viernes, 24 de abril de 2015

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: UN NUEVO HORIZONTE.



El martes 21 de abril tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva resultante de la asamblea ordinaria celebrada el pasado mes de marzo, de acuerdo con la convocatoria realizada y publicada en este blog, para conocimiento general, en aplicación de las normas de transparencia fijadas.

Tras la aprobación del orden del día fijado, y la aprobación del acta de la anterior reunión de la Junta, se dio por constituida la nueva Junta Directiva, parcialmente renovada en la asamblea ordinaria que tuvo lugar el 26 de marzo de 2015.

Seguidamente, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, hizo un breve repaso a la actividad desarrollada desde la anterior reunión de la junta directiva, resumiendo las diferentes actuaciones procesales realizadas en el marco de los recursos contencioso-administrativos promovidos en materia de oferta. En estos momentos, nos hallamos ya a la espera de los respectivos pronunciamientos del Tribunal Supremo respecto a la Oferta de Empleo Público de 2014 de la Administración General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación a la Oferta de Empleo Público de 2010, aprobada por el Gobierno de Aragón. Seguimos reclamando la correcta ejecución de la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, con la convocatoria de las plazas omitidas del Cuerpo de Maestros, pretensión que ha contado con el respaldo del Ministerio Fiscal, y esperamos igualmente la posición que pueda adoptar el Ministerio Fiscal en relación al recurso promovido por la falta de aprobación de oferta de empleo de 2014 respecta al ámbito de administración general, al impedirse con dicha inactividad normativa el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública. Se valora de manera muy crítica la actuación de la Administración General del Estado en relación con la oferta de empleo público de 2014 de la Diputación Provincial de Huesca, al haberla impugnado por entender que excedía las tasas de reposición fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pese al hecho de quedar conformada por ochos plazas de administrativos y auxiliares que venían ocupadas por personal interino desde hace ocho años, lo que tira por tierra cualquier objeción relativa al control del gasto público. Se trata, en realidad, de mantener el gasto pero sin permitir la inamovilidad de los empleados públicos, con manifiesta inaplicación de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, el Presidente informó de la respuesta dada por la institución del Defensor del Pueblo a nuestra petición de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de integración del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud, en la que deben destacarse las expresas objeciones realizadas al texto legal, por no ajustarse a la legalidad de la función pública, si bien concluye que la posible impugnación debiera corresponder al Estado, al afectar a la legislación básica estatal, por cuyo respeto debe velar la Administración General del Estado.  En cualquier caso, la resolución notificada da pie para insistir en nuestras peticiones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ante el Justicia de Aragón, a la espera de que un tribunal de justicia pueda acordar en un futuro el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Seguidamente se aborda el estado de elaboración del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la próxima legislatura, al que solo quedan unas pequeñas precisiones en algunos de sus apartados, valorándose la conveniencia de llevar a cabo una presentación del mismo ante los medios de comunicación. Igualmente se debate la posibilidad de organizar una mesa redonda de debate sobre administración y función pública, durante el próximo periodo de campaña electoral, invitando a dicho acto a representantes de las principales fuerzas políticas para conocer sus propuestas en relación a una serie de cuestiones que consideremos esenciales para profesionalizar la función pública y reformar la administración pública. El desarrollo de un proceso electoral es una circunstancia de máximo valor para conectar el debate democrático  -las propuestas de los diferentes candidatos que aspiran a orientar las decisiones públicas- con las reflexiones que esta Asociación viene realizando durante los últimos ocho años para defender y promover los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de la función pública.

Finalmente, y en relación con las posibles actuaciones en materia de oferta y procesos selectivos, y tras intenso debate, se conviene en que la Asociación ha de dirigir sus esfuerzos a la garantía de la aprobación de las ofertas de empleo público y a la revisión del marco normativo actual para asegurar que los procesos selectivos reúnen plenas garantías de objetividad y de respeto de las bases de las convocatorias, sin asumir actuaciones judiciales que vayan más allá de tales objetivos generales. La impugnación de procesos concretos, por deficiencias que puedan producirse en su desarrollo, entendemos que corresponde efectuarla a los posibles afectados, todo ello sin perjuicio de que deban analizarse e impulsarse medidas de vigilancia y control del correcto desarrollo de los procesos selectivos, para lo cual se conviene en mantener contactos con academias de preparación de oposiciones y entidades de carácter profesional para la posible creación de una plataforma o foro a través del cual el régimen de acceso al empleo público pudiera verse mejorado y las actuaciones administrativas de ejecución de las ofertas de empleo tuvieran un seguimiento y control adecuados, para detectar las posibles arbitrariedades contrarias a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El debate sobre el respeto al acceso al empleo público no puede reducirse a la esfera jurisdiccional –quedando circunscrito a un debate jurídico y a una solución judicial-, sino que debemos tratar de situarlo en el seno de la propia sociedad, de manera que sean los propios ciudadanos los primeros interesados en que los puestos de la función pública se cubran en la forma que exigen las leyes, con el fin de asegurar no solo los derechos que les asisten como ciudadanos para acceder a las mismas, sino también garantizar una función pública profesionalizada y claramente comprometida con el respeto a las normas. Jurisprudencia y conciencia social han de avanzar conjuntamente para superar el actual estado de cosas, sin aceptar razonamientos falaces como los que se exponen para justificar resultados que no admite el ordenamiento jurídico.

La Asociación, en definitiva, debe mirar hacia un nuevo horizonte como es el que han de conformar los resultados de las próximas elecciones, con lo que ello representa de oportunidad para vencer las constantes resistencias frente a cambios reales en la Administración, que devuelvan a ésta el decisivo papel que le corresponde en la garantía del Estado de Derecho. Un horizonte que esta Asociación afronta con un nuevo conjunto de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración. Un horizonte de trabajo y de exigencia, un horizonte de compromiso intelectual y ético.

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL CASAR ESTÁ TODAVÍA POR VER: RECHAZO A LA DELIBERADA MANIPULACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.



Como se señalaba recientemente en este blog, la institución del Defensor del Pueblo ha descartado la posibilidad de promover recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, rechazando así la petición realizada por diferentes entidades, entre ellas esta Asociación.

Tal decisión, sin embargo, no se basaba en considerar plenamente adecuada la Ley al texto constitucional, sino en el hecho de que la posible vulneración a la legislación básica estatal en materia de función pública, al afectar a una competencia del Estado, entiende el Defensor del Pueblo que corresponde acordar su posible impugnación al Estado, como titular de la competencia invadida o vulnerada. Por ello, la reciente afirmación realizada desde el Gobierno de Aragón sobre la constitucionalidad de la Ley declarada por el Defensor del Pueblo carece del menor fundamento y es una clara manipulación de la resolución adoptada por dicha institución.

Sorprende que el Gobierno de Aragón, que aprobó el citado Proyecto de Ley pese a los informes desfavorables emitidos por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y de la Dirección General de Servicios Jurídicos, en un ejercicio de manifiesto desprecio a los razonamientos jurídicos, trate ahora de contraponer a las objeciones contenidas en los mismos una resolución del Defensor del Pueblo, en la que se contienen claros reproches a las soluciones contempladas en la citada Ley, si bien se señala que la impugnación a la misma debiera corresponder al Presidente del Gobierno, por ser el responsable de velar por el respeto de la legislación básica estatal frente a las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas.

Precisamente porque entendíamos que la Ley aprobada por las Cortes de Aragón era contraria a la legislación básica estatal en materia de función pública, desde esta Asociación nos dirigimos no solo al Defensor del Pueblo, sino también al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitando la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al vulnerar la Ley aprobada diferentes preceptos constitucionales, como eran los artículos 14, 23.2, 103.3 y 149.1.18.ª CE. No hemos recibido hasta el momento respuesta alguna del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre tal petición, aunque nos podemos imaginar el tenor de la respuesta a la vista de la experiencia acumulada en peticiones anteriores.

En cualquier caso, entendemos que la resolución del Defensor del Pueblo pone de manifiesto claras irregularidades de la Ley, al entender que el personal laboral con contrato de duración indefinida del CASAR incorporado al Servicio Aragonés de Salud ha de considerarse en similar situación al personal indefinido no fijo, cuyas plazas deben ser objeto de provisión ordinaria por funcionarios de carrera, ya sea a través de los procesos de movilidad interna o de selección de personal funcionario de nuevo ingreso. Tal tesis tira por tierra la pretensión principal del Gobierno de Aragón de asegurar la permanencia de dicho personal en sus puestos, con evidente fraude del régimen de acceso a la función pública.

La política de transparencia, de la que parece querer hacer gala el Gobierno de Aragón, con su Ley y su Portal en Internet, carecerá de todo valor si el Gobierno sigue la pauta de manipular la información, como ha hecho en el presente caso, y realiza afirmaciones carentes de todo fundamento, para tratar de reafirmar sus decisiones arbitrarias frente a las exigencias de la legalidad, a la que en lugar de someterse trata de someter de manera indebida. La legalidad acabará imponiéndose, no nos cabe duda alguna, y las inconsistentes declaraciones del Gobierno quedarán de manifiesto una vez más.

miércoles, 22 de abril de 2015

LAS CIRCULARES DE FUNCIÓN PÚBLICA Y LAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HAN DE RESPETAR LA LEY.



Esta Asociación se ha dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, para solicitarle la aceptación de la sugerencia que le ha formulado el Justicia de Aragón, recordándole la necesidad de que la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos  resultantes de las ofertas de empleo público se realice en el plazo de tres meses desde la publicación de la oferta respectiva, tal y como se exige en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicho pronunciamiento del Justicia de Aragón, resultado de una queja formulada por nuestra Asociación, viene a desautorizar el calendario de procesos selectivos establecido en  la Circular de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen criterios orientativos para el desarrollo de las Ofertas de Empleo Público complementarias de 2007 y 2011 (BOA de 22 de abril de 2014). Es grave que un responsable público fije criterios de gestión con total infracción del ordenamiento jurídico, y a ello debe añadirse el hecho, igualmente preocupante, de que la señalada Circular venga precedida de un proceso de negociación colectiva, lo que nos lleva a pensar que los sindicatos siguen creyendo que los acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva pueden ignorar los límites establecidos por las leyes.

Entendemos igualmente que la sugerencia del Justicia de Aragón ha de conectarse con una de las más llamativas carencias de la carta de servicios del Instituto Aragonés de Administración Pública, aprobada por Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública. La citada carta de servicios, en la que se reflejan los compromisos de calidad en la gestión de los procesos selectivos, omite toda referencia al cumplimiento de plazos legales para la convocatoria y desarrollo de tales procesos, dada la práctica generalizada de incumplimiento existente. No es aceptable que una política de calidad, como la perseguida con la aprobación de las cartas de servicios, prescinda de la obligación de respeto a la legalidad, como si en un Estado de Derecho y en una Administración Pública pudieran hablarse de calidad de gestión en un escenario de incumplimiento de la legalidad, siendo ésta la primera garantía de los derechos de los ciudadanos.

Es urgente corregir las graves incongruencias en que incurre la carta de servicios del Instituto Aragonés de Administración Pública, la cual está directamente conectada con los criterios que contiene la Circular de la Dirección General de la Función Pública que, de acuerdo con lo indicado por el Justicia de Aragón, ha de considerarse contraria a la Ley. Esperamos actuaciones coherentes con el principio de legalidad que nos permitan superar práctica arbitrarias incompatibles con el mismo.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:


“Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública
Gobierno de Aragón
Pza. de los Sititos, 7
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 22 de abril de 2015.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le dirijo el presente escrito para solicitarle la aceptación expresa de la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón a su Departamento, de fecha 25 de marzo de 2015, con el fin adecuar la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos a celebrar para la ejecución de las ofertas de empleo público aprobadas a los plazos establecidos en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En concreto, la citada resolución del Justicia de Aragón viene a desautorizar la Circular de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen criterios orientativos para el desarrollo de las Ofertas de Empleo Público complementarias de 2007 y 2011 (BOA de 22 de abril de 2014), ya que su contenido contradice lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Ordenación de la Función Pública. Este artículo obliga a que las convocatorias de los procesos selectivos contemplados en una oferta de empleo público se publiquen dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación de la oferta.

Apartándose de dicho plazo legal, los responsables de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, previa negociación con las organizaciones sindicales, han fijado un calendario de desarrollo de los procesos selectivos, escalonado en el tiempo, en el que la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos se aparta abiertamente del precepto legal señalado, con lo cual la señalada Circular incurre en manifiesta ilegalidad y su contenido debe estimarse inválido.

Tal circunstancia, identificada con total claridad en la resolución del Justicia de Aragón, exigiría la inmediata anulación o modificación de la Circular –por ser contraria al ordenamiento jurídico-, de manera que el calendario de desarrollo de los procesos selectivos se ajuste a los plazos legales de convocatoria marcados por la Ley de Ordenación de la Función Pública.

Consideramos igualmente que la carta de servicios del Instituto Aragonés de Administración Pública, como órgano gestor de los procesos selectivos de personal de nuevo ingreso, debiera adecuar sus compromisos de calidad a los plazos legales de ejecución de las Ofertas de Empleo Público, pues el respeto de la legalidad ha de ser el primer componente de cualquier programa de calidad en el ámbito de la gestión pública. Fuera de la legalidad, hablar de calidad carece de la menor consistencia.

Por todo ello, le solicitamos que adopte las medidas necesarias para corregir las previsiones ilegales de la Circular emitida por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, e impulse la adecuada modificación de la carta de servicios del Instituto Aragonés de Administración Pública, para que el cumplimiento de la legalidad –y en especial, los plazos de convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos- sea el primer compromiso de calidad de dicho Instituto.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

OFERTA Y PROCESOS SELECTIVOS.



Las condiciones de ejercicio de un derecho fundamental –y volvemos a insistir en que el derecho de acceso a la función pública tiene tal condición, y por lo tanto goza de la máxima protección constitucional, aunque la realidad pudiera llevarnos a dudarlo- han de gozar de las máximas garantías, algo que en modo alguno está asegurado en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la falta de aprobación regular de las ofertas de empleo público y por la insuficiente fiabilidad del desarrollo de los procesos selectivos, como se deduce de las irregularidades producidas en el actual proceso de Administradores Superiores y de la falta de capacidad por parte del Instituto Aragonés de Administración Pública para corregirlas de manera adecuada.

Esta Asociación se ha centrado fundamentalmente en la exigencia de aprobación de ofertas de empleo público y probablemente no ha dedicado igual esfuerzo al desarrollo de los procesos selectivos, a pesar de que ha reclamado el establecimiento de un procedimiento objetivo de designación de los miembros de los órganos de selección –para acabar con la discrecionalidad actualmente existente,  el respeto a los plazos legales de desarrollo de los procesos –incumplidos de manera generalizada- o la fijación de la duración máxima de los periodos de prácticas, aspectos todos ellos en los que la práctica existente o es claramente insatisfactoria o contradice abiertamente la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Las prácticas consolidadas están alejadas de todo compromiso con la legalidad, y buena muestra de ello es la carta de servicios del Instituto Aragonés de Administración Pública, en la que se omite todo objetivo de cumplimiento de plazos y exigencias legales, creyendo equivocadamente que pueda existir calidad en la gestión pública a pesar de que la legalidad no se respete. Frente a esa pretendida apariencia de calidad, es necesario reivindicar el cumplimiento de las normas, empezando por las bases de las convocatorias, en las que deben quedar contenidos todos los aspectos que los Tribunales han de considerar en el desarrollo de un proceso selectivo. ¿Cómo puede pretenderse regir un proceso selectivo al margen de lo señalado en sus bases, como viene sucediendo en la actualidad? ¿Se ha olvidado acaso cuál es el tipo de vinculación de los órganos de selección al contenido de la convocatoria? Todo parece señalar que sí, que se ha olvidado y eso supone una muestra de la baja calidad y fiabilidad de los procesos selectivos.

Es necesario proceder a una revisión profunda del actual sistema de selección de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma –con una adecuación del viejo Decreto 122/1986, al que cabe considerar en buena parte obsoleto-, para fijar nuevos criterios de desarrollo de los procesos selectivos que ofrezcan plenas garantías a quienes participan en los mismos. En tal sentido, esta Asociación desea propiciar un diálogo con entidades directamente relacionadas con la preparación de oposiciones a la Administración Pública para contemplar la posibilidad de someter a un análisis conjunto la actual realidad de los procesos selectivos y permitir que los opositores, a través de sus propios centros de preparación, puedan canalizar sugerencias o quejas sobre el desarrollo de los procesos selectivos, a partir de las cuales puedan articularse propuestas de mejora o medidas de control dirigidas a corregir irregularidades o restablecer los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, en el caso de que estos se vean menoscabados por las previsiones de las convocatorias o por las actuaciones de los órganos de selección.

El control de los procesos selectivos debe realizarse de manera efectiva, algo que no parece posible actualmente dada la atomización de los opositores y los escasos incentivos para enfrentarse a las posibles irregularidades detectadas. Esta Asociación va a trabajar para tratar de superar el actual estado de cosas y evitar que la arbitrariedad con que se aprueban las ofertas de empleo público se reproduzca en la ordenación de los procesos selectivos convocados. No se puede actuar con tanta ligereza en una materia que afecta de lleno a un derecho fundamental de los ciudadanos.

martes, 21 de abril de 2015

ESCRITO AL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ARAGÓN: RECHAZO A LAS ACTUACIONES CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.



Cuesta imaginar que los recursos públicos se movilicen para impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, anulando las ofertas de empleo público que, como la aprobada por la Diputación Provincial de Huesca, vienen a asegurar el cumplimiento de lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Frente a ello, la criticable actuación de los Servicios Jurídicos del Estado se afana por impedir la eficacia de un derecho fundamental, y anteponer al mismo la aplicación estricta de los límites que, de manera indebida, fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Siendo criticable y rechazable tal pretensión, lo sería menos si, al mismo tiempo, dichos Servicios Jurídicos del Estado actuasen con el mismo celo frente a aquellas Administraciones que, incumplimiento sus deberes legales, como ocurre con el Gobierno de Aragón, no aprueban la oferta anual de empleo público –con directa lesión al derecho fundamental de los ciudadanos- o, aún más intolerable, propician la incorporación a la Administración de personas que no han superado proceso selectivo alguno conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, como sucede con la aprobación de la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud.

No podemos admitir que se califique de ilegalidad la garantía de los derechos fundamentales –como ha venido a hacerse por la Diputación Provincial de Huesca al aprobar su oferta de empleo público- y que su conculcación –como sucede en el caso del Gobierno de Aragón- no merezca la menor actuación del Servicio Jurídico del Estado para el restablecimiento de la legalidad. Queremos creer que tal forma de actuar responde exclusivamente a planteamientos equivocados –nada respetuosos con las exigencias verdaderas de un Estado de Derecho-, y no a criterios de orden político, al combatirse actuaciones de instituciones gobernadas por un partido de distinto signo que el que dirige la Administración General del Estado, y no cuestionar lo realizado por el Gobierno de Aragón, cuyo signo político coincide en estos momentos con el estatal.

Nos hemos sentido obligados a expresarle al Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, nuestra total disconformidad con las actuaciones realizadas por los Servicios Jurídicos del Estado. También a recordarle la vulneración en la que ha incurrido del derecho de petición ejercido por esta Asociación, al no dar respuesta a nuestra petición de 25 de septiembre de 2014. Y nos vemos igualmente obligados a dirigirnos al Defensor del Pueblo, para expresarle nuestra queja por la arbitraria defensa de la legalidad que ejerce la Administración General del Estado en materia de acceso a la función pública –dirigida principalmente a impedir su ejercicio- y por el desconocimiento del derecho fundamental de petición en que incurre el Delegado del Gobierno en Aragón al no dar respuesta al escrito formulado por nuestra parte.

Reproducimos a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Delegado del Gobierno en Aragón:


“Excmo. Sr. Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Aragón
Plaza Nuestra Señora del Pilar, s/n
50003 – ZARAGOZA

Zaragoza, 21 de abril de 2015.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me dirigí a esa Delegación del Gobierno, con fecha 25 de septiembre de 2014, al amparo del derecho de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, para solicitar que por parte de esa Delegación del Gobierno se velase de manera activa por el respeto del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos la Constitución Española.


Entendíamos que esa Delegación de Gobierno debía requerir de las administraciones territoriales bajo su control el cumplimiento de la aprobación de la oferta anual de empleo público que prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, exigible en todo caso respecto a los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos, según el criterio señalado por el Tribunal Supremo, toda vez que las tasas de reposición previstas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado deben actuar como límite únicamente respecto a plazas vacantes estrictas, cuya reposición  es la que se viene a excluir o limitar con un estricto porcentaje.

Dicha petición, que continúa sin respuesta, con manifiesta vulneración de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, resulta aún más oportuna tras tener conocimiento de la anulación de la Oferta de Empleo Público de 2014 de la Diputación Provincial de Huesca, acordada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca, a instancia de los Servicios Jurídicos del Estado, que pretenden hacer valer los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que las ofertas aprobadas se refieran a puestos ocupados por funcionarios interinos y, consiguientemente, no suponen incremento de coste alguno para la respectiva Administración.

En tales casos, consideramos que el único resultado obtenido por la actuación de los Servicios Jurídicos del Estado es la obstrucción del ejercicio de un derecho fundamental por parte de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Hemos de insistir en que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53 CE) y la actuación de éstos ha de ir dirigida al aseguramiento de su pleno ejercicio. Por ello, entendemos que la actuación de esa Delegación del Gobierno, a la hora de controlar el respeto de la legalidad de función pública por parte de las entidades locales o de la administración autonómica, ha de velar por que éstas aprueben las ofertas anuales de empleo público que exige el Estatuto Básico del Empleado Público, pues la falta de aprobación constituye una manifiesta vulneración del derecho fundamental de acceso, al imposibilitar su ejercicio.

Los objetivos de contención del gasto público que señala la Ley de Presupuestos, a los que necesariamente han de quedar vinculadas las previsiones en materia de incorporación de nuevo personal, han de operar sobre la dimensión de las plantillas de las Administraciones o sobre el volumen de la masa salarial de cada Administración, pero no deben suponer obstáculo alguno al ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública (artículo 23.2 CE) respecto a las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, conforme a lo dispuesto por el Estatuto Básico del Empleado Público y lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de octubre de 2010, en recurso promovido por esta Asociación.

Observamos con preocupación la selectiva actuación de los Servicios Jurídicos del Estado en la pretendida defensa de la legalidad en materia de acceso al empleo público, pues no parece admisible que se pretenda la anulación de procesos selectivos de personal, realizados de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, como los realizados por la Diputación Provincial de Huesca, y se acepte, de manera pasiva, el irregular acceso al empleo público, sin proceso selectivo alguno acorde a las exigencias constitucionales, que se deriva de la aprobación de la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud. Con igual preocupación observamos que no se ejerce control alguno sobre aquellas Administraciones que, al no aprobar la oferta anual de empleo público que exige el ordenamiento jurídico, impiden que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la función pública, al tiempo que debilitan la profesionalidad y eficacia de la Administración con las crecientes tasas de interinidad que provoca dicho incumplimiento reiterado.

Así, por ejemplo, desconocemos cualquier iniciativa que haya podido adoptar esa Delegación del Gobierno ante la falta de aprobación de oferta de empleo por parte del Gobierno de Aragón a lo largo de 2012, 2013 y 2014, particularmente en el ámbito de administración general.

Por todo ello, deseamos manifestarle nuestra disconformidad con las pautas de actuación que se vienen aplicando en el pretendido control de las ofertas de empleo público, al haber desplazado la garantía del derecho fundamental de los ciudadanos por unos injustificados criterios de contención del gasto público, que nada tienen que ver con la realidad de las Administraciones Públicas que sufren crecientes tasas de interinidad, situación que viene a agravar una estrategia equivocada como la promovida por los Servicios Jurídicos del Estado, hemos de entender que siguiendo las instrucciones de esa Delegación del Gobierno.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

EL DEFENSOR DEL PUEBLO, AUNQUE DESCARTA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUESTIONA LAS PREVISIONES DE LA LEY DE INTEGRACIÓN DEL CASAR EN EL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.



El Defensor del Pueblo, mediante resolución de 25 de marzo de 2015, ha acordado no interponer el recurso de inconstitucionalidad solicitado contra la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud.

Como se señala en la fundamentación jurídica de dicha resolución, es criterio del Defensor del Pueblo no interponer recursos de inconstitucionalidad cuyo objetivo, o razón de ser, sea la defensa del orden de distribución competencial establecido en la Constitución, ya que son los restantes sujetos legitimados, y particularmente el titular de la competencia supuestamente afectada, quienes deben, si así lo consideran, iniciar la acción correspondiente en defensa de dicha competencia ante el Tribunal Constitucional. Con ello apunta claramente a la responsabilidad que, en la defensa de la legislación básica estatal, corresponde al Presidente del Gobierno, a iniciativa en este caso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que también se dirigió esta Asociación, solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

No obstante la decisión final de no promover el recurso de inconstitucionalidad, la resolución del Defensor del Pueblo contiene un interesante análisis de las previsiones de la Ley, señalando la más que cuestionable solución establecida para el personal laboral con contrato de duración indefinida al servicio del CASAR, ya que se excluye que dicho personal adquiera la condición de empleado público en sentido estricto, con una incorporación limitada en cuanto a los derechos que de ella se derivan, lo que obliga a descartar su consideración como personal laboral fijo, ya que para adquirir esta condición deberían cumplirse los requisitos exigidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La más importante afirmación de la resolución es la relativa a la previsión de la condición “a extinguir” conferida a las plazas ocupadas por dicho personal, “con lo que parece que se quiere conseguir que tales plazas queden fuera de cualquier proceso de cobertura o de amortización en tanto las ocupe este personal laboral indefinido”. Según el Defensor del Pueblo, “la cautela es ineficaz porque no existe limitación normativa alguna que impida modificar esa calificación de las plazas concretas ocupadas por el mismo instrumento normativo que la lleve a cabo, ni tampoco tal calificación implica exención de la obligación de convocatoria de las plazas dotadas presupuestariamente para su cobertura ordinaria de acuerdo con la legislación en la materia y en los términos que establezcan los instrumentos de planificación y gestión de personal”. Tras invocar lo señalado por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, concluye que “la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo a través de procedimientos ordinarios cuando así se derive de la normativa aplicable subsiste en este caso”. Remite por lo tanto al contenido del Plan de Empleo previsto, cuyas determinaciones deberán examinarse en su momento para analizar su compatibilidad, desde la perspectiva de la legislación ordinaria, con la normativa en materia de empleo público.

En suma, el Defensor del Pueblo considera que la Ley de integración del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud no otorga al personal laboral con contrato de duración indefinida la condición plena de empleado público del Servicio Aragonés de Salud, por lo que corresponde equiparar su condición a la de personal indefinido no fijo, debiendo la Administración proceder a la cobertura de las plazas de dicho personal a través de los procesos ordinarios de selección del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. Así lo va a reclamar esta Asociación al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, para que contemple tal solución en el Plan de Empleo que corresponde aprobar para la aplicación de la Ley 12/2004, de 18 de septiembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución en el Servicio Aragonés de Salud.

Queda claro, por lo tanto, que la Ley no puede desconocer el régimen básico de acceso al empleo público, sin que la sucesión de empresa aplicada en el caso del CASAR sea procedimiento válido para alcanzar la condición de empleado público. Las plazas a las que resulte adscrito el personal laboral del CASAR han de ser objeto de convocatoria pública, sin que baste para impedir tal solución la consideración “a extinguir” dadas a esas plazas, para tratar de dar una cobertura indebida a la permanencia de un personal estrictamente temporal.

lunes, 20 de abril de 2015

UN MANIFIESTO SURGIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA.




Hace unos meses, un conjunto de profesionales de las diferentes Administraciones dirigieron a los partidos políticos españoles una serie de propuestas que esta Asociación comparte plenamente y que contempla en su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración. El contenido de la propuesta lo reproducimos en esta nota de blog, así como el conjunto de firmas que la suscriben.

Es necesario que los servidores públicos tomen partido por la regeneración de la Administración y hagan públicas sus propuestas, tras un debate colectivo, pero es necesario también que esas propuestas se defiendan desde plataformas organizadas, para dar consistencia al compromiso con los principios y valores proclamados. Para demostrar que el servicio público no se agosta en el mero ejercicio de una actividad profesional, sino que conlleva también una defensa activa de los valores democráticos y de la calidad institucional que establece nuestra norma constitucional, cuya observancia es el referente fundamental de toda nuestra actividad.

Reproducimos a continuación el contenido del manifiesto:


 

Adopten medidas para regenerar la Administracion y ponerla al servicio de la gente.

Vivimos un período en el que la ciudadanía reclama una profunda renovación de nuestras instituciones. En este contexto, quienes suscribimos este documento –empleados públicos y funcionarios de diversos Cuerpos de las Administraciones- queremos contribuir al necesario debate público proponiendo las siguientes medidas estructurales de reforma de las Administraciones Públicas.
A nuestro juicio, estas propuestas son un buen punto de partida para poner las Administraciones al servicio del conjunto de la ciudadanía y establecer los cimientos de unas Administraciones de calidad, profesionales, transparentes, participativas y sometidas en todo momento al control de la gente.

Medidas para que la Administración sea un instrumento de calidad al servicio de los ciudadanos

1) Profesionalización de la dirección pública
  • Limitación del personal político al Ministro y su Gabinete, a los Secretarios de Estado; Presidentes y Consejeros de Comunidades Autónomas; y Alcaldes y Concejales
  • Extensión de la carrera administrativa, atendiendo estrictamente a criterios de mérito y capacidad, a los niveles directivos (p.e. actualmente en la AGE: Director General, Secretario General, Subsecretario, etc.)
  • Establecimiento de mecanismos independientes de transparencia y control para asegurar el cumplimiento de estos principios en la designación de personal directivo
  • Establecimiento de incentivos adecuados a las responsabilidades desempeñadas y prohibición efectiva y apropiada de “puertas giratorias” para altos cargos y niveles directivos
  2) Transparencia
  • Aplicación de los estándares más elevados de información pública proactiva y mecanismos para que los ciudadanos puedan identificar la información relevante
  • Política general de Apertura de Datos (“Open Data”)
  • Limitación al mínimo de excepciones a facilitar información pública, sometiendo las negativas a un mecanismo expeditivo e independiente de recurso
  • Transparencia, en especial, en procesos normativos, de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, de contratación y subvenciones
  • Garantías de independencia de los órganos de control y órganos sancionadores de la Administración
  • Control mediante un órgano independiente con participación ciudadana
  3) Participación ciudadana y acceso a la función pública
  • Desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en procesos normativos, de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y del gasto público, haciendo uso del potencial de las tecnologías  
  • Establecimiento de consejos independientes, formados por ciudadanos, para acompañar la actividad de los organismos administrativos
  • Democratización del acceso de los ciudadanos a todos los niveles de la función pública atendiendo estrictamente a criterios de mérito y capacidad
  • Evaluación, promoción y mantenimiento en la función pública de acuerdo con mecanismos objetivos y transparentes, que respeten estrictamente los principios de mérito, capacidad y desempeño
  • Supresión de estructuras paralelas y externalizaciones 
  4) Control y rendición de cuentas
  • Establecimiento de órganos independientes de control efectivo de la actividad administrativa con participación ciudadana 
  • Sometimiento de la actividad administrativa a deberes públicos de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades
   
Firman: Aleida Alcaide (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Juan Arana (Escala de Técnicos Superiores de Informática Universidad de Zaragoza), Irune Arratibel (C.S. Administradores Civiles del Estado), Ana Bajo (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Dionisio Barrantes (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Elena Benítez (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Bartolome Borrego (Cuerpo Técnico de la Hacienda Pública), María Jesús Cámara (C. G. Sistemas e Informática), Jorge Cancio (C.S. Administradores Civiles del Estado), Manuel Cancio (Catedrático de Universidad), Ángel Conde (C.S. Administradores Civiles del Estado), Henar Criado (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Patricia De La Cruz (C.S. Administradores Civiles del Estado), Maravillas Espín (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Maria Jesús Fernandez (Ayuntamiento de Zaragoza), Mercedes Fernández (C. S. de Técnicos de Tráfico), Rosa Fernández (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Santiago Gabaldón (C.S. Administradores Civiles del Estado), Antonio Galindo (Ayuntamiento de Lorca), Emilio García (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), José García (General del Ejército del Aire, retirado), José Antonio Garcia (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Mercedes García (Médico), Juan Gómez (C.S. Inspectores de Trabajo y Seguridad Social), Jesús Alberto González (C.S. de Administradores, Escala de Técnicos Estadísticos Superiores del Gobierno Canario), Antonio Ibañez (C. de Ingenieros Superiores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León), Víctor Lapuente (Profesor de Universidad, Universidad de Gotemburgo), Juan de Dios Llorens (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Pablo López (E.T. de Gestión de Organismos Autónomos), Mario Maraver (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Carlos Marcos (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Eduardo Melero (Profesor Contratado Doctor de Universidad), Jaime de Mendoza (Conservador de Museos), Marta de Miguel (Escala de Técnicos Superiores de Informática Universidad de Zaragoza), Ventura de Miguel (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Gabriel Navarro (Funcionario de la Administración Local, Ayuntamiento de Murcia), Iñaki Ortiz (Cuerpo Superior de Administración del Gobierno Vasco), Andrés Pastor (C.S de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social), Rafael Pérez (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Mónica Redondo(Conservadora de Museos), Eloisa del Pino (Profesora, CSIC), David Rey (C. de Administración General de la Universidad Pablo de Olavide), José Luis Roda (Profesor Titular de Universidad), Antonio Miguel Rodríguez (Funcionario del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna), Miguel Ángel Rodríguez (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Pedro-Jesús Rodríguez (E. S. de Sistemas y Tecnologías de la Información de Castilla-La Mancha), Raúl Rodríguez (E.T. de Gestión de Organismos Autónomos), Juan Antonio Ruiz (Inspector de Servicios, Ayuntamiento de Madrid), Antonio Sedeño (Profesor Titular de Universidad), Ignacio Sola (C.S. Administradores Civiles del Estado), Pedro Solé (C. S. Sistemas y Tecnologías de la Información), Koldobike Uriarte (Cuerpo Superior de Administración del Gobierno Vasco)

¡ES NECESARIO MOVILIZARSE!



Esta Asociación está recibiendo un importante número de mensajes de opositores indignados con el desarrollo de los procesos selectivos convocados por el Gobierno de Aragón. En algunos de ellos nos reclaman la interposición de recursos judiciales para tratar de paralizar su desarrollo, considerando los posibles vicios de nulidad en los que se ha incurrido, como puede ser el caso del proceso de Administradores Superiores. Tales iniciativas, que supondrían asumir la carga de impugnación de los interesados por parte de una organización civil que promueve la legalidad al margen de intereses concretos, quedan en principio fuera de nuestras pautas de actuación y, también hay que decirlo, fuera de nuestras posibilidades, por los importantes costes que conllevan (comenzando por el pago de tasas judiciales).

Como Asociación, hemos luchado en solitario –sin apoyo de ningún tipo, más allá de la extraordinaria colaboración de los profesionales que han intervenido en los distintos procesos judiciales- por la defensa del derecho de acceso a la función pública, oponiéndonos a las insuficientes ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón, sin incluir la totalidad de las plazas ocupadas por funcionarios interinos, como exige el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Nuestras acciones judiciales han llevado a la anulación de las ofertas de empleo público de 2007 y 2011, mediante sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, obteniendo por vez primera pronunciamientos judiciales que hacen valer el derecho fundamental de acceso a la función pública frente a la arbitrariedad administrativa en que incurren la práctica totalidad de las ofertas de empleo público de las administraciones públicas españolas.

El largo y complicado proceso de ejecución judicial de las sentencias obtenidas, hasta el momento, ha supuesto la aprobación de ofertas complementarias con cerca de 3.000 plazas, correspondientes a los ámbitos de administración general, personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. Seguimos peleando ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por las plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros, que la Administración ha hurtado de manera deliberada en el proceso de ejecución de sentencia.

Pero el escenario actual –del que es claro ejemplo lo sucedido con la oferta de empleo público de 2014 de la Diputación Provincial de Huesca, o las numerosas irregularidades detectadas en los procesos selectivos de la Administración autonómica, habiéndose abierto una investigación sobre las pruebas de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud-, aconseja que los interesados en los procesos selectivos se movilicen y coordinen para ejercer una función de control sobre las debidas garantías que han de reunir los procesos selectivos.

Igual que el derecho de sufragio está garantizado por las Juntas Electorales, el derecho de acceso a la función pública ha de contar con garantías suficientes que permitan examinar y corregir todas las incidencias producidas, sin perjuicio del posterior control judicial. La judicialización de los procesos selectivos debiera evitarse mediante el establecimiento de mecanismos de garantía de actuación inmediata, vinculante para los órganos de selección, cuya pretensión de “soberanía” debe ser eliminada. Toda actuación ha de ajustarse de manera estricta a las bases de las convocatorias, y esa adecuación debería poder declararse por un órgano de control sin necesidad de acciones judiciales.

En tanto no logremos que la Administración ponga en marcha dichos órganos de garantía de los procesos selectivos –cada día más necesarios, a la vista de la enorme inseguridad jurídica que afecta hoy a los procesos selectivos-, debiera promoverse por los muchos interesados, como son los opositores y los centros de formación, una plataforma, coordinadora u observatorio de los procesos selectivos de la Administración, para ejercer un control ciudadano especializado sobre su convocatoria y su desarrollo, para demostrar que los interesados son capaces de organizarse para garantizar colectivamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, y para promover las acciones jurídicas que puedan resultar precisas en cada caso.

Hemos de avanzar en una cultura de defensa de la legalidad, y el ámbito de los procesos selectivos, en los que la arbitrariedad administrativa ha alcanzado cotas inaceptables, pudiera ser una prioridad para todos los interesados y también para quienes, de una manera u otra, defendemos los principios constitucionales a los que han de ajustar su actividad la función pública y las distintas administraciones públicas.

La movilización ciudadana para asegurar el derecho de acceso a la función pública tendría un enorme campo de trabajo, pero ese trabajo sería perfectamente abordable sumando esfuerzos, acumulando experiencia, articulando colaboraciones y apoyos. ¡Deberíamos avanzar en esa dirección!

LA LUCHA POR EL DERECHO Y CONTRA EL DERECHO: OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.



El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en sentencia  de 14 de abril de 2015, ha anulado la oferta de empleo público de 2014 de la Diputación Provincial de Huesca y los procesos selectivos realizados para cubrir cuatro plazas de Auxiliar Administrativo y otras cuatro de Administrativo en dicha institución, admitiendo así el recurso promovido por la Abogacía del Estado, en el que se invocaba la prohibición de incorporación de nuevo personal a lo largo de 2014 establecida en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Este hecho viene a constatar la realidad manifestada por esta Asociación en sus escritos de petición a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en el sentido de que el esfuerzo realizado por la Administración General del Estado para controlar la legalidad del acceso al empleo público en las entidades locales de cada Comunidad Autónoma no se dirige a asegurar la realización del derecho, sino a asegurar la aplicación de los límites legales establecidos en las leyes de presupuestos. Así, se actúa contra la Diputación Provincial de Huesca, por ajustar su actuación a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero nada se hace contra el Ayuntamiento de Zaragoza, que no aprueba oferta de empleo público, ni contra el Gobierno de Aragón, que omite la aprobación de oferta correspondiente al ámbito de administración general.

Ofrece un pésimo ejemplo la Abogacía del Estado –dependiente de las respectivas Delegación y Subdelegación de Gobierno- en cuanto a la defensa de la legalidad, si sus actuaciones se dirigen justamente a evitar que los ciudadanos ejerzan el derecho constitucional de acceso que les reconoce la Constitución Española y regula el Estatuto Básico del Empleado Público –al anteponer a tales normas las limitaciones presupuestarias que cercenan el derecho pero mantienen el gasto, como sucede en el caso de las plazas cubiertas por interinos, lo que demuestra el carácter ilógico de las mismas-, y resulta decepcionante que un Juzgado del orden contencioso-administrativa vuelva a reproducir una jurisprudencia que creíamos ya superada, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, y que limitaría la eficacia del artículo 23.2 CE a l no discriminación entre los participantes en un proceso selectivo, excluyendo del derecho la exigibilidad de celebración de los procesos selectivos.

Lo sucedido con la oferta de empleo público de la Diputación Provincial de Huesca –vistas las tesis defendidas por la Abogacía del Estado y recogidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca- supone un grave retroceso en la defensa del derecho de acceso al empleo público, pues viene a dejar la efectividad de un derecho fundamental –indisponible para los poderes públicos, por expresa garantía constitucional- a las arbitrarias decisiones de las distintas Administraciones Públicas, pues el derecho solo surge, al parecer, cuando éstas, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, haya decidido convocar procesos selectivos, eso sí, cuando la ley de presupuestos generales permita tal posibilidad. Las leyes de presupuestos, al parecer, ya no regulan el gasto de las administraciones sino el alcance de los derechos constitucionales, independientemente de que su ejercicio no afecte el gasto público, como sucede con la cobertura de las plazas desempeñadas por personal interino.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas debiera aclarar, a la vista de todo ello, si el Estatuto Básico del Empleado Público continúa siendo la norma básica que regula el acceso al empleo público y asegura el ejercicio del derecho fundamental de acceso que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española, o ha quedado suspendida en su vigencia. ¿Acaso puede suspenderse la vigencia de un derecho fundamental en un Estado de Derecho?

viernes, 17 de abril de 2015

UNA BUENA SEÑAL: LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN SE AJUSTA FINALMENTE AL DEBER DE PUBLICACIÓN DE CESES Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL EVENTUAL.



Desde la aprobación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, en la que se estableció la obligación de publicación de las resoluciones de nombramiento y cese del personal eventual adscrito a los órganos de asistencia inmediata a los miembros del Ejecutivo autonómico (personal de confianza de Gabinete y Secretaría Particular), esta Asociación ha venido reclamando a los diferentes miembros del Gobierno –tanto del actual como del anterior- el cumplimiento de dicho deber de publicación, reiteradamente desatendido con el ánimo de eludir el control y la publicidad que la ley vino a establecer.

En el mejor de los casos, se venía a publicar en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio de publicidad, en el que se identificaba a la persona objeto del nombramiento y cese, puesto o función desempeñados y fecha de la resolución por la que se adoptaba el citado nombramiento o cese.

No existía razón alguna para que los miembros del Gobierno aplicaran en el caso de nombramientos y ceses del personal eventual una modalidad de publicidad totalmente atípica y contraria a la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón –como expresamente declaró tanto el Justicia de Aragón como la jurisdicción contencioso-administrativa, como resultado de sendas iniciativas de esta Asociación-, apartándose del deber de publicación establecido y que ya venía aplicándose con total normalidad en el nombramiento de altos cargos y de funcionarios de carrera, en la adjudicación de puestos obtenidos por libre designación o concurso de méritos.

Durante la presente legislatura hemos insistido tanto ante la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, como ante los diferentes Consejeros, en la citada obligación legal de publicación, consiguiendo finalmente que, ante la resistencia generalizada a respetar dicha exigencia legal, el Consejero de Presidencia y Justicia procediera a descartar los anuncios de publicidad instaurados como práctica por el anterior Gobierno, presidido por Marcelino Iglesias, y llevara a cabo la publicación directa de la resolución de nombramiento o cese del respectivo personal de confianza.

Celebramos que tal decisión se haya visto reafirmada y, esperamos que consolidada, con la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de hoy del Decreto de 30 de marzo de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese, a petición propia, de una asesora de la Presidencia del Gobierno de Aragón. Después de seis años de insistencia, podemos finalmente celebrar que el Gobierno de Aragón está dispuesto a cumplir el deber de publicación de los actos de nombramiento y cese del personal eventual. Para ello ha sido necesario acudir al Justicia de Aragón, formular recurso judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa y reaccionar de manera reiterada, ante los diferentes miembros del Gobierno de Aragón, frente a cada anuncio de publicidad, desconociendo lógicamente todos aquellos nombramientos y ceses en los que ni siquiera haya existido ese remedo o sucedáneo de publicación que estableció el anterior equipo de Gobierno.

El esfuerzo realizado para lograr el cumplimiento de una obligación legal tan obvia, como la establecida en el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, puede parecer desproporcionado, pero la constancia y firmeza en la exigencia de cumplimiento de dicho deber de publicación parece haber dado, finalmente, sus frutos, acabando con una práctica claramente irregular y arbitraria cuyo mantenimiento carecía de toda justificación.

LA LEGALIDAD COMO POSIBILIDAD, NECESIDAD Y OBLIGACIÓN.



Frente al escepticismo generalizado –ese que trata de convencernos de que no hay nada que hacer y que todo esfuerzo para que las leyes se respeten resulta inútil-, hay que concebir la legalidad –su respeto y cumplimiento- no solo como resultado del buen funcionamiento de las instituciones pública sino también como fruto del compromiso de los ciudadanos con el Estado de Derecho. Como una posibilidad realizable, como un deber de ciudadanía que nos incumbe a todos, en distinto grado.  

Ninguno está exento de responsabilidad –grande o pequeña- en la tarea de restablecer el respeto a la ley –de asegurar su cumplimiento- en nuestro país, pero entre los especialmente llamados a contribuir a dicho objetivo se encuentran los servidores públicos, quienes diariamente aseguran la actividad de la Administración y el funcionamiento de los servicios públicos.

Dos actitudes resultan fundamentales para atender dicha tarea: en primer lugar, la capacidad para detectar y evaluar los incumplimientos de la ley –desde una cultura de la legalidad, que obliga a cuestionar y rechazar toda actuación ilegal, que sacrifica el interés general o el derecho de terceros de manera antijurídica-, y, en segundo lugar, la  voluntad de reaccionar frente a las vulneraciones del ordenamiento jurídico, utilizando los mecanismos existentes para reclamar el respeto de las normas. En este punto hay que recordar la ausencia de cauces válidos para que los servidores públicos puedan reaccionar frente a instrucciones recibidas contrarias a la ley. Un verdadero compromiso de la Administración con la legalidad –como el que corresponde a lo previsto en el artículo 103.1 de la Constitución Española- debiera llevar al establecimiento de este tipo de mecanismos, para prevenir y corregir actuaciones ilegales.

El respeto a la legalidad no solo es posible –lo que descalifica a quienes creen que la realidad ha de situarse siempre al margen, por exigencia de la eficacia o de ciertos usos sociales o inercias-, sino que, además, constituye una auténtica prioridad para corregir la grave crisis de credibilidad que afecta hoy a nuestras instituciones públicas y al conjunto de la vida social, donde los abusos y actuaciones ilícitas de todo signo han dañado la confianza en la que se asienta todo sistema democrático.

En una democracia constitucional como la española, la legalidad no solo es una posibilidad –ya que sería absurdo pretender lo imposible- y una necesidad requerida para su buen funcionamiento, sino que es, y es necesario recordarlo de manera reiterada –pues la tendencia a olvidarlo es llamativa-, una obligación, tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos, como expresamente establece el artículo 10.1 de la Constitución Española. ¿Por qué hemos de aceptar, entonces, que los poderes públicos desconozcan y vulneren la legalidad?¿Por qué tantas veces reclamamos el respeto a nuestros derechos y olvidamos, cuando nos interesa, nuestros deberes legales?

La cultura de la legalidad es un elemento indispensable para que instituciones y sociedad fortalezcan diariamente la calidad de la democracia y del Estado de Derecho. La calidad de las normas ha de contribuir también a ello, pero un factor determinante para asegurar la efectividad de las leyes lo constituye una función pública profesional y plenamente comprometida con los derechos de los ciudadanos y la realización del interés general, cuya principal salvaguarda es el principio de legalidad.