jueves, 19 de enero de 2017

VOLUNTAD DE RENOVACIÓN.



En el primer trimestre del presente año, esta Asociación celebrará sus primeros diez años de existencia. Un periodo más que suficiente, no tanto para hacer recuento de la actividad desarrollada, como para acometer un programa intenso de renovación, en todos los órdenes, aun manteniéndonos fieles a los objetivos y principios marcados en nuestros Estatutos.

Debemos revisar, en primer lugar, nuestro capítulo de propuestas a las diferentes instituciones públicas, poniendo al día el “Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración”, aprobado al inicio de la presente legislatura. Unas propuestas que señalen las injustificadas carencias de nuestra Administración –como es la falta de profesionalización que se desprende del régimen de nombramiento de altos cargos y de los sistemas de provisión de puestos de trabajo- y que marquen un nuevo horizonte hacia el que avanzar, buscando la inaplazable regeneración institucional y la mejora constante de los servicios públicos.

Hemos de renovar nuestros procedimientos de actuación, limitando la interposición de acciones judiciales, y reclamando de los órganos e instituciones competentes en cada caso el ejercicio de las medidas de control e impulso para asegurar el respeto de las normas y avanzar en el respeto a los derechos de los ciudadanos. No queremos hacer el papel que corresponde a los órganos de control, sino recordar y reclamar de estos órganos su obligada intervención ante determinadas situaciones contrarias a las normas, como pudiera ser el incumplimiento del Gobierno de Aragón de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón, incumpliendo con ello el Estatuto de Autonomía de Aragón. ¿Acaso las Cortes de Aragón han reclamado dicha remisión? ¿No hacen con ello una dejación de su labor de control? ¿Y el Justicia de Aragón está velando suficientemente por el respeto de lo señalado, en este tema, en el Estatuto de Autonomía de Aragón?

Hemos de estar más presentes en la sociedad, buscando el contacto y la colaboración con todas aquellas entidades que –en cada ámbito de la vida social- velan por el aseguramiento de los intereses generales y de los derechos de los ciudadanos, y por el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas. Hemos de construir entre todos una ética cívica que refuerce la calidad de nuestras instituciones democráticas.

Hemos de dotarnos de nuevas herramientas de difusión de nuestras ideas y de nuestro trabajo, mediante el diseño de una página web adecuada o la adopción de un logo que nos identifique públicamente, y hemos de establecer nuevos formatos de debate y diálogo para tratar de incorporar en nuestra actividad al mayor número posible de servidores públicos y de ciudadanos con voluntad de trabajar para hacer realidad las exigencias del buen gobierno y la buena administración, y para promover en el conjunto de las Administraciones Públicas los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

Tras diez años de recorrido, contamos con el bagaje necesario para afrontar una nueva etapa de actividad, en la que mantener intacto nuestro compromiso con la función pública, con renovadas propuestas y métodos.

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