UN FRACASO COLECTIVO.

El rescate o intervención de España por la Unión Europea -al margen de sutilezas terminológicas para enmascarar o edulcorar la realidad- es el certificado de un fracaso colectivo, aunque algunos se empecinen en apuntar a los responsables de las entidades financieras como los únicos causantes del desastre económico de nuestro país. Que paguen ellos la crisis, dicen. Son muchos los que se resisten a abandonar su maniquea forma de entender el mundo, distinguiendo entre buenos y malos, culpables e inocentes. Por acción u omisión, todos tenemos parte de responsabilidad en un fracaso colectivo como el que en estos momentos sufre España.

Esta Asociación reaccionó hace cinco años contra una grave deriva vivida en la Administración aragonesa. Políticos travestidos de empresarios, sindicatos llamando conquistas sociales al fraude de la legalidad presupuestaria, tasas de interinidad desconocidas en la función pública por el incumplimiento del derecho constitucional de acceso al empleo público, puestos de trabajo en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón convertidos en mera prebenda política, por no hablar de escándalos como el de la liquidación de ASAEL tras todo tipo de abusos e irregularidades o el inconcluso expediente de La Muela, mientras un Consejero de Presidencia, como Javier Velasco, negaba en las Cortes de Aragón que hubiese corrupción en Aragón.

Esta Asociación fracasó en su intento de modificar las cosas, sencillamente porque no halló ni en las instituciones ni en la función pública el grado de compromiso suficiente con la legalidad y la ética pública, y se despachó la iniciativa como la actuación de un grupo de funcionarios resentidos. Cuando cinco años de desgaste empiezan a pasar indudable factura, hay quien cree y afirma que quien incumple su deber -¿existe el deber de denunciar el incumplimiento de la legalidad cuando tantas veces se nos ha negado la legitimación para hacerlo y se nos ha llegado a condenar en costas por reaccionar contra sangrantes desviaciones de poder de los responsables políticos?- es esta Asociación y no quienes siguen tranquilos y callados en sus puestos, como si viviesen en el mejor de los mundos.

Lamentablemente el tiempo no ha hecho sino demostrar que lo que esta Asociación denunciaba no era sino una mínima  parte de la punta del iceberg contra el que ha impactado, finalmente, nuestro país. El dinero fácil lo ha invadido todo -para qué pagar impuestos si se pueden eludir, para qué renunciar a ventajas retributivas por ilegales que resulten, cada cual ha contribuido a la enfermedad en la medida que ha estado  a su alcance- y los servidores públicos poco han hecho -hemos hecho- por mantener en pie la arquitectura del Estado de Derecho, minado por la corrupción. Vengan ahora las mareas multicolores de protesta, pero dónde estaba la protesta contra la indisimulada marea de la corrupción que todo lo anegaba.

Los ciudadanos desconcertados -indignados- han perdido la confianza en las instituciones públicas, y no sólo en quienes las dirigen, también en quienes las gestionan su día a día. Difícilmente podremos volver a prestigiarlas con actitudes como la del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y tantos otros representantes institucionales, que siguen administrando lo público como si de un botín se tratase.

Esta Asociación ha hecho en todo momento profesión de fe europeísta. Ha tratado en vano de traer al ámbito de las instituciones españolas medidas de transparencia y buen gobierno propugnadas por instituciones europeas -Unión Europea o Consejo de Europa-, ante la indiferencia absoluta de todos aquellos a los que nos hemos dirigido. Tenemos pendiente todavía que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronuncie sobre la posible lesión por parte del anterior Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación ante él y otros miembros del Gobierno autonómico. El derecho a obtener una respuesta razonada a nuestras propuestas de mejora institucional fue sencillamente ignorado.

Políticos que desprecian los derechos fundamentales de los ciudadanos, como los que hemos padecido y padecemos, son en gran parte responsables del actual estado de cosas. Ellos se colocaron al margen del ejercicio democrático del poder político y merecen ser expulsados de la acción política como muchos banqueros han de ser expulsados de la actividad mercantil. El saneamiento económico ha de verse acompañado de otros saneamientos, reclamados desde la legalidad y el respeto al derecho, y no desde la agresión a las instituciones, como sucedía hace pocos días, con unas Cortes de Aragón acosadas por manifestantes cuyas reivindicaciones no les autorizan a vulnerar las leyes. Acaso no reparen en que quien agrede o insulta a un Parlamento o a unas parlamentarias -del partido que sean- está insultando a toda la ciudadanía a la que representan.

Decía Ortega y Gasset, a principios del siglo pasado, que España es el problema y Europa la solución. Hoy más que nunca resulta evidente esa afirmación. Pero hoy somos parte de Europa y sólo nos podemos concebir como europeos, por lo que la solución ha de partir también de nosotros y dentro de este nosotros hemos de figurar de forma activa los servidores públicos que sabemos del valor de lo público para que los ciudadanos hagan efectiva su libertad y vean asegurada su igualdad, formal y material. En este ineludible esfuerzo que hemos de acometer a partir del crítico momento que vivimos no nos podemos permitir fracasar de nuevo.

EL GIRO ÉTICO NECESARIO.

Esta Asociación, cuando se constituyó en febrero de 2007 -hace ya más de cinco años-, lanzó como principal mensaje la necesidad de un giro ético en la función pública y en el conjunto de las instituciones públicas, y para ello se formularon diversas propuestas para avanzar en el buen gobierno y la buena administración. No se pretendía otra cosa que reaccionar frente a un acelerado deterioro de las señas de identidad de la función pública - entendidas como profesionalidad, compromiso con la legalidad y servicio al interés general- y reclamar una vigorosa ética pública para fortalecer las instituciones democráticas y hacerlas resistentes frente al flagelo de la corrupción.

El Gobierno de Aragón -el de entonces, al menos- reaccionó de la peor manera posible, con una mezcla de desdén y de animosidad hacia todas las propuestas que se formularon, acaso porque entendían que el papel de los funcionarios públicos se debía limitar a la ejecución obediente de las decisiones políticas, desconociendo con ello el compromiso que corresponde a todo funcionario público con la legalidad y con el Estado de Derecho, lo que puede llevarle a oponerse a la ejecución de determinadas decisiones políticas contrarias a la ley y al interés general.

No fue mucho mejor la reacción de las Cortes de Aragón, cuyas decisiones frente al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación mereció la expresa y contundente condena del Tribunal Constitucional. Pese a ello no ha habido ningún cambio sustancial de comportamiento en el Parlamento autonómico, en lo que a las iniciativas de esta Asociación se refiere. Los estándares de la ética pública siguen sin considerarse, acrecentando con ello la falta de confianza ciudadana en los titulares de las instituciones.

No nos complace en absoluto contemplar el panorama actual, con el fracaso del modelo de desarrollo de nuestro país y el cuestionamiento de las más altas instituciones del Estado, a causa de comportamientos alejados de la ejemplaridad exigible a quienes ejercen responsabilidades públicas. Tampoco los funcionarios públicos hemos estado a la altura de las circunstancias en estos años de deriva, pues hemos consentido en silencio la desnaturalización de gran parte de las tareas que corresponde ejercer a las Administraciones Públicas. La contaminación del enriquecimiento ilícito, propiciado desde diferentes instancias, ha minado el prestigio de numerosas Administraciones Públicas, y el desvirtuado régimen retributivo de la Administracíón autonómica aragonesa -y, previsiblemente, de las restantes- es un ejemplo del escaso vigor ético existente en la función pública, pues no cabe ser exigente con los ciudadanos y flexible con uno mismo en el respeto a las leyes.

Hay quien piensa que esta Asociación ha dejado de ejercer el papel que le era propio, o que lo ejerce con una energía claramente menor. Es posible que suceda algo de ello, a pesar de que las sentencias obtenidas en materia de oferta habrán de ser ejecutadas por los actuales responsables y a ellos exigiremos el respeto debido no sólo al fallo judicial recaído, sino sobre todo al derecho fundamental de los ciudadanos que viene a restablecer dicho fallo.

Frivolizaban los representantes del Gobierno anterior cuando les acusábamos de vulnerar derechos fundamentales -denuncia que luego se convirtió en condena judicial, por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional-, y cualquiera puede entender que cuando los que ejercen el poder político desprecian los derechos fundamentales de los ciudadanos -como sucedía en Aragón- las alarmas del sistema democrático debían saltar, salvo que estuviesen desgraciadamente inutilizadas. Llegar al poder con los votos de los ciudadanos no legitima cualquier forma de gobierno, y ese fue el gran error cometido por muchos de los que gobernaban municipios, provincias y comunidades autónomas, y el resultado de todo ello es el panorama de desolación actual. El giro ético que era posible entonces es ahora una condición del rescate de nuestro país, y la ética reclama lógicamente la asunción de responsabilidades por parte de los autores de decisiones lesivas para el país y los ciudadanos.