viernes, 24 de octubre de 2014

ADELA CORTINA: LA ÉTICA PREMIADA EN UNA ESPAÑA ATRIBULADA POR LA CORRUPCIÓN.



Acogemos con alegría el reconocimiento a la labor académica y cívica de Adela Cortina que supone la concesión del Premio Nacional de Ensayo 2014 a su obra “¿Para qué sirve realmente la ética?”. La ética sirve “para recuperar el sentido de las cosas” y para indicarnos los caminos para hacernos “más justos y felices”, sería la tesis central de esta obra.

La catedrática de Ética y Filosofía Jurídica Moral y Política de la Universidad de Valencia representa hoy, en el panorama español, una de las voces más autorizadas de la reflexión sobre el carácter necesariamente “ético” (entiéndase moral) de la conducta humana. Necesitamos dar razones de nuestras decisiones y de nuestro comportamiento, con el propósito de que nuestra vida resulte valiosa. Nuestra preocupación ética, sin embargo, no debe limitarse a nuestra esfera personal y privada, sino que ha de plasmarse, fundamentalmente, en el plano social, en nuestra relación con los otros y en nuestra actividad profesional y nuestra responsabilidad como ciudadanos de una sociedad libre y democrática. Debemos contribuir activamente a la construcción de la ética pública, como ética de mínimos compartida por todos los miembros de la sociedad, que permita a cada cual desarrollar libremente su proyecto de vida.

La noticia sirve de feliz y esperanzador contrapunto al creciente volumen de páginas que, en la prensa diaria, ocupan las noticias sobre corrupción pública, y también privada (sirva de ejemplo de esta última, la red de venta ilegal de medicamentos en la que se hallan implicadas oficinas de farmacia de diferentes comunidades autónomas, incluida Aragón, donde el afán de lucro particular de ciertos “profesionales” ha primado sobre el cuidado de la salud de las personas a las que va dirigida su actividad).

Es un signo de salud colectiva y de voluntad de superación del actual estado de cosas que el Premio Nacional de Ensayo recaiga en una reflexión sobre la utilidad de la ética para afrontar la vida personal y colectiva, y desde ese punto de vista debemos celebrar la decisión del jurado, del cual forma parte otra destacada cultivadora de la filosofía moral, como es Victoria Camps.

Tanto Adela Cortina como Victoria Camps han destacado por dirigir su reflexión ética al ámbito de la actividad profesional, llegando a considerar la “profesionalidad” como una virtud pública, que conlleva el ejercicio de una actividad que proporciona un bien valioso a la sociedad, profesionalidad entendida como buenas técnicas aplicadas a buenos fines. La ética profesional como modalidad de ética aplicada representa, sin duda, una asignatura obligada en el seno de todas las instituciones, incluida la Administración Pública. Dicha reflexión, y la necesidad de que la moralización de las distintas profesiones deba partir del interior de cada ámbito profesional, sin esperar a que la misma pueda ser el resultado de la mera aprobación de un código ético –como el recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público-, fue una de las razones que llevaron a la constitución de esta Asociación, y a su mensaje sobre la necesidad de un “giro ético” en la función pública.


La ética es, lo era y seguirá siéndolo permanentemente, un reto irrenunciable para todos los servidores públicos. Una ética de la responsabilidad y del servicio público, una ética de la integridad y de la eficacia, una ética de la colaboración y el diálogo, una ética que permita asegurar de manera sólida los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos –cuyo núcleo viene constituido por la dignidad de las personas-, y que haga de la función pública un actor decisivo para avanzar hacia el horizonte irrenunciable de una sociedad decente y civilizada, en la que las instituciones respeten a los ciudadanos y los ciudadanos se respeten unos a otros. 

Debemos confiar en que la grave corrupción que ahora aflora, y que tanto nos desazona, pueda servir de catarsis para que la sociedad española se plantee seriamente una ética pública que nos permita recobrar el vigor y la calidad de nuestra democracia. El premio otorgado a Adela Cortina debiera contribuir a ello, para que, como dijo la galornada, lo que debiera ser la “cosa nuestra” (las instituciones y los servicios públicos, la democracia) no se convierta en “cosa nostra” (patrimonio de todos usurpado por unos pocos). O, si se prefiere, para que desaparezca la “cosa nostra” y recuperemos, desde la salud democrática y sin dogmatismos, el pleno control de la “cosa nuestra”.

FORMALIZADO ESCRITO DE DEMANDA CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL ESTADO, CON NUESTRAS RAZONES DE IMPUGNACIÓN.



El pasado viernes 17 de octubre, esta Asociación presentó ante el Tribunal Supremo escrito de demanda correspondiente al recurso contencioso-administrativo promovido contra el Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014.

En dicho escrito de demanda, por las razones jurídicas que se desgranan en el mismo, se solicita: que se declare vulnerado el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, establecido en el artículo 23.2 CE, por parte del Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014; que se declare contrario a Derecho y nulo el citado Real Decreto 228/2014; que ordene a la Administración demandada una obligación de hacer, consistente en aprobar una nueva Oferta de Empleo Público para el año 2014, que incluya todas las plazas reservadas a funcionarios cubiertas por funcionarios interinos, a fecha 31 de diciembre de 2014, sin que afecte el límite de la tasa de reposición de efectivos del diez por ciento, como máximo; subsidiariamente, en el caso de no aceptarse las dos pretensiones anteriores, que se ordene a la Administración General del Estado una obligación de hacer, consistente en aprobar una Oferta de Empleo Público complementaria para el año 2014, que incluya todas las plazas reservadas a funcionarios cubiertas por funcionarios interinos a fecha 31 de diciembre de 2013, sin que afecte el límite de la tasa de reposición de efectivos del diez por ciento, como máximo; que condene en costas a la Administración demandada.

Igualmente se pide al Tribunal, en el supuesto de que el fallo pueda quedar determinado por las “tasas de reposición de efectivos” previstas en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la citada norma, por vulnerar el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, establecido en el artículo 23.2 CE.

La demanda ha sido dada por formalizada, mediante diligencia de ordenación dictada por el órgano judicial, y se ha dado traslado de la misma, junto con el expediente administrativo, al Abogado del Estado para que en el plazo de veinte días pueda formular su contestación. 

Las razones que fundamentan el escrito de demanda formulado recogen las tesis que esta Asociación ha venido manteniendo en notas, escritos y acciones judiciales previas, y creemos que son suficientemene conocidas, pues nos hemos esforzado ampliamente en su difusión, dentro de nuestra campaña permanente a favor del derecho de acceso a la función pública, ignorado de manera generalizada por el conjunto de las Administraciones Públicas.

Confiamos en que dichas razones, que ya resultaron válidas al Tribunal Supremo para anular la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón, sean favorablemente acogidas por el Tribunal también en el actual proceso o, en su caso y de estimarse necesario, se eleve al Tribunal Constitucional el control sobre la constitucionalidad de las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado –exclusión de oferta, salvo en determinados sectores, con sujeción a una limitada tasa de reposición de efectivos-, lo que daría la oportunidad a dicho Tribunal de restablecer el respeto al contenido esencial del derecho, en la forma en que ha sido definido por el Estatuto Básico del Empleado Público, y desautorizar con contundencia la irracional y antijurídica técnica de las “tasas de reposición de efectivos”.

jueves, 23 de octubre de 2014

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: ¿CERRADOS POR ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?




Nos hemos habituado a ver como algo normal un hecho que resulta particularmente anómalo, como es la facultad invocada por un Consejero del Gobierno de Aragón –en la actualidad, el Consejero de Hacienda y Administración Pública-, para decidir el cierre de los Presupuestos, es decir, el bloqueo de los créditos presupuestarios autorizados por las Cortes de Aragón, sometiendo con ello una norma legal –que necesariamente vincula al Gobierno- a una decisión exclusiva del Consejero responsable de la hacienda autonómica, cuyas consecuencias las sufren los restantes Departamentos del Gobierno de Aragón –cuyas actuaciones se ven privadas del correspondiente respaldo presupuestario- y los particulares, personas físicas y jurídicas que, por un motivo u otro, se hallen en una posición acreedora frente a la Administración autonómica o con una expectativa de acceder a una prestación o contraprestación financiada con créditos presupuestarios que han quedado inesperadamente bloqueados por la decisión del Consejero de Hacienda y Administración Pública.

Son muchos los interrogantes que suscita no solo el contenido de la Orden de cierre aprobada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública –a propuesta de la Intervención General-, sino las circunstancias en las que tal norma se dicta. Nos limitaremos a apuntar muy sucintamente dichos interrogantes, para los que esta Asociación desea hallar respuesta o, mejor aún, desearía que quienes deben velar por el buen funcionamiento de la Administración pública dieran respuesta oportuna.

En primer lugar, debemos preguntarnos cuáles son los límites temporales a los que debe ajustarse el Consejero de Hacienda y Administración Pública, al decidir el cierre del Presupuesto de un determinado ejercicio. El carácter anual del Presupuesto y la naturaleza de las obligaciones contraídas por la Administración para el funcionamiento de los servicios públicos hacen difícil admitir que el cierre del Presupuestos pueda decidirse al comienzo del cuarto trimestre del ejercicio, cuando todavía quedan pendientes actuaciones por impulsar y obligaciones por atender que corresponden a una cuarta parte del ejercicio presupuestario. Es evidente que el cierre es una decisión que, por razones de estricta lógica, queda vinculada al término de un ejercicio, y que no constituye una facultad para anticipar, de manera injustificada, dicha finalización. La Ley de Hacienda o, en su caso, la Ley de Presupuestos de cada ejercicio debieran establecer los límites temporales a los que ha de ajustarse el Consejero de Hacienda y Administración Pública a la hora de establecer las operaciones de cierre de un ejercicio, para que quede suficientemente respetado el carácter anual de la norma presupuestaria.

En segundo lugar, es evidente que el principio de jerarquía normativa ha de respetarse por cualquier disposición general que se apruebe, en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Ninguna Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública puede privar de validez los contenidos normativos propios de la Ley de Hacienda o de la Ley de Presupuestos, salvo que en éstas se prevea expresamente tal facultad. Es decir, la Orden de cierre no es una norma de excepción a través de la cual queda sin valor ni efecto alguno cualquier previsión contenida en Leyes de superior rango. La Orden de cierre ha de contar con una delimitación clara de su ámbito material de decisión, sin que en la misma puedan incorporarse decisiones que contravienen de forma manifiesta normas legales que, por razón de jerarquía normativa, deben necesariamente respetarse. No existe garantía de que la Orden de cierre se atenga a un elemento tan básico de ordenación de la potestad reglamentaria.

Y en tercer lugar, la Orden de cierre ha de ajustarse a principios generales del ordenamiento jurídico tan básicos como son la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad, además de respetar los principios de actuación de la Administración Pública, entre los cuales el de eficacia ocupa una posición central. Es evidente que las condiciones de aprobación de la Orden –siempre por sorpresa- y los plazos establecidos en ella para la presentación de documentos contables ante la Intervención General, sin tiempo razonable para asegurar la tramitación de procedimientos pendientes, son contrarios a los requisitos que imponen los principios de seguridad jurídica y eficacia administrativa, previstos ambos en la norma constitucional y, por lo tanto, de obligado cumplimiento en cualquier decisión administrativa o normativa que se adopte.

Junto a los anteriores principios no cabe olvidar el relativo a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, cuya vulneración parece evidente en la Orden 6 de octubre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de operaciones de cierre del ejercicio 2014. No solo la aprobación de la Orden resulta inmotivada, y resulta incluso contraria a los fines que establece el artículo 57 de la Ley de Hacienda para su dictado, sino que la disposición final primera que contiene parece querer atribuir al Consejero la facultad de inaplicar la propia Orden, por razones de excepcionalidad que corresponde apreciar libremente al propio responsable de Hacienda y Administración Pública. Dicha disposición señala: “El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá, por resolución escrita, en casos concretos y puntuales y ante una situación excepcional, ordenar la tramitación de un expediente alterando el programa de cierre contable establecido en la presente orden, siempre previa petición escrita del Departamento correspondiente motivando la citada excepcionalidad del caso concreto que solicite”. Con ello el Consejero se autoatribuye la facultad de inaplicar la Orden en casos concretos que pueda decidir con plena libertad. Tal previsión, en definitiva, viene a sustituir la norma por la voluntad del Consejero, estableciendo con ello un criterio de gestión inaceptable en un Estado de Derecho que debe preservar el principio de legalidad y la igualdad de todos ante la Ley.

Todo ello impone, a nuestro juicio, una revisión de los fundamentos, contenidos y fines de la Orden de cierre del ejercicio que se aprueba anualmente por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, resultando oportuno a nuestro juicio que la misma sea sometida a un análisis del Consejo Consultivo de Aragón, de manera que este órgano consultivo pueda establecer las condiciones en que tales Órdenes de cierre presupuestario deben emitirse y, en su caso, proponer los cambios normativos necesarios para asegurar todos los principios jurídicos que pueden verse vulnerados o comprometidos con la actual práctica del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Asimismo, sería oportuno que la Cámara de Cuentas de Aragón analizase igualmente las exigencias a las que debe ajustarse la Orden de cierre de presupuestos.

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 28 DE OCTUBRE.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al martes 28 de octubre


CONVOCATORIA:


De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 28 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la C/ Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad por parte del Presidente.
  4. Actuaciones en defensa del derecho de acceso al empleo público: campaña desarrollada a nivel nacional y posibles acciones contra el Gobierno de Aragón por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público para 2015.
  5. Análisis de la gestión y control presupuestario. Unidad de Control de la Gestión Pública, orden de cierre, situación de la Intervención General.
  6. Preparación del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para la próxima legislatura.
  7. Celebración del Día Internacional contra la Corrupción el próximo 9 de diciembre.
  8. Ruegos y preguntas.



Zaragoza,  22 de octubre de 2014
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

miércoles, 22 de octubre de 2014

COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: NECESIDAD DE RECTIFICAR Y SUPERAR INERCIAS CONTRARIAS AL DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.



Continuando con el esquema ya desarrollado el pasado año, con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, esta Asociación se ha dirigido al conjunto de portavoces parlamentarios en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, para expresarles las razones por las que rechazamos la redacción del artículo 21 del citado Proyecto de Ley, relativo a oferta de empleo público, por entenderlo inconstitucional y contrario al Estatuto Básico del Empleado Público, y solicitar su necesaria revisión, de manera que quede plenamente salvaguardado el ejercicio por parte de los ciudadanos del derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos, en los términos contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Es muy probable que no logremos el objetivo pretendido –el cual tratamos también de obtenerlo a través de acciones judiciales promovidas contra la oferta aprobada por el Gobierno para la Administración General del Estado, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, pero nuestra visión y compromiso institucional nos lleva a propiciar un diálogo permanente con quienes ejercen la potestad legislativa del Estado, en el afán de convencerles de que su obligada vinculación a los derechos fundamentales de los ciudadanos les debe llevar a descartar la obsoleta e irracional técnica de las tasas de reposición que se recoge, año tras año, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Es evidente que si tal técnica se hubiese entendido congruente con el modelo de acceso al empleo público a aplicar por las diferentes Administraciones Públicas, en cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la función pública, la misma habría quedado contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, dicho Estatuto no contiene referencia alguna a la fórmula de las tasas de reposición y, por ello, deben estimarse no solo extrañas al mismo, sino contradictorias con el modelo establecido, y su insistente aplicación ha de calificarse como una clara vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública, al desconocer el contenido esencial del mismo, tal y como ha quedado delimitado por el legislador al aprobar el Estatuto Básico del Empleado Público. Aún resulta menos admisible que una Ley de Presupuestos excluya como viene haciéndose, aunque se limite a un determinado ejercicio, la incorporación de nuevo personal al sector público, pese a que existan vacantes ocupadas por funcionarios interinos que, por previsión expresa del artículo 10.4 del Estatuto Básico, han de incluirse en la oferta anual de empleo público.

Esta Asociación no puede permanecer en silencio ni dejar de reaccionar ante lo que considera una flagrante vulneración de un derecho fundamental que forma parte del modelo constitucional de función pública establecido para el conjunto de las administraciones públicas españolas, y cuyos efectos producen un continuo deterioro de la función pública y un menoscabo tanto en las garantías del Estado de Derecho como en la calidad de los servicios públicos. Por todo ello, nos sentimos obligados a hacer llegar nuestras razones a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, como posteriormente nos dirigiremos a la del Senado, si no son atendidas en la Cámara baja.

Nuestra ya prolongada acción, en este tema, frente al Gobierno, Cortes Generales, Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo y, si fuera posible, ante el Tribunal Constitucional, viene marcada por la defensa coherente de un derecho fundamental sin el cual no cabe concebir nuestra función pública como una institución ajustada a las normas constitucionales. Estamos ante una cuestión nuclear, cuyo debate debiera concernir a todos.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido la Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados:


“Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Comisión de Presupuestos
Congreso de los Diputados
C/ Floridablanca, s/n.
28071-MADRID

Zaragoza, 20 de octubre de 2014.

Estimado señor:

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los principios constitucionales que ordenan la función pública, entre los que figuran de forma destacada los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseamos expresarle, como ya hicimos el pasado año, nuestra preocupación por el deterioro que viene sufriendo en el conjunto de las Administraciones Públicas el ejercicio del derecho de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española y que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por las Cortes Generales el año 2007.

Las elevadas tasas de interinidad existentes en la mayor parte de las Administraciones no solo evidencian un claro incumplimiento del régimen de acceso a la función pública, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que establecen los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, sino que suponen un claro factor de deterioro de las condiciones previstas para el desempeño de la función pública, toda vez que el régimen de inamovilidad que se prevé para los funcionarios de carrera en el Estatuto Básico del Empleado Público constituye la necesaria garantía para el deber de imparcialidad de los servidores públicos, circunstancia que se ve directamente comprometida con tasas de interinidad que fluctúan, en muchas Administraciones, entre el 25 y el 30% de sus efectivos.

Creemos que las previsiones que, en materia de oferta de empleo público, han venido incluyendo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en pasados ejercicios, y que vuelven a contemplarse en el artículo 21 del actual Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con exclusión de incorporación de personal de nuevo ingreso durante 2015, con la única excepción de la prevista tasa de reposición del 50% en determinados ámbitos o sectores de la Administración, suponen una restricción indebida al derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos y contribuyen, de manera directa, al deterioro de la función pública, provocando gran parte de su volumen de interinidad, con la consiguiente quiebra del derecho fundamental de acceso de los ciudadanos y del régimen de garantía que para el desempeño de la función pública supone la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

Ambos resultados constituyen un menoscabo de nuestro Estado de Derecho, lo que aconseja revisar la idoneidad y constitucionalidad de la concepción y aplicación de tales medidas. Consideramos necesario que las previsiones en materia de oferta del Proyecto de Ley de Presupuestos, actualmente en tramitación, se ajusten al régimen establecido en el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, de manera que se respete el deber de incluir en la Oferta anual el conjunto de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se proceda a su amortización.

Los objetivos de contención del gasto público, a los que necesariamente han de quedar vinculadas las previsiones en materia de incorporación de nuevo personal que pueda establecer la Ley de Presupuestos, han de operar sobre la dimensión de las plantillas de las Administraciones o sobre el volumen de la masa salarial de cada Administración, pero no deben suponer o conllevar obstáculo alguno al ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública (artículo 23.2 CE) ni ha de excepcionar el régimen de garantías del estatuto jurídico de los servidores públicos, previsto para asegurar el desempeño de sus funciones al servicio del interés general y con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.

El pasado año le dirigimos una petición similar a ésta, para que se modificasen los términos del artículo 21 del entonces Proyecto de Ley, pero al producirse su aprobación sin variación alguna, nos hemos visto obligados a impugnar ante el Tribunal Supremo la Oferta de Empleo Público de 2014 aprobada para la Administración General del Estado, entendiendo que la misma es contraria a la Constitución Española y al Estatuto Básico del Empleado Público, sin que la Ley de Presupuestos Generales del Estado constituya amparo válido para restringir o limitar el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos.

Por todo ello, y para evitar que persista una técnica que resulta contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la eficacia y profesionalidad de las Administraciones Públicas, solicitamos que por parte del Grupo Parlamentario a que representa se promueva una revisión del contenido del artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, de manera que quede plenamente salvaguardado el ejercicio por parte de los ciudadanos del derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos, en los términos contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Agradeciéndole de antemano su atención, y quedando a su disposición para cualquier aclaración o ampliación que pueda desear en relación con la cuestión planteada, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de laFunción Pública Aragonesa”

LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EXIGE UNA REVISIÓN EN PROFUNDIDAD.



Esta Asociación ha insistido en numerosas ocasiones, y así lo recogió en su Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración para la legislatura (2011-2015), sobre la necesidad de profesionalizar la Intervención General encargada de fiscalizar las cuentas de gastos e ingresos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una profesionalización que pasa por la cualificación de sus medios humanos –sin demérito de las personas hoy adscritas, no parece razonable que no exista una Escala propia de Interventores, como existe en la Administración General del Estado y en la Administración Local, cuyos componentes sean profesionales cualificados en las técnicas de control presupuestario y financiero-; por la modificación de los puestos de trabajo, tanto en los requisitos de desempeño como en su forma de provisión, que impida que cualquiera pueda acceder a cualquier puesto y que los puestos de Interventor estén a merced de las decisiones discrecionales del Gobierno, tanto en lo que se refiere a los nombramientos como a los ceses-; y, finalmente, por la homogeneización y estandarización de las técnicas de trabajo, marcando las exigencias requeridas para cada procedimiento de gestión del gasto público, de manera que tales exigencias sean perfectamente conocidas por los gestores y el órgano fiscalizador no pueda, además, apartarse de su exigencia, dotando con ello de la máxima seguridad jurídica a la gestión administrativa.

Es difícil de comprender el grado de precariedad de un órgano de control que ha de asegurar la legalidad presupuestaria del conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma –como incomprensible resulta la despreocupación de los sucesivos responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por modificar el estado de cosas existente-, y no cabe ignorar la siempre conflictiva relación que dicho órgano mantiene con los órganos gestores de la Administración autonómica, por la carencia de unas reglas claras de tramitación y control de los diferentes procedimientos y la falta de un diálogo constructivo entre los responsables de las áreas de gestión económica de los distintos Departamentos.

Hay muchas prácticas indebidas –impropias de una gestión racional y leal entre los diferentes órganos administrativos- que es necesario superar y erradicar, como la utilización de la fiscalización para bloquear el gasto, o el cuestionamiento por parte de los órganos de control de la aplicación de la normativa sectorial por parte de los órganos gestores, atribuyéndose con ello competencias que no les corresponden y que devalúan el papel central de los gestores, o el sacrificio de la finalidad de la gestión, como es la satisfacción de necesidades de interés público, a formalismos que en muchos casos no son sino residuos de una administración ineficiente y burocratizada.

No es posible esperar una mejora significativa en la gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma sin una profunda revisión de la actual configuración de la Intervención General, lo que exige no solo una solvencia técnica imprescindible por parte de quienes deban llevar a cabo tal transformación, sino también una clara voluntad política de contar con un órgano de control eficaz –que asegure la legalidad del gasto público- que coadyuve y no entorpezca al logro de las principales políticas públicas de la Comunidad Autónoma. Debemos dejar de oír a altos cargos y gestores la excusa tan frecuente, pero cierta, que se suele dar a los ciudadanos: “lo tiene parado la Intervención”. La Intervención debe comprometerse a fondo en asegurar la calidad de la gestión, sin limitarse a formular reparos y salvar posibles responsabilidades.



martes, 21 de octubre de 2014

QUEJA ANTE EL JUSTICIA DE ARAGÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS.



Esta Asociación, por las razones que se han venido exponiendo en recientes notas de este blog, en las que se ha puesto de manifiesto el incumplimiento del calendario legalmente establecido para la elaboración y tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma  en que han incurrido tanto el Gobierno de Aragón como las propias Cortes de Aragón, dirigió ayer escrito de queja al Justicia de Aragón, al entender que el caso constituye un claro incumplimiento del ordenamiento jurídico aragonés y del propio Estatuto de Autonomía, norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, cuya supervisión y control se atribuye a la institución del Justicia.

Para no reiterar las razones ya expuestas en anteriores notas, recogidas necesariamente en el escrito de queja formulado, nos limitamos a reproducir el contenido íntegro del escrito remitido al Justicia de Aragón:


“JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante esa Institución y, al amparo de lo previsto en el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, se formula el presente escrito de queja relativo al incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón por parte del Gobierno de Aragón en cuanto al plazo previsto para la aprobación y remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad a las Cortes de Aragón, fundando la queja en las razones siguientes:

  1. El procedimiento de elaboración y aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el de su posterior ejecución y control, están parcialmente previstos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, señalándose la responsabilidad que en el mismo compete tanto al Gobierno de Aragón como a las Cortes de Aragón y a la Cámara de Cuentas.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, según la redacción resultante de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, dedica su Título VII a la Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma, y su artículo 111, relativo a los Presupuestos, dispone que corresponde al Gobierno de Aragón la elaboración y ejecución del presupuesto y a las Cortes su examen, enmienda, aprobación y control.

En concreto, y al objeto de ordenar temporalmente la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, el apartado cuarto del artículo 111, establece que “el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso”, lo que significa que el correspondiente Proyecto de Ley ha de ser aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón con anterioridad al 1 de octubre.

Dicho requisito temporal se reitera en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo  1/2000, de 29 de junio, cuyo artículo 37 dispone: “El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las Cortes antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen, enmienda y, en su caso, aprobación”.


  1. Pese a la claridad del mandato normativo, al ordenar los plazos de elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos que fijan tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón como la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, es notorio para todos los ciudadanos que el Gobierno de Aragón a fecha de hoy, y pese a hallarnos ya en el último trimestre del ejercicio, no ha aprobado ni remitido a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015.

Dicho incumplimiento, claramente contrario al obligado sometimiento de los poderes públicos al conjunto del ordenamiento jurídico, como expresamente señala el artículo 9.1 de la Constitución Española, constituye un incumplimiento de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, que configura y ordena sus distintas instituciones.

  1. De conformidad con lo expresamente establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón, corresponde al Justicia de Aragón la tutela del ordenamiento jurídico aragonés –del que forma parte la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma- y la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón.

El cualificado incumplimiento en que incurre el Gobierno de Aragón de ambas normas, al no remitir a los Cortes de Aragón por tercer año consecutivo el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma dentro del plazo estatutariamente señalado, justifica en nuestra opinión la necesaria intervención de esa Institución para recordar y reclamar que el Ejecutivo autonómico ajuste su actuación a los términos establecidos por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Hacienda.

El cumplimiento de las normas no es solo un rasgo propio de todo Estado de Derecho, caracterizado por el imperio de la ley o afirmación del principio de legalidad, sino que es un requisito de actuación legítima de los poderes públicos, en particular cuando el cumplimiento de las normas afectan a los derechos de los ciudadanos o al ejercicio de competencias de otras instituciones, como es el presente caso.

La no aprobación  y remisión en plazo afecta directamente al plazo de tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos, e incide en su estudio, enmienda y aprobación por los representantes del pueblo aragonés, lo que afecta al funcionamiento democrático de las instituciones, pues el Ejecutivo, con su demora en la aprobación y remisión, reduce la deliberación del Parlamento sobre las cuentas públicas del nuevo ejercicio presupuestario.

Creemos que ambas razones, propias del correcto funcionamiento de las reglas que imponen tanto el Estado de Derecho como el Estado democrático, motivan suficientemente la intervención del Justicia de Aragón para evitar que se consolide una mala práctica política del Gobierno de Aragón manifiestamente contraria al Estatuto de Autonomía de Aragón.

Igualmente debería recogerse la incidencia que en tal incumplimiento pueda tener la tardía aprobación de las Cortes de Aragón de sus propias cuentas de gatos e ingresos, las cuales, conforme al artículo 36.1 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, debieran remitirse al Gobierno, para su inclusión en el respectivo Proyecto de Ley de Presupuestos, antes del 15 de septiembre del ejercicio en curso.


En virtud de todo lo señalado, y al considerar que los hechos señalados resultan un cualificado incumplimiento de una obligación impuesta por el Estatuto de Autonomía de Aragón al Gobierno de Aragón, como es la remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón antes del último trimestre del ejercicio, obligación que se viene desatendiendo de manera reiterada por el Ejecutivo autonómico, formulamos el presente escrito de queja ante esa Institución para que, en el ejercicio de su función de defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón y de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, se lleven a cabo las actuaciones oportunas para recordar al Gobierno de Aragón la necesidad de adecuar su actuación al principio de legalidad, y ajustar la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y su remisión a las Cortes de Aragón a los plazos estatutariamente establecidos.

Zaragoza, 20 de octubre de 2014.

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA, Julio Guiral Pelegrín”.

lunes, 20 de octubre de 2014

LAS CORTES DE ARAGÓN APRUEBAN CON UN MES DE RETRASO SU PROYECTO DE PRESUPUESTO: LAS INSTITUCIONES NO RESPETAN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.



Parte de las responsabilidades del incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón a la hora de aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2015 resulta achacable al propio Parlamento autonómico, al haber aprobado con un mes de demora sus propias cuentas, que deben incorporarse al Proyecto de Ley que corresponde aprobar al Ejecutivo autonómico.

El proyecto de presupuesto de las Cortes de Aragón para 2015 fue aprobado este miércoles día 15 de octubre, incumpliendo de forma manifiesta el plazo que impone al Parlamento la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo artículo 36.1 establece que “las Cortes de Aragón remitirán al Departamento competente en materia de Hacienda sus estados de gastos y de ingresos antes del 15 de septiembre de cada año para su integración en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, ajustando su estructura a las normas de confección del mismo”.

La autonomía parlamentaria –entre la que se incluye la capacidad de las Cortes de Aragón para aprobar sus propias cuentas de gastos e ingresos- no puede ejercerse con desconocimiento de las exigencias que impone el ordenamiento jurídico, pues en un Estado de Derecho no hay ninguna institución pública que no está sujeta al cumplimiento de las leyes, cosa que parece haber olvidado en este caso el Parlamento autonómico.

Corresponde además a las Cortes de Aragón, en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos, un claro deber de lealtad institucional, pues si la aprobación de las cuentas del Parlamento constituye un requisito previo para que el Gobierno de Aragón pueda introducirlas en el Proyecto de Ley de Presupuestos que, conforme a lo señalado por el Estatuto de Autonomía, ha de aprobarse antes del 1 de octubre de cada ejercicio, no resulta admisible desatender el plazo impuesto a las Cortes, pues tal incumplimiento lleva aparejada la imposibilidad del cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón por parte del propio Gobierno de Aragón.

Cabría pensar que si la causa del incumplimiento procede de las Cortes de Aragón, el Gobierno queda enteramente exculpado del mismo, y la responsabilidad se asume colectivamente por todos los Grupos políticos o por la institución parlamentaria en su conjunto, de manera que no es posible formular reproche alguno al Ejecutivo por la presentación tardía del Proyecto de Ley de Presupuestos.

Como ciudadanos, sin embargo, no podemos sino observar con creciente preocupación el hecho de que el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón no se perciba como necesidad por ninguna de nuestras instituciones autonómicas, ya que ninguna de ellas reclama que se cumplan los plazos marcados ni actúa con la diligencia adecuada para asegurar su cumplimiento. Por ello, y porque la vulneración de las normas no puede ser consentida en ningún caso por quienes aspiramos a vivir en un exigente Estado de Derecho, desde esta Asociación nos hemos dirigido al Presidente de las Cortes de Aragón para poner de manifiesto el incumplimiento de la Ley en que se ha incurrido y reclamar medidas para que no vuelva a producirse y explicaciones sobre los motivos que han motivado dicho incumplimiento.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Presidente de las Cortes de Aragón:



“Excmo. Sr. Presidente
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 16 de octubre de 2014.

Estimado señor:

La Mesa de las Cortes de Aragón, en reunión celebrada con la Junta de Portavoces ayer miércoles 15 de octubre, procedió a aprobar el proyecto de presupuestos de la institución parlamentaria para 2015, acordando su remisión al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón para su incorporación en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón que, de acuerdo con lo señalado en el Estatuto de Autonomía de Aragón, corresponde aprobar al Gobierno de Aragón.

Señala el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 111.4, que el Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso, es decir, antes del 1 de octubre de 2014. Difícilmente puede dar cumplimiento el Gobierno de Aragón a dicho mandato si desde las Cortes de Aragón no se remite con la suficiente anterioridad su correspondiente proyecto de presupuesto, así como el de las instituciones que tiene adscritas, como son el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón. Por dicha razón, en la regulación del procedimiento de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos se establece el calendario al que han de ajustarse las respectivas instituciones en la conformación del proyecto de ley de presupuestos de cada ejercicio.

En concreto, el artículo 36.1 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón,  establece que “las Cortes de Aragón remitirán al Departamento competente en materia de Hacienda sus estados de gastos y de ingresos antes del 15 de septiembre de cada año para su integración en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, ajustando su estructura a las normas de confección del mismo”.

Entendemos que las Cortes de Aragón, como poder público sometido al ordenamiento jurídico y como institución democrática a la que corresponde tanto la representación de los ciudadanos aragoneses como el ejercicio de la potestad legislativa y el control de la acción del Gobierno, deben ajustar sus actuaciones a lo que establecen las leyes en todo lo que concierne a sus decisiones administrativas, y el principio de lealtad institucional le obliga, además, a actuar de manera que no impida el correcto ejercicio de las competencias propias de otras instituciones. Es evidente que si las Cortes de Aragón no aprueban su presupuesto para el ejercicio próximo en los plazos legalmente establecidos, sino que lo hacen con posterioridad al 1 de octubre del ejercicio en curso, su actuación está ocasionando un incumplimiento de los plazos estatutariamente establecidos por parte del Gobierno de Aragón.

Consideramos que en un Estado de Derecho la autonomía del Parlamento –en la que se incluye la autonomía presupuestaria- ha de ir acompañada de un claro sometimiento al ordenamiento jurídico y de un inequívoco compromiso de lealtad institucional que permita a las restantes instituciones, como el Gobierno de Aragón, el ejercicio correcto de sus competencias, lo que ha venido a impedir la Mesa de las Cortes con una tardía aprobación de su presupuesto.

Por todo ello, y al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que se adopten las medidas oportunas para que las Cortes de Aragón ajusten la aprobación de sus cuentas de gastos e ingresos al procedimiento previsto para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, y en una actuación bajo los criterios de la transparencia institucional, se hagan públicas  las razones que han motivado el  incumplimiento de la Ley de Hacienda, en la que se establecen las condiciones de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

viernes, 17 de octubre de 2014

¿POR QUÉ RECURRIMOS LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2014 PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO?: PORQUE VULNERA LA CONSTITUCIÓN AL LIMITAR ARBITRARIAMENTE UN DERECHO FUNDAMENTAL.


Esta Asociación está librando una batalla larga, que se prolonga ya durante más de siete años, para tratar de restablecer en nuestro país el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública, el cual se ha visto reiteradamente desconocido no solo por los diferentes órganos de gobierno de las Administraciones Públicas –al no aprobar ofertas de empleo público o hacerlo de manera manifiestamente insuficiente- sino también por los tribunales, al haber antepuesto indebidamente razones de carácter organizativo o presupuestario a la garantía del ejercicio efectivo de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido y garantizado.

Somos una asociación, hoy por hoy, de ámbito aragonés, aunque no nos reducimos a la administración autonómica, sino a todas las administraciones presentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluida la administración periférica del Estado. No obstante, la defensa de la función pública solo puede realizarse desde un planteamiento general, apelando a la Constitución Española y al Estatuto Básico del Empleado Público, y por lo tanto reivindicando su respeto en el conjunto de todas las administraciones públicas españolas.

Al Gobierno de la Nación le corresponde la principal responsabilidad en el actual estado de degradación que vive la función pública española, al elaborar los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado y aplicarlos, una vez aprobados, con un total desconocimiento del derecho fundamental de acceso a la función pública y con el mantenimiento de una práctica totalmente desacreditada como son las tasas de reposición de efectivos. No ha velado por el respeto a la legislación básica de función pública, en materia de selección de personal, porque él es el primero en ignorarla, y se pone claramente de manifiesto en el hecho de que el Real Decreto228/2014, de 4 de abril, que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2014, no contenga una sola mención al artículo 23.2 CE ni en su texto ni en la documentación que obra en el procedimiento de elaboración del mismo.

Hemos vivido una estrategia de vaciamiento del contenido del derecho fundamental de acceso a la función pública para transformar dicho régimen de acceso en una estricta decisión de autoorganización de las administraciones o una cuestión de índole presupuestaria, supeditada a objetivos de contención del gasto público, aplicando para ello unas arbitrarias tasas de reposición, como si los puestos de trabajo vacantes por baja de su titular –fallecimiento, jubilación, excedencia, etc.- dejaran, por ese simple hecho, de ser necesarios y debieran quedar vacantes o, de manera excepcional, cubrirse con interinos. Solo una mínima parte de los mismos podría ofrecerse a personal de nuevo ingreso a través de los principios constitucionalmente exigidos de igualdad, mérito y capacidad.

Esa absurda técnica de las tasas de reposición –que solo cabe calificar de irracionalidad organizativa- es la que ha motivado un desconocido deterioro en el conjunto de las administraciones públicas, en las que se han alcanzado tasas de interinidad que llegan al 25 o 30% de sus efectivos. Pero este dato no solo constituye una expresión de la actual situación del empleo público, sino que, por encima de todo, es la evidencia de la crisis de inaplicación que sufre el derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución.

Un Estado de Derecho como el que establece nuestra Constitución no puede tolerar que ningún derecho fundamental de los ciudadanos sea reiteradamente desconocido por los diferentes poderes públicos, y más un derecho llamado a configurar la administración pública del país abierta al ingreso de todos los ciudadanos, por criterios de mérito e igualdad, y a asegurar con ello una función pública profesionalizada al servicio de la legalidad y el interés general. Es decir, el derecho fundamental que contemplamos es un elemento cuyo olvido conlleva una desnaturalización directa de nuestras instituciones públicas, y la actual corrupción –tanto pública como privada- que parece invadirlo todo no puede desligarse de la calidad de nuestras administraciones públicas. Sin embargo, la función pública no consta en ninguna de las propuestas de regeneración democrática que, desde todo tipo de foros y organizaciones, se formulan.

Esta Asociación, sin embargo, cree que la fortaleza del Estado de Derecho, sin la cual no cabe esperar salud democrática para nuestro sistema político, es fundamental, y que a ella ha de contribuir necesariamente una función pública profesional, seleccionada conforme a las exigencias constitucionales –de acuerdo con los artículos 23.2 y 103.3 CE- y plenamente comprometida con la legalidad, para lo cual se contempla la inamovilidad de los funcionarios de carrera.

Por ese motivo, desde hace ya siete años, hemos venido a exigir ante las instituciones aragonesas y españolas –Gobiernos, parlamentos y defensores del pueblo- el respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública y la aprobación de ofertas anuales de empleo público, con sujeción a los criterios marcados por el Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo artículo 10.4 se establece la obligatoriedad de incluir en oferta todos los puestos vacante ocupados por personal interino. Lamentablemente no existe administración alguna en España que cumpla con tales mandatos legales, por falta de voluntad en la mayor parte de los casos o porque, en otros muchos, lo impiden las restricciones indebidamente establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Resulta sorprendente que, en un Estado de Derecho, las instituciones estatales, en lugar de velar por la garantía de un derecho fundamental, adopten medidas para imposibilitar su ejercicio, como ocurre en el caso del derecho de acceso a la función pública.  Ante ello, es necesaria una reacción firme y esa reacción no puede ser otra que reclamar de los tribunales la restauración del derecho y la anulación de las medidas arbitrarias de restricción del derecho. La Administración tiene capacidad de autoorganización para determinar sus puestos de trabajo, pero no es libre para seleccionar o no al personal público que haya de desempeñarlo. Por razones económicas se pueden reducir las plantillas de los organismos públicos, pero no se puede suspender al régimen de selección del personal que ha de acceder a los mismos. Yerra la estrategia que en lugar de operar sobre los puestos –o sobre su coste- persigue bloquear la selección del personal público, provocando con ello una restricción inadmisible de un derecho fundamental de los ciudadanos. Las tasas de interinidad alcanzadas, contrarias a la normativa de función pública, son la más patente demostración de la equivocada estrategia que vienen impulsando los responsables de función pública de la Administración General del Estado, y cuya desautorización por los Tribunales resulta indispensable e inaplazable.

La intervención de los órganos jurisdiccionales para el aseguramiento del respeto a los derechos fundamentales resulta decisiva, vistas las inercias en la actuación administrativa y en las previsiones presupuestarias, y la manifiesta desvinculación que cabe percibir, en uno y otro caso, respecto al tratamiento que requiere todo derecho fundamental. Nos encontramos ante una grave práctica administrativa de desconocimiento del derecho de acceso a la función pública que debe ser corregida por los Tribunales, como ya se hizo por ese Tribunal Supremo con la sentencia de 29 de octubre de 2010 que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón.

Es preciso reaccionar, con la máxima energía, cuando se desconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos y se anteponen a los mismos valores o razones que carecen de idoneidad y respaldo suficiente para actuar como límites al derecho. El nivel de deterioro alcanzado en la mayor parte de las administraciones públicas, donde el régimen de acceso ha quedado sometido a la arbitrariedad administrativa y subordinado a estrategias corporativistas que anteponen al mismo la promoción interna del personal fijo, hace inaplazable el restablecimiento de la legalidad constitucional.

Por eso, esta Asociación ha recurrido, en diferentes ocasiones, la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón, y en 2014 ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la Oferta de Empleo Público aprobada en la Administración General del Estado. Por eso, esta Asociación lleva a cabo una permanente campaña contra el mantenimiento de la técnica de las tasas de reposición de efectivos y contra la prohibición general de incorporación de nuevo personal al sector público que prevé la Ley de Presupuestos Generales del Estado, desconociendo el contenido esencial de un derecho fundamental. Por eso, esta Asociación aspira a que el Tribunal Constitucional sea quien, en última instancia, sancione la inconstitucionalidad de las restricciones de las Leyes de Presupuestos en materia de oferta de empleo público, al suspender de manera indebida el régimen establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.

jueves, 16 de octubre de 2014

ELEVADO COSTE DERIVADO DE LAS TASAS DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA: NECESIDAD DE SUPERAR UNA TÉCNICA IRRACIONAL Y ANTIJURÍDICA.



Es opinión compartida entre los expertos de función pública y la mayor parte de los gestores públicos que la técnica de las tasas de reposición que vienen recogiendo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado son las responsables del incremento sostenido y continuo de la interinidad en el seno de las Administraciones Públicas, sin que de las mismas se obtenga una significativa contención del gasto en créditos de personal.

Por lo tanto, en la ponderación de los derechos o bienes en conflicto –como es el derecho fundamental de acceso a la función pública y la contención del gasto público o sostenibilidad presupuestaria-, cabe concluir que la limitación del derecho fundamental –al margen de su discutida adecuación jurídica- se ha mostrado ineficiente para alcanzar el objetivo pretendido de reducción del gasto público. Los créditos de personal siguen aumentando, por la propia dinámica de las administraciones públicas, las demandas de servicios, la necesaria garantía de derechos de los ciudadanos, etc. Sin embargo, lo que sí disminuye es la profesionalidad y eficacia de la función pública, lo que es una lógica consecuencia de los altos niveles de temporalidad alcanzados.

Son diferentes los daños estructurales que sufren las Administraciones Públicas como resultado de la equivocada aplicación de las tasas de reposición de efectivos, al no abordarse de manera frontal la dimensión de las plantillas administrativas a través de planes de ordenación de recursos humanos o de la revisión de relaciones de puestos de trabajo.

El enrarecimiento del clima laboral en las Administraciones, al convivir en las mismas colectivos de empleados públicos con distintos estatutos jurídicos y derechos profesionales –como son los funcionarios de carrera e interinos-, en los cuales se hace manifiesta la seguridad laboral de unos y la precariedad de otros, a pesar de realizar funciones similares, es un factor que lastra la actividad de los organismos públicos y la eficacia de la acción administrativa.

La congelación de la oferta de empleo público o el bloqueo de la provisión de plazas –impidiendo su cobertura incluso por personal interino- ha venido a fomentar vías espúreas de incorporación de personal, a través de entidades o empresas públicas, cuyas facilidades de contratación de personal permiten nutrir de efectivos a las estructuras departamentales, incurriéndose en un irregular “préstamo de trabajadores” dentro del sector público, y agravando el carácter desigual y discriminatorio del acceso al empleo público.

La imposibilidad de incorporación del personal necesario para la realización de tareas ineludibles por parte de los organismos públicos fuerza a una creciente externalización de tareas y a un progresivo desapoderamiento de las administraciones públicas en el control de sus procesos. El resultado final es un incremento del gasto, aunque la percepción inmediata sea una disminución del capítulo de personal, cuyo coste se ha trasladado a otros capítulos presupuestarios.

Finalmente, cabe referirse al deterioro que las altas tasas de interinidad producen en el compromiso de los empleados públicos con el respeto de la legalidad y, en particular, con su obligación de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Señala expresamente el Estatuto Básico del Empleado Público que la inamovilidad es la garantía establecida a los empleados públicos para asegurar su deber de imparcialidad. Es evidente que unas plantillas que han alcanzado entre un 25% y un 30% de interinidad ven claramente debilitada esta garantía para ejercer con imparcialidad su función y resistir adecuadamente a presiones políticas indebidas en la resolución de procedimientos administrativos.

Restablecer la plena vigencia del derecho fundamental de acceso a la función pública, con la estricta aplicación de las previsiones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público –particularmente, en su artículo 10.4-, desechando la ineficaz e inadecuada técnica de las tasas de reposición, constituye hoy una medida de regeneración institucional de carácter prioritario para el inaplazable fortalecimiento del Estado de Derecho. La actual situación de creciente descrédito institucional que vivimos en España no puede disociarse del claro menoscabo de competencia y profesionalidad que se ha vivido en las Administraciones Públicas, siendo una de sus principales causas la quiebra del régimen de acceso a la función pública y las altas tasas de interinidad derivadas de ello.

En definitiva, y en contra de las razones esgrimidas para mantener una técnica tan arbitraria e irracional como hacer depender la suerte de los puestos de trabajo de las circunstancias de sus titulares –jubilaciones, excedencias, etc-, hay que poner de manifiesto el elevadísimo coste que, en todos los sentidos, se deriva de las previsiones de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia de oferta de empleo público. La pretendida medida de ahorro que se predica con las tasas de reposición supone en realidad uno de los mayores despilfarros del capital social que supone para un país contar con una función pública profesionalizada y comprometida con la legalidad.