miércoles, 23 de julio de 2014

IRREALIDAD Y DESCONCIERTO.



Simultáneamente a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, todavía en fase de presentación de enmiendas -cuya retirada solicitó esta Asociación al Consejero de Hacienda y Administración Pública al carecer de la necesaria y preceptiva memoria económica, exigida tanto por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón como por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón-, se publicaba en la prensa de ayer una serie de posibles medidas de recorte del gasto en empleo público que se va a barajar por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las diferentes Comunidades Autónomas.

Entre el conjunto de posibles medidas de reducción del gasto público de las Comunidades Autónomas para alcanzar los objetivos de reducción del déficit público se incluían las siguientes: “Funcionarios: Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales”.

Tales medidas, supuestamente planteadas desde las diferentes Comunidades Autónomas, han sido recogidas en un documento de trabajo por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su posible consideración en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, desde el que se pretende impulsar un programa de racionalización del gasto público.

Resulta increíble que, a un mismo tiempo, el modelo de función pública de nuestro país se intente regular –al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público- desde la radical ignorancia de las condiciones económicas y presupuestarias que determinan el contexto de las distintas Administraciones Públicas –planteando opciones como la carrera administrativa horizontal de carácter universal, sin contar con una mínima evaluación de su coste y condiciones de financiación-, y, en el extremos opuesto, los propios responsables de tales Administraciones barajen medidas de excepción para recortar drásticamente los costes del empleo público, al entender insostenible el actual volumen del gasto de personal.

Es evidente que no se pueden recibir mensajes más incongruentes sobre la misma cuestión, y tan arbitrarias pueden resultar las medidas irreales que se plantean como las nuevas propuestas de degradación de las condiciones de trabajo en el sector público.

Una vez más se carece de una propuesta que, con la adecuada visión de conjunto, aborde el peso de los gastos de personal en el equilibrio presupuestario de las administraciones dentro de un programa de fortalecimiento de la profesionalidad y calidad de la función pública, que discrimine debidamente las diferentes medidas de ahorro o racionalización de las estructuras administrativas y evite el posible daño al decisivo papel que juega la función pública en el aseguramiento del Estado de Derecho y en la garantía de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos, imprescindibles para preservar la cohesión social que exige nuestro modelo de democracia.

Las reacciones ante la información publicada ayer –de la que hoy intentan desmarcarse diferentes responsables políticos- se mueven entra la incredulidad y el desconcierto, y demuestran la inconsistencia del discurso oficial cuando se habla de recuperación, la irrealidad e inviabilidad de ciertas iniciativas legislativas y la escasa responsabilidad de ciertas iniciativas sindicales que buscan restablecer todos los “derechos laborales” perdidos por los empleados públicos a lo largo de estos años de crisis. El panorama de la función pública se merece una actitud bien distinta por parte de todos para evitar que se produzcan situaciones tan disparatadas como la que estamos viviendo.

martes, 22 de julio de 2014

LA PUBLICIDAD DE LOS INFORMES DE CONTROL PRESUPUESTARIO COMO OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



Las nuevas normas de transparencia pública incluyen entre las obligaciones de información activa la de hacer públicos y accesibles con carácter general los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización realizados por parte de los órganos de control externo, ya sea Cámara o Tribunal de Cuentas, sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma y de las entidades del sector público autonómico.

Dicha publicidad debe corresponder, a nuestro juicio, tanto al órgano de control como a la entidad controlada, de manera que cualquier ciudadano que acceda a la información presupuestaria de una administración o entidad pública pueda hallar en su correspondiente página web o portad de transparencia no solo la información relativa a la aprobación y ejecución de los créditos presupuestarios de la entidad, sino también al contenido de los informes de auditoría y fiscalización que los órganos de control externo hayan emitido sobre dicha ejecución presupuestario.

Uno puede tener interés en acceder a los informes que ha emitido el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas de Aragón, para conocer su actividad o modo de trabajar, pero el acceso a los informes de control presupuestario que se han emitido sobre las cuentas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón debiera ser posible también en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón, en el que debieran obrar junto al resto de la información relativa a la gestión presupuestaria de la Comunidad Autónoma.

Además, un ciudadano debiera poder conocer no solo las advertencias o recomendaciones realizadas por los órganos de control externo a una determinada Administración, sino que también debiera tener acceso al resultado de dichas advertencias o recomendaciones, ya se concrete en medidas de corrección o subsanación adoptadas o en procesos de responsabilidad contable que hayan podido derivarse de los mismos.

El control sobre la buena gestión de los fondos públicos no puede quedar fragmentado en informaciones parciales de las Administraciones, los órganos de control, el Ministerio Fiscal o los Tribunales, obligando al ciudadano a rastrear portales de diferentes instituciones para conocer los resultados de la gestión presupuestaria de su Comunidad Autónoma o Ayuntamiento. A un ciudadano debiera bastarle consultar el portal de transparencia de la institución responsable de la gestión de esos fondos, para poder conocer todas las incidencias y consecuencias derivadas de esa gestión, sin perjuicio de la protección de datos de carácter personal que corresponda.

En tal sentido, nos hemos dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública para solicitarle, al amparo del derecho fundamental de petición, que la información presupuestaria accesible en el portal del Gobierno de Aragón, o en el futuro Portal de Transparencia, incluya los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización realizados por parte de los órganos de control externo, ya sea Cámara o Tribunal de Cuentas, sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma y de las entidades del sector público autonómico. Sin el resultado de dichos informes, el ciudadano no puede obtener una información suficiente sobre las condiciones de legalidad y eficiencia de la ejecución presupuestaria llevada a cabo por los órganos de la Administración autonómica. Democracia es control y sin información adecuada ese control no resulta posible ejercerlo.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:


“Excmo. Sr. Consejero
Departamento de Hacienda y Administración Pública
Pza. de los Sitios, 7
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 21 de julio de 2014.

Estimado señor:

La transparencia pública y el deber de información activa, como parte esencial de la misma, constituyen una tarea fundamental de las Administraciones Públicas para rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos y contribuir con ello tanto a una gestión exigente desde un punto de vista democrático como a la formación de una opinión pública informada y madura, capaz de identificar y valorar los elementos de calidad en la actividad institucional.

Recientemente, la organización Transparencia Internacional en España ha hecho públicos los datos correspondientes al Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU), correspondiente a 2014, mediante el cual se miden un total de 80 indicadores que reflejan el nivel de transparencia existente en las diecisiete Comunidades Autónomas españolas.

Entre los factores considerados en la confección del citado Índice se incluyen una serie de indicadores relacionados con los aspectos previstos por la reciente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Uno de los aspectos más relevantes de las exigencias de transparencia en materia de información económica y presupuestaria consiste en la obligación de publicación de los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización realizados por parte de los órganos de control externo, ya sea Cámara o Tribunal de Cuentas, sobre la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma y de las entidades del sector público autonómico.

Coincidimos con la organización Transparencia Internacional al considerar que la publicación de dichos informes no incumbe solo a los órganos de control externo que los emiten –ya sea la Cámara o el Tribunal de Cuentas-, sino también a la Administración fiscalizada, pues la información activa a publicar en materia presupuestaria debiera comprender tanto la aprobación del presupuesto como su ejecución y su fiscalización posterior.

El ciudadano debiera acceder a la información íntegra sobre el ciclo presupuestario de la Comunidad Autónoma en la página web o portal de transparencia del Gobierno de Aragón, pues remitir  para el acceso a la información sobre la fase de fiscalización a los respectivos portales del Tribunal o Cámara de Cuentas, al margen de dificultar el acceso a la información, supone una injustificada fragmentación de la información presupuestaria, pues ésta debe comprender no solo los créditos inicialmente autorizados, sino también los créditos efectivamente gastados o ejecutados –con la consiguiente información sobre modificaciones presupuestarias- y el resultado de los controles externos sobre la legalidad y la eficiencia de dicho gasto, reflejando también las recomendaciones efectuadas por los órganos de control y las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para su oportuna implantación, en el caso de entenderlas oportunas.

Por ello, y al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que el Gobierno de Aragón, a través de su portal electrónico, incorpore a la información presupuestaria de cada ejercicio económico, los contenidos de los informes de auditoría y fiscalización realizados por los órganos de control externo –Cámara y Tribunal de Cuentas- en formato accesible y comprensible por los ciudadanos, resaltando las recomendaciones de mejora de gestión efectuadas en dichos informes y las medidas que, en relación con las mismas, han sido adoptadas por el Gobierno de Aragón.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a nuestro escrito de petición, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

lunes, 21 de julio de 2014

LA TRANSPARENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: MEDIR ES IMPORTANTE, PERO EVALUAR TAMBIÉN.



La semana pasada la organización Transparencia Internacional dio a conocer los resultados, correspondientes a 2014, del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU), mediante el que dicha organización mide, a través de un conjunto de ochenta indicadores, el nivel de transparencia de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas. Este índice, que ha llegado ahora a su tercera edición, constituye una herramienta para medir y divulgar el nivel de transparencia informativa de  los gobiernos de las diecisiete Comunidades Autónomas, presentándose los resultados obtenidos tanto a nivel de transparencia global como en cada una de las seis áreas de transparencia analizadas.

Las diferentes áreas de transparencia que se analizan son las siguientes: información sobre la comunidad autónoma; relaciones con los ciudadanos y la sociedad; transparencia económico-financiera; transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros; transparencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas; indicadores nueva ley de transparencia.

Los resultados de dicho estudio resultan globalmente positivos, ya que la media global de las Comunidades Autónomas ha sido 88’6 (sobre 100), figurando en dicho ranking tres Comunidades con la máxima calificación: Castilla y León, Cataluña y País Vasco. En dicho listado, Aragón ocupa la posición duodécima, con una puntuación de 85, igualada a Extremadura. En último lugar, figura la Comunidad Autónoma de Madrid con 65 puntos.

Como advierte la propia organización al dar a conocer los datos de este índice de medición, con el mismo solo se valora si la información requerida está o no disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada ni tampoco la calidad de la gestión de los gobiernos de las Comunidades Autóomas.

Hay que valorar el esfuerzo metodológico y técnico realizado por la organización Transparencia Internacional en España para someter a un control de medición el nivel de transparencia de las Comunidades Autónomas. Ello tiene especial interés en las actuales circunstancias, tras la aprobación de una ley estatal de transparencia pública y buen gobierno, a la que en un futuro próximos se sumará una ley aragonesa también de transparencia pública y participación ciudadana.

Ahora bien, no es posible conformarse con una evaluación formal de las medidas de transparencia, pues la información de escasa calidad o mal estructurada no aporta transparencia real, sino justamente lo contrario. Es lo que esta Asociación ha puesto de manifiesto en relación con el Boletín estadístico de personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo contenido dista mucho de ofrecer una información válida para conocer la realidad del empleo público de la Administración autonómica. 

En el área de empleo público, que no figura entre las consideradas por el informe de Transparencia Internacional, es mucho lo que queda por avanzar en nuestra Administración, pues al margen del todavía deficiente boletín estadístico –sin dejar de valorar la novedad de su elaboración-, debe destacarse por ejemplo que el Gobierno de Aragón sigue sin atender diferentes obligaciones de publicidad en materia de personal, como son la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual o de las comisiones de servicios en puestos de libre designación, así como la opacidad total que existe en relación con los contratos de alta dirección suscritos en determinadas áreas de gestión como son la sanidad y los servicios sociales.

La transparencia es una necesidad de la gestión pública y un objetivo de calidad democrática, que debe medirse para constatar su realización y evolución, pero no bastan indicadores formales como los establecidos por Transparencia Internacional, pues la calidad y veracidad de la información publicada es lo que permite hablar de verdadera transparencia y no de manipulación, engaño o simple propaganda.  Datos falsos, incompletos o defectuosos no pueden admitirse como ejercicio de transparencia, sino como vulneración de dicha obligación de información activa.

viernes, 18 de julio de 2014

EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE QUEJA POR LA FALTA DE DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL PERIODO DE PRÁCTICAS EN PROCESOS SELECTIVOS.



El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja planteada por esta Asociación frente al Departamento de Hacienda y Administración Pública, al no establecerse en las convocatorias de procesos selectivos, en los que se contempla la realización de cursos de formación y periodo de prácticas, la duración máxima de los mismos, tal y como exige la normativa vigente y demanda el principio de seguridad jurídica al que ha de ajustarse toda actuación administrativa que afecte a los ciudadanos.

La comunicación remitida por el titular de dicha Institución, de fecha 9 de julio de 2014, señala: “examinada detenidamente (su queja), y al amparo de las facultades que me confiere el artículo 2.3 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto admitirla a supervisión y dirigirme a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón para que me informe sobre la cuestión que plantea”.

Esta Asociación se dirigió al Justicia de Aragón el pasado mes de junio, formulando un escrito de queja frente a la indeterminación de la duración de los cursos de formación y periodos de prácticas que, habitualmente, se establecen en los procesos selectivos para acceso a la función pública aragonesa, circunstancia que provoca que haya personas cuya situación de funcionarios en prácticas, pendientes del nombramiento definitivo como funcionarios de carrera, se prolongue en ocasiones más de año y medio, algo que resulta difícilmente justificable.

La situación en la que se encuentran los funcionarios en prácticas, al no haberse determinado en las respectivas convocatorias de los procesos selectivos, la duración máxima del periodo de prácticas a desarrollar para superar finalmente el proceso selectivo, es un claro ejemplo de inseguridad jurídica e indefensión que debiera corregirse por los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública, ajustando sus actuaciones a lo expresamente establecido en la normativa aragonesa de función pública.

En concreto, el artículo 18 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón, dispone que la convocatoria de todo proceso selectivo ha de contener, entre otros elementos, el siguiente: “Determinación de las características y duración del curso de formación y del periodo de prácticas cuando proceda”. Tal obligación reglamentaria, sin embargo, no se viene respetando por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, al dejar indeterminada la duración de dicho periodo de prácticas.

UNA ANOMALÍA REPETIDA.



El Boletín Oficial de Aragón de ayer publicaba una Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se resolvía la convocatoria, por procedimiento de libre designación, del puesto de Director/a Provincial de Zaragoza del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Más que resolverse la convocatoria, en realidad se daba por fallida, pues se declaraba desierta su provisión por no considerarse idóneo para el puesto ninguno de los solicitantes. Una organización como la Administración autonómica debiera, verdaderamente, preocuparse de no contar con candidatos idóneos para cubrir puestos de responsabilidad administrativa como el convocado. Más aún, si con anterioridad a dicha resolución, la propia Administración modifica las características del puesto y adscribe al mismo a un funcionario procedente de otra Administración, sin ni siquiera esperar a resolver el procedimiento de provisión convocado.

Lo curioso del caso es que lo sucedido con el puesto de Director/a Provincial de Zaragoza del IASS reproduce exactamente lo ya sucedido anteriormente con el puesto de Secretario General del mismo organismo. El puesto, ocupado provisionalmente mediante comisión de servicios, se convoca para su cobertura definitiva mediante libre designación. Los plazos de resolución no se respetan y se prolongan injustificadamente. El titular provisional de la plaza y previsible candidato a ser designado, por los motivos que sean, abandona el desempeño del puesto. Esta circunstancia, sin embargo, no es motivo suficiente para resolver el procedimiento en el sentido que proceda, sino que su terminación se pospone y, lo peor todo, habiendo un procedimiento de provisión abierto, se modifican las características del puesto en la relación de puestos de trabajo, alterando con ello los términos de la convocatoria pendiente de resolución. Una vez realizada esta modificación, se adscribe al puesto a un nuevo funcionario que, al no cumplir los requisitos de la convocatoria realizada, no pudo tomar parte en la misma, lo que lleva a declarar desierta la provisión del puesto.

No puede imaginarse una manera de proceder menos respetuosa con el procedimiento administrativo que la que parece haberse instaurado en la provisión de puestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. No se respetan los plazos de los procedimientos y se modifican las características de los puestos convocados antes de su resolución, pues mientras se tramita un procedimiento de libre designación, que parece haber perdido su sentido tras la retirada del candidato predeterminado, se busca un nuevo ocupante provisional, aunque no cumpla los requisitos de desempeño del puesto, pues nada parece obstar para adecuar las características del puestos a su perfil, aunque el puesto se halle convocado y pueda haber funcionarios de carrera con capacidad profesional suficiente que han tomado parte en la convocatoria.

Lo peor de esta manera de actuar, en la que se pone de manifiesto el más absoluto desprecio por las normas de provisión de puestos de trabajo y por la profesionalidad de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma –cuya idoneidad se pone expresamente en entredicho-, es la total aceptación por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública de la arbitraria actuación de los responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. De nada sirve que ello se trate de salvar con resoluciones tardías que se publican con un desfase temporal de más de un mes, descubriendo la elasticidad del tiempo y la capacidad de administrarlo que ofrece el Boletín Oficial. Una vez instalados en la irregularidad, ya todo parece posible. Lo parece, pero no lo es.

jueves, 17 de julio de 2014

UNA FALSA REGENERACIÓN A DEBATE.



El discurso de la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el marco del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma celebrado en las Cortes de Aragón, ha señalado una serie de propuestas dirigidas a supuestos objetivos de regeneración democrática, centradas fundamentalmente en el sistema electoral y en el tamaño del Parlamento autonómico. Medidas que resultan claramente cuestionables, pues ni el número de diputados –que sirve al pluralismo de la Cámara- ni su aforamiento –regla especial de determinación del juez competente para enjuiciarles en las posibles causas penales que se sigan contra ellos- son aportaciones significativas a la calidad democrática. El resto de las medidas sugeridas, como las relativas a las listas electorales desbloqueadas o a supuestos de inelegibilidad de candidatos incursos en juicio oral- exceden la competencia de la Comunidad Autónoma y exigirían su inclusión en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que correspondería modificar en su caso a las Cortes Generales.

Es curioso que, tras tres años de responsabilidades de gobierno, la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma concrete el buen desempeño institucional a promover en una serie de medidas que o bien en nada influyen en la actual situación o bien no corresponden al ámbito de decisión de la Comunidad Autónoma. Contrasta todo ello con el evidente silencio hacia temas que tienen directa incidencia en el buen gobierno y la buena administración de la Comunidad Autónoma, y que sí debieran estar no solo entre las propuestas a impulsar sino entre las medidas ya establecidas a evaluar. Cuando la principal corrupción pública producida en Aragón ha estado en su entramado de empresas públicas, sorprende que nada se diga sobre ello, salvo que se piense que los controles eran suficientes y además funcionaron adecuadamente. Si se piensa así, poco puede hacerse para evitar que los fraudes al interés general se vuelvan a producir.

Regeneración no pasa por retoques cosméticos a las instituciones, ni por hacer pagar al Parlamento la quiebra de confianza hacia los Gobiernos, por su mediocre gestión y la manifiesta incapacidad para liderar los esfuerzos colectivos que permitan recuperar confianza y dinamismo. En nada contribuirá a corregir la actual situación reducir el número de escaños de las Cortes de Aragón, si al mismo tiempo ampliamos la politización y desprofesionalización de la función pública autonómica, con un Proyecto de Ley que permite, a través de la prevista función directiva, el que personal de confianza política pase a desempeñar funciones hasta ahora reservadas a funcionarios profesionales. De nada servirá que los ciudadanos puedan establecer su orden de preferencia en las listas electorales, si luego el Gobierno puede manejar la Administración a su antojo, estableciendo la discrecionalidad máxima en el sistema de provisión de aquellos puestos de trabajo con alguna capacidad decisoria.

La regeneración de las instituciones, al menos cuando la anuncia un responsable del Ejecutivo autonómico, debiera empezar por el Gobierno y la Administración que preside. Poco o nada efectivo se ha hecho en tal sentido a lo largo de estos tres años, a pesar de las iniciativas legislativas impulsadas, cuyos objetivos poco tienen que ver con la realidad diaria que se vive en la Administración autonómica. El discurso y la realidad discurren por caminos radicalmente alejados, lo que permite dudar de la sinceridad de muchas de las propuestas enunciadas. La confianza no se gana ni con un discurso ni con un proyecto de ley, sino con actuaciones claras y convincentes que señalen de forma inequívoca el compromiso con la legalidad y la ética pública, con el servicio al interés general y a los ciudadanos, única razón de ser de las instituciones de gobierno democrático. Poco o nada se ha regenerado en la función pública autonómica en estos tres años, y ese es el verdadero balance de una acción de gobierno.

SIN ANÁLISIS NI DEBATE: UN PROYECTO DE LEY INSERVIBLE PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.



El Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 vino a dar desarrollo, tras casi treinta años de espera, al mandato de desarrollo legislativo que contenía el artículo 103.3 de la Constitución Española (“La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos”). Es decir, hasta 2007 no hubo propiamente un estatuto de la función pública, con tal nombre y como un texto único.

Hasta 1984, fecha en que se aprobó la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, estuvo parcialmente vigente la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. Es manifiesta, a la vista de ello, la escasa prioridad que han dado los diferentes Gobiernos a la ordenación de la función pública, tarea que resultaba, sin embargo, del máximo interés, ante la aparición de nuevas Administraciones Públicas como resultado de la descentralización política que conllevaba el Estado autonómico.

Es evidente, además, que en todo el largo periodo de democracia española no se ha acertado a diseñar un modelo adecuado de función pública, para dar desarrollo oportuno a las exigencias de nuestro modelo de Estado social y democrático de Derecho. Politización y burocratización han sido dos defectos que han lastrado, de igual modo, a la función pública española, impidiendo que la contribución del aparato público a la fortaleza y vigor de nuestra vida democrática fuera la adecuada.

El carácter básico de gran parte del contenido de la Ley 30/1984 ha servido, no obstante, para atender la ordenación de la función pública y ha permitido la aprobación de sus respectivas leyes por parte de las Comunidades Autónomas, como en el caso de Aragón representa la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, si bien importantes aspectos de la ordenación funcionarial se dejaron a la aplicación supletoria de la legislación estatal, como sucedía y sucede todavía en materia de situaciones administrativas o régimen disciplinario.

Los elementos novedosos de ordenación de la función pública, como fueron la oferta de empleo público o las relaciones de puestos de trabajo, han carecido del rigor y calidad necesarios para asegurar una función pública profesionalizada y eficiente. Ambos instrumentos, en lugar de ser un desarrollo de las previsiones legales para asegurar el acceso al empleo público conforme a principios de mérito y capacidad y garantizar la adecuación de los puestos de trabajo a las necesidades objetivas de la Administración, se han visto notablemente desvirtuados por la arbitrariedad de los responsables políticos y administrativos, que los han manejado a su antojo en muchas ocasiones.

Podemos afirmar que el Estatuto Básico del Empleado Público llegó tarde y mal, pues no es comprensible que una norma básica aprobada en 2007 carezca en 2014 de su necesario desarrollo tanto en la Administración General del Estado como en la mayoría de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. ¿Qué razones pueden justificar esta situación? Debiéramos preguntarnos si la falta de desarrollo responde exclusivamente a la ausencia de voluntad política para llevarlo a cabo o también a la carencia de soluciones técnicas viables para ordenar de manera eficiente los recursos humanos de las Administraciones Públicas.

La coyuntura de crisis económica, política e institucional ha dificultado extraordinariamente el impulso de un modelo válido de función pública, llegándose incluso a cuestionar desde distintos ámbitos sociales la fijeza o inamovilidad del personal público. Medidas de urgencia han supuesto inéditas rebajas salariales, más allá de la congelación de etapas precedentes, y recortes de derechos laborales, entendidos por muchos como privilegios injustificados.

Las circunstancias de crisis debieran haber propiciado una reflexión generalizada –también en el seno de los sindicatos de la función pública- para racionalizar y relegitimar socialmente los servicios públicos y la función pública que hace posible su funcionamiento. Pero nada de ello se ha producido. El debate necesario se ha visto desplazado por la confrontación, confundiendo en muchos casos la defensa de lo público con “lo propio” de quienes trabajan en el sector público.  No cabe desconocer, por ejemplo, el grave contrasentido de que, en una crisis aguda de insuficiencia presupuestaria, los empleados públicos autonómicos percibiesen y sigan percibiendo un anticipo de carrera profesional carente de regulación normativa.

La quiebra del sistema de selección del personal de la Administración, con las consiguientes tasas de interinidad, y la inaplicación de la legalidad en materia de provisión de puestos de trabajo, con tasas de provisionalidad elevadísimas en el desempeño de los puestos, han sido dos factores que han debilitado enormemente la imparcialidad de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones. Un aparato administrativo debilitado y proclive a aplicar las instrucciones de la dirección política, sin apenas cuestionar su legalidad, ha sido incapaz de actuar como dique de contención del despilfarro y la corrupción pública, que tanto ha perjudicado a nuestro país en todos los órdenes.

Cuarenta años de función pública, desde la recuperación de la democracia, merecen un balance y un análisis más profundo que el establecido para la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público –su insuficiencia resulta evidente a la vista de su nulo desarrollo siete años más tarde- y más serio y riguroso que el llevado a cabo para la aprobación, por el Gobierno de Aragón, del Proyecto de Ley de Función Pública, en el que, lamentamos insistir, no se corrige ninguna de las debilidades de la función pública aragonesa.

Ni la politización ni la burocratización, ni la temporalidad ni la provisionalidad, ni la hipertrofia administrativa ni el sobrecoste de los servicios públicos son abordados siquiera por el proyecto normativo, fiando su corrección al futuro desarrollo reglamentario o a la aplicación de medidas como los planes estratégicos de recursos humanos. Podemos dudar de la viabilidad del edificio porque carece de cimientos firmes, en los que ni el análisis ni el debate ni el estudio de costes económicos de las diferentes opciones han merecido la menor atención. Muy al contrario, el nuevo Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno de Aragón recoge en su articulado buena parte de los vicios acumulados por la función pública a lo largo de la etapa democrática -y suma otros nuevos-, lo cual no puede ser más que un indicio más que razonable de su carácter inservible para dotar a la función pública del vigor y del rigor que demanda la salud de nuestra democracia.

miércoles, 16 de julio de 2014

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA DE OFERTA: LA ASOCIACIÓN SE OPONE AL RECURSO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRA LA PROVIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN.



Como indicábamos días atrás, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante providencia de 20 de junio de 2014, solicitó al Departamento de Hacienda y Administración Pública certificación de plazas vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, fechas de referencia para aprobar las ofertas de empleo de 2007 y 2011 y de las existentes a 18 de febrero de 2014, fecha de aprobación de los decretos de oferta complementaria en virtud de ejecución de sentencia, especificándose en caso de falta de coincidencia las posibles vacantes no incluidas en el Decreto aprobado y la indicación de si consta su amortización.

Conforme a la citada petición de información, el Tribunal desea saber el volumen de interinidad existente en el momento de aprobación de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, que fueron anuladas por sendas sentencias judiciales, y el persistente en el momento de la aprobación de las ofertas complementarias de 2007 y 2011, así como la previsión de amortización de las plazas no incluidas en las mismas, tal y como se prevé en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La Administración de la Comunidad Autónoma, a través de sus Servicios Jurídicos, interpuso recurso de reposición frente a la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se solicitaba la citada información, señalando que el volumen de plazas a considerar en relación con las ofertas complementarias aprobadas es el establecido en el Decreto-ley 1/2014 aprobado por el Gobierno de Aragón, para lo que se tomó como referencia la situación de plazas vacantes existente a 29 de noviembre de 2013.

La Asociación ha formulado su escrito de oposición al recurso de reposición promovido por la Administración, instando su desestimación y la confirmación de la providencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia tendente a acreditar el estricto cumplimiento de las sentencias judiciales relativas a las ofertas de empleo público de 2007 y 2011.

Consideramos que los datos relevantes a acreditar, y conforme a los cuales cabrá juzgar el correcto cumplimiento de las sentencias que anularon las ofertas de empleo de 2007 y 2011 son los relativos a plazas vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2010, sin que los datos correspondientes a la fecha de aprobación de las ofertas complementarias tengan otra finalidad que acreditar la entidad del volumen de interinidad persistente, y constatar si se han aplicado o no las amortizaciones que prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, como única justificación para la no inclusión de vacantes ocupadas por interinos en las respectivas ofertas.

Volvemos a sostener que el Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón y ratificado por las Cortes de Aragón es ilegal, antiestatutario e inconstitucional, y su aprobación no tenía otra finalidad que fijar un número arbitrario de puestos de trabajo a incluir en las ofertas complementarias –sin justificación documental alguna, como quedó constatado al examinar el correspondiente expediente administrativo- y escapar al posterior control del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al considerar que una norma de rango legal como la aprobada resultaría vinculante para dicho Tribunal. Por ello, su invocación frente a la providencia dictada por el Tribunal viene a constatar la finalidad perseguida, como era desvirtuar el alcance de las sentencias a ejecutar y avalar su incumplimiento.

Dicho incumplimiento no solo fue cuestión de números, sino que alcanza además a decisiones de mayor gravedad, como es la sustitución indebida de plazas de docentes de educación primaria por educación secundaria, alterando con ello de forma radical e indebida los necesarios términos de la oferta complementaria.

Confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su resolución, desestime el recurso planteado por la Administración y confirme la providencia adoptada en su día en todos sus extremos, restando cualquier virtualidad al Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón tanto para acreditar las plazas de obligada inclusión en las ofertas complementarias como para fijar el volumen de interinidad persistente tras la aprobación de dichas ofertas complementarias.

martes, 15 de julio de 2014

LA FUNCIÓN PÚBLICA NO PUEDE QUEDAR A MERCED DE UN PACTO DE INTERESES.



El Proyecto de Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación carece de un análisis solvente que avale suficientemente sus opciones. Los sindicatos que han apoyado el texto apenas se han tomado la molestia de motivar su decisión, y el Gobierno de Aragón tampoco ha sido capaz de señalar las razones del modelo diseñado y, en especial, determinar el coste derivado de la aplicación futura de la Ley. Demasiados silencios y omisiones por parte de quienes, ante el Parlamento autonómico, resultan ser los principales valedores del proyecto normativo.

La falta de explicaciones objetivas y suficientes sobre el modelo de función pública que se contiene en el Proyecto de Ley aprobado permite sospechar que lo que realmente existe tras el mismo es un acuerdo o pacto a puerta cerrada, en el que la racionalidad y objetividad exigibles a todo modelo de función pública se han visto desplazadas por los intereses políticos y económicos de las partes. El Gobierno de Aragón obtiene plena disponibilidad –gracias a la función directiva y a la libre designación- para determinar la provisión de puestos de los niveles decisorios de la Administración, y los sindicatos a cambio obtienen la implantación futura, cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan, de un modelo de carrera horizontal que viene a reconocer su vieja reivindicación “carrera para todos”.

El resultado de ese pacto es evidente: una Administración más desprofesionalizada y más cara, con la que salen perdiendo los ciudadanos. Mal se puede hablar por la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, de regeneración política o de racionalización del sector público, pues el modelo de función pública no contribuye a ninguno de ambos objetivos. La Administración abre sus puestos a criterios puramente clientelares –a través de la nueva modalidad de la función directiva- y a los empleados públicos se les premia su respaldo al nuevo modelo antiprofesional con una expectativa general de subidas retributivas, eso sí previa evaluación, cuya objetividad cabe poner en entredicho visto el cariz del modelo establecido.

Ni desde las Cortes de Aragón ni desde la Universidad ni desde los medios de comunicación se ha prestado la debida atención a una norma como la Ley de Función Pública de Aragón, que ha de ser determinante para cualquier objetivo de calidad democrática y fortaleza del Estado de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma. Se trata de una Ley claramente falaz, que pretende poner las virtudes de los empleados públicos al servicio de los vicios de un modelo desprofesionalizado de Administración.

Los ciudadanos, a través de sus representantes, tienen que revisar en profundidad un modelo que en poco contribuye a una Administración eficiente comprometida con los valores de la legalidad y del servicio público, y que, falto de claridad y de información objetiva sobre sus opciones y su coste económico, parece esconder un pacto al servicio de los intereses políticos de unos y de los intereses económicos de otros, naturalmente en perjuicio de los ciudadanos.

lunes, 14 de julio de 2014

PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA: DEBE EXIGIRSE AL GOBIERNO DE ARAGÓN UNA MEMORIA ECONÓMICA CORRECTA QUE PERMITA CONOCER SU COSTE.



Esta Asociación se dirigió la semana pasada a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para expresarles la necesidad de que la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón se supedite a la elaboración por el Gobierno de Aragón de una correcta memoria económica de dicho proyecto normativo, señalando los costes derivados de la misma y las condiciones de financiación de los mismos, tal y como se exige en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.

Conocer el coste de una Ley –cuya repercusión en el capítulo de gastos de personal del Presupuesto de la Comunidad Autónoma es directa- es un requisito indispensable para su tramitación y aprobación, si admitimos que la función legislativa se fundamenta en un debate racional y responsable. Tal conocimiento sobre las repercusiones económicas de una norma legal es necesario en toda circunstancia, pero lo es especialmente en la actual coyuntura económica y presupuestaria, en la que la Comunidad Autónoma ha de cumplir exigentes objetivos de contención del déficit público y atraviesa manifiestas dificultades en su equilibrio presupuestario.

El Gobierno ha remitido un documento sin fecha ni firma a las Cortes de Aragón, al que se denomina “Memoria del análisis del impacto normativo”, en cuya parte final, en escasas ocho páginas que contienen datos y estimaciones carentes de la más elemental consistencia, se incluye una “memoria de impacto económico y presupuestario”. Un documento, para ser aquello que se denomina, ha de contener la información que resulta preceptiva. La omisión total de todo análisis sobre los efectos derivados del nuevo régimen retributivo, del cual el complemento ligado a la carrera es solo una parte, pero sobre todo la ausencia de las condiciones de financiación para las diferentes medidas de la Ley, no permite admitir tal documento como memoria económica. Si los Grupos Parlamentarios lo admiten, estarán vaciando de racionalidad y responsabilidad el debate de la Cámara.

Los representantes de los ciudadanos no pueden desentenderse de los intereses de la ciudadanía, y los ciudadanos tienen el legítimo derecho de saber cuánto cuesta la Ley de Función Pública –y los parlamentarios el deber de conocer ese dato antes de decidir y votar-, pues debe saberse la repercusión que ello tiene en otros programas de gasto de la Comunidad Autónoma. ¿Cuánto es razonable gastar en el personal de la Administración del total del presupuesto disponible?  

La Administración es un instrumento y no un fin en sí misma y sus costes han de ajustarse a las prioridades que imponen las necesidades de la sociedad y las políticas públicas de desarrollo y de bienestar general que resulta preciso impulsar. ¿Es asumible, en dicho contexto, el coste de la Ley de Función Pública? Es difícil saberlo si no se determina previamente ese coste, y sin un coste cierto o suficientemente aproximativo su aprobación sería una temeridad por parte de las Cortes de Aragón.

Por ello, consideramos indispensable, y así se lo hemos señalado a los Grupos Parlamentarios, que se exija al Gobierno de Aragón la confección de una memoria económica suficiente, en la que se determine el coste de la aplicación de la Ley y las condiciones de financiación del mismo. Ya es censurable que un Gobierno no aporte esa información e incluso se permita aprobar un Proyecto de Ley sin haber determinado previamente su coste. Igual reproche cabe hacer a los sindicatos de la función pública, capaces de respaldar un proyecto normativo sin la garantía de su viabilidad presupuestaria, reincidiendo con ello en los vicios que han conducido al actual colapso presupuestario de nuestra Administración. Ni siquiera hemos aprendido lo más elemental. A semejante ejercicio de irresponsabilidad no debieran sumarse los parlamentarios, debiendo reclamar la confección de la memoria económica necesaria para decidir la aprobación o no de la futura ley de función pública.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Popular:

“Grupo Parlamentario Popular
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 11 de julio de 2014.

Estimados señores:

El pasado día 24 de junio, representantes de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa tuvimos la oportunidad de comparecer, a petición propia, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, para expresar nuestra opinión desfavorable frente al Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, remitido a ese Parlamento por parte del Gobierno de Aragón. Dicho Proyecto de Ley, a nuestro juicio, incorpora una seria de previsiones que no solo no avanzan en objetivos de profesionalización de la función pública, sino que conllevan manifiestos retrocesos, como son la regulación de la función directiva, de la provisión de puestos de trabajo y de la carrera profesional.

Al margen de nuestras discrepancias materiales o de fondo con el proyecto normativo, respecto a las cuales hemos tenido ocasión de manifestarnos, y de las que dimos traslado a todos los Grupos Parlamentarios de esa Cámara en su momento, no podemos dejar de insistir en la carencia de una memoria económica suficiente que permita conocer de modo ajustado el coste de la aplicación de la futura Ley, en el caso de que resulte aprobada, y las condiciones previstas para su financiación, cuestión de máxima relevancia en todo momento, pero particularmente en el actual contexto presupuestario y económico, donde se impone de forma prioritaria el cumplimiento de exigentes objetivos de contención del déficit público.

Como algún Grupo Parlamentario señaló con motivo de nuestra reciente comparecencia, el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno de Aragón se acompañaba de una “Memoria del análisis del impacto normativo”, que contenía un apartado final relativo a “memoria de impacto económico y presupuestario”, pero la información contenida en dicho documento no puede, a nuestro juicio, cumplir la exigencia de memoria económica que establece el ordenamiento jurídico para todo proyecto normativo. Dicha memoria no contiene una verdadera estimación de costes ni muchos menos señala las condiciones de su financiación, como exigen tanto la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón.

Por ello, a nuestro juicio no es posible admitir que el documento remitido a las Cortes de Aragón con la calificación de “Memoria del análisis del impacto normativo” satisfaga la exigencia que las leyes citadas imponen respecto a la elaboración de una memoria económica. En primer lugar, el citado documento carece de firma y de fecha, circunstancia que necesariamente lo priva de todo valor jurídico. En un procedimiento administrativo mínimamente riguroso –como no puede dejar de serlo el correspondiente al ejercicio de la iniciativa legislativa gubernamental- no caben documentos anónimos, de los que nadie se hace responsable.

Si bien dicho defecto formal nos parece suficiente para privar de validez jurídica al citado documento, ha de observarse también que el apartado relativo a “memoria de impacto económico y presupuestario” no satisface ningún criterio mínimo de calidad y congruencia. Un documento que no permite cuantificar el coste derivado de una ley ni sus condiciones de financiación no puede ser considerada como una memoria económica, aunque se le dé tal nombre.

Una ley en la que se regula un nuevo régimen retributivo para los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y se implanta un nuevo y costoso modelo de carrera administrativa, como es la carrera horizontal aplicable a todo el personal de la Administración, no puede ser tramitada sin una adecuada memoria económica, pues el principio de legalidad impone la aplicación y respeto de las leyes aprobadas, lo que resulta inviable sin una financiación suficiente para afrontar el coste que conlleva tal aplicación. Aprobar una ley que va a determinar la evolución futura del volumen del capítulo de gastos de personal del Presupuesto de la Comunidad Autónoma requiere de manera indispensable la aportación por el Gobierno de Aragón de una memoria económica que determine un calendario de implantación de sus previsiones de gasto, fijando el coste imputable a cada ejercicio y sus condiciones de financiación, acreditando además que dicho gasto no compromete los objetivos de contención del déficit que impone la legislación de estabilidad presupuestaria.

En consecuencia, creemos que por parte de los Grupos Parlamentarios debe exigirse del Gobierno de Aragón una memoria económica que fije adecuadamente costes derivados de la aplicación de la Ley y condiciones de financiación, ya que tal información resulta imprescindible para proceder a la tramitación y discusión de dicho Proyecto. En el caso de que no se remitiese dicha memoria económica, entendemos que procedería la devolución del proyecto de ley, por carecer de la documentación indispensable para pronunciarse sobre el mismo.

Agradeciéndoles de antemano su atención, reciban nuestro atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

viernes, 11 de julio de 2014

LA ILEGALIDAD PROVOCA INJUSTICIA: NO ERA VANA NUESTRA QUEJA FRENTE A LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOS.



Esta Asociación planteó diversas quejas ante el Justicia de Aragón frente a las convocatorias de concursos de méritos realizadas por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, al permitirse en las mismas de manera claramente ilegal que funcionarios de nuevo ingreso en destino provisional pudiesen acceder a su primer destino definitivo a través de concurso de méritos, conforme al baremo aplicable en los mismos, y no en la forma prevista por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, consistente en elegir plaza entre las ofertadas por la Administración al conjunto de funcionarios de nuevo ingreso por estricto orden conforme a la puntuación final obtenida en el proceso selectivo.

Con la posibilidad admitida por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, claramente irregular, no solo se inaplicaba lo establecido para la obtención del primer destino por los funcionarios de nuevo ingreso, sino que finalmente se han lesionado los derechos de otros funcionarios que han participado en el concurso, ya que los destinos provisionales concedidos a los funcionarios de nuevo ingreso, tanto por el nivel del puesto asignado como por el tiempo transcurrido desde su adjudicación, han permitido a los interesados obtener puntuaciones superiores a las de funcionarios de carrera de muy superior antigüedad, pero que jamás habían alcanzado niveles similares a los ocupados por aquellos en destino provisional, o lo habían hecho en comisión de servicios, lo que les ha penalizado fuertemente frente a la valoración de los periodos de destino provisional de los nuevos funcionarios.

Todo incumplimiento de la normativa conlleva una potencial vulneración de los derechos de terceros, pues la ley persigue, por naturaleza, conjugar los intereses de todas las partes interesadas, y en este caso hemos podido constatar como la irregular participación de funcionarios de nuevo ingreso en destino provisional en un concurso de méritos –algo propiciado por los responsables de Función Pública y mantenido pese a las denuncias de ilegalidad realizadas por esta Asociación-, ha supuesto finalmente una efectiva vulneración del principio de mérito y capacidad en el acceso a los puestos de trabajo, posibilitando que funcionarios recientes sin primer destino definitivo se hayan servido de su primer destino provisional para superar, en un concurso de méritos, a funcionarios de mayor antigüedad y con mayores méritos objetivos.

El desprecio por la normativa y la imprevisión, una vez más, han introducido irregulares distorsiones en el sistema de provisión de puestos de trabajo de la Administración autonómica, resultando particularmente grave que ello incida, precisamente, en el procedimiento ordinario de concurso de méritos, en el que se deberían extremar los criterios de objetividad y de igualdad en el trato a todos los participantes en los mismos. Una irregular decisión de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, sin embargo, ha roto la igualdad ante la ley y ha permitido que personas con menor derecho desplacen a otras con mejor derecho, al permitir hacer valer indebidamente el desempeño de un destino provisional en un concurso de méritos. La ilegalidad de la convocatoria ha provocado, como era previsible, una manifiesta injusticia. ¿Qué piensa hacer ahora la Dirección General responsable? ¿Dónde quedan, en este caso, los valores de la Administración?

LA AUTOEXIGENCIA DE PARTICIPAR.



Junto a la exigencia de participación, de abrir los procesos normativos a la participación de los ciudadanos, está la autoexigencia que esta Asociación se impone de formular alegaciones en aquellos procesos de consulta o de información pública en proyectos normativos que afectan a sus fines fundamentales, como son la ordenación de la función pública, la calidad de los servicios públicos o la transparencia pública.  

Carecería de sentido reclamar el derecho de participación para luego no ejercerlo, porque estudiar el texto de un proyecto, analizarlo, debatirlo y proponer observaciones o alternativas al mismo es, sin duda, un notable esfuerzo que no siempre se tiene la energía suficiente para afrontar.

Esta Asociación ha querido expresar su opinión en todos aquellos asuntos que afectan a sus fines estatutarios, y lo ha hecho en numerosos escritos dirigidos a las instituciones, pero sobre todo no ha dejado de hacerlo, siempre que ha tenido ocasión, en los procesos de consulta o información pública abiertos por la Administración, interviniendo en las sesiones de debate del Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana, o emitiendo sus escritos de alegaciones en las fases de información pública correspondientes al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, al Decreto de modificación de la regulación de las Cartas de Servicios o al ya citado Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana.

Lamentamos en su día que la Ley de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma se tramitase sin dar posibilidad alguna a la participación ciudadana, y pedimos sin éxito a las Cortes de Aragón que arbitraran comparecencias de expertos y entidades ciudadanas en el proceso de tramitación del proyecto de ley. El pasado mes de junio esta Asociación intervino ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para expresar su rechazo al Proyecto de Ley de Función Pública aprobado por el Gobierno de Aragón, solicitando a los Grupos Parlamentarios la devolución del texto por la carencia de una memoria económica suficiente que determine el coste de la aplicación de dicha norma y sus condiciones de financiación.

El proceso de elaboración normativa –tanto en la fase de iniciativa legislativa como en su posterior tramitación parlamentaria- es esencialmente un proceso de debate racional, en el que las propuestas han de estar razonadas, motivadas y evaluadas, y a ese proceso han de estar invitados los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para aportar sus puntos de vista y enriquecer con los mismos la labor institucional. 


Reclamar participación y pedir ser escuchados tiene como contrapartida el esfuerzo de argumentar objeciones y alternativas al texto elaborado por los servicios técnicos del Gobierno de Aragón, de aportar alternativas que puedan ser consideradas, desde la aceptación de que todo el esfuerzo realizado puede carecer de resultados efectivos, pero el resultado no es solo la posibilidad de que las alegaciones puedan ser incorporadas al texto o proyecto, ya que en ocasiones basta con que las posiciones contrarias o críticas a un proyecto puedan ser formuladas y recogidas dentro del proceso de tramitación del mismo, aunque resulten finalmente rechazadas. 

Tanto o más importante que los espacios de negociación colectiva en lo que afecta a la función pública son los espacios de participación y debate entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones, ya sean el Gobierno de Aragón o el Parlamento autonómico. Un ejercicio de participación que exige siempre un grado importante de autoexigencia y de responsabilidad. Los empleados públicos o, por mejor decirlo, los servidores públicos no pueden olvidar su condición de ciudadanos ni deben dejar de ejercerla a través de los cauces de participación ciudadana.




jueves, 10 de julio de 2014

LOS VALORES DE LA ADMINISTRACIÓN: ¿NO ESTÁN YA DEFINIDOS?.



Esta Asociación fue invitada días atrás por la Inspección General de Servicios a participar, como entidad u organización de la sociedad civil, en una reunión de trabajo en torno a los valores de la Administración, que debió celebrarse el pasado 1 de julio, en horario de mañana, en una de las aulas del Instituto Aragonés de Administración Pública. Los términos de la convocatoria nos llevaron a declinar la participación en la reunión, al desarrollarse en un horario incompatible con nuestra jornada de trabajo, anteponiendo la dedicación al servicio público como primer valor de la Administración.

Con la finalidad de generar un espacio de reflexión y debate que determine los valores que deben de (sic) regir el funcionamiento de la Administración autonómica durante los próximos años, se va a desarrollar un grupo de trabajo con diferentes agentes económicos y sociales, colegios profesionales, expertos y otras entidades significativas”, se señalaba en el escrito de convocatoria remitido al correo electrónico de esta Asociación. ¿Tiene sentido este espacio de reflexión y debate? ¿Han de ser agentes externos los que identifiquen los valores que han de regir el funcionamiento de la Administración? ¿Hay algún valor nuevo que no dimane ya de la Constitución y de las Leyes de Administración vigentes?

Parece razonable creer que los valores están ya claramente identificados en las normas, como lo evidencian los códigos de conducta y los principios de actuación que proclama el Estatuto Básico del Estatuto Público y reproduce el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, en el que se contempla incluso una Comisión de Ética para constatar el cumplimiento del código de conducta y de los deberes establecidos para los empleados públicos. ¿Es necesario un proceso de participación para generar un nuevo documento en el que se plasmen los valores que ya están enunciados? ¿Y si nos quedamos cortos, y no alcanzamos a definir ni siquiera los valores enunciados en las normas? ¿Si lo que falla no son los valores objetivos, sino nuestro aliento ético? ¿Cómo elevar la moral de los empleados públicos, si la realidad no se corresponde con esos valores? ¿Qué sucede si el olvido de esos valores se produce principalmente entre quienes dirigen la organización? ¿Frente a qué problemas nos estamos enfrentando? ¿Lo sabemos?

Los valores pensados y los valores vividos pueden guardar una distancia enorme entre sí. Creemos innecesario un proceso para formular y definir valores –en esos formatos voluntaristas que parecen imponer las modas del gobierno abierto-, pues están ya definidos sobradamente en normas y códigos de conducta. La reflexión necesaria sería la de establecer qué hay hoy de esos valores en la Administración, tanto en los altos cargos que la dirigen, en los empleados públicos que trabajan en ella y en los sindicatos de la función pública. ¿Qué importancia se concede a esos valores en el funcionamiento ordinario de la Administración? ¿Hay mecanismos efectivos para asegurar su respeto y su realización?

¿Se respeta la legalidad? Es evidente que la cultura de la legalidad no goza de suficiente salud dentro de la Administración Pública, a pesar de ser su valor central. Es algo que esta Asociación ha podido constatar de primera mano en sus diferentes actuaciones. No existe voluntad alguna de corregir irregularidades, que es preciso denunciar una y otra vez, y hasta las sentencias –como el caso de la publicación de nombramientos de personal eventual- carecen del respeto debido. ¿Se aseguran la objetividad, neutralidad e imparcialidad? Hay ejemplos abundantes de que justamente la realidad va en la dirección contraria. Y así podríamos seguir con los restantes valores, escasamente valorados.

Cuando la crisis ética de la Administración responde a que el ser y el deber ser no coinciden, e incluso se distancian cada día más, no se trata de reflexionar solo sobre el deber ser –suficientemente conocido-, sino justamente de analizar el ser, esa realidad distante de las normas y de los valores, en la que todos nos hemos acostumbrado a movernos, pues la realidad se impone siempre y nadie actúa conforme a pautas de conducta que –si bien pueden estar ajustadas a los valores- nada tienen que ver con la cultura y expectativas de comportamiento reales que dominan en una organización.

¿No debiera reflexionar la propia Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios sobre cuáles son los valores o disvalores que le impiden ajustar su conducta a los principios constitucionales que deben regir el funcionamiento de la Administración Pública? ¿Debemos acaso recordarle los empleados públicos lo que dicen las normas? ¿Y hacerlo dentro de un grupo de trabajo? Parece algo excesivo a estas alturas.