INCOMPRENSIBLES SILENCIOS SOBRE LO SUCEDIDO EN MALLÉN.

Los silencios generales sobre cuestiones graves y relevantes son enormemente reveladores, y particularmente sospechosos. Solo cabe achacarlos a intereses ocultos, cuyas razones no resulta posible exponer públicamente. Y si las cosas fueran distintas a como las imaginamos –a la vista del comportamiento general de los responsables institucionales, e incluso de los medios de comunicación aragoneses-, sería bueno que se dejase claro, por unos y por otros, la razón por la que parece posible admitir lo sucedido en el reciente pleno de la corporación municipal de Mallén, que decidió inaplicar (es decir, vulnerar) la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), y consentir la continuidad en el cargo de alcalde de Antonio Asín, pese a haber sido condenado por la Audiencia Provincial como autor de un delito de prevaricación, lo que constituye una incompatibilidad objetiva sobrevenida para el desempeño de un cargo electo, de acuerdo con el artículo 6.2.b) de la LOREG.

Cuando los representantes de los ciudadanos no solo consienten, sino que respaldan la continuidad en su cargo público de una persona condenada por los tribunales y, por lo tanto, inhabilitada para permanecer en el desempeño del mismo, no están adoptando una decisión democrática, sino incurriendo en un posible delito, como expresamente les advertía el informe de la secretaría municipal, indebidamente menospreciado por el propio alcalde de la localidad, al oponer al mismo otros informes a los que ninguna virtualidad cabe conceder en el ámbito interno del Ayuntamiento. Conducir los intereses de un municipio desde la ilegalidad no resulta admisible dentro de un Estado de Derecho como el español, y que ello suceda debería ser evitado tanto por el Delegado del Gobierno en Aragón como por el titular del Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, a los cuales no se ha oído una sola palabra sobre el tema.

La salud pública de nuestra democracia es incompatible con el silencio y la inactividad institucional frente a lo sucedido en el Ayuntamiento de Mallén, y cuestiona la consistencia y el alcance de la voluntad de regeneración democrática de algunos líderes políticos, dispuestos a investigar parlamentariamente la corrupción producida en empresas públicas, bajo la gestión de su propio partido político, pero incapaces de desautorizar a los concejales de su partido por la gravísima actuación en un pleno municipal que deja al Ayuntamiento de Mallén al margen de la legalidad, guste o no a una parte de sus vecinos, pues la democracia y el Estado de Derecho nada tienen que ver con vítores y abucheos como los producidos tras el pleno celebrado para quebrantar la legalidad.

Lo peor de un Ayuntamiento que se coloca al margen del Derecho es que arrastra a parte de sus vecinos fuera de la ciudadanía, para convertirlos en meros apologistas de la ilegalidad –un penoso espectáculo que esperábamos no presenciar en nuestra Comunidad Autónoma-, y quien está dispuesto a defender que las leyes no deben cumplirse y que las sentencias judiciales carecen de valor y eficacia ha de ser consciente de que se va deslizando inevitablemente fuera del espacio democrático, cuya legitimidad en un Estado constitucional solo puede subsistir desde el respeto a la legalidad.