MANTENER LA EXIGENCIA DE LA LEGALIDAD: PEDIR RESPONSABILIDADES.

Es difícilmente aceptable el observar impasibles cómo nuestro Gobierno de Aragón se olvida a diario de su deber de sometimiento a la legalidad. Olvida la legalidad cuando no aprueba la Oferta de Empleo Público de 2014, ni siquiera en los reducidos márgenes que señala la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al fijar las tasas de reposición de efectivos, como si creyera que cumplir a medias –lo que equivale a incumplir- las sentencias judiciales que anularon las Ofertas  de 2007 y 2011, le exime de la obligación de aprobar la oferta del actual ejercicio. Olvida la legalidad cuando aprueba un proyecto de ley como el de función pública sin elaborar una memoria económica del coste que implica. Olvida la legalidad al aprobar una unidad de control del gasto público que contraviene las competencias legales de los Consejeros sobre autorización de gasto. Olvida la legalidad al no publicar los nombramientos y ceses del personal eventual, como lo evidencia el anuncio de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública publicado en el Boletín Oficial de Aragón este pasado viernes. Y, a fuerza de olvidar las concretas obligaciones legales que en cada caso debiera respetar, acaba por olvidar su propio olvido de la ley como límite de toda decisión pública.

Aunque un Gobierno se olvide conscientemente de la legalidad administrativa y crea posible ejercer sus potestades al margen de los requisitos que fija el ordenamiento jurídico –ya sea al ejercer la iniciativa legislativa, al aprobar reglamentos, al nombrar personal o al ejecutar el gasto público-, los funcionarios públicos no pueden ser cómplices ni participar de dicha amnesia, pues su obligación primera, antes incluso que la obediencia jerárquica al Gobierno, es el respeto de la legalidad, la plena sujeción a la Ley y al Derecho.

El deber de imparcialidad y de compromiso con el Estado de Derecho requiere decir no a todas aquellas propuestas que olvidan el pleno sometimiento a la legalidad. Cuando cualquiera de nosotros admitimos que las cosas pueden hacerse de manera contraria a lo que señalan las normas estamos abonando el terreno a la arbitrariedad y posibilitando la corrupción pública, pues ésta ocupa el terreno que abandona la legalidad, donde cede el interés público aparece el interés privado, ya sea personal o de partido, de lucro económico o de patrimonialización indebida de las estructuras administrativas.

No es fácil reaccionar frente a un interesado olvido de la legalidad, donde la norma es invocada de manera selectiva solo cuando interesa esgrimirla frente a alguna reivindicación o actuación de terceros, pero nunca para ajustar la propia actuación a sus exigencias, pero es absolutamente necesario si queremos mantener en pie nuestras instituciones democráticas y evitar que los principios democráticos queden vaciados por completo. Si la ley es la expresión de la voluntad general, su inaplicación por decisión personal de una autoridad pública es un claro menoscabo a la esencia de nuestro modelo democrático de gobierno. Quien desobedece la ley desobedece a la voluntad general de los ciudadanos, subvirtiendo las reglas de gobierno democrático.

Frente al generalizado olvido de la legalidad por el Gobierno de Aragón, esta Asociación trata de reaccionar apelando a los diferentes órganos de control y, en última instancia, a los Tribunales, como ha ocurrido en materia de oferta de empleo público. Esperemos que el Gobierno de Aragón sepa valorar la grave responsabilidad que puede derivarse del incumplimiento de aquellas sentencias judiciales dictadas frente a la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del derecho de acceso a la función pública. El incumplimiento de la ley debe ser reparado con la ejecución de las sentencias recaídas, pero el incumplimiento de estas sentencias habrá de originar, en su caso, responsabilidad personal de quienes han desvirtuado deliberadamente su aplicación. Mantener la exigencia de la legalidad obliga a exigir responsabilidad de quien trata también de burlar la función de garantía jurisdiccional de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.