jueves, 17 de abril de 2014

PETICIÓN DE ACTUACIÓN A LOS DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS SOBRE LAS TASAS DE INTERINIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.



Nos hemos dirigido al conjunto de los Defensores del Pueblo autonómicos para darles traslado de la respuesta que nos dio la Defensora del Pueblo a la petición de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, con la doble finalidad de que conozcan los términos de dicha resolución y de que, al igual que señala la institución estatal, lleven a cabo actuaciones ante los responsables de la función pública de su respectiva Comunidad Autónoma para tratar de corregir las altas tasas de interinidad existentes en su Administración, resultado de la falta de aprobación de ofertas de empleo público ajustadas a las necesidades reales y de la inaplicación del régimen establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Nos hallamos ante una manifiesta inaplicación del régimen de acceso al empleo público que no podemos dejar de señalar, y nos parece razonable que las instituciones públicas creadas con la misión de defender los derechos fundamentales han de mostrarse necesariamente beligerantes para corregir la situación, pues el cumplimiento de su misión no puede trasladarse sin más a organizaciones privadas o a los propios interesados, sin que ello lleve a cuestionar la funcionalidad de los mecanismos de garantía de los derechos de los ciudadanos.

Reproducimos a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz:


“Defensor del Pueblo Andaluz
C/ Reyes Católicos, nº 21
41001 Sevilla

Zaragoza, 15 de abril de 2014.

Estimado señor:

Como continuación a anteriores escritos remitidos desde esta Asociación en relación con el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública y nuestra opinión sobre el necesario control de constitucionalidad de las limitaciones que a dicho derecho establece el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, le remitimos una copia de la resolución de la institución del Defensor del Pueblo en relación a dicho cuestión.

En atención a diferentes razones que se recogen en la citad resolución, la Defensora del Pueblo acuerda no interponer el recurso de inconstitucionalidad solicitado contra el artículo 21 de la citada Ley 22/2013, de 23 de diciembre. Esta Asociación respeta, lógicamente, tal decisión, sin perjuicio de que no compartamos las razones que se esgrimen en la resolución adoptada, al supeditar el ejercicio de un derecho fundamental a la simple voluntad del legislador, lo que resulta abiertamente contrario al carácter indisponible de los derechos fundamentales, como expresamente se señala en el artículo 53 de la Constitución Española. Ni el legislador estatal ni el legislador autonómico pueden menoscabar el contenido esencial de un derecho fundamental, y en nuestra opinión los términos del artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, incurren en dicho vicio de inconstitucionalidad al desplazar de forma innecesaria y desproporcionada el régimen legal previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuya regulación sobre el derecho de acceso a la función pública, al tratarse de un derecho fundamental de configuración legal, no puede ser modificada libremente por la Ley de Presupuestos.

En todo caso, y como podrá apreciar al leer el texto de la resolución que le adjuntamos, la institución del Defensor del Pueblo expresa su preocupación  por la excesiva temporalidad en el empleo público, y anuncia el impulso de actuaciones ante la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con la interpretación de los preceptos de las leyes de presupuestos que limitan la incorporación de nuevo personal al empleo público a lo largo del respectivo ejercicio presupuestario, y se compromete a formular propuestas a dicho órgano para evitar los efectos negativos que las limitaciones presupuestarias puedan tener sobre el acceso de los ciudadanos al empleo público.

Si bien compete a la institución del Defensor del Pueblo la defensa de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a los ciudadanos, entre los cuales figura el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad (artículo 23.2 CE), corresponde a la titular de la Institución acordar la forma de ejercer su defensa. Por ello, y pese a haberse descartado la interposición del recurso de inconstitucionalidad solicitada desde esta Asociación, valoramos positivamente el compromiso expresado en la resolución para impulsar medidas que eviten los efectos negativos de las limitaciones presupuestarias sobre el derecho de acceso, lo cual solo puede pasar por la aprobación de ofertas de empleo público ajustadas a las necesidades reales de personal.

Les damos traslado de una copia de la señalada resolución, al tiempo que le rogamos que, por parte de esa Institución, en el ámbito propio de la correspondiente Comunidad Autónoma, impulse igualmente las medidas tendentes a garantizar el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos y, al mismo tiempo, vincula a todos los poderes públicos.

Agradeciéndole su atención de antemano, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

miércoles, 16 de abril de 2014

PETICIÓN A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO COMPLEMENTARIA DE PERSONAL DOCENTE.



Desde la Asociación nos hemos dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para expresarle la necesidad de una investigación interna en la Administración autonómica sobre lo sucedido en el proceso de ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo público, y en particular sobre la alteración de las plazas de personal docente, con el consiguiente falseamiento de los efectos del fallo judicial, ya que tal actuación alcanza de lleno a la credibilidad del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, al haberse aprobado un Decreto-ley que hubo de ser convalidado por las Cortes de Aragón.

Ningún responsable político que tenga un mínimo sentido de la responsabilidad y del deber que le incumbe en la correcta aplicación de las sentencias judiciales podrá admitir lo sucedido en el proceso de ejecución llevado a cabo desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública y el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, al permitirse sus responsables modificar el sentido de un fallo judicial, contenido en sentencia firme y en proceso de ejecución forzosa, y alterar sin mayor problema la naturaleza de las plazas afectadas por el mismo, aplicando el fallo no a las plazas vacantes del Cuerpo de Maestros ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010, como requería el Tribunal, sino a plazas de Cuerpos de Enseñanza Secundaria.

Al margen de las responsabilidades que pueda establecer el Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia del incumplimiento en que se ha incurrido, es evidente que la Presidenta del Gobierno de Aragón no puede quedarse indiferente ante el grave incumplimiento en que dos Departamentos han hecho incurrir tanto al Gobierno de Aragón como a las Cortes de Aragón. Debemos recordar lo que señala el artículo 118 de la Constitución Española: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. La gravedad de los hechos no cabe minimizarla, hasta el punto de que el Tribunal puede, en su caso, apreciar que se ha incurrido en el delito de desobediencia.

No puede resultar gratuito lo sucedido para quienes han colocado al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón en la tesitura de incurrir en un supuesto de desobediencia o resistencia a los Tribunales, ya que no cabe el ejercicio de ninguna potestad pública –ejecutiva o legislativa- para dejar sin valor un precepto constitucional, como es el señalado artículo 118.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

“Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 15 de abril de 2014.

Estimada señora:

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, a la que represento, viene desarrollando desde el mismo momento de su constitución, en febrero de 2007, un especial esfuerzo por asegurar el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española.

La constante vulneración de dicho derecho en la Comunidad Autónoma de Aragón ha motivado el ejercicio de diferentes acciones judiciales por parte de esta Asociación, dando lugar, entre otras, a las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, aprobadas por el Gobierno de Aragón, al considerar que las mismas vulneraban el derecho fundamental por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por personal interino, según viene exigido tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ante la falta de ejecución por parte del Gobierno de Aragón de las citadas sentencias, pese a la petición formulada en su momento por esta Asociación al entonces responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, nos vimos obligados a instar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución forzosa de ambos fallos. Así, el citado Tribunal, mediante sendos autos de ejecución de julio de 2013, requirió al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de seis meses, aprobase los Decretos de oferta de empleo público complementaria a las dos anuladas, incluyendo en las mismas la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos que existiesen a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

Dicha ejecución, como usted bien conocerá, se ha llevado a cabo a través de la aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, y de los posteriores Decretos de fecha 18 de enero por los que se aprobaron los respectivos Decretos de oferta de empleo complementaria.

Como señalamos en su momento, y así lo hemos manifestado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, creemos que la utilización de la figura del Decreto-ley en este proceso es claramente improcedente y se aparta de lo indicado en los autos de ejecución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Ni existen razones de extraordinaria y urgente necesidad ni resulta necesaria una norma de rango de ley para la aprobación de una oferta de empleo público. La razón de ser del citado Decreto-ley, como parece haberse revelado a posteriori, no era aportar seguridad jurídica al proceso de ejecución, sino modificar la Ley de Ordenación de Función Pública en cuanto a los plazos para el desarrollo de los procesos selectivos y fijar el número de plazas a incluir en las ofertas complementarias en norma de rango legal, y por ello inatacable para los afectados y vinculante para el propio Tribunal. Tal utilización del Decreto-ley nos pareció totalmente irregular y así lo expresamos no solo al Tribunal Superior de Justicia sino también a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, de cara al necesario trámite de convalidación parlamentaria.

No queremos dejar de expresarle nuestro estupor ante el hecho de que su Gobierno haya aprobado un Decreto-ley y unos Decretos de oferta de empleo complementarias en los que, al margen de la duda razonable sobre la adecuación del número de plazas incluidas a lo indicado en las sentencias –duda que ha de ser despejada por el propio Tribunal tras la práctica de la prueba acordada-, se ha alterado de modo manifiesto la naturaleza de las plazas de personal docente no universitario.

La Oferta de Empleo Público de 2011 contenía plazas del Cuerpo de Maestros, de manera que la Oferta de Empleo Público complementaria a aprobar, en cumplimiento de la sentencia judicial que la anuló, debía referirse necesariamente a plazas de dicho Cuerpo. Su Gobierno, sin embargo, ha modificado irregularmente tal exigencia, al hacer figurar, tanto en el Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, como en el Decreto 24/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba la oferta complementaria de la oferta de empleo público del 2011 correspondiente al personal docente no universitario, plazas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria en lugar de las plazas correspondientes al Cuerpo de Maestros que se hallasen ocupadas por funcionarios interinos a 31 de diciembre de 2010, como exigía el cumplimiento del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia.

Dicha alteración del sentido del fallo constituye un incumplimiento cualificado de una sentencia judicial, agravado en nuestra opinión por el hecho de haber utilizado la figura del Decreto-ley y haber forzado el correspondiente aval o convalidación de las Cortes de Aragón, convirtiendo a esta institución en corresponsable de la irregular ejecución judicial.
Con independencia de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su momento, tras la práctica de la prueba acordada, dado que corresponde a los Tribunales no solo juzgar sino también ejecutar lo juzgado, asegurando que las sentencias se cumplan en sus estrictos términos, creemos que en el seno del Gobierno de Aragón debieran realizarse las averiguaciones oportunas para constatar las posibles responsabilidades administrativas y políticas en cuanto a la desvirtuación del fallo judicial al que correspondía dar cumplimiento, pues al transformar indebidamente las plazas del Cuerpo de Maestros que debiera contener la oferta complementaria de 2011 en plazas de Cuerpos de Enseñanza Secundaria dicho fallo debe considerarse alterado e incumplido.

Por todo ello, al amparo del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que adopte las medidas oportunas para determinar, dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma, las posibles responsabilidades administrativas o políticas que concurran en cuanto al incumplimiento del fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, al sustituirse en la oferta complementaria aprobada las plazas debidas del Cuerpo de Maestros por plazas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, agravando con ello la lesión al derecho de acceso a la función público de los candidatos al Cuerpo de Maestros.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

martes, 15 de abril de 2014

MANIPULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN: EL CASO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES.



El Boletín Oficial de Aragón de hoy publica la resolución de la convocatoria de provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de Secretario/a General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adoptada por Orden de 12 de marzo de 2014, del entonces Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz,  en la que, a propuesta de la Directora Gerente de dicho Instituto, se declara desierta la convocatoria, “por no considerarse idóneo para el puesto ninguno de los solicitantes”.

Si resulta llamativo el retraso en la publicación de la resolución, al distar algo más de un mes entre la fecha de la Orden y su publicación, lo que contraviene los plazos legales de notificación de las resoluciones administrativas, aún resulta más sorprendente el plazo consumido para resolver la convocatoria realizada. La convocatoria fue acordada mediante Orden de 5 de febrero de 2013, siendo publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 27 de febrero. Es decir, el proceso de tramitación de esta convocatoria de provisión ha tardado más de catorce meses, plazo incomprensible, además de irregular.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 24.2 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, los nombramientos de libre designación deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes desde la finalización del de presentación de solicitudes, si bien podrá prorrogarse dicho plazo hasta un mes más.  Si tenemos en cuenta que la convocatoria se publicó el 27 de febrero de 2013 y el plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles a partir de dicha resolución, cabe concluir que la resolución de la convocatoria debió acordarse en el mes de abril de 2013. ¿Qué ha sucedido para que se haya tardado un año más en resolver dicha convocatoria, para, además, declararse desierta?

Al incumplimiento objetivo de los plazos –dato incuestionable, a la vista de las fechas señaladas-, debemos sumar una manifiesta manipulación del procedimiento de provisión, llevada a cabo por los responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y consentida y bendecida por los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

¿Qué circunstancias han cambiado entre la fecha de convocatoria y la fecha de resolución ahora publicada? Ahí tenemos que encontrar las razones que expliquen la burda manipulación sufrida por el procedimiento de provisión. Quien promueve la convocatoria en su día es, a su vez, quien bloquea la preceptiva resolución, anteponiendo su interés personal a la regularidad de los procedimientos administrativos, pues ante las dudas razonables sobre la continuidad en el puesto, resulta mucho más ventajoso contar con una reserva de puesto de trabajo. Más grave aún resulta el haber procedido a modificar los requisitos de desempeño del puesto, estando sin resolver el procedimiento de convocatoria, para posibilitar su desempeño por funcionarios de Administración local y permitir el acceso al mismo de quien no cumplía las condiciones objetivas para ello.

Es difícil imaginar más irregularidades en un solo procedimiento de provisión a las producidas en la señalada convocatoria del puesto de Secretario/a General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en la que sucesivas desviaciones de poder han llevado a la resolución que hoy se publica en el Boletín Oficial de Aragón. La tramitación de los procedimientos supeditada a los intereses personales de quienes ocupan los puestos o pretenden ocuparlos, la alteración de sus características durante la propia tramitación del procedimiento y, como no tardaremos en ver, la nueva convocatoria adecuada a las nuevas características del candidato/a oficial, salvo que nuevamente los intereses personales de los interesados lo descarten. Durante todo este proceso, queda claramente de manifiesto el penoso papel de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, que probablemente haya ya olvidado su responsabilidad en asegurar la correcta aplicación de la normativa de función pública.

Desde esta Asociación estudiaremos el impulso de posibles actuaciones para que la tramitación del citado procedimiento, con todas sus manifiestas interferencias, sea sometida a la supervisión de órganos e instituciones de control como la Inspección General de Servicios y el Justicia de Aragón.

LA COHERENCIA NECESARIA.



Con mayor o menor acierto, esta Asociación ha tratado de mantenerse coherente, a lo largo de sus siete años de actividad, con los principios y objetivos que se marcó en el momento de su constitución. Ello nos ha llevado, inevitablemente, a confrontar con todos los responsables de Función Pública, de uno y otro signo, pues todos ellos han sido incapaces de impulsar la función pública autonómica hacia objetivos coherentes con el Estado de Derecho y el valor del servicio público. La deriva de la función pública continúa, sin excepción, y la actual etapa lastrará enormemente las opciones de regeneración en el futuro, pues ha provocado quiebras inimaginables en el seno de la función pública, por los niveles de cinismo y sectarismo alcanzados, por la falta de sinceridad y de coraje de sus planteamientos y por la inexistente vocación de cohesión interna y de liderazgo ético. En definitiva, por la sumisión a los peores dictados posibles del nivel político, desnaturalizando la pretendida profesionalidad de ciertos niveles directivos.

Cuando esta Asociación se marcó como principios y objetivos de actuación exclusivamente la defensa y promoción de los principios constitucionales y legales fijados para la función pública –entre ellos, la legalidad, la profesionalidad y la ética pública-, nada permitía anticipar que seríamos un elemento de resistencia interna frente a la arbitrariedad política y administrativa de quienes ejercen funciones directivas en la Administración autonómica. La lógica hubiera permitido creer que los objetivos de la Asociación –al ser coherentes con el ordenamiento jurídico- la convertirían en un instrumento válido para reforzar todas aquellas estrategias públicas de mejora de la función pública, en una entidad colaboradora con los responsables de la Administración de la Comunidad Autónoma. Tal relación de colaboración no ha resultado, sin embargo, posible. Pues ningún equipo de gobierno ha mostrado hasta el momento una voluntad real y sincera de querer restablecer, en el seno de la función pública, el respeto a las normas, la centralidad del interés general y de los derechos de los ciudadanos.

No solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. El desánimo de quienes todavía sienten alguna estima por la función pública que realizan no ha hecho más que crecer, ante la arbitrariedad que ha imperado en la presente legislatura, ante iniciativas aparentemente válidas –como las cartas de servicios u otros objetivos de calidad- que no encuentran, sin embargo, anclaje alguno en una estrategia global de profesionalización de la función pública. Sin el marco adecuado de credibilidad, ninguna iniciativa puede cumplir la función que, en principio, cabría esperar de ella. Se ha olvidado que la premisa de toda propuesta de mejora para las Administraciones Públicas es el reforzamiento del compromiso con la legalidad, elemento claramente olvidado en la presente legislatura. Ni siquiera la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual se ha podido ajustar a la ley. Eso revela la nula voluntad del actual Gobierno de corregir malas prácticas en la gestión administrativa. Ni siquiera hay garantía de que la cifra del déficit público reconocida por el Gobierno sea la real. Quien falta a la legalidad, perfectamente puede faltar a la verdad. Quien no respeta las normas, pierde toda credibilidad como responsable público, pues en un Estado de Derecho no cabe aceptar un ejercicio del poder desvinculado del respeto a la Ley.

La coherencia es un objetivo al que tratamos de mantenernos fieles, a pesar de las dificultades que ello pueda comportar. Podremos equivocarnos como todos, pues no somos infalibles, pero nunca tomaremos una decisión marcada por el interés o la conveniencia que suponga un fraude a los principios y objetivos de la Asociación. Por eso no pudimos mantenernos en silencio ante medidas retributivas contrarias a la legalidad –como la cláusula de revisión salarial o el anticipo de carrera para los funcionarios- ni ahora podemos consentir actuaciones del Gobierno como el cúmulo de irregularidades cometidas en el proceso de ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo público. Este Gobierno se ha mostrado incapaz ya no de cumplir las leyes sino incluso de cumplir las sentencias de los Tribunales, lo que revela el grado de deterioro alcanzado por la Comunidad Autónoma de Aragón, por mucho que unos y otros traten de minimizarlo. La incoherencia no nos permitirá nunca avanzar en la buena dirección, algo de lo que deberían tomar nota no solo los responsables políticos de esta Administración sino también los sindicatos de la función pública. Y todos los empleados públicos.

lunes, 14 de abril de 2014

DOSIS DIARIA DE ARBITRARIEDAD.



El Boletín Oficial de Aragón publica hoy no los ceses y nombramientos del personal eventual del Departamento de Hacienda y Administración Pública –incurriendo en un nuevo incumplimiento del artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón-, sino el cese de una funcionaria de carrera en un puesto de libre designación de la Intervención General. Una vez más, como meses atrás ocurría en el Instituto Aragonés de Estadística, un profesional de la función pública de trayectoria sólida es apartado de su puesto de trabajo de modo inesperado e inmotivado, sin que se le arbitre una salida acorde a su especialización profesional. Al tiempo que vemos cómo el Departamento de Hacienda y Administración Pública desdobla Servicios en su estructura, para acoger a quien cesa en su condición de alto cargo, vemos a funcionarios cesados y abandonados a su suerte. La diferencia de trato resulta sencillamente injusta y escandalosa.

Desde esta Asociación hemos criticado el uso y abuso de la fórmula de la libre designación para la provisión de puestos de funcionarios superiores, pero en particular creemos que tal fórmula es inaceptable para proveer los puestos en órganos cualificados de control, como son la Intervención General o la Inspección de Servicios. El cese de un funcionario en uno de esos órganos trasciende la relevancia de un cese más, pues puede ser un ejercicio arbitrario por parte del Gobierno de Aragón para remover de su puesto a quien resulta incómodo en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización. Si se quieren órganos de control dóciles y mediatizados, nada mejor para asegurarlo que cubrir todos sus puestos mediante libre designación, haciendo depender su continuidad de la comodidad o incomodidad del responsable político controlado. No es aceptable que quienes ejercen el control de legalidad queden sujetos a la discrecionalidad política del controlado, como sucede en el caso de los Interventores en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Tampoco podemos dejar de reiterar, en este momento, la necesidad de que los puestos de responsabilidad en la Intervención General sean ocupados por funcionarios especializados cuya selección se realice a través de procesos específicos. No hay explicación posible para el hecho de que la Clase de especialidad de Interventores de la Administración autonómica no haya sido jamás objeto de ningún proceso selectivo, reclutándose al personal interventor de escalas generales de administración, sin la exigencia siquiera de una formación previa adecuada. No parece que ese sea el modelo de profesionalización que la situación reclama. Por ello, esta Asociación reiterará su petición de que se convoquen procesos selectivos para reclutar personal especializado en intervención y control económico-financiero, así como insistirá en que los puestos reservados a funcionarios superiores dentro de la Intervención General sean provistos mediante la fórmula de concurso, evitando así que quienes ejercen dicha labor puedan hallarse a merced de la discrecionalidad política del controlado, y verse removidos en sus funciones por el rigor en la exigencia del respeto a la legalidad.

DOBLE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN: FALTA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO E INDEBIDA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES.



En contra de lo que puedan hacer creer las apariencias, el actual Gobierno de Aragón está muy lejos de haber restaurado el derecho de acceso a la función pública vulnerado en anteriores legislaturas, como quedó declarado por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon, por inconstitucionales, las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

En primer lugar, hay que recordar que el actual Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi no ejecutó voluntariamente las sentencias judiciales en materia de oferta, sino que, debido a la prolongada pasividad para dar cumplimiento a las mismas, esta Asociación hubo de solicitar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución forzosa de tales sentencias, y fue por lo tanto dicho Tribunal el que requirió al Gobierno de Aragón, mediante sendos autos de ejecución de julio de 2013, la aprobación de dos Decretos de oferta de empleo público complementaria a las anuladas, en las que se incluyeran respectivamente la totalidad de los puestos vacantes ocupados por interinos a fecha de 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

En segundo lugar, ni siquiera el requerimiento judicial ha podido asegurar la correcta ejecución de las sentencias. Dicha ejecución ha sido involuntaria y, además, fraudulenta. Efectivamente, la ejecución judicial se ha realizado de forma insuficiente e irregular, y el dato más relevante del incumplimiento de tal sentencia es la aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, en el que lejos de restablecer la legalidad y dar cumplimiento a las sentencias, se aprovecha para modificar la legalidad y alterar el sentido de las sentencias, como se evidencia con la injustificada sustitución de las plazas del Cuerpo de Maestros por las de Cuerpos de Enseñanza Secundaria, lo que supone una burda utilización de la figura del Decreto-ley para quebrantar un fallo judicial, con el agravante de que dicho incumplimiento obtiene el aval del Parlamento aragonés, al ser convalidado el Decreto-ley con los votos del PP y PAR. El peor escenario imaginable se ha visto realizado: la completa quiebra de los principios de legalidad y de separación de poderes. Alguien deberá asumir la responsabilidad que corresponde por actuación tan temeraria.

En tercer lugar, debe resaltarse que en el largo proceso de ejecución de las sentencias, que ocupa un largo tramo de esta legislatura, el Gobierno de Aragón no ha aprobado las ofertas anuales de empleo público que exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aunque fuera dentro de los límites señalados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es más, podríamos decir que la manipulación realizada de las plazas de personal docente por parte del Decreto-ley 1/2014 persigue, precisamente, suplir la ilegal falta de oferta de empleo público de 2014 (correspondiente a personal de enseñanza secundaria) con la oferta complementaria de 2011 (que debía corresponder al cuerpo de maestros, pero que se transforme indebidamente en cuerpos de enseñanza secundaria). Con ello se consuma la doble vulneración de la legalidad por el Gobierno de Aragón, pues ni se restaura el derecho lesionado en el pasado –como obligaba la ejecución de las sentencias judiciales- ni se garantiza en el presente el derecho que asiste a los ciudadanos para acceder a la función pública.

Consecuentemente, y pese al dato positivo de que el Gobierno de Aragón ha de convocar 2.783 plazas en el plazo de tres años, no es posible hablar de respeto a la legalidad de función pública por parte de este Gobierno ni de restauración del derecho de acceso a la función pública aragonesa. Más bien todo lo contrario, pues las 2.783 plazas que se ha visto obligado a convocar por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Aragón son únicamente el límite de su incumplimiento, aquello que no se ha atrevido a dejar de convocar. Es lamentable constatar que quien debía restaurar la legalidad solo ha sabido añadir más ilegalidad y más vulneración al Estado de Derecho, pues lo realizado a través del Decreto-ley 1/2014 constituirá en la historia de la función pública un ejemplo máximo de la carencia de respeto al Estado de Derecho.


viernes, 11 de abril de 2014

PERSONAL DOCENTE: EL FALSEAMIENTO DE LA OFERTA COMPLEMENTARIA APROBADA POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN.



Sorprenderá a muchos que una situación como la que ahora señalamos hayamos tardado tres meses en advertirla, pero esto es lo que sucede cuando se deposita confianza en los responsables públicos, dando por descontado su compromiso con la legalidad y su respeto a los derechos de los ciudadanos. Estábamos equivocados al hacer ese ejercicio de confianza, y nos duele constatar la mala fe con la que han actuado tantos responsables públicos, con la probable aquiescencia de los sindicatos de la función pública.

El Gobierno de Aragón aprobó en 2011 un Decreto de Oferta de Empleo Público, en la que se incluían plazas de los diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma, como son administración general, educación no universitaria y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. Las plazas correspondientes a administración educativa pertenecían al Cuerpo de Maestros, indicándose las respectivas especialidades en que se subdividía el conjunto de plazas autorizadas.

El Decreto de Oferta de Empleo Público de 2011, impugnado por esta Asociación por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, al contravenir la obligación de incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), fundamentando su sentencia en el criterio ya establecido por el Tribunal Supremo al anular la Oferta de Empleo Público de 2007: el derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido por la Constitución Española en su artículo 23.2, es un derecho de configuración legal, delimitado por el Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Función Pública de las Comunidades Autónomas, de manera que la vulneración de los requisitos establecidos por estas leyes para la aprobación de la Oferta de Empleo Público supone una vulneración del derecho fundamental. Es decir, vulnerar la Ley en esta materia es vulnerar la Constitución, al menoscabar un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la misma.

El pasado mes de julio de 2013, tras solicitarse por esta Asociación ante el TSJA la ejecución judicial de las sentencias que habían anulado las Ofertas de 2007 y 2011, el Tribunal requirió al Gobierno de Aragón la aprobación, en un plazo de seis meses, de sendos Decretos de oferta de empleo público complementaria a las anuladas, en las que se incluyesen las plazas vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

El Gobierno de Aragón, antes de proceder a la aprobación de los Decretos que le requirió el Tribunal, quiso dotarse de una herramienta legal ad hoc, a través del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, en el que no solo fijó el número de plazas que correspondían a cada uno de los Decretos complementarios y modificó el plazo para el desarrollo de los procesos selectivos, sino que, y este dato nos parece de extrema gravedad, modificó la naturaleza de las plazas de personal docente, al establecer que las que debían incluirse en la oferta complementaria correspondían a Enseñanza Secundaria y no al Cuerpo de Maestros, alterando así de manera totalmente indebida el alcance del fallo judicial e incurriendo en un manifiesto incumplimiento de la sentencia.

El Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón, y posteriormente convalidado por las Cortes de Aragón, con los votos de PP y PAR, no solo incurría en todos los defectos que fueron puestos de manifiesto en su día por esta Asociación y se señalaron también por los grupos parlamentarios de la oposición en el pleno de convalidación, sino que, como apreciamos ahora, llevaba a cabo un directo y manifiesto falseamiento de las sentencias que, según se decía, venía a aplicar de manera estricta.

Una oferta complementaria ha de ser congruente con el contenido de la oferta a la que viene a complementar. Mal se pueden contemplar en una oferta complementaria plazas correspondientes a cuerpos docentes que no figuraban en la oferta original –si aceptamos que la selección de personal docente se realiza de manera alterna, para enseñanza primaria en los años impares y para enseñanza secundaria en los años pares-, de manera que resulta evidente que la oferta de empleo complementaria de 2011, al afectar a plazas del Cuerpo de Maestros, debía incluir las plazas de dicho Cuerpo ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010, y no las correspondientes a Cuerpos de Enseñanza Secundaria.

Creemos que dicha actuación, realizada de manera consciente por los responsables del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y del Departamento de Hacienda y Administración Pública, es un abierto incumplimiento de la sentencia judicial y una directa vulneración del derecho de las personas interesadas en acceder al Cuerpo de Maestros, a los que se negaron las plazas debidas en su momento y se les vuelven a negar ahora, pese a la sentencia judicial dictada. Que ello, además, se haya podido producir con la aquiescencia de los sindicatos de la enseñanza pública  no hace más que subrayar la gravedad de los hechos.

Esta Asociación pondrá esta circunstancia en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en los próximos días, solicitando que declare incumplida la sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, al haberse alterado irregularmente sus efectos, y deduzca las posibles responsabilidades, de todo tipo, en que hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón. Solicitaremos, eso sí, que no se vean afectados los procesos selectivos derivados del Decreto-ley, para evitar cualquier lesión a quienes, como nosotros, han confiado en la actuación del Gobierno de Aragón, creyendo que sus decisiones eran respetuosas con las normas.

jueves, 10 de abril de 2014

LA LEGITIMIDAD DE EJERCICIO COMO CONDICIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS PÚBLICOS.



Hemos vivido en nuestra Comunidad Autónoma, con ocasión de la reciente condena al alcalde de Mallén por un delito de prevaricación administrativa, una cierta polémica sobre los efectos que una condena penal no firme puede conllevar para quienes ejercen funciones públicas electivas, ya sean concejales, alcaldes o parlamentarios estatales o autonómicos.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), tras su reforma en 2011, incorporó como causa de inelegibilidad e incompatibilidad para cualquier cargo electivo el siguiente supuesto: “Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.

Tras el irregular pleno del Ayuntamiento de Mallén, celebrado el día 20 de marzo, en el que se votó por los concejales socialistas la inaplicación del supuesto legal de incompatibilidad, haciendo caso omiso del informe emitido por la secretaria municipal, se argumentó que el motivo de la inaplicación era el principio de irretroactividad de las normas desfavorables, dado que el delito por el que se dictó la condena era anterior a 2011, fecha en que se introduce la causa de inelegibilidad en la LOREG, y en consecuencia no resultaba de aplicación. La escasa consistencia de tal argumento –que cabe apreciar con la mera lectura del precepto legal, en el que el dato relevante es el dictado de una sentencia de condena, con independencia de la fecha de la comisión del delito-  ha motivado no solo su rechazo por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón o la Diputación Provincial de Zaragoza, sino su desestimación por el propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza ante el cual se trató de paralizar la destitución del afectado como diputado provincial, acordada ayer por el Pleno de la Corporación Provincial.

Esta Asociación, si ha prestado atención a este caso, lo ha hecho exclusivamente por entender que la previsión introducida en la LOREG en 2011 es una medida de buen gobierno institucional, dirigida a sancionar el mal ejercicio de los cargos públicos, y a impedir que la legitimidad de origen constituya una razón suficiente para mantenerse en el desempeño de un cargo electivo.

La legitimidad de origen permite el acceso correcto a la función, pero ha de ser el correcto desempeño del cargo –la legitimidad de ejercicio- el que determine la permanencia o continuidad en el mismo. No estamos ante una pugna de legitimidades –los votos de los ciudadanos frente a la obligatoriedad de las leyes-, sino ante un solapamiento necesario de las mismas. La legitimidad de origen es un factor necesario pero no suficiente para el mantenimiento en un cargo o función pública electiva. A ella debe sumarse una legitimidad de ejercicio, que acredite que la fuerza dada por los votos se complementa con una actuación conforme a la legalidad, pues tanto los ciudadanos como los poderes públicos –sean electivos o no sus titulares- están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

La necesaria recuperación de la credibilidad institucional y la inaplazable reacción frente al clima de desconfianza que ha generado la corrupción pública, tanto política como administrativa, exige actuaciones decididas que contribuyan a elevar el nivel de exigencia ética en el gobierno de las instituciones, y en ese sentido todos podemos convenir en la necesidad de evitar que existan al frente de un Ayuntamiento, un Gobierno o un Parlamento personas que han podido ser condenadas como autoras de un delito, mereciendo el reproche penal de los tribunales. Así lo ha querido establecer la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de forma acertada en nuestra opinión, y así lo deben aplicar todas las instituciones encargadas de asegurar la aplicación de las leyes.

Esta Asociación, en el conjunto de sus actuaciones –incluida la referida al suceso del Ayuntamiento de Mallén-, se mueve exclusivamente por la voluntad de defensa de la legalidad y de la ética pública, sin ninguna otra connotación de tipo personal o político. El respeto a las personas ha sido una pauta permanente en nuestra actividad, pero hay conductas públicas que no pueden resultar respetables cuando se sitúan al margen de la legalidad. Ese elemento es el único señalado en los escritos o notas en que nos hemos ocupado de este caso, entendiendo que el Estado de Derecho debe reaccionar e imponerse frente a quienes pretenden situarse por encima de la ley.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: PROSIGUE EL TRABAJO TRAS LA PASADA ASAMBLEA.



En la tarde de anteayer martes, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró, de acuerdo con la convocatoria realizada, reunión de la Junta Directiva de la Asociación, en la que se abordaron los puntos incluidos en el orden del día dado a conocer en este blog.

Tras la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior de la Junta, celebrada el 27 de febrero, se dio por constituida la nueva Junta Directiva, tras los nombramientos realizados en la pasada asamblea ordinaria de la Asociación, celebrada el 25 de marzo, en la que fueron reelegidos tanto el Secretario como los Vocales que, de acuerdo con los Estatutos, debían ser renovados, continuando vacante el cargo de Vicepresidente.

A continuación, el Presidente hizo un breve resumen de la actividad realizada por la Asociación, desde la fecha de la anterior reunión de la Junta Directiva, que puntualmente se ha ido reflejando en el blog asociativo, destacando de tales actuaciones los pronunciamientos realizados respecto a lo sucedido en el Ayuntamiento de Mallén y la respuesta de la institución del Defensor del Pueblo a nuestra petición de interposición de recurso de inconstitucionalidad frente al artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, por incluir limitaciones indebidas al derecho fundamental de acceso a la función pública.

En el primer caso, se señalan las actuaciones realizadas ante la resistencia del Pleno del Ayuntamiento de Mallén a aplicar al alcalde de la localidad la causa de incompatibilidad para continuar en su cargo, prevista en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pese a haber sido condenado por la Audiencia Provincial como autor de un delito de prevaricación, con inhabilitación para el desempeño de cargo público, entendiendo obligado el cese en sus cargos públicos y radicalmente ilegal la resistencia mostrada por la mayoría municipal a la aplicación del supuesto legal de incompatibilidad, en contra de lo manifestado en su informe por la secretaria municipal.

Mayor atención y debate merece la respuesta dada por la institución del Defensor del Pueblo, al desestimar la petición de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra las limitaciones a la oferta de empleo público contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, lo que, a juicio de la Asociación, conlleva la inaplicación de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y, consecuentemente, el menoscabo del derecho fundamental de acceso a la función pública. Se analizan los razonamientos jurídicos de la resolución, que en modo alguno se comparten por los miembros de la Junta Directiva, y se echa de menos en la argumentación realizada las obligadas referencias al régimen especial de garantía constitucional de los derechos fundamentales y su indisponibilidad por parte de los poderes públicos, pues un derecho fundamental no puede verse temporalmente suspendido por una ley de presupuestos como se viene haciendo de manera reiterada a través de la Ley de Presupuestos. En particular, se valora muy críticamente la sentencia de 20 de noviembre de 2013 del Tribunal Supremo, a la que se alude en la resolución, al apartarse claramente del criterio que quedó establecido en la anterior sentencia obtenida por la Asociación en su recurso contra la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón. No obstante, se respeta la decisión de la titular de la Institución, al descartar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y optar por realizar gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el fin de abordar los efectos negativos que las tasas de reposición previstas en las Leyes de Presupuestos están generando en la función pública, provocando elevadas tasas de interinidad. Entendemos, en cualquier caso, que dicho problema solo puede corregirse mediante el respeto del derecho de acceso, a través de la aprobación de las ofertas de empleo público, en los términos que señala el Estatuto Básico del Empleado Público, y así se lo haremos saber a la Defensora del Pueblo en la respuesta que se acuerda dar a su resolución, frente a la cual no cabe recurso alguno. Se acuerda igualmente solicitar de la institución el posible informe emitido sobre el caso por la Junta de Coordinación y Régimen Interior, que estudió la petición de la Asociación en su reunión de 25 de marzo de 2014. Se valora también la posibilidad de remitir una copia de la resolución del Defensor del Pueblo a los diferentes Defensores del Pueblo autonómicos, para recabar de los mismos la realización de gestiones para que las respectivas Administraciones autonómicas afronten estrategias decididas para reducir las tasas de interinidad actualmente existentes.

Se valoran igualmente los cambios producidos en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, tras el cese de José Luis Saz y el nombramiento de Javier Campoy como nuevo titular del Departamento, y la oportunidad de presentar al nuevo Consejero las principales preocupaciones en materia de función pública, principalmente en lo que se refiere a nuestra posición crítica frente al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón elaborado durante el mandato de su predecesor. Se insiste por parte de todos los asistentes en la necesidad de destacar los efectos negativos para la profesionalidad de la función pública que conlleva el uso indiscriminado de la libre designación, cuestión que debiera exponerse al nuevo Consejero y al Justicia de Aragón, para el inicio de un posible estudio de oficio sobre el sistema de provisión de puestos en la Administración autonómica, dejando el ejercicio de las acciones judiciales que se habían acordado por un momento posterior a tales actuaciones.

A continuación se repasa el estado del proceso de ejecución de las sentencias sobre oferta de empleo, valorándose muy positivamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al haber admitido la prueba planteada por parte de la Asociación para que los responsables del Registro de Personal certifiquen la situación de las plazas vacantes ocupadas por interinos en las fechas que fueron señaladas por el Tribunal para determinar el volumen de las ofertas complementarias, cuyos datas podrán ser contrastados con los incluidos en el Decreto-ley y en los Decretos de oferta de empleo complementaria aprobados por el Gobierno de Aragón. Se valora también la oportunidad, en su caso, de contactar con asociaciones representativas de determinados cuerpos o escalas que puedan, a su vez, contrastar la veracidad de los datos oficiales que se aporten desde el Registro, como es el caso de los Agentes de Protección de la Naturaleza.

Finalmente, se aborda el método de trabajo para la preparación del escrito de posibles alegaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón, dentro del trámite de información pública acordado. Se programarán reuniones semanales abiertas a todos los miembros de la Asociación para quienes quieran participar en el debate de los contenidos del proyecto normativo, cuya redacción final será aprobada por la Junta Directiva para su posterior remisión al Departamento de Presidencia y Justicia.

Concluye la reunión de la Junta Directiva, a la que asisten la práctica totalidad de sus miembros, con el convencimiento del enorme trabajo que es preciso desarrollar en este tramo final de legislatura para seguir reclamando pasos decididos a favor de una función pública profesionalizada, plenamente comprometida con el Estado de Derecho, así como la petición de decisiones efectivas que contribuyan a objetivos necesarios de buen gobierno y buena administración. El trabajo de la Asociación debe proseguir.

miércoles, 9 de abril de 2014

COMO NO PODÍA SER DE OTRO MODO.



El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la posibilidad de convocatoria de un referéndum en Cataluña que permitiera a ésta plantear su separación de España, petición promovida desde el Parlamento catalán, como si la unidad de la nación española estuviera a merced de lo que decidan, unilateralmente, cada una de sus partes, desconociendo lo que señala la Constitución Española. El Congreso de los Diputados no ha hecho más que recordar que cualquier objetivo político, siempre legítimo, ha de perseguirse por procedimientos legítimos, y en el presente caso nadie puede pretender quebrar o alterar las reglas constitucionales al margen del procedimiento de reforma constitucional previsto. Habrán de ser todos los españoles, y no solo una parte de ellos, los que decidan el posible cambio de las reglas de convivencia política y, en su caso, la posibilidad de consultas como la pretendida.

Al margen del hipotético establecimiento de cauces para dicho tipo de consultas, debemos cuestionar la oportunidad de introducir en la convivencia civil estrategias de confrontación como las que viene alimentando desde hace tiempo el soberanismo catalán, cuyo único resultado puede ser el envenenamiento de la convivencia interna en Cataluña y el daño a la convivencia ente catalanes y el resto de españoles. En tiempos de crisis como los que atravesamos, la solidaridad no puede desconocer su dimensión territorial, y algunas afirmaciones hechas desde el ámbito soberanista y las autoridades de Cataluña han menospreciado gravemente dicho principio, desconocedores acaso de que la solidaridad de España hacia Cataluña puede ser para dicha Comunidad Autónoma uno de los intereses más poderosos que muchos, sin embargo, no son capaces de valorar.

Alguien podrá pensar que esta Asociación, dedicada a la promoción y defensa de los valores constitucionales de la función pública, debiera evitar la mención a cuestiones que exceden el ámbito de su objeto estatutario, pero resultaría absurdo ejercer la defensa del respeto a ciertos preceptos constitucionales, como el derecho de acceso a la función pública o los principios de mérito y capacidad en la función pública, y permanecer indiferentes ante los desafíos a la integridad constitucional de nuestro Estado lanzados desde el soberanismo catalán. Para defender y reivindicar el respeto de una parte de la Constitución, sin caer en mero oportunismo o ventajismo, hay que estar dispuestos a defender el respeto a la integridad de la misma, y eso es lo que hace esta Asociación, aunque sea a través de unas simples notas de blog, sin ocultar ni callar su total respaldo a nuestra norma constitucional, lo cual no obsta para admitir las reformas que puedan contribuir a mejorarla, no a desfigurarla.

Y al igual que debemos respaldar el respeto a nuestro marco constitucional de convivencia, debemos apoyar el respeto al cumplimiento de la legalidad, propugnando así que los cargos electos que hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública que conlleven la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas deban cesar en el desempeño de sus funciones. Si alguien considera que ello vulnera algún derecho fundamental, tiene los cauces procesales para defender sus tesis, pero aciertan quienes, como la Delegación del Gobierno de Aragón o el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, consideran que la Ley no permite que el voto o la mera discrepancia jurídica puedan ser razones suficientes para inaplicar las leyes y permitir que alguien pueda ejercer el cargo de diputado provincial, alcalde o concejal en contra de lo previsto en la Ley electoral, con la insostenible pretensión de que las leyes no se apliquen y que el Estado de Derecho ceda ante la insumisión frente a reglas del más elemental buen gobierno institucional.

martes, 8 de abril de 2014

DAMNIFICADOS DIRECTOS POR LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO INSUFICIENTES: LOS QUE HUBIERAN PODIDO APROBAR EN 2007 Y 2011.



Dentro del proceso de ejecución de las sentencias que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 aprobadas por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de los puestos vacantes ocupados por personal interino, se ha planteado la reclamación de un candidato que tomó parte en uno los procesos selectivos a los que afectan las sentencias, que superó todas las pruebas del proceso selectivo, pero, finalmente, no resultó aprobado por falta de plaza. Alega que si se hubieran incluido en la convocatoria las plazas obligadas, podría haber resultado aprobado y nombrado funcionario de carrera.

Es cierto que los Tribunales de selección no pueden declarar más aprobados que el número de plazas convocadas, y que ello hace que en ocasiones algunos candidatos que han superado todas las pruebas selectivas no sean declarados aprobados, pues su puntuación final no les permite figurar entre el número de candidatos con mejor puntuación que corresponde al número de plazas convocadas.

Sin duda, quienes han sufrido tal situación son los principales damnificados por la insuficiencia de las Ofertas de Empleo Público, aunque es evidente que no impugnaron en su día el Decreto de la Oferta y, por lo tanto, consintieron sus términos a todos los efectos. Es poco consistente jurídicamente cuestionar una norma o una convocatoria en función de los resultados, cuando uno no ha resultado seleccionado o aprobado, pese a haber aceptado, aunque sea tácitamente, las reglas del proceso.

La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha trasladado a esta Asociación, para posibles alegaciones en su caso, el escrito formulado por una persona que no pudo obtener plaza como funcionario de carrera, pese a haber superado todas las pruebas del proceso selectivo, por falta de plazas, y que ahora entiende que debe adjudicársele una de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público complementaria.

Esta Asociación no va a pronunciarse sobre la pretensión de quienes ahora solicitan la adjudicación directa de plazas de las Ofertas complementarias, invocando el haber superado las pruebas de los procesos selectivos de las Ofertas anuladas por insuficientes, pues entendemos que los intereses individuales han de ser valorados y ponderados exclusivamente por el Tribunal. Ahora bien, es evidente que si la vulneración del derecho de acceso a la función pública puede parecer genérica y abstracta a los miembros del Gobierno de Aragón y responsables de Función Públicas, situaciones como la señalada muestran que esa lesión es directa y concreta para quienes, en condiciones de respeto a la legalidad, hubiesen accedido en su momento a la condición de funcionarios de carrera.

Está por ver, no obstante, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón los convierta en beneficiarios directos de una sentencia recaída en un proceso que no han promovido ellos, al haberse conformado con el resultado del proceso en el que participaron. Quien lucha por su derecho lucha también por el derecho de todos, pues el respeto de la legalidad es una garantía para los derechos de todos, pero es más dudosa la posibilidad de obtener un beneficio particular y concreto al hilo de una batalla librada por los derechos de todos los ciudadanos, como ha sido la promovida por esta Asociación.

LA DIRECCIÓN POLÍTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CAMBIA DE MANOS, PERO DEBERÍA CAMBIAR TAMBIÉN DE ORIENTACIÓN.



Ayer tomaba posesión de su cargo el nuevo responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, al que corresponde la dirección e impulso político en materia de función pública. Su nombramiento, tras la forzada salida de su antecesor, a causa del incumplimiento de los objetivos de déficit público de la Comunidad Autónoma, parece responder a estrictas claves políticas, pues su perfil y trayectoria no parecen avalarlo técnicamente para asumir la dirección de las cuentas públicas en un momento de dificultad como el presente, pero es obligado conceder el beneficio de la duda. Y desearle el máximo acierto posible en su tarea, por el bien de todos.

Mayor duda provoca el anunciado nombramiento de la nueva titular de la Dirección General de Presupuestos, pues si las direcciones generales, como señala el artículo 15.3 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tienen como cometido la dirección técnica y gestión de un área funcional del Departamento, los titulares de las mismas deberían satisfacer el necesario requisito de competencia profesional, bien por su formación especializada o por su experiencia o trayectoria acreditadas, y a ser posible por ambas. No parece ser tampoco el caso de la nueva titular, pero nos gustaría creer que su nombramiento responde a cualidades y capacidades que podremos apreciar al evaluar el resultado de su gestión..

En cualquier caso, el relevo al frente del Departamento de Hacienda y Administración Pública vuelve a marcar un punto de ruptura o discontinuidad en la posible estrategia en materia de función pública y calidad de los servicios –si es que es posible hablar de estrategia en este ámbito-, resultando necesario reconsiderar por el nuevo responsable todos aquellos proyectos en marcha, antes de autorizar su mantenimiento o prosecución. En particular, corresponde al Consejero decidir sobre la posible suerte del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, presentado como una de las bazas de la gestión del anterior Consejero, cuando a juicio de esta Asociación resulta una propuesta totalmente fallida y carente de viabilidad. Va a ser enormemente difícil que, en un contexto de déficit descontrolado, vea la luz un proyecto normativo carente, entre otras cosas, de una evaluación económica del modelo de carrera que propugna, universal y horizontal, que supone el potencial encarecimiento de todos los puestos de trabajo.

Va a ser difícil que a estas alturas de la legislatura –y vistas las inexistentes señales que se han dado a lo largo de la misma para avanzar hacia una función pública profesionalizada y a resguardo de la arbitrariedad política- podamos presenciar cambios o avances en la buena dirección, pero como Asociación no vamos a descartar el formular al nuevo responsable nuestras propuestas para dejar de andar por el camino equivocado que supone el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, en el que no es posible reconocer ninguno de los valores esenciales de la función pública.

En próximas fechas, haremos llegar al nuevo Consejero el documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, confeccionado al inicio de la presente legislatura, pero que sigue manteniéndose actual en el último año de la misma, y le trasladaremos también nuestra postura radicalmente contraria al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, además de informarle de nuestras discrepancias con el proceso de ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo público, con el uso indiscriminado de la libre designación en la provisión de puestos de trabajo o con el deficiente contenido del boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Al necesario giro que corresponde realizar en la gestión presupuestaria de la Administración autonómica, debería añadirse otro giro en la orientación de la política de personal, para impulsar medidas a favor de una función pública profesionalizada, sin la cual no será posible corregir los niveles de ineficiencia administrativa en los que hoy parece hallarse instalada la Administración autonómica.

lunes, 7 de abril de 2014

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DESCARTA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.



La institución del Defensor del Pueblo, mediante resolución de 25 de marzo de 2014 notificada a esta Asociación, ha acordado “no interponer el recurso de inconstitucionalidad solicitado contra el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2914". Con tal resolución, viene a desestimar la petición que le dirigió esta Asociación, con fecha 17 de enero de 2014, instando el ejercicio del control de constitucionalidad de dicho precepto, al entender que la exclusión del derecho de acceso a la función pública, salvo en determinadas áreas de la Administración, en las que se autorizaba una tasa de reposición del diez por ciento de las plazas vacantes, vulneraba el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública, en los términos en que ha sido delimitado por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Los fundamentos jurídicos que recoge la resolución del Defensor del Pueblo pueden resumirse en los términos siguientes: en primer lugar, el Tribunal Constitucional ya tramita en la actualidad dos recursos de inconstitucionalidad por el motivo señalado, respecto a las Leyes de Presupuestos de 2012 y 2013, por lo que habrá que estar a lo que el Tribunal decida al respecto; en segundo lugar, no cabe reconocer al Estatuto Básico del Empleado Público  la consideración de norma integrante del “bloque de constitucionalidad”, de modo que pueda actuar como medida de validez de la decisión contenida en la Ley de Presupuestos;  en tercer lugar, la limitación que fija la Ley de Presupuestos es de carácter temporal y parcial, y no modifica o altera el régimen hasta ahora vigente de acceso a la función pública, limitando sus efectos a la reducción del gasto de personal del sector público al objeto de alcanzar los objetivos de consolidación fiscal fijados por el Estado; y, en cuarto y último lugar, el Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 20 de noviembre de 2013, admitió la posibilidad de que el legislador pueda excluir para un determinado ejercicio presupuestario la oferta de plazas vacantes ocupadas por personal interino.

Dicho lo anterior, la parte final de la resolución señala, de manera sorprendente, que “cuestión distinta a la analizada es la existencia de una excesiva temporalidad en el empleo público y los efectos que esa situación tiene no solo en el derecho de acceso de los ciudadanos a las plazas ocupadas por personal interino sino también en el ejercicio de otros derechos propios de los funcionarios de carrera y, particularmente, la movilidad”. Resulta llamativo que se pueda disociar la cuestión de las tasas de interinidad con el respeto al derecho de acceso, ya que la existencia de aquellas es consecuencia directa del incumplimiento de la ley y lesión de este derecho.  También resulta sorprendente que el Defensor del Pueblo ponga en plano de igualdad, en su análisis, el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, establecido como derecho fundamental en el artículo 23.2 de la Constitución Española, con el derecho de movilidad de los funcionarios, derecho que en ningún caso viene obstaculizado por las tasas de interinidad, pues nada impide que se convoquen concursos de provisión de puestos ofertando las plazas ocupadas por interinos, como hemos visto recientemente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es la falta de Oferta de Empleo Público lo que lesiona el derecho fundamental de los ciudadanos y, no hay que olvidarlo, coloca en situación de precariedad a un elevado porcentaje de la plantilla de la Administración, privándola de la garantía de inamovilidad para el desempeño imparcial de sus tareas públicas. El daño es doble y, en ambos casos, afecta a elementos esenciales del modelo constitucional de función pública.

No obstante, en la parte final de su resolución, el Defensor del Pueblo señala su preocupación por la provisionalidad y temporalidad en el empleo público e indica que se han iniciado actuaciones ante la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto a la interpretación de los preceptos de las leyes de presupuestos, en los que se limita la incorporación de nuevo personal y se elimina durante el respectivo ejercicio la obligación de incorporar en las ofertas de empleo público las vacantes ocupadas por personal interino cuya amortización no esté prevista.

La institución espera formular propuestas concretas a la Dirección General de la Función Pública “a fin de reducir el efecto de la temporalidad en la Administración Pública y evitar los efectos negativos que las limitaciones presupuestarias a las que se viene haciendo referencia tienen sobre el acceso de los ciudadanos al empleo público y sobre el derecho a la movilidad de los funcionarios de carrera”.

No podemos dejar de señalar nuestra particular decepción por la respuesta del Defensor del Pueblo a la petición, al constatar la tibia actitud ante el evidente menoscabo que viene sufriendo año tras año el derecho fundamental de acceso a la función pública, y la nula argumentación que se constata en su resolución respecto a la necesidad de que las leyes respeten el contenido esencial del derecho fundamental afectado. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a juicio del Defensor del Pueblo? Lo ignoramos, y lo que es peor, constatamos que carece de la disposición para elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, único órgano constitucional autorizado para juzgar la licitud de los límites introducidos por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado al ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos.

A la vista de la decisión adoptada por la institución del Defensor del Pueblo, que, en cualquier caso, es muchísimo más seria que la dada por los Defensores del Pueblo autonómicos, esta Asociación seguirá intentando obtener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la cuestión planteada, tratando de que sean los Tribunales ordinarios los que lo soliciten al enjuiciar la constitucionalidad de la Oferta de Empleo Público que puedan aprobar el Gobierno de Aragón o la propia Administración General del Estado.

Desconocemos las medidas que pueda proponer el Defensor del Pueblo a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para reducir las tasas de temporalidad, pero ninguna de ellas puede suplir la obligación legal de la aprobación de las Ofertas de Empleo Público en las condiciones previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público, fórmula obligada e irremplazable para garantizar el derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos. La situación señalada es consecuencia directa de la vulneración del derecho de acceso y solo la debida restauración del respeto a este derecho permitirá resolver las injustificadas tasas de temporalidad. Otra cosa bien distinta es que pueda haber personal sobrante en las Administraciones, cuya eliminación habrá que afrontar, en su caso, por los cauces correspondientes, con independencia de que el personal sobrante sea fijo o temporal.