QUEJA AL JUSTICIA DE ARAGÓN CON MOTIVO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS CONTRARIA A LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

De conformidad con lo adelantado hace un par de días en este blog, esta Asociación ha formulado un escrito de queja ante el Justicia de Aragón al entender que la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios no pueden llevar a cabo, de manera reiterada, convocatorias de concursos de méritos en las que sus bases de convocatoria, con infracción radical de la Ley de Ordenación de la Función Pública, autorizan expresamente la participación de funcionarios con primer destino provisional, posibilitando con ello que el primer destino definitivo no se adjudique en atención al riguroso orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo, sino que se haga en atención al baremo de méritos que rige los concursos de méritos y que no se limitan, obviamente, al orden de la puntuación obtenida en el proceso selectivo de ingreso en la función pública.

Al margen de las razones de oportunidad que puedan invocarse por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, toda actuación en materia de provisión de puestos –en particular la que afecta al ejercicio de derechos profesionales de los funcionarios de carrera- han de ajustarse estrictamente a las normas, tanto legales como reglamentarias, sin que sea posible la aceptación de derogaciones singulares del ordenamiento jurídico, como la que suponen las convocatorias de provisión aprobadas por la Dirección General responsable.

Esta Asociación, además del escrito de queja dirigido al Justicia de Aragón, en un asunto en el que dicha Institución ya se pronunció, avalando el planteamiento sostenido en la queja planteada, va a estudiar la posibilidad de formular recurso de alzada contra la resolución de convocatoria, así como trasladar la preocupación por este tipo de convocatorias irregulares a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, por si consideran oportuno promover alguna iniciativa de control de la acción de Gobierno.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de queja planteado ante el Justicia de Aragón:

“JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante esa Institución y, al amparo de lo previsto en el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón y en la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, formula el presente escrito de queja relativo al incumplimiento de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón con motivo de las irregulares previsiones en convocatoria de concurso de méritos, fundando la queja en las razones siguientes:

1.     Mediante resolución de 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios Públicos, publicada el pasado viernes 28 de febrero en el Boletín Oficial de Aragón, se publicó convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Veterinarios de Administración Sanitaria). 

 

En la base primera de dicha convocatoria se contraviene lo previsto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, al permitirse la participación de los funcionarios que se encuentren en primer destino provisional, siempre que, en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del primer destino adjudicado con carácter provisional. Cuando no hubieran transcurrido dos años en tal situación solo podrán solicitar puestos adscritos al Departamento al que pertenece o pertenecía el puesto al que fueron destinados inicialmente.

 

2.     Es evidente, como ya expusimos en nuestra anterior queja de fecha 8 de marzo de 2913 (correspondiente al expediente DI-483/2013-4, de esa Institución), que los concursos de méritos no son el mecanismo idóneo ni legal para adjudicar primeros destinos definitivos a los funcionarios de nuevo ingreso –al margen de la situación de destino provisional en la que puedan hallarse-, y así lo ratifica el apartado final del citado artículo 28.3 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, al señalar que “también podrá adjudicarse destino provisional cuando las vacantes estén pendientes de resolución de concursos para la provisión de puestos de trabajo”. Ese destino provisional, motivado por el hecho de que los puestos idóneos se hallen comprometidos en un concurso aún no resuelto, habrá de corregirse posteriormente en la forma legalmente establecida, a través de la elección de destino definitivo conforme al “riguroso orden de puntuación final” obtenida en el proceso selectivo, pero no mediante la participación en futuras convocatorias de concursos, pues de este modo el primer destino definitivo se adjudicaría en virtud de criterios distintos al del orden  señalado por la Ley, como es el de la puntuación final obtenida en el proceso selectivo, pudiendo lesionar con ello el mejor derecho de terceros a la elección de destino.

 

El destino provisional inicial, por lo tanto, no puede resolverse mediante concurso de méritos, sino que las plazas vacantes resultantes del concurso que impidió la adjudicación de destino definitivo directo han de ser las ofertadas en la forma que señala la Ley de Ordenación de la Función Pública, operando exclusivamente como criterio de elección de destino el orden de puntuación final del proceso selectivo.

 

3.     En lugar de ajustarse a la legalidad, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, una vez más, y en clara vulneración de la norma, con la resolución aprobada opta por fusionar la convocatoria de concurso de méritos y la asignación de primer destino definitivo, permitiendo con ello que los funcionarios de nuevo ingreso puedan acceder a su primer destino definitivo no en atención a su orden de puntuación final –en un proceso específico para tal fin- sino en atención a los méritos profesionales que les puedan corresponder, lo que no solo altera el criterio de preferencia con quienes proceden de idéntico proceso selectivo –pudiendo llegar a invertir el orden de puntuación final- sino que puede permitir que funcionarios de nuevo ingreso puedan acceder a determinadas plazas con prioridad a funcionarios de carrera que tienen en el concurso el cauce propio de su derecho a la movilidad, derecho que no corresponde a los funcionarios que no cuentan todavía con primer destino definitivo.

 

El anómalo proceder de la Dirección General de la Función Pública –al otorgar indebidamente destinos provisionales a los funcionarios de nuevo ingreso, incluso en plazas reservadas, provocando el cese ilegal de funcionarios interinos- se agrava, en un segundo momento, al permitir la participación de dichos funcionarios en los procesos de provisión de puestos de trabajo, desvinculando así la obtención del primer destino provisional del criterio legal establecido y que no es otro que el orden de puntuación final obtenido en el proceso selectivo.

 

4.     Resulta inaceptable, a juicio de esta Asociación, que las decisiones de un órgano como la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios respondan a criterios arbitrarios contrarios a la ley y menoscaben tanto el debido respeto a las normas como los derechos e intereses de otros funcionarios que puedan verse ilícitamente perjudicados por las decisiones de dicha Dirección General.

 

El hecho reviste además una particular significación, dado que tal práctica ya fue expresamente desautorizada por el Justicia de Aragón, en resolución de 19 de julio de 2013, en la que se formulaba la siguiente sugerencia: “El Departamento de Hacienda y Administración Pública debe garantizar que los funcionarios de nuevo ingreso obtengan un primer destino definitivo conforme a riguroso orden de puntuación final, evitando que la prolongación de la permanencia en un destino provisional vulnere sus derechos e intereses”.

 

En virtud de todo lo señalado, y al considerar que la posibilidad de participación en convocatoria de concurso de méritos por los funcionarios de nuevo ingreso en destino provisional, con la posibilidad de obtención de primer destino definitivo a través de dicha vía, contemplada en la resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios resulta contraria a lo establecido en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, formulamos el presente escrito de queja ante esa Institución para que, en el ejercicio de su función de garantía de los derechos de los ciudadanos y tutela del ordenamiento jurídico aragonés, y previas las actuaciones oportunas, recuerde al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón la necesidad de adecuar su actuación al principio de legalidad, y ajustar sus decisiones a la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Zaragoza, 4 de marzo de 2014”.