lunes, 16 de julio de 2018

EL RECREACIONISMO JURÍDICO COMO EJERCICIO POLÍTICO ANACRÓNICO Y REACCIONARIO: A PROPÓSITO DE LA LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS DE ARAGÓN



La reciente aprobación, por las Cortes de Aragón, de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón, es un ejemplo palmario de la preocupante deriva autonómica que vive nuestro país, que tiene manifestaciones no solo en los gravísimos intentos secesionistas catalanes, sino también en la anacrónica y reaccionaria apelación a los derechos históricos de ciertos territorios, a los que lamentablemente se ha sumado Aragón con la aprobación de esta desafortunada y antidemocrática ley.

Se busca, de manera improcedente, fundamentar la capacidad de autogobierno y la legitimidad de las instituciones autonómicas no en la Constitución Española, norma fundamental y fundamentadora de nuestra democracia y única legitimadora de todas sus instituciones, en la que se consagra nuestro modelo de Estado autonómico, sino en el pasado remoto, de manera que la nueva Ley, tras declarar que Aragón es una nacionalidad con más de doce siglos de historia, proclama su condición de territorial foral por legitimidad histórica.

Desde esta Asociación rechazamos de forma radical la apelación a cualquier legitimidad que no sea la legitimidad democrática, cuya plasmación máxima se contiene en la Constitución Española de 1978. No podemos aceptar la noción antidemocrática de derechos históricos. Como se ha señalado por la doctrina constitucionalista española, los derechos históricos ni existen ni pueden existir, por la razón evidente de que, en democracia, es el pueblo y sus representantes y no la Historia la fuente de legitimidad del poder y del derecho. Por lo tanto, la noción de derechos históricos apela a una legitimidad no democrática. La Historia se plasma en hechos históricos, pero no genera derechos históricos. Y en ningún caso esos pretendidos derechos de un pueblo atemporal pueden ser freno o barrera para la innovación normativa y el progreso del ordenamiento jurídico del conjunto de los ciudadanos españoles, aragoneses y no aragoneses.

La ley aragonesa de actualización de derechos históricos está plagada de barbaridades y aberraciones jurídicas, incompatibles con nuestro ordenamiento constitucional y nuestra cultura democrática, y busca el anclaje de nuestra vida pública en una visión irreal e inerte de la historia, como si nuestro horizonte fuera la Edad Media y como si las revoluciones liberales y la conquista política de la ciudadanía tuvieran como finalidad la recuperación del Antiguo Régimen previo a nuestra etapa democrática y constitucional. Es una Ley que no solo ignora la Constitución Española, lo cual ya la invalida como norma jurídica, sino que atenta contra los principios más básicos del régimen democrático, pues la historia en ningún caso puede erigirse en título válido para ejercer otros derechos que no deriven de la norma constitucional.

Resulta realmente ridículo que una norma autonómica plantee la derogación, aunque sea con carácter simbólico, de los Decretos de Nueva Planta de 1707, por los que se suprimieron "los fueros y las libertades que disfrutaba Aragón", pues tales Decretos fueron derogados con la aprobación de la Constitución gaditana de 1812, como señalara el profesor Tomás y Valiente: nuestra primera Constitución impuso la desaparición del régimen foral, en la medida en que fueros, privilegios y derechos históricos son categorías propias del Antiguo Régimen. Como señalara también el profesor García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, los derechos históricos son una expresión anticuada, que forma parte de las bases ideológicas de los movimientos tradicionalistas y reaccionarios del siglo XIX, frente a las tendencias racionalistas y progresistas. Son una categoría incompatible con el principio de legitimidad democrática.

Como Asociación comprometida con los valores democráticos y constitucionales, con el valor normativo de la Constitución Española y la primacía del Estado de Derecho, no podemos dejar de reaccionar frente a la aprobación de una ley que menoscaba y contraviene todos los valores esenciales de nuestro sistema político, apelando a una legitimidad que nada tiene que ver con la lógica democrática, y que colisiona frontalmente con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Aragón. Aragón no puede contribuir al desconcierto territorial español con una ley tan deficiente y tan retrógrada. Una ley rechazable en su integridad.

Por las razones expuestas, y tras un análisis pormenorizado del contenido de la Ley, esta Asociación va a pedir la derogación de la misma a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, al tiempo que va a solicitar de todas las instituciones legitimadas para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, gobiernos y parlamentos autonómicos) la impugnación de dicha Ley ante el Tribunal Constitucional, por propugnar una legitimación de las instituciones autonómicas que atenta radicalmente contra el principio democrático y la supremacía normativa de la Constitución.

miércoles, 4 de julio de 2018

CONFERENCIA DE RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO SOBRE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS.

lunes, 2 de julio de 2018

UN PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN APROBADO A MITAD DEL EJERCICIO, CON MANIFIESTAS CARENCIAS.



El Boletín Oficial de Aragón publicaba el pasado día 21 de junio el Plan Anual de Inspección de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 2018, aprobado por el Gobierno de Aragón mediante acuerdo de 22 de mayo de 2018.

Sorprende que la planificación de la actividad anual de un órgano de control, como es la Inspección General de Servicios, se apruebe casi a mitad de ejercicio, como igualmente produce sorpresa que dicho Plan sea elaborado por la propia Inspección, configurándose así como órgano planificador de la propia labor de control que le corresponde ejecutar, sin perjuicio de que dicho Plan deba ser formalmente aprobado por el Gobierno de Aragón. 

Entendemos que, por el contrario, la planificación de los mecanismos de control de la legalidad, eficacia y calidad de la gestión pública ha de ser efectuada, de forma colegiada, por los órganos responsables del conjunto de los Departamentos, presentes por ejemplo en la Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos, siendo la Inspección General de Servicios el órgano encargado de aplicar las líneas de actuación decididas por dicho órgano, sujetando su actividad a la evaluación de dicha Comisión.

En un somero análisis del Plan Anual de Inspección cabe resaltar algunas llamativas carencias en la labor programada: nada se contempla en materia de auditorías administrativas sobre la actividad de los órganos de la Administración, como mecanismo expresamente previsto por la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; nada se señala sobre el control de la adecuación de las cartas de servicios a las exigencias legales en la tramitación de los procedimientos respectivos, para evitar con ello que la calidad se conforme como un sucedáneo indebido de la legalidad; nada se dice sobre acciones tendentes a favorecer la integridad profesional y comportamientos éticos de los empleados públicos, ni de desarrollo de códigos de conducta en el seno de la Administración; y, finalmente, no existe en el Plan la menor mención a la relación de la Inspección General de Servicios con la citada Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos ni con el Justicia de Aragón, en cuanto órganos que ejercen labor de control sobre la actividad de la Administración y sobre los programas de calidad en la prestación de los servicios públicos.

La Inspección General de Servicios debiera, además, vigilar y corregir situaciones de incumplimiento manifiesto del ordenamiento jurídico por parte de la Administración, como son la falta de aprobación de desarrollos reglamentarios establecidos en la Ley, la ausencia de estatutos aprobados por parte de entidades de Derecho público o la no elaboración de informes anuales por determinados órganos de carácter participativo o consultivo, supuestos que constituyen claros ejemplos de una inactividad administrativa que resulta incompatible con elementales objetivos de cumplimiento de la normativa o de calidad de los servicios públicos.

Desde esta Asociación vamos a dirigirnos al Consejero de Hacienda y Administración Pública para que la definición del contenido y la aprobación del Plan Anual de Inspección de Servicios se efectúe al comienzo del ejercicio correspondiente, como exige el rigor de cualquier planificación anual, al tiempo que vamos a reclamar que se implanten de manera efectiva en la Administración autonómica las auditorías administrativas, legalmente previstas en la Ley de la Administración, y se impulsen medidas tendentes a reforzar la cultura de la integridad en el seno de la función pública, de conformidad con lo señalado por la Ley de Integridad y Ética Públicas, aprobada por las Cortes de Aragón hace ya un año.

Y creemos que compete a la Inspección General de Servicios señalar los supuestos más llamativos de inactividad administrativa e incumplimiento de los mandatos legales, recordando con ello el sometimiento de la Administración al principio de legalidad.