viernes, 22 de julio de 2016

LA TRANSPARENCIA BRILLA POR SU AUSENCIA EN MATERIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: LOS PROYECTOS DE OFERTA SIGUEN SIN FIGURAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



La aprobación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, introdujo el deber de publicidad activa para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, entendiendo por ésta la obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que garantice la transparencia de la actividad pública.

Dicha información pública ha de ponerse a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, siendo responsables de dicho cumplimiento tanto el Departamento competente en la materia, actualmente el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales,  como las respectivas unidades de transparencia de los diferentes Departamentos, que han de facilitar la información de inclusión obligada en el citado Portal de Transparencia.

Entre la información sujeta al régimen de publicidad activa figura la información de relevancia jurídica que señala el artículo 15 de la Ley 8/2015, como son los proyectos de reglamento o disposición general, así como las memorias, informes y dictámenes emitidos con motivo de su tramitación.

A pesar de la claridad con que se formula la obligación de publicidad activa respecto a la tramitación de las disposiciones generales elaboradas y aprobadas por el Gobierno de Aragón, cabe constatar que los Decretos del Ejecutivo autonómico relativos a la aprobación de Oferta de Empleo Público han sido y son sistemáticamente omitidos en el Portal de Transparencia.

Tal situación nos llevó a dirigirnos en agosto de 2015 a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, solicitándole que adoptase las medidas necesarias para que el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón incluyera, como contenidos de relevancia jurídica sujetos al deber de publicidad activa, todos los proyectos normativos elaborados por el Gobierno de Aragón, incluidos los relativos a materia de función pública, y en particular los diferentes Decretos que aprueban las ofertas anuales de empleo público.

Un año después de nuestra petición podemos constatar dos hechos igual de graves: persiste el incumplimiento del deber de publicidad activa de las ofertas de empleo público –pues nada figura en el Portal de Transparencia en relación con los proyectos de Decreto de Oferta de Empleo Público para 2016, ya sea en tramitación o incluso aprobados, como es el caso de la oferta de personal docente no universitario; y, por otro lado, lo que resulta verdaderamente preocupante y reprochable, es que la responsable del Departamento competente en materia de participación vulnera el derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación, al no dar respuesta a la petición formulada, incumpliendo de forma absoluta lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, lo que constituye un déficit democrático y de legalidad exclusivamente achacable a los responsables políticos del actual Gobierno de Aragón.

jueves, 21 de julio de 2016

UN SIGNO NEGATIVO.



Las noticias que circulan sobre el proyecto de oferta de empleo público para 2016, elaborada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, son un claro indicio de la absoluta falta de voluntad del Gobierno de Aragón de abordar con seriedad la elevada precariedad que, desde hace años, desvirtúa el modelo de función pública y mantiene en prolongada crisis el régimen de selección de personal de las Administraciones Públicas.

Seguimos igual o peor. La manifiesta insuficiencia de las plazas ofrecidas al turno libre de acceso, para la incorporación de personal de nuevo ingreso a la función pública, en el ámbito de administración general, parece ratificar la voluntad del Gobierno de Aragón por restringir en todo lo posible el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, como ya viene haciendo con la interposición de recursos de casación contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, por vulnerar dicho derecho fundamental, al no incorporar la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, como exigen el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ello inevitablemente nos ha de llevar nuevamente a confrontar con la política de personal del Gobierno de Aragón, y nos obligará una vez más a plantear ante los Tribunales la necesidad de la tutela del derecho de los ciudadanos al acceso a la función pública. Algunos creerán que es lo que corresponde en un Estado de Derecho, donde los Tribunales ejercen la garantía del principio de legalidad. No obstante, después de cinco resoluciones judiciales anulando cinco ofertas aprobadas por el Gobierno de Aragón, la contumacia de éste en reincidir en los defectos señalados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo coloca en una actitud poco compatible con las exigencias del Estado de Derecho.

No es de recibo que un Gobierno, sea del color político que sea, imponga a los ciudadanos el ejercicio reiterado de acciones judiciales para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, que como tal debiera vincular a todos los poderes públicos, empezando por los órganos de gobierno de las Administraciones que han de aprobar anualmente las ofertas de empleo público. Frente a la contumacia del Gobierno de Aragón, deberemos insistir en la defensa de la legalidad.

lunes, 18 de julio de 2016

PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE VOLUMEN DE INTERINOS POR PROGRAMAS, FUERA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.



Las elevadas tasas de interinidad existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma son una evidencia del incumplimiento del régimen legal de selección de personal de nuevo ingreso, y en particular de la obligación de aprobar anualmente una oferta de empleo público en la que se incluyan la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

Recientemente, el Departamento de Hacienda y Administración Pública ha facilitado a esta Asociación datos concretos sobre el número de funcionarios interinos, de cada Cuerpo, Escala y Clase de especialidad, existente en puestos vacantes y puestos reservados, es decir, en plazas recogidas en las relaciones de puestos de trabajo, o en plantillas para el caso del personal docente no universitario o personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

El fenómeno de la interinidad, sin embargo, no se agota con la cobertura de plazas vacantes cuando no es posible su provisión por funcionarios de carrera o con la ocupación transitoria en puestos reservados a funcionarios de carrera, sino que el Estatuto Básico del Empleado Público contempla también el supuesto de nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Se trata de los funcionarios por programas, cuyo nombramiento y actividad se desarrolla al margen de las relaciones de puestos de trabajo, y cuya presencia para atender necesidades no estructurales es habitual en los sectores de educación y sanidad.

Creemos que un conocimiento efectivo del uso de la interinidad en el ámbito de la función pública requiere tener datos reales sobre el volumen y características de los interinos por programas existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y por ello hemos dirigido al Departamento de Hacienda y Administración Pública una nueva solicitud de información pública, al amparo de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición de información dirigido al Departamento de Hacienda y Administración Pública:

“JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad   y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y EXPONE.


Uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa de la legalidad en el ámbito de la función pública, incluyendo el cumplimiento de la normativa que rige el acceso a la función pública y la provisión de los puestos de trabajo a través de los principios de mérito y capacidad, en los términos fijados por la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La garantía del respeto a dichos derechos ha de procederse a la inclusión en las relaciones de puestos de trabajo de todas las plazas que atienden actividades permanentes o estructurales de la Administración, evitando la utilización indebida de la figura de “interinos por programas”, para asegurar la presencia de personal interino al margen de los mecanismos de selección y provisión ordinarios regulados. Dicha figura de interinidad se contempla en el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, para el fin siguiente: “La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto”.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, solicito de ese Departamento la información disponible sobre el volumen de personal interino existente en la Administración de la Comunidad Autónoma para la ejecución de programas de carácter temporal, identificando los respectivos programas y los Departamentos u organismos a los que corresponden, así como la duración de cada uno de los programas, señalando la fecha de su aprobación o puesta en marcha.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

Zaragoza, 14 de julio de 2016”.



jueves, 14 de julio de 2016

LA INTERVENTORA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O EL PROBLEMA DE LA LIBRE DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.



(Reproducimos en este blog el interesante artículo de Antonio Serrano, publicado en el blog sobre actualidad jurídica y política ¿HAY DERECHO?)

Vuelve a salir a la opinión pública el problema de la libre designación de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a raíz ahora del cese de la Interventora General del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Vigo.

Conviene recordar que fue la disposición adicional 8.ª de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, la que inició la provisión mediante libre designación para determinados puestos reservados a los anteriormente denominados Cuerpos Nacionales de Administración Local, entre los habilitados con nivel 30 de complemento de destino, posteriormente confirmada por la Ley 10/1993, de 21 de abril, de forma que los puestos de Secretario, Interventor o Tesorero de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, o los de ayuntamientos capitales de comunidad autónoma o de provincia y de municipios con población superior a cien mil habitantes, podían excepcionalmente cubrir estos puestos entre funcionarios habilitados mediante libre designación, siendo la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá la primera en utilizar este mecanismo que ha ido generalizándose en la actualidad.

Si en el franquismo el Régimen de la Dictadura se sirvió del sistema de las ternas para impedir que los desafectos al Movimiento pudieran alcanzar los puestos de secretario o de Interventor a los que se tenía derecho por los méritos del escalafón, ahora el mecanismo es el de la libre designación, perversa en el nombramiento de los puestos a los que se accede y en los ceses, cuando se remueve a sus titulares.
Los cometidos de gran responsabilidad de los habilitados nacionales, de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, de contabilidad, tesorería y recaudación, han hecho que muchos Alcaldes de grandes municipios y Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares quieran controlarles, y actualmente el artículo 92 bis de la Ley básica de Régimen Local les brinda esta oportunidad.

La doctrina se alzó desde el primer momento contra la libre designación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Alejandro Nieto advertía a este respecto, ya en 1992, lo que pretendían las fuerzas políticas: “Hay que eliminar a los habilitados en lo posible, hay que eliminar en lo posible sus funciones, y eliminarlos a ellos, y si no se les puede eliminar, porque de momento están protegidos por una Ley, se les quiere domesticar. Y el mejor modo de domesticarlos son medidas como las de la libre designación”.

Se abrió el camino a la desprofesionalización, a funcionarios atraídos o llamados por la fidelidad, y dejó de ponerse el foco en el servicio objetivo, independiente e imparcial al conjunto de la Corporación, para convertirse en una especie de secretaría particular del Alcalde de turno.

El Tribunal Constitucional, en la criticable Sentencia 235/2000, declaró ajustado a la Constitución que con carácter excepcional se contemplase el mecanismo de libre designación entre habilitados nacionales para determinados puestos, sobre la base del historial profesional de los aspirantes, pero lo cierto es que lo excepcional ha devenido en general, y que no hay historial profesional que valga, sino sólo la politización de estos puestos y el abandono de la carrera profesional de base objetiva.

Las diferentes asambleas bienales de funcionarios con habilitación de carácter nacional, agrupados en torno al Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, como la habida recientemente en Granada, con su Declaración de 21 de mayo de 2016, ha exigido que se proceda a: “eliminar el sistema de provisión de puestos mediante libre designación para los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local, estableciendo el concurso como único sistema de provisión, por entender que la provisión mediante libre designación, lo que comporta el libre cese, es incompatible con un control adecuado de la legalidad de los actos y acuerdos de los órganos de las entidades locales”.

Estamos en el campo de batalla en el que se enfrentan los valores constitucionales, de objetividad e imparcialidad, de igualdad, mérito y capacidad, con los decimonónicos, es decir, los del clientelismo, la instrumentalización o la consideración de las estructuras administrativas como un mero botín de la fuerza gobernante. Una nueva vuelta al caciquismo.

Se han pervertido los sistemas de control, ya que quien controla es libremente nombrado y cesado por el controlado, sin mecanismo que garantice la imparcialidad de los habilitados, mecanismo que reclamaba la Comisión de Expertos para el estudio y preparación del EBEP, que presidió el profesor Sánchez Morón.

La amenaza del libre cese pone en evidencia que se puede hablar claramente de confianza política con el nombrado mediante libre designación y, al mismo tiempo, de pérdida de credibilidad del nombrado por libre designación desde la óptica de los grupos políticos de la oposición y de la ciudadanía en general.

Se busca la confusión entre los ámbitos electivo y selectivo, caer en la tentación de controlar por quien tiene la capacidad de “libre designar”, más allá del espacio propio de la política, a los empleados públicos, de condicionar su neutralidad, de propiciar su alejamiento del conjunto de las fuerzas políticas de la Corporación, de la sociedad a la que sirven, de socavar los pilares constitucionales del empleo público. Se abren caminos, por ello, a la desafección de los ciudadanos sobre la clase política y, en última instancia, a la corrupción.

martes, 12 de julio de 2016

PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y SU PROVISIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA.



Esta Asociación ha dirigido nueva petición de información al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, para conocer el estado de provisión de los puestos de libre designación existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Con independencia de los ajustes que deban hacerse en las relaciones de puestos de trabajo, para adaptar los puestos existentes a las nuevas estructuras orgánicas de los Departamentos, desde esta Asociación queremos insistir en la obligatoriedad de cubrir con carácter definitivo dichos puestos de trabajo –a través de los correspondientes procedimientos de provisión, con convocatoria pública- así como en la obligación legal de dar publicidad a todas las fórmulas de provisión temporal que se adopten, en relación a tales puestos, exigida en el artículo 41.1 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Frente a la reiterada arbitrariedad con que actúan los responsables de Función Pública de la Administración autonómica aragonesa, entendemos necesaria una doble estrategia de acceso a la información y de control, pues la transparencia debiera ser un instrumento que contribuya a detectar y corregir las numerosas irregularidades existentes en la actual gestión de personal. No es posible que, una vez que nos hemos dotado de facultades para conocer la realidad de la función pública, hagamos dejación de tal derecho y nos resignemos a la desinformación y a la arbitrariedad con la que se viene operando en la materia.

Por ello, esta Asociación insiste en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública –como ha venido apelando de manera reiterada al derecho fundamental de petición para formular sus propuestas de cambio a los responsables institucionales-, y en este blog iremos dando noticia de todas las respuestas y de toda la información facilitada por la Administración, para que la misma sea pública y accesible a todos los interesados.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la solicitud de información formulada:

JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y EXPONE.


Uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa de la legalidad en el ámbito de la función pública, incluyendo el cumplimiento de la normativa que rige el acceso a la función pública y la provisión de los puestos de trabajo a través de los principios de mérito y capacidad, en los términos fijados por la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La garantía del respeto a dichos derechos ha de incluir el cumplimiento de las previsiones legales en cuanto a la convocatoria y provisión de los puestos de libre designación, así como respecto a la publicidad en el Boletín Oficial de Aragón de todos aquellos nombramientos provisionales realizados para la cobertura de tales puestos por razones de extraordinaria y urgente necesidad, según prevé el artículo 41.1 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, solicito de ese Departamento la información disponible sobre el número total de puestos de libre designación existentes en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, distribuido por Departamentos y Organismos públicos, el número de dichos puestos que están cubiertos de manera definitiva y los que se hallan cubiertos de manera provisional, así como el número de comisiones de servicios u otras fórmulas provisionales de provisión que han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y las previsiones existentes para la convocatoria de los procedimientos reglados para su provisión definitiva

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

Zaragoza, 11 de julio de 2016


lunes, 11 de julio de 2016

NECESARIO RECHAZO A LA ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PERSONAL.



El cúmulo de incumplimientos de las normas en las que incurre la gestión de personal por parte de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios hace que los principios de seguridad jurídica y sometimiento al ordenamiento jurídico se vean desplazados por la estricta arbitrariedad administrativa, de manera que los criterios de actuación antijurídicos establecidos por parte de la Administración son los que se imponen en los procesos selectivos de personal y en los procesos de provisión de puestos de trabajo, al igual que en otros diferentes ámbitos de la gestión de personal.

Todo parece indicar, además, que los responsables de personal de los diferentes Departamentos aceptan el actual estado de cosas, permitiendo que sea la actuación arbitraria de la citada Dirección General la que marque criterios y ritmos en la cada vez más degradada gestión de personal en la Administración autonómica. Ni existe celeridad y eficacia en los procedimientos ordinarios, ni los diferentes procesos de selección y provisión se ajustan a las reglas establecidas en las leyes y reglamentos de aplicación.

No se desarrollan los procesos selectivos en los plazos legales marcados, no se asignan los primeros destinos definitivos en la forma legalmente establecida, que no es otra que atendiendo al orden de puntuación de cada uno de los procesos selectivos, no se respetan los plazos máximos de duración de las comisiones de servicios, no se convocan los procesos de movilidad en los plazos señalados, no se publican las comisiones de servicios otorgadas en puestos de libre designación, no se reclasifican los puestos de trabajo que marcan las ofertas de empleo público en los procesos de promoción interna de auxiliares administrativos, y tantos otros incumplimientos que cabría reflejar por quienes, como gestores o empleados públicos, sufren a diario esta actuación arbitraria.

Sería deseable que desde la Inspección General de Servicios, como ya se hiciera hace años, se revisaran los criterios de gestión del conjunto de los procedimientos de personal para detectar y corregir todas las desviaciones producidas y, al parecer, consolidadas en la actuación diaria de la Dirección General de la Función Pública, así como, en su caso, en la de los órganos de personal de los Departamentos y organismos públicos.

jueves, 7 de julio de 2016

PETICIÓN A LAS CORTES DE ARAGÓN PARA QUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN RETIRE SUS RECURSOS DE CASACIÓN CONTRA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.



En la reciente comparecencia realizada ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Públicas de las Cortes de Aragón, expusimos a los diferentes Grupos Parlamentarios nuestra posición en relación con la reiterada vulneración del derecho de acceso a la función pública por parte del Gobierno de Aragón, como lo evidencian las cinco sentencias judiciales que han anulado las ofertas de empleo correspondientes a 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, al vulnerar el mandato del Estatuto Básico del Empleado Público que establece la inclusión obligatoria en cada oferta anual de todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino.

No solo es grave que el Gobierno de Aragón, a pesar de los cinco fallos judiciales desfavorables, sigue sin modificar en nada su postura, como podremos apreciar con la futura oferta de empleo público para 2016, sino que aún resulte más preocupante la falta de voluntad de cumplimiento de tales sentencias favorables al derecho de los ciudadanos y acordes con el modelo constitucional de función pública, como lo evidencia el hecho de haber promovido recurso de casación contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 9 de diciembre de 2015 y 23 de marzo de 2016, por las que se declaran contrarias a Derecho las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón para 2015 y 2014, respectivamente.

¿Qué es lo que busca el Gobierno de Aragón con los recursos promovidos ante el Tribunal Supremo? ¿Impedir el ejercicio del derecho de los ciudadanos al acceso a la función pública? ¿Mantener las actuales tasas de interinidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, que ya alcanza al 41% de la plantilla según el propio Boletín estadístico elaborado por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios? ¿Dónde está el supuesto ahorro producido por las tasas de reposición de las Leyes de Presupuestos? ¿Por qué nadie reacciona de forma efectiva contra la falaz técnica de las tasas de reposición de efectivos, que condenan a la función pública a una creciente precariedad que la desnaturaliza cada vez más en su configuración?

El Gobierno de Aragón, y también las Cortes de Aragón, en su papel de control e impulso de la acción de gobierno, no pueden ignorar todos los interrogantes que plantea una acción tan absurda –tanto jurídica como institucionalmente- como la pretensión de anular sentencias favorables al ejercicio del derecho de los ciudadanos y al reforzamiento de la calidad de la función pública. ¿Qué objetivos y principios alientan una política de personal que lucha por impedir ambos objetivos? Tanto el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, como el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, debieran dar explicaciones de una decisión tan poco acorde con el Estado de Derecho y tan poco coherente con su prometida regeneración de la Administración Pública.

Esta Asociación, después de reclamar al Presidente del Gobierno de Aragón la retirada de los recursos de casación, se ha dirigido ahora a las Cortes de Aragón, en ejercicio del derecho de petición a la Cámara, para instarle a adoptar iniciativas tendentes a la retirada de los citados recursos de casación. Con la esperanza de que los Grupos Parlamentarios hagan valer los principios democráticos propios del Estado de Derecho que el Gobierno de Aragón viene ignorando y despreciando de manera reiterada.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a las Cortes de Aragón:

“Excmo. Sr. Presidente de las Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-Zaragoza

Zaragoza, 6 de julio de 2016.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad que viene reivindicando desde el año 2007 el respeto al derecho de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española, y en ejercicio del derecho de petición a esa Cámara que recoge el Reglamento de las Cortes de Aragón, deseo solicitar de ese Parlamento la adopción de iniciativas tendentes a reclamar del Gobierno de Aragón la retirada de los recursos de casación planteados frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 9 de diciembre de 2015 y 23 de marzo de 2016, por las que se declaran contrarias a Derecho las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón para 2015 y 2014, respectivamente, por omitirse en ellas la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos, inclusión que no puede verse restringida por las previsiones presupuestarias.

Ambas sentencias obligan al Gobierno de Aragón a modificar los Decretos de Oferta aprobados, para incluir en los mismos aquellas plazas de los diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma (administración general, administración educativa y administración sanitaria) cubiertas por personal interino.

Son ya cinco veces las que los Tribunales declaran contraria a Derecho una Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir en la misma la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, de acuerdo con lo que exigen tanto el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público como el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Tribunal Supremo anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal Supremo, ha anulado las Ofertas de Empleo Público de 2010 y 2011 y, con las nuevas sentencias, las de 2014 y  2015.

Las citadas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón reiteran las razones que motivaron ya las anteriores anulaciones, entendiendo obligada la inclusión de plazas ocupadas por interinos que exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley aragonesa de función pública, pues el incumplimiento de dichos preceptos suponen una lesión directa del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española. Como señaló en su día el Tribunal Supremo, y reitera ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, “no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que es posible una interpretación de las normas en conflicto –como son las leyes presupuestarias y el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley aragonesa de función pública- adecuada al respeto del artículo 23.2 de la Constitución Española. Señala el Tribunal: “Si la Administración amparándose en esa prohibición de incorporación de nuevo personal, no tuviese la obligación de incorporar las plazas de interinos, estaría –como se dice en la demanda- desnaturalizando la estructura de nuestro sistema de incorporación en condiciones de mérito e igualdad a la función pública, permitiendo que el personal interino se mantenga indefinidamente en su puesto de trabajo, sin permitir que adquiera la condición de funcionario quien tiene más mérito y capacidad y así lo acredita en un proceso en condiciones de igualdad”. Con ello se estaría convirtiendo en ordinaria la provisión del puesto por interino, cuando es claramente extraordinaria. Han de respetarse las condiciones de acceso a la función pública para evitar el abuso de la figura del interinaje.

Esta Asociación se ha dirigido recientemente al Presidente del Gobierno de Aragón, como responsable máximo de la política de función pública, para solicitarle que se retiren los  recursos de casación promovidos ante el Tribunal Supremo con la pretensión de anular las sentencias recaídas, como si el ejercicio de los derechos fundamentales supusiera un perjuicio para el interés público y la pretensión del Gobierno de Aragón fuera mantener e incrementar los niveles de interinidad y precariedad en el seno de la Administración autonómica, desnaturalizando con ello el modelo constitucional de función pública.

Consideramos oportuno, como ya anunciamos en la reciente comparecencia que los representantes de esta Asociación realizamos ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Públicas, formular la presente petición ante las Cortes de Aragón, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Española y el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, en la que solicitamos que por parte de los órganos de esa Cámara, y en ejercicio de la función de control e impulso de la acción de gobierno que institucionalmente le corresponde, se impulsen iniciativas parlamentarias dirigidas a asegurar el respeto al derecho de acceso a la función pública autonómica, conforme a lo previsto en las leyes, instando al Gobierno de Aragón a retirar los recursos de casación promovidos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anulan las ofertas de empleo público de 2014 y 2015 y exigen que en las mismas se incluyan la totalidad de las plazas cubiertas por interinos, ya que dicha inclusión viene exigida por las leyes de función pública aplicables y resulta necesaria para asegurar el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública, así como  la calidad de los servicios públicos.

Se adjunta copia de las referidas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, así como del escrito de petición dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba nuestro más atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín”

lunes, 4 de julio de 2016

CONFIANZA Y EXIGENCIA DEL RESPETO DE LAS NORMAS: EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



El pasado 20 de junio de 2016, esta Asociación se dirigió al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para solicitarle la retirada de los recursos de casación promovidos por el Gobierno de Aragón, a través de sus Servicios Jurídicos, contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por funcionarios interinos.

Reclamábamos del Presidente del Gobierno de Aragón un compromiso decidido con la garantía del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública autonómica, asegurando la firmeza y ejecución de las sentencias del TSJA, al establecer una interpretación favorable al derecho fundamental, evitando que éste se vea mediatizado por una interpretación improcedente de las tasas de reposición de efectivos, contraria a lo previsto en el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Nuestra petición de retirada la hacíamos, a su vez, en ejercicio de otro derecho fundamental, como es el derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución Española, cuya regulación se establece en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. Solicitábamos expresamente que la tramitación de nuestra petición se efectuase conforme a lo establecido en dicha Ley, en la que se impone a la autoridad pública a la que se dirige la petición el dar respuesta expresa en el plazo de tres meses y, previamente, acusar recibo de la petición dentro de los diez días siguientes a su recepción.

Esperamos que desde la Presidencia del Gobierno de Aragón se respeten los procedimientos que afectan al ejercicio de derechos fundamentales por los ciudadanos, algo que no ha sucedido con las peticiones dirigidas a miembros del Gobierno de Aragón en la actual legislatura, y que esta Asociación está decidida a poner de manifiesto, de reiterarse, ante las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, pues ninguna autoridad pública puede desconocer sus obligaciones en lo que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pero lo cierto es que, de momento, no se ha efectuado el preceptivo acuse de recibo de la petición formulada, lo que supone un primer incumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

lunes, 27 de junio de 2016

TRAS LAS ELECCIONES GENERALES.



Los españoles, convocados nuevamente a las urnas, tras la incapacidad para la formación de Gobierno por parte de los Grupos Parlamentarios resultantes de las elecciones del pasado 20 de diciembre, han expresado su voluntad democrática para la formación de las instituciones políticas de representación, como son las Cortes Generales. Ahora cabe esperar que los representantes elegidos sean capaces de posibilitar la formación de un Gobierno, al que corresponde la dirección política del país.

La legitimidad democrática del Gobierno que obtenga la confianza parlamentaria en el Congreso de los Diputados está, por lo tanto, fuera de toda duda. Las elecciones no solo tienen como finalidad la de reflejar en las Cortes Generales el pluralismo político de la sociedad. Sobre todo han de posibilitar la formación de un Gobierno que cuente con el respaldo de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Esta Asociación, independiente y plural, no tiene preferencias políticas, y creemos que hemos mantenido igual actitud ante Gobiernos de diferente color político, exigiendo a todos ellos el respeto de la legalidad y el fomento de la profesionalidad en la función pública, así como un amplio programa de regeneración institucional a partir de las pautas definidas por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.

La reiteración de procesos electorales que ha vivido nuestro país no ha contribuido a un incremento de la participación de los ciudadanos ni a una mejora de la calidad democrática de nuestro sistema político. Más bien ha favorecido el escepticismo de buena parte de la ciudadanía hacia las propuestas de cambio planteadas por unos y otros. La política democrática ha de procurar dar respuesta a los problemas que viven las personas, sin quedar reducida a una simple lucha por el poder o la hegemonía, ni transformarse en un problema añadido que dificulte la convivencia y el acuerdo sobre los temas fundamentales que afectan a toda la sociedad.

Pero la vida pública no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos ni siquiera de las instituciones, a pesar de su protagonismo indiscutible, de manera que el fortalecimiento democrático de nuestra vida democrática pasa por la indispensable acción de la sociedad civil, como mecanismo de compromiso cívico con los valores compartidos y con la defensa de nuestros principios constitucionales, como son la libertad, la justicia y la igualdad. Ese es el campo de acción que corresponde, entre otras muchas entidades, a esta Asociación, con la misma voluntad de diálogo con las instituciones que hemos venido manteniendo desde el inicio de nuestra actividad.

Ni la sociedad ni las instituciones pueden quedar bloqueadas, y por ello el primer ejercicio de responsabilidad de todos es favorecer la formación de un Gobierno que acomete las tareas que los problemas de los ciudadanos y el interés general de nuestro país reclaman.

martes, 21 de junio de 2016

JORNADA SOBRE FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PALACIO DE LA ALJAFERÍA: UNA REFLEXIÓN OPORTUNA.



En la tarde de mañana, miércoles 22 de junio, se celebra en el Palacio de la Aljafería, en la sede de las Cortes de Aragón, una jornada organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad, con el título “¿Qué función pública necesitamos?”. El desarrollo de dicha jornada cuenta con una intervención introductoria, sobre la oportunidad de debatir en torno a la situación y el futuro de la función pública, y dos mesas de debate, en las que se abordarán aspectos relevantes de la función pública, como el acceso a la función pública y el estatuto del directivo en la Administración General del Estado, la alta función pública que necesitamos y la reforma de la función pública desde las Comunidades Autónomas.

Desde esta Asociación celebramos la iniciativa impulsada desde la Fundación Manuel Giménez Abad, que resulta particularmente oportuna en el momento de transición o cambio que vive la función pública, pues nos hallamos inmersos en una “reforma” paralizada, como cabe deducir de la falta de desarrollo que han tenido las principales novedades introducidas por el Estatuto Básico del Empleado Público, como son la función directiva profesional, la evaluación del desempeño o los cambios en la ordenación de la carrera profesional. La falta de maduración y de voluntad política clara pueden ser las razones de la parálisis en la que nos hallamos. El viejo modelo no acaba de desaparecer y el nuevo no termina de perfilarse. Esta situación que se prolonga ya casi una década resulta difícilmente explicable, salvo que se concluya que la reforma resulta inviable en la actual coyuntura y debe reformularse.

La función pública debe contar con un modelo claro hacia el que avanzar, y ese modelo tiene que responder al tipo de función pública que necesita nuestra sociedad. Para concretar las exigencias que debe satisfacer la Administración –y la función pública que la sostiene- se requiere la intervención de todos los actores políticos y sociales, pero resulta igualmente necesaria una reflexión interna, realizada por los propios servidores públicos, y para dicha tarea foros como el propiciado por la Fundación Giménez Abad son muy oportunos.

Desde esta Asociación hemos reivindicado la formación de grupos de reflexión y grupos de mejora en el seno de la Administración autonómica, ya sea en el marco de la labor de estudio del Instituto Aragonés de Administración Pública o en la de impulso de la calidad que ha de coordinar la Inspección General de Servicios.

El enorme potencial de conocimiento y de propuesta que reúnen los funcionarios para la mejora de la actividad administrativa carece, en la actualidad, de cauce oportuno para cristalizar en documentos o herramientas válidas para transformar nuestra Administración y aproximarla al tipo de organización que tanto la sociedad en su conjunto como los ciudadanos concretos necesitan y reclaman. Y, por supuesto, para que la administración cuente con la capacidad y solvencia que requiere la ejecución del programa político marcado por el Gobierno democráticamente constituido.

Por todo ello, celebramos la iniciativa promovida por la Fundación Manuel Giménez Abad, animamos a todos a asistir y tomar parte en los coloquios previstos al término de las intervenciones programadas, y esperamos que este tipo de encuentros tenga continuidad en el tiempo y aporten ideas útiles para dotar a la función pública de una hoja de ruta de la que hoy parece carecer.

lunes, 20 de junio de 2016

PETICIÓN AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA QUE EL EJECUTIVO RETIRE LOS RECURSOS DE CASACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TSJA QUE ANULARON LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 2014 Y 2015.



Tras la comparecencia de miembros de la Asociación la semana pasada ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Públicas de las Cortes de Aragón, en la que se trató de trasladar a los diferentes Grupos Parlamentarios la situación por la que atraviesa el derecho de acceso a la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma, debido al incumplimiento reiterado por parte del Gobierno de Aragón de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público respecto a la obligada inclusión en la oferta anual de empleo público de todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino, hemos considerado oportuno dirigirnos al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para solicitarle que su Gobierno proceda a la retirada del recurso de casación promovido contra las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, relativas a las ofertas de empleo público de 2014 y 2015, aprobadas por el anterior ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi.

Nada justifica el empeño de un Gobierno en invalidar unas sentencias judiciales que, a partir de la interpretación más favorable a la realización del derecho fundamental afectado, considera que las tasas de reposición de efectivos establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado no pueden limitar la obligación de inclusión en oferta de las plazas ocupadas por personal interino, según prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, pues ello supondría una limitación no razonable del derecho fundamental y vulneraría el sistema de acceso a la función pública, articulado a través de procesos reglados que aseguren los principios de mérito y capacidad, y permitan cubrir los puestos estructurales con funcionarios de carrera, cuyo estatuto jurídico contempla la inamovilidad en tal condición como garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Frente a ello, la interposición de los recursos no puede sostenerse en la contención del gasto público, pues los puestos ocupados por interinos están igualmente presupuestados y ocupados –con el consiguiente gasto de personal-, y su mantenimiento solo supone precariedad, desprofesionalización y discriminación laboral, lo cual redunda en la pérdida de calidad de los diferentes servicios públicos. Por todo ello, entendemos que el Presidente del Gobierno de Aragón debiera rectificar el error que supone la no aceptación de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y la incomprensible pretensión de su anulación por parte del Tribunal Supremo.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Presidente:

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón

Zaragoza, 20 de junio de 2016.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad que viene reivindicando desde su constitución en 2007 el respeto al derecho de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española, deseo expresarle nuestra satisfacción por las recientes resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en los recursos promovidos por nuestra parte frente a las ofertas de empleo público de 2014 y 2015 aprobadas por el Gobierno de Aragón, que han sido declaradas contrarias a Derecho por el Tribunal por omitirse en ellas la inclusión de la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, obligación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público y que no puede verse restringida por previsiones presupuestarias como son las tasas de reposición de efectivos.
Ambas sentencias obligan al Gobierno de Aragón a modificar los Decretos de oferta aprobados, de manera que en los mismos se incluyan aquellas plazas de los diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma (administración general, administración educativa y administración sanitaria) que se hallan cubiertas por interinos.

Pese a la petición que desde esta Asociación realizamos al Consejero de Hacienda y Administración Pública para que se procediera a la aceptación y ejecución de tales sentencias, el Gobierno de Aragón, a través de sus Servicios Jurídicos, ha interpuesto sendos recursos de casación contra las mismas, con la finalidad de dejarlas sin efecto a través de un pronunciamiento contrario del Tribunal Supremo.

En una reciente comparecencia de esta Asociación ante las Cortes de Aragón, realizada el pasado 14 de junio en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Públicas, hemos solicitado de todos los Grupos Parlamentarios un compromiso activo con el respeto al derecho de acceso a la función pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, petición que deseamos realizar igualmente al Gobierno de Aragón, a través de su Presidente.

Consideramos que tal compromiso con el derecho de acceso a la función pública debiera plasmarse tanto en la aprobación de ofertas de empleo público de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la ejecución de las sentencias de los Tribunales favorables a la realización de dicho derecho de acceso por parte de los ciudadanos. No comprendemos las razones por las que el Gobierno de Aragón, mediante los recursos de casación promovidos, trata de evitar el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de los ciudadanos, que además redunda directamente en la calidad de los servicios públicos que dirige el propio Gobierno de Aragón. Una Administración profesionalizada exige contar con personal que acredite su mérito y capacidad en los procesos reglados de selección establecidos, y cuyo estatuto de funcionario de carrera sirve de garantía a su deber de imparcialidad. 

Por tal razón, y por entender que la primera obligación de todo poder público es asegurar la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los cuales se cuenta el derecho de acceso reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución Española, le dirigimos la presente petición, para que por parte del Gobierno de Aragón se proceda a acordar la retirada de los recursos de casación planteados contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contrarias a las ofertas de empleo de 2014 y 2015, procediendo en su lugar a aceptar como válida la interpretación realizada por el Tribunal Superior, entendida como la más favorable a la realización del derecho de acceso por parte de los ciudadanos, de manera que las tasas de reposición de efectivos previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado no impidan la aplicación de lo señalado en el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, proyectando su restricción únicamente sobre las plazas vacantes sin ocupante y no sobre las plazas ocupadas por personal interino, pues como señala el Tribunal tales plazas no pueden ser consideradas vacantes, y su cobertura no comporta incremento alguno de gasto, ya que están presupuestadas y ocupadas.

La presente solicitud la realizamos al amparo del derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, y le solicitamos que la respuesta a la misma se lleve a cabo en la forma y plazo exigidos por la Ley.
Agradeciendo de antemano su atención, reciba nuestro más atento y cordial saludo.

Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública

viernes, 17 de junio de 2016

COMPARECENCIA DE LA ASOCIACIÓN ANTE LAS CORTES DE ARAGÓN (y 2)


Con la publicación de esta nota, concluimos la reproducción del texto de de la intervención del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, en la comparecencia de la Asociación ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Públicas de las Cortes de Aragón en la mañana del martes 14 de junio. 


TEXTO DE COMPARECENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA ANTE LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS Y PETICIONES PÚBLICAS DE LAS CORTES DE ARAGÓN.



Cuarto.- La interinidad existente en las Administraciones Públicas vulnera la ley y causa discriminación laboral.



Las tasas de reposición fijadas anualmente por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado han provocado un grave y preocupante crecimiento de los niveles de interinidad en las Administraciones y han contribuido al creciente deterioro de la función pública.

Las elevadas tasas de interinidad, hasta el 42 % en la Administración de Aragón, atestiguan el fracaso de los mecanismos incorporados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, por lo que es necesario encontrar una técnica alternativa.
 
Las tasas de reposición , tal y como se aplican impiden a muchas personas capacitadas acceder a la condición de funcionario de carrera, mientras otras personas desempeñan puestos públicos durante largos periodos sin haber superado ningún proceso selectivo conforme a los principios constitucionales requeridos. Se  rompen así las condiciones de igualdad en el acceso a la función pública, devaluando al mismo tiempo la dedicación al servicio público como labor profesional y desincentivando la vocación de quienes desearían obtener la condición de servidores públicos, ingresando en los diferentes cuerpos de funcionarios.

Pero la quiebra del principio de igualdad que resulta del incumplimiento del régimen de acceso a la función pública se manifiesta igualmente en la realidad interna de las Administraciones Públicas, al convivir colectivos, como son los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos, con derechos y garantías claramente diferentes. Los funcionarios de carrera, a través de los procesos de movilidad y de promoción interna, pueden acceder a los puestos ocupados por funcionarios interinos, provocando su cese. Sin embargo, la insuficiente oferta de empleo público impide a los interinos contar con posibilidades de acceder a la condición de funcionario de carrera, situación que los coloca progresivamente en una clara desventaja profesional y también vital, cuyos costes son los propios de toda situación de discriminación.
 
El restablecimiento de la plena efectividad del derecho de acceso a la función pública debiera corregir esta doble discriminación.


Quinto.-El cumplimiento de la legalidad y de las sentencias judiciales, como  obligación del Gobierno de Aragón.

Las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA sobre las ofertas del 2014 y 2015 estiman en su integridad los recursos planteados por esta Asociación. Entiende el Tribunal que la Administración debe incluir en su Oferta de Empleo Público todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos.

Se invoca la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 –relativa a la oferta de empleo público aragonesa de 2007-, según la cual “no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos de selección legalmente establecidos”. Y el TSJA considera que la inclusión de las plazas ocupadas por interinos no puede verse limitada por las tasas de reposición de efectivos establecidas por las Leyes de Presupuestos, pues  dichas plazas no pueden estimarse vacantes.

Finalmente, el TSJA insiste en la necesidad de que en la interpretación de las normas aplicables ha de procurarse siempre la más favorable al ejercicio del derecho fundamental, criterio que consideramos medular. Una interpretación que diese por buena la falta de obligación de incorporar en la oferta las plazas ocupadas por interinos, supondría una desnaturalización del sistema de incorporación en condiciones de mérito e igualdad a la función pública, permitiendo que el personal interino se mantenga indefinidamente en su puesto de trabajo.  Por ello, entiende el TSJA que la obligada inclusión de las plazas ocupadas por interinos en la oferta de empleo que ha de aprobarse, no responde tanto a motivos económicos, sino al deseo de evitar el abuso de la figura del interinaje.

La defensa de la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos, que deben tener su reflejo en la aprobación anual de la oferta de empleo público por parte del Gobierno de Aragón, no es una mera discusión jurídica. Es ante todo una decisión política, tanto del Parlamento que aprueba las leyes que establecen el régimen de ejercicio del derecho, como del Gobierno, que debe asegurar la realización práctica del mismo, sin que los ciudadanos nos veamos obligados a acudir año tras año a los Tribunales por la inhibición o deficiente actuación de uno y otro en el desempeño de sus respectivas responsabilidades.

Nos hemos dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública, como responsable de función pública, para solicitarle que no plantease recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias que afectan  a las ofertas del 2014 y 2015, y que procediera a su correcta ejecución, asegurando con ello el pleno restablecimiento del derecho de acceso a la función pública dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Nuestra petición no ha recibido respuesta, al tiempo que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón han procedido a interponer el citado recurso de casación, iniciativa que valoramos como una decisión claramente lesiva para el respeto del derecho de acceso a la función pública autonómica.

Esperamos que tanto el Gobierno de Aragón como los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón hagan posible que en la Comunidad Autónoma de Aragón se garantice el acceso a la función pública en condiciones de igualdad por parte de todos los ciudadanos, conforme a criterios de mérito y capacidad. Para ello, el primer paso sería la aceptación y ejecución  de las dos sentencias del  Tribunal Superior de Justicia de Aragón que han sido recurridas, como ya se hizo en la anterior legislatura con las sentencias sobre las ofertas de 2007 y 2011.

CONCLUSIÓN.

Por todas las razones que les hemos expresado anteriormente, y para finalizar, deseamos solicitar de los Grupos Parlamentarios presentes en las Cortes de Aragón, un conjunto de actuaciones tendentes a asegurar el respeto efectivo al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública autonómica, así como a la del conjunto de las administraciones públicas aragonesas –es decir, a la de las diferentes entidades locales aragonesas-, de manera que las Cortes de Aragón:

1.    Velen para que las normas presupuestarias anuales no limiten indebidamente el derecho de acceso a la función pública, ya sea eliminando las tasas de reposición de efectivos o limitando su aplicación a los puestos vacantes no ocupados por personal interino.
2.    Ejerzan sus funciones de impulso y control de la acción del Gobierno para asegurar que tanto la aprobación de la oferta de empleo público como su ejecución, a través de la convocatoria de los procesos selectivos previstos, se realicen conforme a la legalidad constitucional y administrativa, preservando en su integridad el derecho de los ciudadanos al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, y asegurando así que la función pública se conforma de acuerdo con las reglas previstas para dotarla de la debida imparcialidad y profesionalidad.
3.    Reclamen del Gobierno de Aragón la aceptación y ejecución de aquellas sentencias dictadas por los Tribunales –y, en especial, las correspondientes a las ofertas de 2014 y 2015, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en las que, con una interpretación favorable al derecho, se posibilita la corrección de las indebidas tasas de temporalidad en la Administración autonómica.

Muchas gracias por su atención, vamos a escuchar con especial interés sus intervenciones  y quedamos a su entera disposición.


Zaragoza, 14 de junio de 2016.


Texto de la intervención final.

Hemos querido traer a este Parlamento una cuestión  que nos parece particularmente relevante, como es la necesidad de garantizar la realización de un derecho fundamental de los ciudadanos, cuyo respeto es fundamental para configurar la función pública profesional propia de un verdadero Estado de Derecho.

El Gobierno de Aragón, como directo responsable de la Administración autonómica, debe asegurar la aprobación de ofertas anuales de empleo público  para cubrir las necesidades de funcionamiento de los servicios  públicos, seleccionando el personal funcionario y laboral requerido a través de los procesos selectivos reglados, conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad.

Tanto la Ley como los Tribunales –al anular ya cinco ofertas aprobadas por el Gobierno de Aragón- han señalado con claridad las condiciones en que han de aprobarse tales ofertas, con la inclusión de todas las vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se proceda a su amortización.

Consideramos que la interpretación más favorable al derecho de los ciudadanos –como la realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón –debe inspirar también la actuación del Gobierno de Aragón, ejecutando las sentencias del TSJA relativas a las ofertas de 2014 y 2015, en lugar de procurar su anulación.

En los próximos días  presentaremos ante esta Cámara un escrito de petición para que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón la retirada de las recursos de casación promovidos frente a las sentencias del TSJA relativas a las ofertas de 2014 y 2015, por ser lo más coherente con el derecho de los ciudadanos y la calidad de la función pública.