UNA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA MANIFIESTAMENTE INCAPAZ.

Los hechos no hacen sino confirmar cada día más el grado de incapacidad del equipo directivo de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para respetar la ley en su gestión y con ello asegurar los derechos de ciudadanos y de funcionarios en su relación con la Administración Pública.

El estado de degradación en la función pública –que no ha hecho más que progresar a lo largo de esta legislatura, a causa del discurso falaz y cínico de los miembros de este Gobierno- se evidencia en cualquier aspecto que se considere o analice, y no cabe responsabilizar en exclusiva a la Dirección General de Función Pública, pues son responsables también los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos y muchos otros altos cargos y altos funcionarios incapaces de abandonar o superar las malas prácticas en la gestión de personal, y a ellos hay que añadir, mal que les pese, a los sindicatos de la función pública, que desde hace ya muchos años abandonaron el compromiso con la legalidad, sumiendo a la función pública autonómica en un marco estructural de irregularidad, comenzando por el sistema retributivo.

El proceso de ejecución de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, plagado de incomprensibles irregularidades y de graves incumplimientos, pone de manifiesto la inexistente voluntad de este Gobierno, presidido por Luisa Fernanda Rudi, de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La documentación aportada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el trámite de prueba dentro del control de la ejecución de sentencia, revela la absoluta arbitrariedad con la que ha actuado el Departamento de Hacienda y Administración Pública y la inconsistencia de los datos aportados al Tribunal.

Es injustificable que el Gobierno de Aragón promueva un Decreto-ley para la ejecución de unas sentencias en las que el Tribunal le requería expresamente la aprobación de dos Decretos de oferta complementaria, con carácter estrictamente reglamentario, como establece la Ley de Ordenación de la Función Pública. Es evidente que ese Decreto-ley perseguía desvirtuar los fallos judiciales, al utilizarse para alterar el número de plazas a incluir en las ofertas complementarias, haciéndolo sin sujeción alguna a lo señalado por el Tribunal y sin justificar mínimamente el número resultante. Ni la Dirección General de la Función Pública, ni la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública ni la Dirección General de Servicios Jurídicos, en sus diferentes informes, han asegurado el cumplimiento del fallo judicial, limitándose a crear una apariencia de legalidad al tiempo que incurrían en un auténtico fraude de sentencia, con manifiesta vulneración del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, cuya garantía era la finalidad expresa de la sentencia del Tribunal Supremo que debía aplicarse.

Es evidente que ni los aragoneses ni los miembros de la función pública aragonesa se merecen responsables con una absoluta incapacidad para respetar leyes, derechos y resoluciones judiciales, reduciendo el Estado de Derecho a un burdo y arbitrario ejercicio del poder, que desacredita y deslegitima a sus titulares.

Esta Asociación formulará en días próximos sus alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a la vista de la paupérrima e irregular documentación aportada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero la gravedad de la actuación que ha llevado a cabo dicho Departamento hace acreedores a sus órganos directivos de responsabilidad jurídica y política que esta Asociación va a exigir con contundencia.