jueves, 19 de enero de 2017
VOLUNTAD DE RENOVACIÓN.
En
el primer trimestre del presente año, esta Asociación celebrará sus primeros
diez años de existencia. Un periodo más que suficiente, no tanto para hacer
recuento de la actividad desarrollada, como para acometer un programa intenso
de renovación, en todos los órdenes, aun manteniéndonos fieles a los objetivos
y principios marcados en nuestros Estatutos.
Debemos
revisar, en primer lugar, nuestro capítulo de propuestas a las diferentes
instituciones públicas, poniendo al día el “Documento de propuestas de buen gobierno
y buena administración”, aprobado al inicio de la presente legislatura. Unas
propuestas que señalen las injustificadas carencias de nuestra Administración –como
es la falta de profesionalización que se desprende del régimen de nombramiento
de altos cargos y de los sistemas de provisión de puestos de trabajo- y que
marquen un nuevo horizonte hacia el que avanzar, buscando la inaplazable
regeneración institucional y la mejora constante de los servicios públicos.
Hemos
de renovar nuestros procedimientos de actuación, limitando la interposición de
acciones judiciales, y reclamando de los órganos e instituciones competentes en
cada caso el ejercicio de las medidas de control e impulso para asegurar el
respeto de las normas y avanzar en el respeto a los derechos de los ciudadanos.
No queremos hacer el papel que corresponde a los órganos de control, sino
recordar y reclamar de estos órganos su obligada intervención ante determinadas
situaciones contrarias a las normas, como pudiera ser el incumplimiento del
Gobierno de Aragón de remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes
de Aragón, incumpliendo con ello el Estatuto de Autonomía de Aragón. ¿Acaso
las Cortes de Aragón han reclamado dicha remisión? ¿No hacen con ello una
dejación de su labor de control? ¿Y el Justicia de Aragón está velando
suficientemente por el respeto de lo señalado, en este tema, en el Estatuto de
Autonomía de Aragón?
Hemos
de estar más presentes en la sociedad, buscando el contacto y la colaboración
con todas aquellas entidades que –en cada ámbito de la vida social- velan por
el aseguramiento de los intereses generales y de los derechos de los
ciudadanos, y por el fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana en las decisiones públicas. Hemos de construir entre todos una ética
cívica que refuerce la calidad de nuestras instituciones democráticas.
Hemos
de dotarnos de nuevas herramientas de difusión de nuestras ideas y de nuestro
trabajo, mediante el diseño de una página web adecuada o la adopción de un logo
que nos identifique públicamente, y hemos de establecer nuevos formatos de
debate y diálogo para tratar de incorporar en nuestra actividad al mayor número
posible de servidores públicos y de ciudadanos con voluntad de trabajar para
hacer realidad las exigencias del buen gobierno y la buena administración, y
para promover en el conjunto de las Administraciones Públicas los principios de
legalidad, profesionalidad y ética pública.
Tras
diez años de recorrido, contamos con el bagaje necesario para afrontar una
nueva etapa de actividad, en la que mantener intacto nuestro compromiso con la
función pública, con renovadas propuestas y métodos.
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