EL TREMENDO ESFUERZO DE RESPETAR LA LEGALIDAD O LA IMAGEN PATÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Administración autonómica, en un reciente escrito de alegaciones formulado dentro del proceso de control judicial de la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, al no incluir la totalidad de plazas vacantes ocupadas por interinos, ha tratado de desvirtuar la denuncia de incumplimiento realizada por esta Asociación y, en concreto, la alteración fraudulenta de las plazas de personal docente, dado que la oferta de empleo complementaria aprobada por el Gobierno de Aragón, mediante Decreto 24/2014, de 18 de febrero, incluía plazas de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria y no del Cuerpo de Maestros, como exigía el fallo judicial, pues la oferta complementaria debía incluir aquellas plazas que no se incluyeron en la oferta anulada de 2011, oferta que se refería exclusivamente a plazas del Cuerpo de Maestros.

Resultan inconsistentes los argumentos esgrimidos por la Administración para justificar el irregular cambio de plazas, como señalar que las necesidades de personal de 2011 son distintas a las existentes en 2014 –como si desconociésemos el hecho de que el inicio del curso requirió la selección de centenares de docentes interinos para asegurar el desarrollo del curso escolar-, que la Administración ha optado en ejercicio de su capacidad de autoorganización por convocar plazas de primaria y secundaria en años alternos, y que en 2013 se aprobó oferta con plazas de enseñanza primaria, por lo que ahora correspondían plazas de secundaria –olvidando con tal alegación que la ejecución de las sentencias citadas no comporta la aprobación de una oferta para 2014, sino la ampliación de la irregularmente limitada oferta de 2011, referida al Cuerpo de Maestros-, y que la Administración, pesa al difícil momento en el que nos encontramos, ha hecho el “tremendo esfuerzo de aprobar unas ofertas complementarias de empleo que en el ámbito que en el ámbito de educación alcanzan las 385 plazas”, como si se olvidara que la aprobación de dichas ofertas no es una decisión voluntaria del gobierno, y mucho menos un ejercicio de autoorganización como se señala, sino el cumplimiento de una condena judicial por vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a los ciudadanos la Constitución Española.

Concluye el escrito de la Administración con un gratuito e injustificado ataque a esta Asociación –olvidando acaso que somos la parte actora de las sentencias que se ejecutan y que en tal calidad es en la que se nos ha requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nuestro parecer sobre las ofertas complementarias aprobadas por el Gobierno de Aragón-, ataque que se concreta en las siguientes afirmaciones: en primer lugar, se afirma que es la Administración la que debe fijar las plazas que deben ofertarse, puesto que está amparada por la Ley, y no un tercero ajeno a la misma, como esta Asociación, el que determine el actuar administrativo; y en segundo lugar, se señala que esta Asociación no es un sindicato representativo de los intereses de los funcionarios públicos, pues no representa los intereses de los que no forman parte de la misma, por lo que tampoco tiene legitimación alguna para participar en las negociaciones celebradas entre la Administración y las organizaciones sindicales.

Es evidente que, una vez más, ante la ausencia de argumentos legales para defender la actuación administrativa, confundiendo una vez más la potestad de autoorganización con el actuar arbitrario y el olvido de la legalidad, se opta por la descalificación de esta Asociación, con el grave, gravísimo error, de creer que las decisiones administrativos cuestionadas son decisiones autónomas de la Administración y no actuaciones requeridas por un Tribunal, en un proceso de ejecución forzosa, para dar cumplimiento a unas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón y obtenidas, precisamente, por esta Asociación, ese tercero ajeno que al parecer nada tiene que decir sobre el modo en que tales sentencias se ejecuten.

Se pueden permitir –y de hecho lo vienen haciendo desde hace siete años- despreciar las razones esgrimidas por esta Asociación en defensa del derecho de acceso a la función pública, pero no creemos que ese desdén resulte posible cuando lo que está en juego no son reclamaciones de esta Asociación sino cumplimiento de sentencias judiciales que declaran vulnerado un derecho fundamental de los ciudadanos y obligan a convocar las plazas omitidas indebidamente en las ofertas de 2007 y 2011.

Cumplir la ley y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos no está limitado ni condicionado por la potestad de autoorganización de la Administración –algo que deja bien claro el bajísimo compromiso con la legalidad de nuestro Gobierno y su pobre concepción del Estado de Derecho-, pero aún más grave nos parece la insinuación de que el alcance de los fallos judiciales puedan ser objeto de negociación colectiva con las organizaciones sindicales, para en el seno de la misma acordar la alteración o "falseamiento" de sus consecuencias, como es sustituir las plazas del Cuerpo de Maestros por las de Enseñanza Secundaria. Cada cual habrá de asumir las consecuencias de sus actos.

Acierta la Administración al decir que no es esta Asociación la que debe determinar el actuar administrativo –aunque es gracias a esta Asociación y a las sentencias obtenidas por lo que el Gobierno de Aragón se ha visto obligado a aprobar las ofertas complementarias de 2007 y 2011-, pues el actuar administrativo lo deberían determinar la Constitución y la Ley –justamente lo que vulneró el Gobierno de Aragón, como declararon el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón-, y acierta también al decir que esta Asociación no es un sindicato que defienda los intereses de los funcionarios públicos.

Pero se equivoca al señalar que solo representa los intereses de sus miembros, pues la actividad desarrollada en esta materia lo ha sido en defensa del ordenamiento jurídico y del derecho fundamental de los ciudadanos, y es que probablemente son muchos los que han olvidado –responsables administrativos y sindicales- que el primer compromiso de todo servidor público es el cumplimiento de la legalidad, y en particular aquella que ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos, justamente lo contrario que venían haciendo y siguen haciendo los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública, cuya ilegal actuación defiende de manera lamentable la Dirección General de los Servicios Jurídicos. Es evidente que el ejercicio del Derecho poco tiene que ver, en numerosos casos, con el respeto a la legalidad, pero ese divorcio resulta injustificable que se produzca en el seno de la Administración, pues el interés general deja de serlo cuando se da la espalda al principio de legalidad.