Los
ciudadanos, gracias a las últimas decisiones adoptadas por los jueces
instructores del caso Plaza, empezamos a creer que esta vez la acción de la
justicia contra la corrupción pública en Aragón va en serio, pues se ha tardado
poco tiempo en ampliar el ámbito de la investigación del nivel técnico al político
–con la imputación de personas del entorno más directo del anterior Presidente
de la Comunidad Autónoma-
y la adopción de medidas de prisión provisional y de embargo frente a algunos
de los imputados dan muestra de una firmeza hasta ahora desconocida en el
tratamiento de la corrupción pública existente en esta Comunidad Autónoma.
El
avance de las investigaciones judiciales, y el enorme alcance que cabe
pronosticar a sus resultados, ha obligado a la clase política aragonesa a
modificar los habituales y evasivos modos de afrontar las sospechas sobre mala
gestión pública (el socorrido “dejemos actuar a la justicia”) para promover una
comisión parlamentaria de investigación en el seno de las Cortes de Aragón,
donde se podrán analizar las responsabilidades políticas que concurren en el
caso y así podrán aflorar el conjunto de connivencias establecidas entre
intereses económicos y políticos contrarios al interés público. Podremos
descubrir si la alabanza por parte de antiguos miembros del Gobierno del modelo
empresarial frente a la burocracia administrativa no era más que la pantalla
para ocultar una deliberada operación de lucro personal e ilícito por parte de
algunos.
Desde
los medios de comunicación y desde las organizaciones de la sociedad civil,
como es el caso de nuestra Asociación, debemos aprovechar el actual momento de
sensibilización ciudadana respecto a la realidad de la corrupción pública en
nuestra Comunidad –frente a silencios incomprensibles como los de las
organizaciones empresariales- para lanzar propuestas de futuro que permitan una
eficaz política de prevención de la corrupción pública, tanto política como
administrativa. Las sanciones cumplen, entre otras, una función pedagógica y
disuasoria, pero no nos podemos conformar con las actuaciones a posteriori, una
vez que los daños al interés público se han producido. Debemos tratar de evitar
que el daño se produzca, mediante un conjunto de medidas preventivas, como las
señaladas en la Convención
de Naciones Unidas contra la
Corrupción de 2003.
Entre
tales medidas de prevención, no hay que desdeñar la inamovilidad de los
funcionarios públicos, pues una función pública donde dominan la interinidad,
la provisionalidad y la libre designación nos ofrece una administración pública
altamente debilitada para detectar, evitar o atajar actuaciones contrarias al interés general. No debemos olvidar que la tendencia de buena parte
de los funcionarios se limita a “cubrirse las espaldas” para evitar futuras
responsabilidades, pero sin actuación alguna que impida el mal uso de fondos públicos,
ya que los mecanismos internos de la Administración no ofrecen ninguna protección ni
garantía a quien, en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus
obligaciones, denuncie irregularidades en la gestión pública. La cultura de la
organización no propicia que el valor de
legalidad se anteponga a otros de menor relevancia –en especial, el principio
de jerarquía- y ese es un factor
decisivo en la actual debilidad de la Administración para hacer frente al abuso y la
arbitrariedad en que puedan incurrir algunos de sus responsables políticos o
administrativos.
La
seriedad de la reacción frente a la corrupción se percibe claramente en
Juzgados y Tribunales, pero aún dista mucho de percibirse entre el resto de
instituciones públicas, si bien queremos otorgar un voto de confianza a la
comisión de investigación que se constituirá próximamente en las Cortes de Aragón
para determinar las responsabilidades políticas del caso, cuya relevancia en un
sistema democrático de gobierno no cabe minimizar frente a las estrictamente
penales. El mal gobierno es precisamente el clima que posibilita que se
produzcan actuaciones ilegales y abusos contrarios al interés general.
4 comentarios:
¿No ha dicho nada la CREA sobre el caso Plaza?
¿Es este el método aplicado?
1º. Lo habitual y más rentable de estos últimos años fue el impulso de lo que podemos llamar “Macroproyectos”. España se llenó de grandes y emblemáticos proyectos; si pudieran volver a construir las pirámides de Egipto tened por seguro que lo habrían hecho. Lo único que necesitaban era “vender” las bondades de la gran obra que, además, y ahí está el interés de los impulsores de la idea, llenaba de prestigio al político local gestor de la misma y de alegría a la prensa complaciente.
Cada ciudad, Comunidad Autónoma o ámbito de poder territorial impulsó en los últimos años algún proyecto “faraónico”: Pabellones, Exposiciones, Foros, Aeropuertos, Ciudades de las Artes, Polígonos Logísticos, AVE´s, tranvías…todos ellos creados y diseñados en los despachos técnicos de las empresas que después resultarían adjudicatarias. Los planos y sus presupuestos se agolpaban en las mesas de los responsables políticos que siempre disfrutaron haciéndolas pasar como suyas. Solo quedaba por decidir cual era el lugar adecuado y el momento oportuno para fundamentar su justificación.
2º Manos a la obra; a continuación era necesario disponer del entramado jurídico-institucional que posibilitara que el dinero de todos pasara del presupuesto público a los bolsillos de los corruptos. Para ello lo más adecuado era crear empresas públicas que gestionaran el proyecto. Sin duda resultaba la mejor solución, porque al frente de las mismas siempre situaron a personas afines al partido, con contratos elevadísimos y bajísimos escrúpulos, evitando, entre otras cosas, las suspicacias de los funcionarios, que no estaban dispuestos a pasar por tontos. Otra de las ventajas de la fórmula era y sigue siendo la flexibilidad de la normativa de contratación, que hace más fácil las adjudicaciones “a dedo” con la posterior laxitud en el control.
3º A continuación el momento de la verdad: la adjudicación del contrato a quien interesa. Fácilmente, y como por arte de magia, adjudicaban el proyecto a quien lo había diseñado. Ya está; adjudicada la obra y el gasto. Pero hay que ir con cuidado, no son tontos. El contrato siempre se adjudicaba por unos importes relativamente “razonables”; lo bueno venía a continuación. El “truco” se consigue con lo que en el argot de ingenieros y arquitectos se conoce como “modificados”. Muchos modificados, cambios y más cambios sobre el proyecto original. Los modificados son incrementos del precio final sobre el de adjudicación como consecuencia de variaciones introducidas en el proyecto original o por inconvenientes que surgen en el mismo. España es el país de los “modificados” en los contratos públicos. Os aseguramos que si estos modificados fueran obras a realizar en sus casas particulares y las tuvieran que pagar ellos no las consentirían, siendo de obra pública todo lo contrario, las propician. Todos estos “modificados” resultan opacos o de imposible seguimiento para el ciudadano en los boletines oficiales, por lo que es prácticamente imposible calcular el coste real de la obra.
4º El dinero cobrado por la constructora de turno presenta siempre apariencia de legalidad pero cuando nos encontramos ante presuntos casos de corrupción política lo suele ser por servicios no realizados y casi imposibles de descubrir, perdidos en la complejidad de obras costosas. El dinero se ha pagado para repartirlo, por lo que salió del presupuesto público, pasó y engrosó la cuenta de resultados del adjudicatario, desviando una parte importante del mismo al poder político que propició la operación.
5º La última parte es lo que llamamos “riesgos”. ¿Y si algún juez se mete por medio? Si los descubren, lo cual es difícil, todo está pactado desde muy arriba. El primer culpable debe serlo el responsable técnico de la empresa pública, que para eso cobraba una pasta y además se llevaba parte de la comisión. Si la cosa se pone mal, los fiscales siguen investigando y quieren llegar más arriba, no queda más remedio que utilizar el plan B: sacrificar al primer nivel político; lo que llamamos el “cortafuegos”. Este político de corto recorrido será el Concejal del Área, el Director General… o políticos de ese nivel. El protocolo está perfectamente establecido para ese plan B: se le expulsa del partido y se avergüenzan públicamente de él, eso sí previo pago camuflado que le solucione la vida una temporada, no vaya a ser que quiera hablar más de la cuenta. Una vez expulsado ya no hay que dar más explicaciones del asunto: “el Partido ha actuado como correspondía ante personas indignas y nos avergonzamos de que hayan pertenecido a nuestro partido, pero hemos reaccionado como corresponde y ya están expulsados. Hemos actuado correctamente…..” dicen como si se lo creyeran para que nos lo creamos nosotros.
Parece ir en serio.
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