jueves, 13 de marzo de 2014

LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO EJERCICIO DE RESISTENCIA CONSTITUCIONAL.



La razón de ser de esta Asociación no reside en otro objetivo que el de devolver el desempeño de la función pública y de la actividad institucional, en general, al marco propio del Estado social y democrático de Derecho que establece la Constitución Española de 1978, reaccionando frente a un conjunto de comportamientos que menoscaban de manera constante los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho constitucionalmente establecido.

Si como dice el italiano Ermanno Vitale, “la única resistencia que puede justificarse en el ámbito del Estado democrático constitucional debe tener como objetivo el restablecimiento y el reforzamiento de la legalidad constitucional”,  dicha resistencia no debe contemplarse como una opción posible para los servidores públicos, sino como una obligación de éstos para con los ciudadanos y la salud democrática de nuestras instituciones.

La inamovilidad que la ley atribuye a los funcionarios de carrera solo se justifica en ofrecer a los mismos la garantía necesaria para el debido cumplimiento de su deber de imparcialidad y de su inequívoco compromiso con la legalidad. Pero es posible que todo esto lo hayamos olvidado o, al menos, lo hayamos colocado en un segundo plano, por detrás de otras consideraciones que tienen más que ver con nuestra comodidad o intereses de mejora profesional. Quienes no lo olvidan son aquellos que, con manifiesta infracción de la legalidad constitucional, procuran sumir la función pública en una creciente precariedad e incertidumbre laboral, para así debilitar su capacidad de resistencia frente a la arbitrariedad política.

Como servidores públicos debemos oponernos y resistir frente a la manifiesta o encubierta deriva de nuestras instituciones públicas hacia pautas de comportamiento que poco o nada tienen que ver con los valores constitucionales –como el imperio de la ley y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que sirven para definir un Estado de Derecho-, y es que la legalidad en nuestra Administración es, claramente, un valor en declive –reducida a pura regla de juego susceptible de ser modificada a conveniencia de la voluntad política de cada momento, y  ahí tenemos como ejemplo reciente el uso claramente irregular del Decreto-ley para eludir el cumplimiento efectivo de unas sentencias judiciales-, un valor que, de manera reiterada, se ve sacrificado o supeditado a otros intereses de carácter privado, oportunamente camuflados tras el interés general o directamente amparados por la voluntad arbitraria de quienes ocupan cargos públicos.

Los servidores públicos somos ciudadanos con una especial posición y responsabilidad dentro de las instituciones públicas, a las que servimos profesionalmente para asegurar el cumplimiento de sus funciones, funciones que en todo caso, sin excepción, quedan vinculadas al interés general. La imparcialidad que debe presidir nuestra actuación nos convierte en obligados resistentes frente a la arbitrariedad, sin que tal papel lo podamos cambiar, de forma interesada, por el de colaboradores activos o pasivos con el abuso de poder que vacía nuestra vida pública de la carga ética que contienen los principios y valores constitucionales.

Los enemigos de nuestra democracia –como afirma el italiano Vitale- no son tanto quienes de forma abierta quieren romper las reglas constitucionales de nuestra vida pública, sino más bien aquellos que ejercen funciones públicas con la fraudulenta intención de desactivar o de forzar las reglas de la democracia constitucional. Frente a estos últimos, ya sean Ministros, Consejeros, Alcaldes, Directores Generales o Jefes de Servicio, debemos actuar los servidores públicos en un permanente ejercicio de resistencia constitucional, impidiendo que las decisiones políticas y administrativas ignoren o vulneren la legalidad, como por ejemplo ha venido sucediendo durante años en materia de acceso a la función pública. No resulta posible convivir con la ilegalidad si queremos merecer el nombre de servidores públicos.

2 comentarios:

Anónimo dijo...



El estado de la democracia será analizado en el IICOD por Nerea Llanos, Verstrynge, Javier Nart, Juantxo Uralde y Juan Carlos Monedero, entre otros. PP, PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos, VOX y otras 25 organizaciones políticas debatirán en la Universidad de Salamanca con algunos expertos y los ciudadanos asistentes sobre el estado de la democracia


Los días 14 y 15 de marzo se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL) la segunda edición del Congreso de Organizaciones Democráticas (IICOD). Esta iniciativa es pionera en su propio contenido, la democracia, y es pionera también en su objetivo, reunir a un número significativo de organizaciones políticas de todo tipo, desde los partidos que participan del sistema, hasta los que están surgiendo al albor de la crisis, asimismo trata de reunir a expertos en la democracia (politólogos y juristas principalmente), para que participen en los debates políticos y para que expongan el conocimiento actual sobre la democracia.

En este evento participarán representantes de los principales partidos políticos como: Nerea Llanos (Secretaria General del PP vasco), Idoia Mendía (Ex consejera de Interior de Euskadi y ex portavoz del gobierno de Patxi López), Tania Sánchez Melero (parlamentaria de la Asamblea autonómica de Madrid por IU), Fernando Maura (candidato a las elecciones europeas por UPyD), Juantxo Uralde (cofundador de Equo y ex director de Greenpeace España), Javier Nart ( cabeza de listas por Ciudadanos a las europeas), así como nuevas fuerzas de gran impacto mediático como Juan Carlos Monedero (Podemos), Cristina Seguí (cofundadora de Vox) y de otros muchos como los siguientes: ADEIZA, Higiene Democrática, Movimiento Ético y Social, Partido de Internet, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Partido Regionalista de Castilla y León (PRCAL), Unión del Pueblo Salmantino (UPS), Confederación de Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes (CAPI), Democracia Participativa-ATD, PUEDE, Partido Castellano (PCAS), Red Ciudadana Partido X, Wikipartido, Confederación Pirata, Partido Carlista, Izquierda Anticapitalista, Gobierno del Pueblo, Partido de Libertad Individual (P-LIB), Demos, etc.

El viernes 14 de marzo tendrán lugar diferentes sesiones académicas en las que expertos de diferentes universidades españolas expondrán y analizarán diferentes aspectos sobre el funcionamiento democrático de las instituciones públicas y políticas. Entre los ponentes figura el polémico ex político y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Verstrynge con una ponencia titulada: “Viva la desobediencia: Democracia y contrademocracia” , y también se proyectará un vídeo de Richard Stallman, Pte. de la Free Software Foundation, sobre los valores democráticos del software libre. Además de ellos en el cartel figuran expertos de distintas universidades españolas.

Por su parte el sábado día 15 de marzo, a las 10:00, se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía, Economía y Sociología (FES) un debate sobre el Estado de la Democracia abierto al público en el que participarán los políticos y organizaciones antes mencionados, también los ponentes del día anterior y aquellos ciudadanos que lo deseen. Desde las 12:00 ese mismo día y también en el FES será la mesa que compongan los representantes de PP, Ciudadanos, Equo, PSOE, UPyD, VOX e IU.

Anónimo dijo...


Parece un sermón laico.