Esta
Asociación se ha dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán,
para manifestarle la preocupación provocada por el incumplimiento en el que
incurre el Gobierno de Aragón en cuanto a la remisión del Proyecto de Ley de
Presupuestos al Parlamento autonómico antes del 1 de octubre de 2016,
habiéndose estrenado 2017 sin que el citado Proyecto de Ley haya sido aprobado,
procediéndose así a la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2016, con las
limitaciones que ello supone para las decisiones políticas de gasto y medidas
de inversión.
El incumplimiento no es
nuevo –fue una constante en la actuación del anterior Gobierno de Luisa
Fernanda Rudi-, pero pone de manifiesto la escasa voluntad del nuevo Gobierno
de Javier Lambán por corregir malas prácticas en el ejercicio de la iniciativa
presupuestaria y por respetar los plazos legales señalados tanto en el Estatuto
de Autonomía de Aragón como en la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Lo sucedido en el presente ejercicio viene a agravar los hechos del anterior
ejercicio, pues si el año pasado se incurrió en una tardanza en la aprobación
del Proyecto de Ley, este año se ha incurrido en un incumplimiento absoluto, al
haber concluido el ejercicio de 2016 sin que el Proyecto de Presupuestos de
2017 haya sido aprobado por el Gobierno de Aragón.
Debe rechazarse el
pretexto de que tal Proyecto de Ley no cuenta con el respaldo de una mayoría
parlamentaria suficiente para su aprobación, pues la obligación de remisión de
los Presupuestos no está vinculada a la garantía de su aprobación. El Gobierno
habrá de asegurar, en la oportuna tramitación parlamentaria, que cuenta con el
respaldo suficiente o con la capacidad de negociación y transacción necesaria
para sacar adelante las cuentas públicas de 2017. Lo contrario supone un
manifiesto incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón y de la
legislación presupuestaria, además de un claro ejercicio de irresponsabilidad
política, al tratar de evitar que la tramitación de la norma ponga de
manifiesto el precario respaldo parlamentario del actual Ejecutivo. Tal
estrategia en modo alguno puede aceptarse en un modelo de confianza y control
parlamentario de la acción de gobierno.
El incumplimiento de las
normas no puede ser ignorado en ningún caso, y por ello hemos entendido
oportuno ponerlo de manifiesto al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, para que por parte del Gobierno de Aragón se proceda a dar cumplimiento
al Estatuto de Autonomía, y se apruebe sin más demora el Proyecto de Ley de
Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 2017, remitiéndose a las Cortes de
Aragón para su tramitación y, en su caso, aprobación.
Se
reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido al
Presidente del Gobierno de Aragón:
“Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 4 de enero de
2017.
Estimado señor:
En mi condición de
Presidente de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, entidad comprometida con el impulso de medidas de buen gobierno y
buena administración en el conjunto de las administraciones públicas, deseo
expresarle nuestra preocupación por el incumplimiento del ordenamiento jurídico
en el que incurre el Gobierno de Aragón al no remitir a las Cortes de Aragón,
dentro de los plazos establecidos, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para 2017.
Similar preocupación la
hemos venido manifestando a los responsables del Gobierno de Aragón, en
anteriores legislaturas, a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y
al Justicia de Aragón, sin que dicha práctica irregular haya sido oportunamente
corregida.
El artículo 111.4 del
Estatuto de Autonomía de Aragón establece que “el Gobierno remitirá a las
Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del
ejercicio en curso”, lo que significa que el correspondiente Proyecto de Ley
debería haber sido aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes
de Aragón con anterioridad al 1 de octubre de 2016.
Dicho requisito temporal
se reitera en la Ley
de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 29 de junio, y en cuyo artículo 37 se dispone: “El Proyecto de Ley de
Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para cada ejercicio y la documentación
complementaria deberá presentarse a las Cortes antes del último trimestre del
ejercicio anterior, para su examen, enmienda y, en su caso, aprobación”.
Asimismo, también el
vigente Reglamento de las Cortes de Aragón, al regular el procedimiento de
aprobación de la Ley
de Presupuestos, establece en su artículo 143: “Corresponde a la Diputación General
la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada
ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las Cortes
antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen, enmienda y,
en su caso, aprobación”.
Pese a la claridad con
que el conjunto del ordenamiento jurídico establece dicha obligación, el
Gobierno de Aragón, por segunda vez en la presente legislatura, ha venido a
incumplir el deber de remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma
en el plazo establecido, lo que no solo constituye una práctica contraria a lo
establecido en la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma,
sino también un incumplimiento del principio de división de poderes y del
principio de responsabilidad política, pues al parecer –como se deduce de
diferentes declaraciones públicas realizadas- existe una resistencia del
Gobierno de Aragón a remitir al Parlamento autonómico un proyecto que no cuente
con el previo respaldo de una mayoría suficiente que garantice su aprobación.
Entendemos que dicho
criterio de actuación contraviene frontalmente la normativa a la que se halla
sujeta la iniciativa presupuestaria del Gobierno de Aragón, pues la remisión en
plazo del proyecto presupuestario no puede verse aplazada o suspendida por la
incertidumbre de su aprobación, ya que tal circunstancia no exonera al
Ejecutivo autonómico del cumplimiento de tal obligación, debiendo atenerse a
las exigencias y plazos que imponen tanto el Estatuto de Autonomía como su
normativa de desarrollo.
La tramitación
parlamentaria –con las transacciones que sean necesarias para obtener el
respaldo suficiente que asegure su aprobación- no puede ser obviada ni
descartada mediante negociaciones políticas previas en el momento de confección
del proyecto de ley. El Gobierno ha de fijar sus prioridades de gasto y sus previsiones
de ingresos y ha de someter dicho programa presupuestario a la aprobación del
Parlamento autonómico, asumiendo la responsabilidad política propia de quien
ejerce la iniciativa presupuestaria y tiene la obligación primordial de asignar
el gasto público que asegure la realización del programa político que
corresponde a la acción de gobierno.
Consecuentemente, y de
acuerdo con el derecho de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución
Española, le solicito que por parte del Gobierno de Aragón, y
de acuerdo con la obligación que establecen el Estatuto de Autonomía de Aragón
y las normas de desarrollo, se proceda a aprobar el Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para 2017, remitiéndolo a las Cortes de Aragón para su debate, enmienda y
aprobación.
Agradeciendo de antemano
su atención, reciba un respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente
de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa”
