lunes, 12 de mayo de 2014
EL TREMENDO ESFUERZO DE RESPETAR LA LEGALIDAD O LA IMAGEN PATÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN.
La
Administración autonómica,
en un reciente escrito de alegaciones formulado dentro del proceso de control
judicial de la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de
2007 y 2011, al no incluir la totalidad de plazas vacantes ocupadas por
interinos, ha tratado de desvirtuar la denuncia de incumplimiento realizada por
esta Asociación y, en concreto, la alteración fraudulenta de las plazas de
personal docente, dado que la oferta de empleo complementaria aprobada por el
Gobierno de Aragón, mediante Decreto 24/2014, de 18 de febrero, incluía plazas
de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria y no del Cuerpo de Maestros, como exigía
el fallo judicial, pues la oferta complementaria debía incluir aquellas plazas
que no se incluyeron en la oferta anulada de 2011, oferta que se refería
exclusivamente a plazas del Cuerpo de Maestros.
Resultan
inconsistentes los argumentos esgrimidos por la Administración para
justificar el irregular cambio de plazas, como señalar que las necesidades de
personal de 2011 son distintas a las existentes en 2014 –como si desconociésemos
el hecho de que el inicio del curso requirió la selección de centenares de
docentes interinos para asegurar el desarrollo del curso escolar-, que la Administración ha
optado en ejercicio de su capacidad de autoorganización por convocar plazas de
primaria y secundaria en años alternos, y que en 2013 se aprobó oferta con
plazas de enseñanza primaria, por lo que ahora correspondían plazas de secundaria –olvidando con tal alegación que la ejecución de
las sentencias citadas no comporta la aprobación de una oferta para 2014, sino
la ampliación de la irregularmente limitada oferta de 2011, referida al Cuerpo
de Maestros-, y que la
Administración, pesa al difícil momento en el que nos
encontramos, ha hecho el “tremendo esfuerzo de aprobar unas ofertas
complementarias de empleo que en el ámbito que en el ámbito de educación alcanzan
las 385 plazas”, como si se olvidara que la aprobación de dichas ofertas no es
una decisión voluntaria del gobierno, y mucho menos un ejercicio de
autoorganización como se señala, sino el cumplimiento de una condena judicial
por vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública que
reconoce a los ciudadanos la Constitución
Española.
Concluye
el escrito de la
Administración con un gratuito e injustificado ataque a esta
Asociación –olvidando acaso que somos la parte actora de las sentencias que se
ejecutan y que en tal calidad es en la que se nos ha requerido por el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón nuestro parecer sobre las ofertas
complementarias aprobadas por el Gobierno de Aragón-, ataque que se concreta en las
siguientes afirmaciones: en primer lugar, se afirma que es la Administración la
que debe fijar las plazas que deben ofertarse, puesto que está amparada por la Ley, y no un tercero ajeno a
la misma, como esta Asociación, el que determine el actuar administrativo; y en
segundo lugar, se señala que esta Asociación no es un sindicato representativo
de los intereses de los funcionarios públicos, pues no representa los intereses
de los que no forman parte de la misma, por lo que tampoco tiene legitimación
alguna para participar en las negociaciones celebradas entre la Administración y
las organizaciones sindicales.
Es
evidente que, una vez más, ante la ausencia de argumentos legales para defender
la actuación administrativa, confundiendo una vez más la potestad de
autoorganización con el actuar arbitrario y el olvido de la legalidad, se opta
por la descalificación de esta Asociación, con el grave, gravísimo error, de
creer que las decisiones administrativos cuestionadas son decisiones autónomas
de la Administración
y no actuaciones requeridas por un Tribunal, en un proceso de ejecución
forzosa, para dar cumplimiento a unas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo
y el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón y obtenidas, precisamente, por esta Asociación, ese tercero ajeno que al parecer nada tiene que decir sobre el modo en que tales sentencias se ejecuten.
Se
pueden permitir –y de hecho lo vienen haciendo desde hace siete años-
despreciar las razones esgrimidas por esta Asociación en defensa del derecho de
acceso a la función pública, pero no creemos que ese desdén resulte posible
cuando lo que está en juego no son reclamaciones de esta Asociación sino
cumplimiento de sentencias judiciales que declaran vulnerado un derecho
fundamental de los ciudadanos y obligan a convocar las plazas omitidas
indebidamente en las ofertas de 2007 y 2011.
Cumplir
la ley y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos no está limitado
ni condicionado por la potestad de autoorganización de la Administración –algo
que deja bien claro el bajísimo compromiso con la legalidad de nuestro
Gobierno y su pobre concepción del Estado de Derecho-, pero aún más grave nos parece la insinuación de que el alcance de
los fallos judiciales puedan ser objeto de negociación colectiva con las
organizaciones sindicales, para en el seno de la misma acordar la alteración o
"falseamiento" de sus consecuencias, como es sustituir las plazas del Cuerpo de
Maestros por las de Enseñanza Secundaria. Cada cual habrá de asumir las
consecuencias de sus actos.
Acierta
la Administración
al decir que no es esta Asociación la que debe determinar el actuar
administrativo –aunque es gracias a esta Asociación y a las sentencias
obtenidas por lo que el Gobierno de Aragón se ha visto obligado a aprobar las
ofertas complementarias de 2007 y 2011-, pues el actuar administrativo lo deberían
determinar la
Constitución y la
Ley –justamente lo que vulneró el Gobierno de Aragón, como
declararon el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón-, y
acierta también al decir que esta Asociación no es un sindicato que defienda
los intereses de los funcionarios públicos.
Pero
se equivoca al señalar que solo representa los intereses de sus miembros, pues
la actividad desarrollada en esta materia lo ha sido en defensa del
ordenamiento jurídico y del derecho fundamental de los ciudadanos, y es que
probablemente son muchos los que han olvidado –responsables administrativos y
sindicales- que el primer compromiso de todo servidor público es el
cumplimiento de la legalidad, y en particular aquella que ampara los derechos
fundamentales de los ciudadanos, justamente lo contrario que venían haciendo y
siguen haciendo los responsables del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, cuya ilegal actuación defiende de manera lamentable la Dirección General
de los Servicios Jurídicos. Es evidente que el ejercicio del Derecho poco tiene
que ver, en numerosos casos, con el respeto a la legalidad, pero ese divorcio
resulta injustificable que se produzca en el seno de la Administración,
pues el interés general deja de serlo cuando se da la espalda al principio de
legalidad.
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9 comentarios:
Qué bajo estamos cayendo en esta administración.
Bien dicho.
entonces, si lo que dices es cierto... ¿las oposiciones 2014 no so legales? y... si no se esta cumpliendo la sentencia... ¿por que los sindicatos, defensores de los tabajadores no dicen nada?
Qué ridículo suena todo lo alegado!
Miles de personas se preparan durante estos meses para optar a una de las 2.783 plazas de empleo público que ha ofertado el Gobierno de Aragón.
HA.
Academias, preparadores, sesiones interminables de biblioteca... todo es poco cuando lo que está en juego es un empleo fijo. Para alcanzar 'el dorado', miles de jóvenes se preparan durante estos meses en Aragón con el fin de ser el adjudicatario de una de las 2.783 plazas de empleo público referentes a los sectores de Sanidad, Educación y Administración General.
La convocatoria de las plazas públicas, a las que se suman las que quedaron pendientes en 2007 y las de 2011, ha supuesto un auténtico boom para preparadores y academias. Los centros han visto cómo el anuncio del Gobierno de Aragón ha incrementado notablemente los grupos de estudiantes de cara a los exámenes que comenzarán en junio con Educación y se irán desarrollando a lo largo de 2015.
HA.
La DGA empezará a implantar este año el teletrabajo entre sus funcionarios.
HA.
Siguiendo el camino iniciado por la Universidad de Zaragoza, donde desde el año pasado ya teletrabajan un buen número de empleados, el Gobierno de Aragón va a poner en marcha en el segundo semestre de este año un programa piloto para que algunos de sus funcionarios desarrollen sus labores profesionales desde su propio hogar. La iniciativa se enmarca en el Plan de Igualdad y Conciliación de la futura Ley autonómica de Función Pública.
La intención de la DGA es que, por el momento, se vayan adhiriendo de manera voluntaria aquellos interesados para poder ir perfilando el método. La iniciativa, explican desde el departamento de Hacienda, pretende "facilitar la integración laboral de discapacitados físicos, empleados con responsabilidades familiares (madres en período de lactancia o padres con niños pequeños a su cargo, trabajadores que necesiten cuidar de una persona mayor...), trabajadores con necesidades especiales de desplazamiento y víctimas de violencia de género, entre otros.
El proyecto, que tomará forma durante unos meses hasta su implantación total, se aplicará en determinados puestos de trabajo que por sus características especiales se puedan desarrollar lejos de las sedes del Ejecutivo aragonés.
En esta definición entrarían una amplia horquilla de trabajos, que van desde puestos dedicados al estudio y análisis de proyectos, elaboración de informes, asesoría y redacción, hasta la corrección y tratamiento de documentos, inspección y gestión, así como análisis y programación de sistemas de información y comunicaciones.
La adopción de esta modalidad productiva se ha planteado como consecuencia de los resultados obtenidos por la encuesta de clima organizacional elaborada a lo largo del año pasado. "Es una iniciativa que puede resultar muy beneficiosa para la conciliación laboral de determinadas personas, para el desempeño de algunas funciones y para la mejora de servicios que recibe el ciudadano", explica el consejero de Hacienda, Javier Campoy.
Desde la consejería se subraya que el futuro texto regulador se debatirá con los representantes sindicales antes de su aprobación definitiva.
HA.
La corrupción se multiplica cuando no existe transparencia. Si además las personas se perpetúan en el poder (en cualquiera de sus formas o sillones) llegan a confundir lo público con lo privado siendo todo ello el mejor caldo de cultivo para la corrupción y el abuso de poder. Cuando alguien les recuerda sus obligaciones les parece un insulto y una falta de respeto...¡que mal síntoma...! Mientras tanto, información privilegiada para unos pocos (que seguro que llevan mucho más tiempo preparándose), buenos negocios para otros (preparadores, academias, cursos,...)...¡Sobran leyes que no se cumplen y falta ética, mucha ética!... ¿De qué nos sirve ahora una Ley de transparencia o de participación?... En fin. Muchas gracias a esta Asociación por el esfuerzo de hacer público lo que otros quieren hacer... en privado.
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