PODEMOS, CLARO QUE SÍ.

Todos los ciudadanos podemos, con nuestro trabajo y nuestra voluntad, cambiar la realidad de nuestro país, corrigiendo todo aquello que nos aleja del horizonte que, como sociedad, nos hemos marcado en nuestra Constitución. La libertad, la justicia y la igualdad, pero también el pluralismo político –que nos previene contra toda tentación de ideologías que pretendan monopolizar el espacio público con sus verdades y sus anatemas- siguen siendo valores insustituibles para ordenar y tensionar nuestra convivencia. Para comprometernos individual y colectivamente en la construcción de una sociedad decente y civilizada, donde los poderes públicos respeten a los ciudadanos y los ciudadanos se respeten entre sí.

También los que trabajamos en las Administraciones Públicas, sin rehuir el deber de servicio a la democracia y a los ciudadanos que implica el ejercicio de la función pública, estamos llamados a trabajar diariamente por la solidez de nuestro Estado de Derecho. Para que las leyes aseguren iguales derechos y oportunidades a todos, sin privilegios ni arbitrariedades, y sometan el ejercicio del poder público al Derecho y al interés general, respetando y asegurando los derechos y libertades de los ciudadanos. Para hacer realidad el principio de eficiencia en los servicios públicos, que han de ganar cada día su legitimación social, desde la premisa de que los servicios públicos son los que están al servicio de las personas y no al contrario.

Lo que hemos conquistado como sociedad es fruto del esfuerzo colectivo, de los ciudadanos de hoy y de quienes nos precedieron. Ni el desánimo ni el cinismo pueden ocupar el lugar propio de la responsabilidad y de la virtud cívica que nos corresponden a cada uno, tanto en nuestra concreta actividad como en el común ejercicio de la ciudadanía.

La esfera de libertad personal –como espacio de autonomía irrenunciable de cada uno para determinar su vida- y la ciudadanía política –que nos hace corresponsables en nuestro modelo de autogobierno- han de complementarse con su dimensión social, de manera que todos participemos de la riqueza nacional –sin exclusiones ni desigualdades injustas y lacerantes- y todos veamos nuestras necesidades vitales y de desarrollo humano justamente garantizadas. El fruto de ello tiene que ser una sociedad cohesionada –cimentada en el respeto a la dignidad humana de la persona- y un orden político justo del que nos orgullezca formar parte. Ninguna de esas esferas de libertad individual, política y social puede ser descuidada, sean cuales sean las circunstancias.

Hemos desatendido durante muchos años nuestras responsabilidades como ciudadanos de una sociedad democrática –olvidando ejercer el imprescindible control social sobre el poder político- y también los funcionarios públicos hemos olvidado, en más ocasiones de las debidas, nuestro decisivo papel para el buen funcionamiento del Estado de Derecho y para la salud democrática de nuestras instituciones públicas. Sobre ello hemos insistido, durante años, en este blog.

La crisis económica ha destapado otras muchas crisis que la alegría económica de años pasados no nos dejaba ver. Pero el tiempo pasa y la verdad, finalmente, asoma. Nuestra democracia tiene enormes desperfectos –muchas instituciones públicas y privadas dejaron de prestar la función socialmente útil que las justificaba, y buscaron solo el beneficio privado, con la consiguiente quiebra de la confianza de los ciudadanos en el propio sistema democrático-, pero no hay situación que no sea posible remontar si logramos restablecer los valores de nuestro sistema constitucional. La corrupción no nos puede derrotar. La democracia tiene un potencial regenerador del que carece cualquier otro sistema.

Junto al debate político, que concierne a las organizaciones políticas y sociales y al conjunto de los ciudadanos –y que se ha avivado enormemente tras las recientes elecciones europeas-, hay otra tarea indispensable de recomposición institucional que nos corresponde fundamentalmente a los servidores públicos, si deseamos ser merecedores de este calificativo. Debemos reintroducir responsabilidad, rigor, calidad, generosidad, profesionalidad, dedicación en nuestro trabajo. Cada uno de nosotros debe dar lo mejor de sí mismo en su actividad diaria, sin buscar excusas para desentendernos o retraernos, para inhibirnos en el esfuerzo que nos toca realizar para que los servicios funcionen, pese a las inevitables carencias, de modo que la fortaleza del Estado de Derecho contribuya lo más decisivamente posible a que nuestra sociedad recupere su empuje cívico y su dignidad democrática.

No solo debemos, también podemos. Solo hay que ponerse a ello.