El
pasado 14 de enero dirigimos un escrito a la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para solicitarle que, dentro del proceso de
revisión del sector público autonómico, se impulsen las medidas necesarias para
su racionalización funcional y económica –evitando, en particular, que su
personal venga a ejercer competencias propias de los funcionarios públicos-
como para la adecuación de su gobierno corporativo a las directrices
auspiciadas desde la OCDE
(2011), de manera que se eviten ineficiencias y distorsiones en el mercado
y quede asegurada la transparencia, profesionalidad
y calidad en su gestión, algo que debe acometerse con la celeridad que exige la
realidad económica de nuestro país.
De
acuerdo con las Directrices de la
OCDE, el gobierno corporativo de las empresas públicas
resulta decisivo para garantizar su contribución positiva a la eficiencia
económica y a la competitividad global de un país, insistiéndose en la
conveniencia de que los órganos de gobierno de la empresa ejerzan sus
responsabilidades con plena autonomía operativa. Un miembro del Gobierno de
Aragón o un alto cargo de la
Administración debiera centrarse en sus responsabilidades
políticas o administrativas, sin extender tal función a la dirección o gestión
de las entidades empresariales adscritas a su Departamento. La confusión de
ambos espacios de responsabilidad constituye un grave riesgo de ineficiencias.
Pese
a ello, el gobierno corporativo de las empresas públicas autonómicas se
encuentra actualmente en manos de consejos de administración integrados, en
gran medida, por responsables políticos –del gobierno y de la oposición- y
altos cargos de la
Administración, alejándose con ello de los criterios de
profesionalidad e independencia que propugnan las citadas Directrices de la OCDE, cuya expresa finalidad
es evitar interferencias políticas en la gestión de las empresas, al ser éstas
fuentes potenciales de graves disfuncionalidades en la gestión, como se ha
podido constatar en numerosos informes de expertos.
Desde
la Presidencia
del Gobierno se trasladó nuestra petición al Departamento de Economía y Empleo,
por lo que ha sido el Consejero de dicho Departamento, Francisco Bono Ríos,
quien ha dado respuesta a la petición formulada, adjuntando con su escrito de
contestación un pequeño informe elaborado por la Corporación
Empresarial Pública de Aragón, titulado “Informe relativo al
cumplimiento de las Directrices de la
OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas
de 2011 por parte del Grupo Corporación”.
Dicho informe será objeto de análisis detenido por parte de esta Asociación en
fechas próximas.
Se
reproduce el contenido íntegro del escrito de contestación del Consejero de
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón:
“Zaragoza,
27 de febrero de 2014.
Estimado
Julio:
Le
escribo estas líneas en respuesta a la carta que dirigió a la Presidenta del Gobierno
de Aragón y que, como sabe, nos ha sido reenvidada a nosotros, al ser el
Departamento competente en la materia.
Adjunto
informe elaborado por la Corporación
Empresarial Pública del Gobierno de Aragón en el que se
detalla la revisión que se ha realizado sobre el cumplimiento por parte del
Grupo Corporación de los principios de buen gobierno corporativo contenido en
las Directrices de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Esperamos
que este informe le sirva de aclaración de las cuestiones planteadas en su
carta.
Saludos
cordiales,
Francisco
Bono Ríos”
1 comentario:
El buen gobierno en las empresas públicas no les interesa.
Son Centros donde colocan a los de unos y a los de otros. Así que mejor dejarlo como esta.
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