necesaria para asegurar el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública, así como  la calidad de los servicios públicos.

Dicha petición ha sido objeto de tratamiento por la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, con el resultado de dar traslado de la misma a los diferentes Grupos Parlamentarios, para que sean éstos los que valoren la oportunidad de promover algún tipo de iniciativa parlamentaria sobre la cuestión planteada.

Tal forma de proceder deja reducida la intervención de la citada Comisión a una mera oficina de reparto de iniciativas ciudadanas, limitando su función a una intermediación totalmente superflua y prescindible, pues la remisión a los Grupos Parlamentarios de la citada petición la puede realizar perfectamente el propio peticionario. Aunque, como es práctica habitual del conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, tal escrito no será objeto de acuse de recibo ni de respuesta alguna.

Todo ello ilustra perfectamente la baja calidad de la relación de representación actualmente existente entre parlamentarios y ciudadanos. Estos últimos seguimos siendo unos intrusos en la actividad parlamentaria, a los que corresponde despachar a lo sumo con una fórmula cortés, rehuyendo el debate de las cuestiones planteadas y evitando tomar postura, como institución, sobre temas que, como el planteado por esta Asociación, afectan al núcleo esencial de la convivencia, como son el amparo de los derechos de los ciudadanos.

La aparición de nuevos grupos políticos en nada ha cambiado la situación. La Comisión de Peticiones mantiene la misma práctica que en el pasado, consistente en remitir a los Grupos Parlamentarios la petición realizada, labor que podría hacer el propio Registro de la Cámara, sin necesidad de que una Comisión Parlamentaria tenga que dar curso a la misma –sin debatir ni conocer del fondo del asunto- y realizar trámite tan básico como el acordado, vaciando con ello de todo significado y alcance el derecho de petición a la Cámara, al eludir el más mínimo pronunciamiento del órgano parlamentario sobre la cuestión planteada.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la respuesta de la Presidenta de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas:

“Con fecha 8 de julio de 2016 ha tenido entrada, en el Registro de la Cámara, su escrito, donde solicita que, por parte de los órganos de las Cortes de Aragón, se impulsen iniciativas parlamentarias dirigidas a asegurar el respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica, conforme a lo previsto en las leyes, instando al Gobierno de Aragón a retirar los recursos de casación promovidos contra las sentencias del TSJA, de 9 de diciembre de 2015 y 23 de marzo de 2016, por las que se declaran contrarias a derecho las ofertas de empleo público del Gobierno de Aragón para 2015 y 2014, respectivamente.

La Mesa de las Cortes, en sesión de fecha 13 de julio de 2016, acordó la remisión del escrito a la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, ha acordado, al amparo del artículo 62.1.d) del Reglamento de las Cortes de Aragón, remitir su escrito a los distintos Grupos Parlamentarios para que, al ser los principales sujetos parlamentarios legitimados (como tales o a través de los diputados que los componen) para la presentación de las distintas iniciativas, aquellos puedan valorar la conveniencia de hacerlo.

Zaragoza, a 5 de septiembre de 2016.

La Presidenta de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, Itxaso Cabrera Gil”.

viernes, 9 de septiembre de 2016

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016 DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta Asociación, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2016 en el ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Tribunal ha requerido a la Administración la remisión del expediente administrativo correspondiente al Decreto de oferta -.cuyo contenido desconocemos por completo dado que se incumplen las exigencias de publicidad activa que marca la Ley autonómica de transparencia-, y a la vista del mismo corresponderá a esta Asociación formular su escrito de demanda, que tendrá como principal apoyo las cuatro sentencias previas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en las que ya ha declarado nulas y contrarias al derecho fundamental de acceso a la función pública las ofertas de 2010, 2011, 2014 y 2015, por no incluir en ellas la totalidad de las plazas ocupadas por funcionarios interinos, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asimismo, confiamos una vez más en la función que corresponde al Ministerio Fiscal como garante de los derechos de los ciudadanos, y esperamos encontrar en el mismo un aliado en la defensa de la legalidad reiteradamente conculcada por el Gobierno de Aragón.

Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro de la diligencia de ordenación dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A: D. SERGIO
BELLIDO HERNÁNDEZ

En ZARAGOZA, a uno de Septiembre de dos mil dieciséis.

Recibido el anterior recurso interpuesto por el Procurador Dª MARIA SOLEDAD GRACIA ROMERO, en nombre y representación de ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA ARAGONESA, contra Decreto 109/16, de 26 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2016 eN el ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma, publicado en el BOA de 3 de agosto de2016, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 de la LJCA acuerdo:

-         Requerir con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de CINCO DIAS, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente, acompañado de los informes y datos que estime procedentes, con los apercibimientos contenidos en el Art 48 de la LRJCA.

La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspenderá el curso de los autos.

Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo deberá comunicar a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante esta Sección en el plazo de cinco días.

La Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al comparecer, podrán solicitar la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia a que se refiere el Art. 117.2.

-         Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 47 de la LJCA y el criterio establecido por el Tribunal Supremo en Auto del Pleno de 4 de febrero de 2013, habiéndose impugnado una disposición general procede la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, concediendo un plazo de cinco días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada.

-         Librar el oficio correspondiente para su publicación.

-         Tener por parte y notificar la presente resolución al MINISTERIO FISCAL.

-         Designar Magistrado-Ponente del presente recurso al Ilmo/Ilma Sr/Sra. D. JUAN-CARLOS ZAPATA HÍJAR.

MODO DE IMPUGNACIÓN.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al de su notificación.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

miércoles, 7 de septiembre de 2016

UNA HOJA DE RUTA NECESARIA.



La función pública necesita dotarse de una hoja de ruta capaz de movilizar la capacidad de sus miembros, pues llevamos años carentes de un horizonte claro y definido, entregados a una inercia que no cesa de empobrecer tanto a las organizaciones públicas como a sus integrantes. Parecemos instalados en un periodo de transición que, lejos de abrir expectativas por el nuevo modelo propuesto, solo genera desconfianza, incertidumbres y decisiones erráticas.

Es incomprensible que el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, siga sin desarrollo casi diez años después en sus aspectos más destacados. Sería necesario contar con un estudio objetivo e independiente que evaluase las razones de su bloqueo, y concluyera si estamos o no ante una norma fallida e inaplicable, incapaz de articular la función pública de un Estado descentralizado como es el nuestro.

Pero, lo que en cualquier caso no podemos admitir es que la situación actual derive, de forma progresiva, hacia un estado de excepción en el que se observe una creciente inaplicación de las normas jurídicas, de manera que sobre éstas trate de imponerse la decisión arbitraria de los responsables de función pública, con una vulneración reiterada del principio de legalidad en todo lo relativo a la gestión de personal. Y que, frente a ello, en lugar de una reacción general de reivindicación de los valores y principios de la función pública, se produzca una resignada aceptación de la situación, y una pérdida general del impulso ético que ha de animar la labor diaria de los servidores públicos.

El deterioro de las Administraciones Públicas que se ha producido en los últimos años, resultado de un modelo insostenible de funcionamiento y de un cúmulo de abusos e incumplimientos que las han desvirtuado y desfigurado en gran medida, trasciende lógicamente las cuestiones de personal, para alcanzar a su configuración, cometidos y financiación o sostenimiento.

Pero debiéramos asumir que la regeneración institucional que precisan las Administraciones Públicas pasa ineludiblemente por la recuperación de la función pública como principal activo de la acción pública, reclamando de su nivel directivo y de todos sus miembros un compromiso con el interés general y con los valores de legalidad y eficacia que le devuelvan el prestigio social y la autoestima,  gracias a la satisfacción de trabajar por el bienestar del conjunto de la sociedad, y de poner en ello todo el esfuerzo y la mejor capacidad de cada uno, sin ceder al desánimo de rutinas y de tantos otros elementos que siguen aún lastrando el rendimiento de las instituciones públicas.

El nuevo curso que comienza obliga a reflexionar sobre todo ello.

miércoles, 31 de agosto de 2016

CIERRE DEL PARÉNTESIS VERANIEGO.



Hoy concluye el mes de agosto, y por nuestra parte damos por concluido el paréntesis veraniego, en el que prácticamente nos hemos limitado –aunque tal vez no sea poco- a la impugnación del Decreto de oferta de empleo público de 2016 aprobado por el Gobierno de Aragón en el ámbito de administración general.

Aunque nos gustaría evitar las acciones judiciales, resulta imposible hacerlo mientras el Gobierno de Aragón siga instalado en su manifiesto incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en su empeño de anular las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón favorables al derecho de acceso a la función pública.

¿A qué intereses sirve el Gobierno de Aragón cuando combate los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Cuál será el logro obtenido por sus Servicios Jurídicos en el caso de prosperar los recursos de casación promovidos? ¿Contribuir al debilitamiento de nuestro Estado de Derecho? ¿Minimizar, en lugar de optimizar, la realización de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución? ¿Proclamar una vez más la gran mentira de la contención presupuestaria merced a la precarización y desprofesionalización de la función pública?

Imaginamos que estas o similares preguntas se las habrán formulado los responsables de la función pública autonómica a la hora de impulsar los recursos de casación contra las sentencias del TSJA referidas a las ofertas de 2014 y 2015. Y podemos imaginar la respuesta a la vista de los hechos.

También los sindicatos de la función pública han desaprovechado una oportunidad para dejar claro su grado de compromiso con el derecho de acceso a la función pública. Pero no nos sorprende en absoluto su mutismo, dado que llevan muchos años creyendo que los derechos de los ciudadanos pueden quedar sujetos a negociación colectiva, en un ejercicio constante de patrimonialización indebida de lo público.

Nos encontramos en el inicio de un nuevo curso, con signos preocupantes de inestabilidad e incapacidad política, tanto en el ámbito estatal como autonómico. En este escenario, creemos que hay que redoblar el esfuerzo de todos en el compromiso con los valores constitucionales compartidos, y ejercer desde la sociedad civil y el conjunto de la ciudadanía una responsabilidad y un compromiso con el interés general –desde el que afrontar los problemas que tanto nos acucian- para reclamar al conjunto de los responsables políticos diálogo y entendimiento en lo sustancial, y entre lo sustancial se incluye necesariamente el correcto funcionamiento institucional.

jueves, 25 de agosto de 2016

INFORMACIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN SOBRE IMPUGNACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.



Desde la Asociación nos dirigimos hoy a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para informarles de la interposición de recurso contencioso-administrativo, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2016 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Creemos que la labor parlamentaria de impulso y control de la acción de gobierno no puede situarse al margen de las cuestiones de la función pública autonómica, y en especial de la defensa del derecho de acceso a la función pública, con el objetivo de corregir las elevadas tasas de interinidad existentes en la Administración autonómica.

En fechas recientes, tras la comparecencia efectuadas por representantes de la Asociación ante el Parlamento autonómico, formulamos ante éste una petición para que inste al Gobierno de Aragón a retirar los recursos de casación planteados ante el Tribunal Supremo contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos.

Seguimos aguardando el tratamiento que pueda darse desde las Cortes a nuestra petición, y las posibles iniciativas que puedan adoptar los Grupos Parlamentarios para reclamar al Gobierno de Aragón tal decisión, que solo redundaría a favor del derecho de los ciudadanos, corrigiendo la irregular situación en que se encuentra la provisión de puestos en la Administración autonómica.

Frente a quienes abogan por una separación e incomunicación entre sociedad e instituciones, desde esta Asociación defendemos justamente lo contrario. Deseamos que ciudadanos, es decir, sociedad civil e instituciones públicas estén en permanente comunicación para detectar los problemas y necesidades sociales y debatir medidas y soluciones que cabe arbitrar por parte de las instituciones, en el ejercicio de sus potestades públicas.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón:

“Grupo Parlamentario Popular
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 25 de agosto de 2016.

Estimados señores:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad que tiene como objetivos la defensa y la promoción de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en la actividad de las Administraciones Públicas, deseo comunicarles que el pasado 18 de agosto formulamos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón recurso especial, por la vía de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2016 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La razón de dicho recurso no es otra que la vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluirse en la citada oferta de empleo público la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como exigen los artículos 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El incumplimiento de dicha obligación legal es el motivo por el que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón han declarado nulas, en el pasado, las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón en 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, aunque las sentencias relativas a las dos últimas se encuentren pendientes del recurso de casación promovido por el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Supremo.

Entendemos que el deterioro sufrido por la función pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, con tasas de interinidad que rozan el 40 por 100 de la plantilla, constituye una cuestión que debe ser considerada por ese Grupo Parlamentario, dentro de su labor de control e impulso de la acción de gobierno, pues dicho deterioro no solo afecta gravemente al ejercicio del derecho de acceso a la función pública, sino también a la calidad y garantías de imparcialidad con que han de desarrollar su actividad los servidores públicos, asegurando el correcto funcionamiento de uno de los principales elementos del Estado de Derecho, como es el sometimiento de la Administración al principio de legalidad.

Asimismo, deseamos trasladarles nuestra preocupación por la falta de transparencia en que incurre la tramitación y aprobación de los decretos de oferta de empleo público, al no respetarse los deberes de publicidad activa que contempla la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Entre la información sujeta al régimen de publicidad activa figura la información de relevancia jurídica que señala el artículo 15 de la Ley 8/2015, como son los proyectos de reglamento o disposición general, así como las memorias, informes y dictámenes emitidos con motivo de su tramitación.

A pesar de la claridad con que se formula la obligación de publicidad activa respecto a la tramitación de las disposiciones generales elaboradas y aprobadas por el Gobierno de Aragón, cabe constatar que, salvo alguna contada excepción, los Decretos aprobados por el Ejecutivo autonómico en materia de oferta pública empleo han sido omitidos en el Portal de Transparencia.

Por ello, confiamos en que por parte de ese Grupo Parlamentario puedan impulsarse aquellas iniciativas oportunas para una mayor garantía del derecho de acceso a la función pública en el conjunto de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y un adecuado respeto del deber de publicidad activa en lo relativo a las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón.

Agradeciéndoles de antemano su atención, reciban un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

jueves, 18 de agosto de 2016

DOS MIL DOSCIENTAS NOTAS DE BLOG.



Este espacio de información y debate que impulsamos desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en 2007 ha alcanzado las dos mil doscientas notas. Es un mero dato cuantitativo, que no obstante deseamos remarcar, pues el punto en el que estamos no es sino el resultado de un esfuerzo sostenido en el tiempo, día a día, tratando de mantener la coherencia y el compromiso con los principios recogidos en nuestros Estatutos, en los que quisimos condensar los valores propios de una función pública democrática y de unos servidores públicos conscientes de sus obligaciones dentro de un Estado de Derecho.

Hemos tratado de aunar el espíritu crítico –la no aceptación de los constantes incumplimientos de la legalidad en la ordenación y actividad de la Administración, comenzando por la denuncia de la grave crisis que viene padeciendo el derecho de acceso a la función pública, cuestión que parece preocupar poco a los responsables políticos, tanto en Gobiernos como en Parlamentos-, con la reivindicación permanente del papel que corresponde jugar a las instituciones públicas en el desarrollo de la vida democrática.

Jamás hemos compartido el discurso de descrédito hacia ninguna de las instituciones públicas, sabiendo diferenciar el problema de la corrupción pública –tanto política como administrativa- del valor innegable que corresponde a las instituciones en nuestro actual marco constitucional.

Hemos acudido, con motivo de nuestras diferentes iniciativas, al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a la Fiscalía General del Estado, al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Cortes de Aragón, al resto de los Parlamentos autonómicos, al Presidente del Gobierno de España y a los miembros del Gobierno de Aragón, y a otras muchas autoridades públicas, españolas y europeas. Y hemos apelado a ellas siempre desde el respeto institucional y el convencimiento del valor de su función para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las normas, como garantía irrenunciable de nuestras reglas de convivencia.

Al margen del resultado obtenido en nuestras diferentes demandas, seguimos manteniendo el mismo respeto hacia todas las instituciones públicas, cuyo valor trasciende con mucho el tratamiento que hayan dado a nuestras peticiones, pero no por ello podemos dejar de insistir y profundizar en nuestros planteamientos, y reclamar el reforzamiento de los valores de legalidad, profesionalidad y ética pública en el ámbito de la Administración Pública y del conjunto de las instituciones. Hemos de proseguir con nuestra labor de debate y de exigencia, y de todo ello se irá dando cuenta en futuras notas de blog, poniendo nuestras ideas, nuestras dudas, nuestros resultados a disposición de todos.

miércoles, 17 de agosto de 2016

REITERADA PETICIÓN SOBRE LA NECESARIA PUBLICIDAD ACTIVA DE LOS DECRETOS DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.



Al igual que hicimos el pasado año, en relación con la aprobación de la oferta de empleo público de 2015, hemos vuelto a reiterar a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, como responsable en materia de transparencia pública, la necesidad de que el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón contenga los documentos básicos de la tramitación de los proyectos de decreto de oferta de empleo público, tal y como exige la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana.

Nuestra petición de 2015 no solo no fue atendida –como puede comprobarse con la persistencia del incumplimiento señalado-, sino que ni siquiera obtuvo respuesta, a pesar de formularse en ejercicio del derecho fundamental de petición, que obliga a la autoridad pública que la recibe a dar una respuesta razonada en un plazo no superior a tres meses desde su recepción.

Pero el silencio no es una estrategia compatible con el Estado de Derecho, los principios democráticos de gobierno y la obligada transparencia de la actividad pública, por lo cual esta Asociación vuelve y volverá a dirigirse a la Consejera del Gobierno responsable en la materia para que ponga fin al incumplimiento señalado y también para que respete el ejercicio del derecho de petición, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.

En el caso de no obtener satisfacción a nuestra petición, nos veremos en la obligación de elevar nuestra queja al Consejo de Transparencia de Aragón, en cuanto órgano al que le corresponde, entre otras, la función de control sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como al Justicia de Aragón, en cuanto a la reiterada lesión del derecho de petición ejercido, al no obtener la respuesta debida por parte de la citada Consejera.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición dirigido a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales:

Excma. Sra. Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 17 de agosto de 2016.

Estimada señora:

La aprobación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, ha introducido el deber de publicidad activa para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, entendiendo por ésta la obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad pública.

Dicha información pública ha de ponerse a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, siendo responsables de dicho cumplimiento tanto el Departamento competente en la materia, actualmente el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales,  como las respectivas unidades de transparencia de los diferentes Departamentos, que han de facilitar la información de inclusión obligada en el citado Portal de Transparencia.

Entre la información sujeta al régimen de publicidad activa figura la información de relevancia jurídica que señala el artículo 15 de la Ley 8/2015, como son los proyectos de reglamento o disposición general, así como las memorias, informes y dictámenes emitidos con motivo de su tramitación.

A pesar de la claridad con que se formula la obligación de publicidad activa respecto a la tramitación de las disposiciones generales elaboradas y aprobadas por el Gobierno de Aragón, cabe constatar que los Decretos del Ejecutivo autonómico relativos a la aprobación de Oferta de Empleo Público han sido sistemáticamente omitidos en el Portal de Transparencia, con la reciente excepción de los relativos a la oferta de empleo para 2016 para personal docente no universitario. En particular, se omite toda información respecto al Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por ello, y de acuerdo con el derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le reiteramos nuestra solicitud de que adopte las medidas necesarias para que el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón incluya, como contenidos de relevancia jurídica sujetos al deber de publicidad activa, todos los proyectos normativos elaborados por el Gobierno de Aragón, y en particular los diferentes Decretos que aprueban las ofertas anuales de empleo público.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

martes, 16 de agosto de 2016

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: DECISIÓN DE IMPUGNAR LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016.



La Junta Directiva de esta Asociación, reunida el pasado lunes 8 de agosto, acordó por unanimidad promover un recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 109/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, al considerar que el mismo es contrario al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Esta Asociación desea afirmar su compromiso con el derecho de acceso a la función pública, reaccionando así frente a la resistencia mostrada por el Gobierno de Aragón para llevar a efecto las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al promover contra las mismas recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como si el interés público defendido por el Ejecutivo autonómico pasase por impedir la aplicación de la legalidad en materia de acceso a la función pública, y mantener e incrementar la precariedad del personal al servicio de la Administración Pública, tras haberse alcanzado tasas de interinidad que rondan –según los propios datos facilitados por la Administración autonómica- el 40 por 100 del total de la plantilla.

Son ya cinco las ofertas de empleo público que esta Asociación ha logrado declarar nulas e ilegales, en sede jurisdiccional, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como exigen los artículos 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por tal motivo, no hay razón para admitir que la Oferta de 2016 vuelva a reincidir en los defectos reiteradamente señalados por los Tribunales, ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, debería explicar a los ciudadanos –y no a los sindicatos, que en modo alguno representan los intereses y derechos de la ciudadanía- las razones por las que se niega a ejecutar las sentencias favorables al derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública, como derecho constitucional que goza de una protección reforzada, y que le llevan a reincidir en su vulneración cada vez que aprueban una oferta de empleo público, desatendiendo de forma absoluta los criterios fijados en los fallos condenatorios relativos a las ofertas de empleo público de 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015.

Debiera igualmente explicar el Gobierno de Aragón las razones que le llevan a no aplicar, al contrario de lo que hizo el anterior Ejecutivo en relación con las ofertas de 2007 y 2011, sentencias favorables al respeto del derecho de los ciudadanos, y el injustificable empeño de procurar su revocación para impedir la efectividad del derecho y agravar la temporalidad en la función pública y la discriminación laboral que la misma lleva aparejada.

Únicamente la sumisión a los irracionales dictados del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, en materia de oferta de empleo público, pueden explicar, que no justificar, la conducta del Gobierno de Aragón. La pretendida contención del gasto público se esgrime como único y falaz argumento, año tras año, para deteriorar de manera reiterada la profesionalidad y la calidad de la Administración, es decir, del conjunto de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.

jueves, 28 de julio de 2016

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 8 DE AGOSTO DE 2016.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al jueves 8 de agosto

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 8 de agosto de 2016, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad por parte del Presidente.
  4. Decisiones a adoptar frente a la Oferta de Empleo Público de 2016.
  5. Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 27 de julio  de 2016.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

miércoles, 27 de julio de 2016

UNA OFERTA DE EMPLEO QUE CERCENA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: Y QUE OBLIGA A SU IMPUGNACIÓN JUDICIAL PARA DEFENDER EL ESTADO DE DERECHO.



El Gobierno de Aragón aprobó ayer la oferta de empleo público para 2016 correspondiente al ámbito de administración general, cuyos números constituyen una manifiesta vulneración del derecho de acceso a la función pública que la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público reconocen a los ciudadanos. Según información de prensa, única información de la que disponemos –a pesar del deber de transparencia de los proyectos normativos del Gobierno de Aragón-, la oferta aprobada contiene 262 plazas, de las cuales 132 corresponden al turno libre. Unas cifras que no guardan ninguna congruencia con las necesidades de personal y con el volumen de interinidad existente.

Esta Asociación no puede sino deplorar la nueva decisión del Gobierno de Aragón, que no hace sin volver a confirmar el desprecio de la legalidad administrativa y constitucional, y el desconocimiento de las cinco sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en años precedentes han declarado contrarias a derecho las ofertas de empleo de 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, al no incluir la totalidad de las plazas cubiertas por interinos, incumpliendo con ello lo exigido por el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y por el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Gobierno de Aragón carece de proyecto para la función pública aragonesa. Sus actuaciones no son otra cosa que el mantenimiento de las inercias y malas prácticas acumuladas en los últimos años, cuando proliferaron las empresas y entidades públicas y se buscó una Administración paralela, apta para todas las prácticas clientelares que abundaron en anteriores legislaturas. Pero como Asociación no nos resignamos al actual estado de cosas, y creemos necesario reaccionar desde la reflexión crítica y el compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho.

Por ello, y por coherencia con las acciones judiciales que han propiciado una línea jurisprudencial claramente comprometida con la realización del derecho de acceso a la función pública –aunque el Gobierno de Aragón intente incomprensiblemente combatirla, para permitir la continuidad de la precariedad, la desprofesionalización y la discriminación laboral-, esta Asociación se siente obligada a recurrir nuevamente ante los Tribunales para que la oferta aprobada sea declarada nula y contraria a Derecho y se requiera al Gobierno de Aragón a aprobar una oferta conforme a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las exigencias del Estado de Derecho y del sometimiento pleno a la Ley son el requisito primero al que han de ajustar su actuación todos los poderes públicos, algo que desgraciadamente han olvidado los responsables políticos de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras tantas instituciones del Estado, dando con ello lugar a una Administración con unas tasas de temporalidad inaceptables. Por ello resulta doblemente necesario que los ciudadanos y servidores públicos asumamos la defensa de la legalidad administrativa y constitucional, reclamando una función pública que en su actuación, y también en su ordenación, haga realidad los proclamados principios de profesionalidad, imparcialidad, servicio a los ciudadanos y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico.

martes, 26 de julio de 2016

EL CONSEJERO GIMENO INADMITE LA PETICIÓN REALIZADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN SOBRE RETIRADA DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN MATERIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.



Esta Asociación, el pasado mes de junio, además de realizar una exposición ante  la Comisión de Comparecencias y Peticiones Públicas de las Cortes de Aragón, para informar a los diferentes Grupos Parlamentarios sobre la situación por la que atraviesa el derecho de acceso a la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma, debido al incumplimiento reiterado por parte del Gobierno de Aragón de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público respecto a la obligada inclusión en la oferta anual de empleo público de todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino, dirigió una petición formal al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para solicitarle que su Gobierno proceda a la retirada del recurso de casación promovido contra las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, relativas a las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, aprobadas por el anterior ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi.

A nuestro juicio, nada justifica el empeño de un Gobierno en invalidar unas sentencias judiciales que, a partir de la interpretación más favorable a la realización del derecho fundamental afectado, consideran que las tasas de reposición de efectivos establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado no pueden limitar la obligación de inclusión en oferta de las plazas ocupadas por personal interino, según prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, pues ello supondría una limitación no razonable del derecho fundamental y vulneraría el sistema de acceso a la función pública, articulado a través de procesos reglados que aseguren los principios de mérito y capacidad, y permitan cubrir los puestos estructurales con funcionarios de carrera, cuyo estatuto jurídico contempla la inamovilidad en tal condición como garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Frente a ello, la interposición de los recursos no puede sostenerse en la contención del gasto público, pues los puestos ocupados por interinos están igualmente presupuestados y ocupados –con el consiguiente gasto de personal-, y su mantenimiento solo supone precariedad, desprofesionalización y discriminación laboral, lo cual redunda en la pérdida de calidad de los diferentes servicios públicos. Por todo ello, entendimos que el Presidente del Gobierno de Aragón debía rectificar el error que supone la no aceptación de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y la incomprensible pretensión de su anulación por parte del Tribunal Supremo.

Pues bien, no solo no se ha atendido la petición realizada, sino que el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, (y no el Presidente del Gobierno de Aragón, al que se dirigía la petición), ha procedido a inadmitir la petición realizada, al alegar que sobre el objeto de la misma existe un proceso judicial, lo que constituye causa de inadmisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de septiembre, reguladora del Derecho de Petición.

Con tal respuesta, totalmente infundada a nuestro juicio, pues la petición realizada al Presidente del Gobierno de Aragón, que no al Consejero de Hacienda y Administración Pública, no versa sobre el objeto del proceso judicial –que es el alcance de la oferta de empleo público- sino sobre la decisión del Gobierno de Aragón de no aceptar una sentencia del TSJA favorable al ejercicio del derecho de acceso a la función pública, cuya disponibilidad procesal para desistir del recurso de casación promovido es total.

Pese a ello, no se duda en manipular el objeto de nuestra petición, para así evitar dar respuesta motivada a la misma, y exponer las razones por las que el Gobierno de Aragón rechaza aceptar unas sentencias favorables al derecho de acceso a la función pública reconocido constitucionalmente.

Con ello, a la negación del derecho de acceso a la función pública y del derecho de tutela judicial al mismo, se suma ahora la negación del derecho de petición ejercido por esta Asociación, lo cual resulta plenamente coherente con la actitud de permanente desprecio a la legalidad en la que parecen haberse instalado el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, y los responsables de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios. Un comportamiento que nada tiene que ver con la regeneración institucional prometida, y que viene a confirmar la sospecha de que el discurso de la regeneración puede ser, en boca de algunos, el último estadio de la degradación democrática.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del acuerdo de inadmisión adoptado por el Consejero de Hacienda y Administración Pública:

En relación con el escrito de 20 de junio de 2016 presentado por D. Julio Guiral Pelegrín en su condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el art. 29 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, solicitando que se proceda a acordar la retirada de los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contrarias a las Ofertas de Empleo de 2014 y 2015, procede informar los siguiente:

El artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, relativo a las causas de inadmisión expresa que “No se admitirán … peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme”.

Los recursos de casación, cuya retirada son objeto de petición, se encuentran en sede judicial ante el Tribunal Supremo pendientes de resolución. Por ello, y atendiendo a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, debe ser inadmitida la petición formulada por el Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

Por todo lo expuesto RESUELVO:

INADMITIR el Derecho de Petición planteado por D. Julio Guiral Pelegrín en su condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, solicitando que se proceda a acordar la retirada de los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contrarias a las Ofertas de Empleo Público de 2014 y 2015.

Contra la presente Orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Zaragoza, 12 de julio de 2016.

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Fernando Gimeno Marín”.