viernes, 21 de abril de 2017

EXIGENCIA ÉTICA.



No es posible admitir que, al frente de los órganos llamados a preservar la transparencia de la actividad pública o a impulsar la lucha contra la corrupción, se encuentren personas cuya conducta contradice el cometido propio del órgano que dirigen. Lo es en el caso de la Fiscalía Anticorrupción y también en el Consejo de Transparencia de Aragón. La legitimidad de origen y de ejercicio en todos los órganos diseñados para reforzar la calidad democrática institucional ha de ser especialmente preservada por quienes desempeñan dichas funciones, y exigida por la sociedad civil, por el conjunto de la ciudadanía, y lógicamente por las instituciones de control político –como es el Parlamento- y de control de legalidad.

Por ese motivo, esta Asociación no puede sino sumarse a todas las voces que reclaman una rectificación inmediata en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, mostrando con total claridad que cualquier comportamiento dirigido  obstruir la investigación o el esclarecimiento de supuestos de corrupción ha de tener una respuesta clara e inmediata, de sanción o de remoción. Lo más pernicioso para una sociedad es la sospecha de que los órganos llamados a combatir el delito o la corrupción, o los llamados a controlar la legalidad, son transigentes con el delito y con la legalidad, desatendiendo su principal compromiso ético con la ciudadanía.

Lo mismo exigimos en la Comunidad Autónoma de Aragón para quienes ejercen las máximas responsabilidades de órganos recientemente constituidos para impulsar medidas de transparencia, entendiéndola como un elemento de calidad democrática, de reforzamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones o de rendición de cuentas por parte de éstas ante la ciudadanía. No es admisible la falta de ejemplaridad y de credibilidad de quienes dirigen esos órganos, como sucede en el Consejo de Transparencia de Aragón, pero es evidente que muchos que apoyan la creación de esas estructuras de vigilancia e impulso de la transparencia no creen verdaderamente en su virtualidad y carecen del menor interés en su funcionamiento real y en la credibilidad de las personas que las dirigen. Ese es un grave síntoma de desistimiento ético que no podemos compartir, y frente al cual debemos reaccionar de forma enérgica, aunque nadie esté interesado en escucharnos ni en poner remedio a la situación señalada.

miércoles, 19 de abril de 2017

PETICIÓN DE CESE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE ARAGÓN, POR INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A LAS QUE ESTÁ OBLIGADO.



Entre las medidas impulsadas por nuestras instituciones públicas para hacer frente al deterioro de su funcionamiento y prevenir los fenómenos de corrupción que han abundado en los últimos años, generando una fuerte pérdida de credibilidad de la clase política entre el conjunto de la ciudadanía, se hallan las normas tendentes a dotar de transparencia al conjunto de la actividad pública.

Dichas normas de transparencia imponen a todas las instituciones unas obligaciones de publicidad activa, tendentes a poner a disposición de todos los ciudadanos una amplia información sobre la organización y actividad pública que favorezca la rendición de cuentas y el control ciudadano de la gestión pública, tanto política como administrativa, y regulan, al mismo tiempo, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, mediante el cualquier ciudadano puede recabar de las instituciones toda aquella información de carácter público que obre en su poder, salvo en aquellos supuestos expresamente excluidos.

El impulso de la transparencia de la actividad pública se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de una ley estatal, como es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y la posterior ley autonómica de desarrollo, como es la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

La normativa autonómica configura el Consejo de Transparencia de Aragón como el órgano destinado a promover la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma, velando por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entre sus funciones se encuentran la de formular resoluciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la de evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.

La credibilidad de las medidas de regeneración democrática, como es el caso de las medidas de transparencia de la actividad pública, exigen que las personas llamadas a asegurar su aplicación, y en particular los miembros del Consejo de Transparencia de Aragón, acrediten el estricto cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia a las que estén directamente sujetas por la normativa vigente así como su diligente actuación en la materia en el ejercicio de las responsabilidades públicas que les correspondan por el cargo que ocupen en sus respectivas instituciones.

Tal credibilidad no concurre en el caso del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, pues el mismo incurre en claro supuesto de incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, al no hacer públicas las declaraciones de actividades y de causas de incompatibilidad, así como las de bienes patrimoniales, según establece la Disposición Adicional 15.ª de dicha Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, ni constar tampoco la obligada publicidad activa a la autorización de compatibilidad por el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza para ejercicio de segunda actividad en el sector público, incumpliendo los términos del artículo 8.1.g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Entendemos que el máximo responsable del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia, como es el Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, no puede hallarse incurso en flagrantes incumplimientos de las obligaciones que impone la normativa en materia de publicidad activa, resultando directo responsable del incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en el ámbito de su institución de adscripción, como es la Diputación Provincial de Zaragoza.

Por todo ello, esta Asociación días atrás se ha dirigido a la responsable del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, al que se encuentra adscrito el Consejo de Transparencia de Aragón, para poner en su conocimiento los incumplimientos en que incurre el Presidente de dicho órgano, y solicitar de la misma las actuaciones pertinentes para investigar dicha situación de vulneración de la normativa y proceder, en su caso, a promover su dimisión o cese como responsable máximo del citado Consejo.

Además del escrito de petición dirigido a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, esta Asociación se va a dirigir igualmente al Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, como entidades responsables de la designación de quien es hoy Presidente del Consejo, y a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para instarles a impulsar las oportunas decisiones o iniciativas de control parlamentario dirigidas a evitar que al frente del Consejo de Transparencia de Aragón se sitúe una persona que se halla en flagrante vulneración de las exigencias legales de transparencia que le resultan de aplicación como alto funcionario de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales:

“Julio Guiral Pelegrín, con D.N.I. núm. 17.130.593, en calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con n.º 01-Z-199989-2007, con domicilio a efectos de notificaciones en calle León XIII, 21, 4.º, Centro, 50008-Zaragoza, comparece ante ese Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y EXPONE:

1. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, norma básica estatal, prevé que las Comunidades Autónomas que así lo decidan puedan crear sus propios órganos independientes para la resolución de las reclamaciones potestativas en materia de acceso a la información pública.

2. A su vez, en el marco de dicha normativa básica, la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, que tiene por objeto regular e impulsar la transparencia de la actividad pública en Aragón y la participación ciudadana en las políticas que desarrolla el Gobierno, atribuye en el artículo 36 al Consejo de Transparencia de Aragón la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

El Consejo de Transparencia de Aragón se configura por el artículo 37 de la Ley 8/2015 como un órgano que, adscrito al departamento competente en materia de transparencia, y actuando con independencia orgánica y funcional, tiene encomendada la promoción de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma, velando por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Posteriormente, por el Decreto 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, se ha aprobado el Reglamento de Organización y de Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Aragón, y mediante Orden del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, CDS/472/2016, de 19 de mayo, fueron nombrados los miembros del Consejo de Transparencia de Aragón.

3. Entendemos que  los nombramientos políticos, y máxime en el caso del Consejo de Transparencia de Aragón, deben asegurar que las personas seleccionadas cumplen los criterios de  integridad,  ejemplaridad y el escrupuloso cumplimiento de los principios éticos y de conducta, que generen la adecuada confianza en los ciudadanos, no debiendo contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público, como así recoge el artículo 53.6 del texto refundido del EBEP, y se refleja en el Código Europeo de Conducta para la Integridad Política de los Representantes locales y Regionales Electos.

El nombramiento del Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, exige una especial atención y resulta especialmente significativo, ya que los responsables del mismo están obligados a  asegurar que quien se sitúa al frente de un órgano que tiene como objetivo la promoción de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, debe mostrar en su comportamiento público un especial cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.

Debemos recordar que en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, introdujo en 2007, para dignificar la democracia local, favorecer la transparencia y evitar la desafección ciudadana respecto de la política, se señala la obligación de hacer públicas las declaraciones de actividades y de causas de incompatibilidad, así como las de bienes patrimoniales de los cargos representativos locales, y en virtud de la Disposición Adicional 15.ª de dicha Ley 7/1985, las de los directivos y, en particular, las de los funcionarios con habilitación de carácter nacional que desempeñen en las Entidades locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designación, como ha recordado el propio Presidente de Transparencia Internacional España, D. Manuel Villoria. Y también que la propia Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública, exige de los servidores públicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, para avanzar hacia la solidaridad, la moralización de la vida pública y la eficacia de la Administración, como expresa en su preámbulo.

En este contexto legal, si analizamos el portal de transparencia de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la que ejerce el actual Presidente del Consejo de Transparencia  el cargo de Secretario General, mediante nombramiento discrecional por libre designación, no se  publica, a pesar de existir esta obligación legal contenida en la normativa básica estatal, ni la declaración de actividades y de causas de incompatibilidad, ni la declaración de sus bienes patrimoniales, ni las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta y, en su caso, Patrimonio.

No nos consta tampoco que se haya dado publicidad activa a la autorización de compatibilidad por el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza para ejercicio de esta segunda actividad en el sector público, ni, en consecuencia, los términos de la misma, a lo que obliga igualmente el artículo 8.1.g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

E igualmente no constan en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, como publicidad activa, las cantidades percibidas por los diferentes conceptos, derivados del desempeño de este puesto.

4. Nos parece evidente el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por quien desempeña, como funcionario en activo en la Diputación Provincial de Zaragoza, tareas de coordinación de las obligaciones de publicidad e información establecidas en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y es, a su vez, máximo responsable público del Consejo de Transparencia de Aragón.

Consideramos que estamos situados ante un claro déficit de ejemplaridad y legitimidad de quien ostenta la condición de Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, y que está afectando gravemente a la imagen y al prestigio de dicho órgano, cuyos responsables públicos son los primeros que deben cumplir sus obligaciones y no convertir a la transparencia en un mero trámite.

5. En coherencia con todo lo argumentado, dirijo el presente escrito, en ejercicio del derecho fundamental de petición y al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, al objeto de solicitar que por parte de ese Departamento se inicien las actuaciones para analizar lo ocurrido y en su caso proceder a la revocación o cese del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, en los términos a que se refiere el citado Decreto autonómico aragonés 33/2016, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan concurrir por los incumplimientos señalados.

La dignificación del empleo público es uno de los fundamentos de la Asociación a la que represento y actuaremos para  que situaciones como la señalada sean conocidas por la opinión pública y por los organismos que deben velar por el cumplimiento estricto de la legalidad.

Zaragoza, 7 de abril de 2017”.

jueves, 6 de abril de 2017

NECESIDAD DE RESTABLECER EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.



Esta Asociación ha venido trabajando, desde el momento de su constitución en 2007, por el restablecimiento del derecho de acceso a la función pública, frente a un panorama que es preciso recordar, como era la falta de aprobación de oferta anual de empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma, con una clara pretensión de desmantelar gradualmente la función pública autonómica –a favor del proceso de comarcalización y del impulso de un sector público empresarial como Administración paralela exenta de toda sujeción al Derecho administrativo-, o la aprobación en años sucesivos de ofertas manifiestamente insuficientes, que han dado lugar a una desvirtuación del modelo de función pública, con elevadas tasas de interinidad y manifiestas discriminaciones laborales entre el personal de la Administración Pública.

Frente al manifiesto incumplimiento de la legalidad constitucional y administrativa que dicha política de personal representaba, esta Asociación acudió a los Tribunales denunciando la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española, en el que se reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, y de las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, normas legales ambas en las que se contempla la obligación de incorporar en oferta de empleo la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se opte por su amortización.

Sería una magnífica noticia que los poderes públicos, tanto estatales como autonómicos, rectificasen sus prácticas de política de personal y abandonaran posturas que, como en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, han quedado reiteradamente desautorizadas por los Tribunales: cinco ofertas de empleo público han sido declaradas nulas, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública.

Pero no es el restablecimiento del régimen de acceso regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público lo que se nos anuncia. Ni una sola referencia a esa norma se contiene en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en el que al parecer se plasma el acuerdo entre Gobierno y Sindicatos para reducir un 90% la tasa de interinidad en las Administraciones Públicas, a lo largo de los próximos tres años. La legalidad sigue siendo objeto de negociación colectiva, modulando y cercenando así el ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos, a pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público excluye de manera expresa del ámbito de la negociación el régimen de ejercicio del derecho de los ciudadanos. Lo cual debiera suponer dejar fuera del acuerdo con los sindicatos las cuestiones de oferta de empleo público y el pacto del volumen de las tasas de interinidad a mantener. Ese pacto, en nuestra opinión, es contrario a la legalidad constitucional y administrativa.

No caben, en un Estado de Derecho, pactos que limiten de forma indebida el contenido esencial de un derecho fundamental, como es el caso. No vamos a aplaudir un pacto por el mero hecho de que el límite establecido sea menor al anteriormente aplicado. Incumplir menos la legalidad no es legalidad, sigue siendo ilegalidad, aunque su impacto pueda ser menos lesivo. La legalidad y la ilegalidad no son conceptos cuantitativos, sino cualitativos. Nuestro empeño no es reducir la ilegalidad, sino eliminarla, superarla, restablecer la legalidad, hacer efectivos y vinculantes para todos –incluidos los poderes públicos, en primer lugar- los derechos fundamentales constitucionalmente proclamados.

Por lo tanto, esta Asociación rechaza los acuerdos suscritos entre Administración y Sindicatos, pues sus pretendidos beneficios para el empleo público siguen partiendo de la premisa de inaplicar lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y desconocer el carácter vinculante del derecho fundamental de acceso al empleo público, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Menos ilegalidad no es legalidad, sigue siendo ilegalidad.

No nos conformamos con que en un Estado de Derecho como el nuestro el grado de respeto a la legalidad sea objeto de negociación entre Gobierno y Sindicatos, como si uno y otros no estuvieran sujetos, al igual que todos los ciudadanos, a la Ley y al Derecho.

jueves, 30 de marzo de 2017

¿UN GRAN ACUERDO PARA CORREGIR LA INTERINIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES?



Esta Asociación se ha dedicado, durante diez años, a combatir la crisis de las ofertas de empleo público en las Administraciones Públicas, resultado de la inaplicación de la legalidad por los responsables de función pública, de la inhibición de los órganos de control interno y externo de la gestión pública, de la tibia posición mantenida por los tribunales de justicia y de la sinrazón con que los responsables de las instituciones políticas han mantenido, contra viento y marea, unas arbitrarias tasas de reposición de efectivos, a pesar de que las mismas no han servido para contener el gasto de personal, sino para ocasionar un grave deterioro en el funcionamiento y profesionalidad de la función pública, privando a los ciudadanos del efectivo ejercicio del derecho de acceso a la función pública.

Ahora asistimos al anunciado pacto entre Gobierno y Sindicatos sobre medidas para corregir la interinidad en las Administraciones Públicas, sin que ello vaya, al parecer, acompañado del menor análisis de la situación existente, de las causas que han provocado la actual situación y de los medidas arbitradas para que dicha corrección de las elevadas tasas de interinidad se haga desde el escrupuloso respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Cuando esta Asociación, años atrás, ha combatido la interinidad y la lesión al derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos, ha tenido que enfrentarse a la hostilidad de los Gobiernos, tanto autonómico como estatal, y de los sindicatos de la función pública, que siempre han antepuesto sus acuerdos en el marco de la negociación colectiva a los derechos de los ciudadanos, olvidando acaso que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos es una materia excluida de la negociación colectiva, y la oferta de empleo público, además de una cuestión de organización del empleo público, es un elemento básico para asegurar el ejercicio del derecho de acceso a la función pública que el artículo 23.2 de la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos.

Con sorpresa e incredulidad, asistimos ahora al giro que los responsables del nuevo Ministerio de Hacienda y Función Pública parecen estar adoptando en materia de oferta de empleo público, mediante la adopción de un acuerdo con los sindicatos para reducir, en el plazo de tres años, el 90% del volumen de interinidad acumulado en las diferentes Administraciones, y que afecta a cientos de miles de puestos de trabajo. Son los mismos responsables que, hace escasamente unas semanas, impugnaban la normativa autonómica aragonesa que pretendía corregir la interinidad del Servicio Aragonés de Salud. Es lógico que la incredulidad por este cambio de actitud sea nuestra primera reacción: las leyes no se cumplen solo cuando se pacta cumplirlas, en el marco de la negociación colectiva, pues las leyes han de cumplirse en toda circunstancia, y el principio de legalidad es uno de los límites a los que ha de someterse tanto la actuación de los poderes públicos como la negociación colectiva en el ámbito de la función pública.

Incredulidad genera que el responsable de la función pública de la Administración aragonesa, el Consejero Fernando Gimeno, anuncie ofertas de empleo público mastodónticas, para corregir de manera drástica la interinidad, cuando meses atrás su empeño era recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias obtenidas por esta Asociación en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra las ofertas de empleo de 2014 y 2015, por no incluir en las mismas la totalidad de los puestos vacantes ocupados por interinos.

Observamos la desfachatez con la que responsables estatales y autonómicos en materia de función pública cambian de discurso de la noche a la mañana, para presentarse ante la opinión pública como los llamados a resolver la situación que ellos mismos han creado a lo largo de años de cerrazón y arbitrariedad, con criterios falaces que han sostenido con obstinación hasta ayer mismo.

Esta Asociación ha defendido y defenderá el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública, con plena garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Interinos y no interinos tienen igual derecho a acceder a un puesto de trabajo público, por lo que seguimos rechazando todo lo que sea un mero proceso de consolidación de empleo, para transformar en fijos a los que ahora ocupan temporalmente un puesto de trabajo.

Desconocemos las razones reales que han motivado este radical cambio de postura del Gobierno –y no estamos dispuestos a que dichas razones se hurten a la opinión pública-, pero no es aventurado pensar que ha sido determinante la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de radical desautorización del estado de cosas generado por la irracional aplicación de las tasas de reposición de efectivos, y la elevada y prolongada interinidad generada con ello, con grave lesión del derecho de muchas personas –empezando por los interinos atrapados en una irregular y discriminatoria situación laboral-, y que el único objetivo perseguido por las partes del acuerdo suscrito ha sido solo prevenir males mayores –un rosario de fallos condenatorios- y convencerse de que el derecho de los ciudadanos no lo ampara la Constitución o el Estatuto Básico del Empleado Público, sino el pacto entre Gobierno y Sindicatos, algo que en modo alguno cabe aceptar en un verdadero Estado de Derecho.

martes, 21 de marzo de 2017

PULSO INSTITUCIONAL CONTRA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.



La noticia de que el Gobierno de España impugnará ante el Tribunal Constitucional la Ley aprobada por las Cortes de Aragón que dio la “supuesta cobertura jurídica” a la Oferta de empleo extraordinaria en el ámbito de sanidad vuelve a mostrarnos la realidad que parece no querer reconocer el Gobierno de Aragón, y que no es otra que su total falta de congruencia en materia de función pública y la ausencia de compromiso real con la profesionalización de la Administración autonómica y con el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.

Es llamativo y escandaloso observar cómo los recursos públicos, de una y otra Administración, se dedican a cercenar un derecho constitucional de los ciudadanos, como es el reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, impidiendo con ello que los ciudadanos accedan en condiciones de igualdad a la función pública, a través de procesos selectivos conforme a criterios de mérito y capacidad.

El Gobierno de Aragón se ha negado a aceptar y ejecutar sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, favorables al ejercicio del derecho de acceso, tras declarar nulas y contrarias al citado derecho fundamental las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. Prefiere entender, de manera contraria a lo señalado por el Tribunal, que las tasas de reposición de efectivos contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado impiden la inclusión de dichas vacantes, debiendo primar dicho límite presupuestario sobre el contenido esencial del derecho definido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, ha planteado sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia favorables al derecho de acceso de los ciudadanos.

Las mismas razones que invoca el Gobierno de Aragón en sus recursos de casación al Tribunal Supremo, para anular las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, son las que esgrime el Gobierno de España al promover su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley autonómica aragonesa que facultaba inaplicar las tasas de reposición de efectivos en el ámbito de sanidad. Nada, por lo tanto, puede sorprender al Gobierno de Aragón: o acaso puede contrariarle el hecho de que su tesis, defendida a capa y espada, se vuelva contra él en el ámbito de la oferta sanitaria, aprobada a regañadientes por los responsables de la función pública autonómica.

Mientras los Servicios Jurídicos de una y otra Administración se dedican a torpedear aquellas normas y sentencias que favorecen el acceso a la función pública, los ciudadanos ven cómo el ejercicio de su derecho fundamental es cercenado de forma reiterada y resulta alarmante observar cómo el Estado de Derecho queda reducido a mero campo de batalla jurídica de quienes han decidido vaciar de contenido real los derechos constitucionales de los ciudadanos, rivalizando todos ellos en el grado de desprecio a la legalidad democrática.

En ese escenario es necesario y urgente mantener una estrategia de defensa del derecho fundamental y del Estado de Derecho, perseverar en la reivindicación de una Administración profesionalizada y comprometida con la legalidad, y en ese empeño se mantiene firme esta Asociación, con sus limitados recursos.

viernes, 10 de marzo de 2017

LA CAPACIDAD DE RECTIFICAR VISTO EL FRACASO DEL PROCESO SELECTIVO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: UNA DECISIÓN ADECUADA DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.



Ha trascendido ya la posición final que adoptará el Departamento de Hacienda y Administración Pública en relación con las graves anomalías producidas en el proceso selectivo de Auxiliares Administrativos, de las que cabe responsabilizar no tanto al Tribunal de Selección actuante como a los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, a los que corresponde asegurar que el contenido de las convocatorias de los procesos selectivos y las pautas de actuación de los tribunales de oposición no dejen margen para situaciones como las producidas en dicho proceso.

No es de recibo que las decisiones de un órgano de selección sean objeto de desautorización por órganos que carecen de competencia para ello, menoscabando sus prerrogativas legales para aplicar las bases de la convocatoria. La renuncia en bloque de los miembros del Tribunal designado para realizar dicho proceso selectivo fue una decisión proporcionada a la injerencia cometida por parte de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, y la actuación del segundo Tribunal, al dictado del criterio de la citada Dirección General, una clara desvirtuación del proceso selectivo.

No cabe duda que los perjudicados por todo lo sucedido son los opositores que concurrían a dicho proceso selectivo, en el ejercicio de su derecho de acceso a la función pública, tan deficientemente garantizado por la Administración de la Comunidad Autónoma. A ellos debiera la Administración tener presentes no solo para corregir lo sucedido en este proceso sino para introducir criterios de gestión que eviten la reiteración de actuaciones similares, con el consiguiente daño para las personas y para el propio interés público.

No podemos tampoco olvidar que el proceso convocado lo fue en ejecución de sentencia obtenida por esta Asociación por la irregular e insuficiente aprobación de las ofertas de empleo público de 2007 y 2011, al no incluirse en las mismas la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, entendemos que la solución a arbitrar por el Departamento de Hacienda y Administración Pública debía estar presidida por la exigencia de asegurar la restauración del derecho lesionado, ofertando a los ciudadanos las plazas inicialmente omitidas.

Es difícil, a la hora de enderezar o recomponer un proceso selectivo fallido, contentar a todas las personas afectadas por el mismo, pero la solución no ha de estar dirigida a hacer prevalecer unos intereses sobre otros –por legítimos que puedan resultarles a los diferentes afectados-, sino a asegurar el derecho de todos, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad de los opositores, y también el interés general de la Administración, que se concreta en la selección de funcionarios de nuevo ingreso para el desempeño de las plazas convocadas.

Entendemos, por ello, que la solución final adoptada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, a la vista del dictamen del Consejo Consultivo de Aragón –cuyo contenido concreto desconocemos-, es la correcta y celebramos que, en este caso, la Administración haya sido capaz de rectificar en vía administrativa y adoptar una decisión valiente, reconociendo los errores cometidos y reponiendo las actuaciones para asegurar a todos los interesados el ejercicio de su derecho, a la vez que se procura la satisfacción de las necesidades de la propia organización administrativa.

Debe repetirse con plenas garantías el proceso selectivo de Auxiliares Administrativos, en los términos señalados por el Consejo Consultivo de Aragón, y deben exigirse las oportunas responsabilidades en que hayan podido incurrir los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, pues dicha responsabilidad es la mínima satisfacción que cabe ofrecer a todos los perjudicados por las anomalías del proceso selectivo.

Esta Asociación se va a dirigir al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, para felicitarle por su capacidad de rectificación ante los fallos en los que han incurrido los órganos de su Departamento –dando con ello sentido revisor a los recursos de alzada presentados contra las decisiones adoptadas por los órganos de selección, sin contentarse con la valoración de los hechos ofrecida por la propia Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, cuya actuación ha quedado claramente en entredicho por el dictamen del Consejo Consultivo-, y va a reiterarle la necesidad de reforzar las garantías de seguridad jurídica en los procesos selectivos para evitar que situaciones como la señalada puedan volver a producirse, con el consiguiente daño a los ciudadanos y a la credibilidad de la propia Administración.

jueves, 2 de marzo de 2017

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: PETICIÓN DE LOS INFORMES QUE JUSTIFICAN LA IMPROCEDENCIA DE OFERTAS DE EMPLEO SIN PREVIA LEY DE PRESUPUESTOS.



Ante las reiteradas declaraciones de los responsables de función pública, como son el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, sobre la inviabilidad de aprobar ofertas de empleo público y realizar procesos selectivos en la actual situación de prórroga presupuestaria, sin que se hayan aprobado, para el ejercicio 2017, Ley de Presupuestos Generales del Estado ni Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde esta Asociación hemos solicitado que se nos trasladen los informes jurídicos que sostienen dicha inviabilidad.

Queremos saber qué informes existen y qué órgano los suscribe, y queremos igualmente saber cuáles son los argumentos jurídicos en los que basan tal criterio sobre inviabilidad de ofertas, pues esta Asociación sostiene justamente lo contrario: nada impide aprobar ofertas de empleo público en ausencia de presupuesto, pues los criterios para su aprobación están expresamente establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, sin que la interposición de la Ley de Presupuestos resulta precisa para proceder a la aprobación de las respectivas ofertas de las diferentes Administraciones Públicas.

La prórroga presupuestaria de los créditos de gastos de personal de 2016 habilita para cubrir aquellas plazas dotadas o cubiertas por personal interino, dado que su provisión mediante personal de nuevo ingreso, a través de procesos selectivos conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad, no conlleva incremento de gasto económico que precise de una autorización adicional, y supone una obligación de hacer de las Administraciones para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición de información remitido al Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón:


JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y EXPONE.

Que uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, tal y como establece el artículo 23.2 de la Constitución Española, y ha sido objeto de desarrollo por parte del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se establece la obligación de incluir en la Oferta anual de Empleo Público de cada Administración aquellas plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se acuerde proceder a su amortización.

Que la garantía del respeto a dicho derecho, y a las condiciones legales a que han de ajustarse las ofertas de empleo público que corresponde aprobar a cada Administración Pública, no precisa de la aprobación de ley anual de presupuestos, pues la prórroga de las partidas de gastos de personal que cubren las plazas vacantes dotadas, estén o no provistas por personal interino, posibilitan su cobertura a través de personal de nuevo ingreso, garantizando con ello el régimen de selección conforme a principios de mérito y capacidad que señala el artículo 103 de la Constitución Española.

No obstante lo anterior, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se viene insistiendo en la imposibilidad de aprobar ofertas de empleo público o convocar procesos selectivos en tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, reiterándose igual tesis por parte del titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, se solicita copia de todos aquellos informes jurídicos, remitidos por parte de la Administración General del Estado o elaborados por los servicios propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los que se justifique o razone la citada imposibilidad de aprobar oferta de empleo público o convocar procesos selectivos mientras no se aprueben las respectivas leyes presupuestarias.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.
Zaragoza, 2 de marzo de 2017

miércoles, 1 de marzo de 2017

APERTURA DE UNA NUEVA ETAPA ASOCIATIVA: HACIA UNA ASAMBLEA ANUAL DE RENOVACIÓN.



Tras la reciente celebración del décimo aniversario de la Asociación, con un intenso acto público en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, el pasado 15 de febrero de 2017, la Junta Directiva en su reunión de ayer acordó la convocatoria de la próxima asamblea anual asociativa para el próximo 28 de marzo, en la que tocará, principalmente, renovar la mitad de los miembros de la Junta, incluidos los cargos de Presidente y Tesorero, y revisar, como guía de actuación, el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al comienzo de la presente legislatura.

Se cerrarán en dicha asamblea anual diez años de actividad, procediendo a la apertura de un nuevo periodo de trabajo, en el que intensificar tanto las líneas de actuación hasta ahora establecidas, en especial la reivindicación y defensa del derecho de acceso a la función pública, como elemento primordial para asegurar una función pública profesionalizada, conforme a principios de mérito y capacidad, y poner en pie otros proyectos nuevos, como puedan ser un Observatorio de la Función Pública –a articular con otras organizaciones y entidades del conjunto de España-, desde el que poder realizar un seguimiento de la evolución de la función pública, de su problemática, de sus alternativas y de los debates en torno a su futuro, o una amplia coalición o plataforma cívica para impulsar medidas dirigidas a incrementar la calidad democrática de nuestras instituciones públicas.

Debemos convertir a los servidores públicos en agentes activos de la regeneración institucional, con un compromiso inequívoco con los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública que han de presidir la organización y actividad de todas las Administraciones Públicas y del conjunto de las instituciones políticas, y remarcar su orientación hacia la realización de los derechos de los ciudadanos, para dar desarrollo pleno al programa constitucional que proclama los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, mediante un correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, como las dos grandes decisiones que definen nuestro modelo político de convivencia.

Es necesario que los servidores públicos asuman como tarea indelegable el uso público de la razón, interviniendo como un actor más en el debate colectivo sobre las reformas que reclama una sociedad democrática para que la actividad institucional sea acorde a sus valores y sirva para reforzarlos y dignificar la vida colectiva. No es posible inhibirse en esta tarea, eludir la responsabilidad que nos corresponde, desistir de nuestra responsabilidad cívica.

A dicha tarea convocamos desde esta Asociación a todos los servidores públicos que aspiran a una función pública mejor, plenamente comprometida con los principios democráticos y valores constitucionales, con el servicio público, el interés general, los derechos de los ciudadanos y la construcción de una sociedad decente y civilizada, en la cual el papel de las instituciones resulta decisivo. Desde las decisiones acordadas en la futura Asamblea a celebrar el 28 de marzo aspiramos a reforzar el papel de esta Asociación en ese exigente programa que a todos nos toca atender.

viernes, 24 de febrero de 2017

LA NECESARIA MEJORA DE LAS INSTITUCIONES AUTONÓMICAS: PETICIÓN AL JUSTICIA DE ARAGÓN.



Desde esta Asociación hemos formulado, a lo largo de los años, diferentes propuestas de mejora del funcionamiento de las diferentes instituciones públicas, convencidos de que éstas han de estar en un proceso constante de evaluación y revisión de sus deficiencias, sin admitir que las carencias o defectos constatados, ya sea en su diseño organizativo o en sus formas de actuación, se mantengan a lo largo del tiempo, erosionando su credibilidad y su funcionalidad en el conjunto de la actividad pública.

Las instituciones no están exentas, más bien al contrario, del desgaste impuesto por el paso del tiempo, por la dificultad de cumplir fielmente su cometido y por los errores acumulados en el desarrollo de su actividad, con independencia de a quién quepa imputarlos. También es necesario que las instituciones cuenten con la flexibilidad adecuada para adaptarse a las circunstancias cambiantes y a la evolución de la sociedad, a cuyas necesidades se halla orientada toda su actividad.

Por ello, entendemos que los primeros interesados en revisar de forma periódica la calidad de funcionamiento de una institución son los propios responsables de la misma, sin perjuicio de contar en tal tarea con otros agentes capaces de detectar las posibles carencias en su forma de actuar.

En tal sentido, nos hemos dirigido al titular de la Institución del Justicia de Aragón, animándole a llevar a cabo un análisis de la regulación y funcionamiento de la Institución, y realizar una propuesta de mejoras, señalándole las que nuestra Asociación ha considerado relevantes, pues la continuidad y la inercia no pueden ser la forma adecuada de desenvolvimiento de la actividad institucional. Hay que introducir estándares crecientes de exigencia, máxime en el contexto actual de desconfianza ciudadana y descrédito de los poderes públicos.

La reclamada regeneración institucional ha de abordarse, en buena medida, a través de este proceso de necesaria autoevaluación por parte de cada institución, con un proceso abierto, y unas conclusiones sometidas al debate público, que puedan servir de instrumento o guía para una posterior reforma y puesta al día de las mismas. Creemos que en Aragón el Justicia de Aragón podría dar un primer paso en dicha dirección, marcando con ello una pauta de conducta extensible al resto de las instituciones autonómicas.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Justicia de Aragón:


Excmo. Sr. Justicia de Aragón
C/ Juan de Aragón, 7
50001-ZARAGOZA

Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

Estimado señor:

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad dedicada a la formulación de propuestas de buen gobierno y buena administración, así como a la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de las Administraciones Públicas, hemos destacado siempre la importancia que corresponde al diseño y actuación de las instituciones públicas en cualquier objetivo de calidad democrática.

Convencidos de ello, deseamos sugerirle la oportunidad de que, como institución encargada de la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y de la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y defensa del Estatuto de Autonomía, ámbitos sobre los que incide de manera directa la actuación de los diferentes poderes públicos, impulse actuaciones de oficio tendentes al análisis del diseño y funcionamiento de las instituciones públicas autonómicas y a la formulación, en su caso, de propuestas de mejora de las mismas, para un mejor desempeño de sus respectivas funciones, mejorando con ello su rendimiento institucional.

Creemos que, para ello, sería relevante que la propia institución del Justicia de Aragón, tras los muchos años de funcionamiento que ha acumulado como institución de la Comunidad Autónoma de Aragón, realizara una evaluación de su actual regulación, organización y funcionamiento, y lo hiciera de manera abierta a la opinión de ciudadanos, expertos, entidades sociales y restantes instituciones, incluidas aquellas sobre las que ha venido realizando su labor de fiscalización y control.

Esta Asociación, tal y como refleja en su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al comienzo de la actual legislatura, considera oportuno reforzar las facultades jurídicas de la institución del Justicia de Aragón –particularmente, en la defensa del ordenamiento jurídico aragonés y de la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón-, revisar el procedimiento de nombramiento de su titular, dando participación a la ciudadanía en el mismo, permitiendo la presentación de candidatos por parte de entidades ciudadanas, y proceder a la profesionalización del personal de la Institución encargado de la tramitación de las quejas de los ciudadanos y del desempeño de otras tareas de contenido jurídico, debiendo acomodar su régimen al modelo de función pública constitucional, corrigiendo el uso generalizado e indebido del personal eventual.

Asimismo, creemos que constituye un caso reseñable de inaplicación del ordenamiento jurídico aragonés la falta de desarrollo de lo previsto en la Ley reguladora del Justicia respecto a la figura del Lugarteniente, lo que da lugar a que la propia institución incurra en aquello que tiene por mandato evitar, como es la reiterada inaplicación de las normas, con el consiguiente menoscabo del principio de legalidad.

Entendemos, en definitiva, que por parte de esa Institución sería oportuno impulsar, en el ámbito de cada institución pública, medidas tendentes a la permanente evaluación de la calidad de su diseño y actividad, así como de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a sus respectivos cometidos, y que el mejor modo de llevar a cabo tal propuesta sería comenzar por una evaluación de la Institución del propio Justicia de Aragón, sometiendo a análisis su actual regulación, organización, procedimientos de actuación y resultados obtenidos en los diferentes campos de su mandato institucional.

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba nuestro más atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

miércoles, 22 de febrero de 2017

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 28 DE FEBRERO DE 2017.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes 28 de febrero

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 28 de febrero de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad del Presidente.
  4. Preparación de la asamblea anual de la Asociación.
  5. Elaboración de página web.
  6. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 22 de febrero de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

jueves, 16 de febrero de 2017

ACTO CONMEMORATIVO DEL 10º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN: INTERVENCIÓN DE JULIO GUIRAL.



Ayer por la tarde, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, con un magnífico ambiente de público, tuvo lugar el acto conmemorativo de los primeros diez años de nuestra Asociación.

El acto se abrió con una intervención del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, en la que sintetizó la trayectoria de la Asociación, sus planteamientos fundacionales y el horizonte hacia el que encaminar los esfuerzos futuros, pues confiamos en que los próximos diez años de actividad resulten todavía más fecundos que los ahora cumplidos.

En esta nota se reproducen, de manera íntegra, las palabras de su intervención:

Palabras de presentación del acto conmemorativo del Décimo aniversario de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Buenas tardes,

El motivo de este acto es celebrar los 10 años de la existencia de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Esta intervención no pretende recopilar ni glosar los logros y fracasos obtenidos en estos 10 años de actividad, sino  manifestar nuestra voluntad de continuar y mejorar. En representación de la Asociación, espero hacerlo con claridad y brevedad.

En primer lugar,  debo formular una serie de agradecimientos,

-         A los miembros de la mesa de hoy, Teresa Soler, Manuel Contreras y José Manuel Aspas, por su desinteresada participación, y a todos los presentes que nos acompañáis en este día de aniversario.

-         A nuestra procuradora, Soledad Gracia,  y a nuestro abogado, José Manuel Aspas, al que tenemos hoy en la mesa del coloquio

-         A todas las personas que, de forma constante o temporal, han formado parte de esta Asociación

-         A todas las personas que han apoyado nuestra labor y asistido a nuestros actos.

-         A quien diseñó el blog que hemos mantenido estos largos años
 
-         Al Tesorero, que nos ha permitido sobrevivir en las penurias .

-         A todos los que han sido miembros de las sucesivas  Juntas Directivas y que han contribuido a marcar el rumbo de la asociación

-         A los responsables de ADAMS, por su decisiva ayuda en el momento oportuno.

-         A la productora Pandora BOX TV por el excelente documental y por su apoyo y las facilidades que nos han dado y por el diseño regalo del logotipo.

-         A todos los que han confiado en nuestro trabajo y han entendido necesaria nuestra presencia

Insistiremos en la creencia de haber demostrado que no somos un sindicato, ni un lobby de funcionarios para mejorar nuestro estatus, y tampoco una organización sectorial o corporativa, sino una entidad que se siente parte de la sociedad civil europea.

Renunciamos en estatutos a recibir ayudas económicas públicas, lo que ha  implicado superar con dificultad el pago de costas y depender en exceso del apoyo desinteresado de los profesionales del derecho que trabajan y mucho, gratis et amore.

Objetivos fundacionales.

Hace 10 años en una asamblea que nos pareció multitudinaria y muy creativa, se  definieron los siguientes objetivos que cabría sintetizar del modo siguiente:

1.    La defensa de la legalidad, el giro ético y la profesionalización  y despolitización de la función pública.

2.    No aceptar un discurso de cuestionamiento de  las instituciones, insistiendo en su valor y en su necesaria mejora y en la de sus procedimientos, para avanzar hacia objetivos de mayor calidad democrática.

3.    Todos nuestros objetivos van orientados a formular un programa permanente de buen gobierno y buena administración, y definir el papel de la función pública en ese doble horizonte.


¿Qué ha pasado en estos diez años?

Lo habéis seguido en el blog y un poco en la prensa. Esto es un breve y parcial resumen :

ü     Hemos vivido años agitados: Incomprensión sindical, desprecios de los políticos, presión contra la asociación desde el poder político. En algún momento ha hecho mella, pero ha prevalecido la voluntad de seguir.

ü     Vivimos también tensiones internas que produjeron bajas en la asociación, al tocar temas sensibles (remuneraciones ilegales, libre designación o asesores que no ejercían), porque defender la función pública no implica defender privilegios para los funcionarios.


Pensamos que hemos ejercido a lo largo de estos años:

1) La defensa de la función pública frente a su proyecto de desmantelamiento, con el bloqueo de las  ofertas de empleo y la constitución e hipertrofia de un sector empresarial público que pretendía suplantar a la Administración y cuyo personal ejercía tareas reservadas a funcionarios.

2) La defensa jurídica del derecho fundamental de acceso a la función pública: 5 sentencias judiciales favorables anularon cinco ofertas de empleo del Gobierno de Aragón, por vulnerar el derecho fundamental, pero esta batalla jurídica está aún muy lejos de concluirse (seguimos con 4 procesos en marcha).

3) La defensa del derecho constitucional de petición:  obtuvimos amparo del Tribunal Constitucional a nuestro derecho de petición ante las Cortes de Aragón Sentencia y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón frente al Presidente del Gobierno de Aragón, por vulneración de este derecho.

4) La reclamación de la publicidad y transparencia en los nombramientos del personal eventual y sobre los niveles de interinidad en las distintas administraciones públicas.

5) Hemos elaborado al inicio de cada legislatura unos Documentos de propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, con una fría acogida por parte de los grupos políticos.

6) Hemos reclamado de manera reiterada el desarrollo de las previsiones de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, e ininterrumpidamente hemos conmemorado durante estos años el Día Internacional contra la Corrupción cada 9 de diciembre.

7) Hemos planteado propuestas e iniciativas de interés para avanzar en materia de buena administración y calidad democrática ante la práctica totalidad de las instituciones públicas españolas y alguna de la UE.

Nos hemos esforzado, en definitiva, en aportar argumentos nuevos sobre temas variados y en rebatir viejos y asentados tópicos, como es el caso de las tasas de reposición de efectivos, que a nuestro juicio son un límite inconstitucional al derecho de acceso a la función pública.

¿Cómo hay que seguir tras estos 10 años?

Estamos determinados a continuar nuestra actividad, aunque son necesarios cambios de actitud y organización. Ser más modernos y eficaces y abiertos al cambio.

Debemos adentrarnos en campos de actuación nuevos para impulsar la regeneración institucional (aunque sea una palabra desgastada por mal uso o abuso).  

Defendiendo un modelo de función pública que no sea el del botín de los afiliados a los partidos políticos, y en el que estar mal visto por los dirigentes políticos no sea determinante para la carrera profesional.

Deberemos impulsar que se legisle sobre un modelo de función pública profesional y despolitizada, con un acuerdo básico entre los partidos políticos con vocación de gobierno.

Es preciso el desarrollo en la práctica de las exigencias éticas en la conducta de los funcionarios, en parte enunciadas en el EBEP. Y que tales actitudes y aptitudes sean consideradas en la selección y en la promoción.

Debe asegurarse el derecho de acceso a la función pública sin supeditarlo a los intereses de promoción de los que ya están dentro, un sistema nuevo para seleccionar a los mejores candidatos con una visión integral, la exigencia de formación continua y el refuerzo del compromiso ético y del desarrollo profesional.

Debe prevenirse la corrupción con una ética sólida de la función pública y fijar un sistema de alertas para prevención de las malas prácticas y la corrupción: un sistema no burocrático que ofrezca efectiva protección de los alertadores y con refuerzo de los órganos de inspección, evaluación y control.

Debe mejorarse el diálogo entre sociedad e instituciones, y en especial los cauces de comunicación entre las ONG y los parlamentos y Gobiernos, en especial a través del derecho constitucional de petición.
Debemos reivindicar el papel, frente a la descalificación interesada, de Defensores del pueblo y Tribunales de Cuentas, reforzando su independencia y la profesionalización del personal a su servicio.

Es preciso avanzar en la profesionalización y autonomía efectiva de los órganos de control interno, como son la Intervención e Inspección de Servicios.

Hay que impulsar una verdadera política de transparencia con libre acceso a la información generada por la Administración y al estado de las actuaciones, en cuyo diseño participen los ciudadanos.

Y establecer un Observatorio de la Función Pública, para analizar el estado y evolución de la función pública y hacer frente a la constante manipulación de la información en esta materia.

Desearíamos también superar el limitado marco local y nacional, interesándonos por el marco europeo, el respeto de los derechos fundamentales y la situación de la función pública de otros países, como parte de nuestro compromiso social, con especial atención a las situaciones más críticas (Turquía , Rumanía).

Esperamos superar la falta de interés, el absentismo intelectual  y la inacción en estos campos de actuación. No desconocemos las dificultades del debate, la fortaleza de los que se oponen a los cambios y la necesidad de trabajar con nuevos métodos, incluidos los más incisivos.

Nuestra idea es seguir actuando como lobby no corporativo en defensa del interés general –reivindicando la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en todas las Administraciones- y afrontando todas las dificultades.

Invitamos a todos a aportar ideas e iniciativas. Todas serán bienvenidas, aunque también convenientemente tamizadas por nuestros principios asociativos. Y nos fijamos como objetivo alcanzar la masa crítica de 100 socios para poder seguir adelante con todas las iniciativas.

Concluyo finalmente, dando las gracias por vuestro aliento, apoyo y participación