El
Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha comunicado a esta Asociación su
decisión de admitir a supervisión las quejas formuladas en relación con la
falta de regulación y actividad de la Comisión
Interdepartamental de Función Pública y con la convocatoria
del concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de Veterinarios
de Administración Sanitaria, al permitir la participación en el mismo de
funcionarios de nuevo ingreso en destino provisional, vulnerando con ello el
criterio legal de adjudicación de primer destino definitivo, conforme al orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
Ambos
casos son claros ejemplos de la irregular actuación del Departamento de
Hacienda y Administración Pública, incapaz de ejecutar las leyes –como sucede
con la establecida Comisión Interdepartamental de Función Pública- o de
respetarlas, como es el reiterado incumplimiento del régimen de adjudicación de
primeros destinos a los funcionarios de nuevo ingreso.
En
ambos casos, el Justicia de Aragón se ha dirigido al Departamento de Hacienda y
Administración Pública para que informe sobre las cuestiones planteadas. Debemos
señalar que, en cuanto a la irregular participación en concursos de los
funcionarios de nuevo ingreso en destino provisional, ya hubo un
pronunciamiento del Justicia de Aragón con motivo del concurso de secciones
recientemente realizado, en el que se requirió a los responsables del Departamento
de Hacienda y Administración Pública que se atuvieran a lo previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma. No parece que estén dispuestos a ello, como se constata con las nuevas convocatorias de concurso.
No
resulta aceptable que los responsables de la función pública aragonesa hagan
caso omiso, una y otra vez, de lo que establecen las leyes y apliquen en la
gestión de personal criterios arbitrarios que contravienen las normas y, por lo
tanto, lesionan derechos e intereses de terceros amparados jurídicamente.
Mal
se puede fomentar la cultura de la legalidad entre el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, si cada día todos somos testigos de la vulneración de las normas que
ordenan la propia función pública, ya sea en el régimen de selección de
personal o en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Una
Administración incapaz de respetar las normas en su funcionamiento interno está,
lógicamente, inhabilitada para cumplir su función con sometimiento pleno a la
ley y al Derecho, como establece el artículo 103.1 de la Constitución
Española. La devaluación de la legalidad en el interior de la
organización afecta al compromiso con la legalidad en las relaciones con los
ciudadanos, como resulta fácilmente constatable en muchas áreas de la gestión pública.
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