NO DESISTIR.

No es posible imaginar una función pública que no reaccionase frente a la arbitrariedad creciente de las decisiones políticas, que la desnaturalizan y desfiguran, que la menoscaban y la deslegitiman. Una función pública que admitiese la supeditación de la legalidad a la decisión del poder político estaría renegando de sus señas de identidad, para pasar a ser una estructura inerte, sin nervio ni energía, sin confianza en si mismas, sin autoestima. Sin valor ni respeto social.

La función pública no puede dar la espalda al Estado de Derecho, cuya realización y defensa constituye su principal razón de ser en un sistema constitucional. Los servidores públicos son ciudadanos que han hecho del ejercicio de la función pública su compromiso profesional, que han adquirido su condición no solo tras superar un proceso selectivo, conforme a principios de mérito y capacidad, sino tras un acatamiento expreso de la Constitución y del ordenamiento jurídico, es decir, tras un compromiso expreso con el pleno respeto al Estado de Derecho, que se manifiesta en el principio de legalidad, de seguridad jurídica o de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, indispensables todos ellos para la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos, sin la cual no cabe hablar ni de buena administración ni de buen gobierno.

El acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, el compromiso expreso con los principios del Estado de Derecho, no es una simple formalidad para adquirir la condición de funcionario público y contar con la garantía de la inamovilidad en esa condición, es decir, la seguridad en el empleo para el resto de la vida laboral activa.  El sometimiento a la legalidad es una exigencia permanente a lo largo de toda la actividad pública, compromiso que no se puede olvidar, del que no cabe dimitir o desistir. El olvido o el desistimiento en tal compromiso no puede carecer de consecuencias, si queremos evitar que la función pública pierda todo vigor ético.

El problema de la corrupción pública –que engloba a políticos y funcionarios, en composiciones variables- constituye una quiebra de los valores democráticos y una negación del Estado de Derecho. Negar los principios cuyo acatamiento es requisito para adquirir la condición de funcionario público debiera implicar, por estricta lógica, la pérdida de la condición de funcionario público. El Estado de Derecho no debe admitir la presencia de funcionarios corruptos en la Administración Pública, y, sin embargo, el nivel de tolerancia existente es escandaloso, debido al grave desistimiento en que vienen incurriendo los responsables políticos y una parte notable de los altos responsables administrativos, tanto en el respeto de la legalidad como en el control de los abusos o desviaciones de poder, en el que el interés general y la imparcialidad se supeditan a intereses particulares, sean de personas u organizaciones.

La legalidad ha dejado de ser el horizonte de toda acción administrativa, sustituida en numerosas ocasiones por razones e intereses espurios, de interés político o de prácticas irregulares consolidadas. Esta situación es la razón que permite explicar el deterioro institucional que vive nuestro país y una parte muy importante de su crisis económica, dada la cantidad ingente de recursos despilfarrados o detraídos por operaciones de corrupción o de gestión irregular.

Frente a una realidad como la señalada, la función pública ha de realizar su propia revisión y autocrítica –a ello quería contribuir esta Asociación cuando reclamó hace siete años un “giro ético”, que evidentemente no se ha producido-, y reafirmar con rotundidad su pleno compromiso con el Estado de Derecho, sin dejarse ganar por el desánimo del sectarismo político, del oportunismo, de la incoherencia, de la incompetencia, del clientelismo y de la corrupción persistente, pues nuestro compromiso es, precisamente, el de luchar contra todo ello, el de hacerle frente, el resistir a presiones y amenazas, para preservar con esfuerzo los principios del Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos –la salud de la democracia- frente a quienes tratan de subvertirlos desde el ejercicio ilegítimo de las potestades públicas.

Es difícil que dicha resistencia se ejerza exclusivamente a título individual, en un pulso de cada servidor público frente a todo el aparato de poder institucional, haciendo del ejercicio profesional una resistencia heroica frente al abuso de poder, y por ello optamos en su día por dotarnos de esta Asociación de Defensa, para que todos aquellos que compartimos la preocupación por el actual estado de la función pública pudiéramos sumar nuestro esfuerzo contra la arbitrariedad y la vulneración de las leyes, promoviendo frente a ellas los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública.

La reticencia de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos a comprometerse en esta tarea resulta evidente, dado el escaso respaldo obtenido por esta Asociación, pese a logros tan trascendentes como las sentencias obtenidas en materia de acceso al empleo público. El número no determina el valor de una iniciativa ni la falta de apoyo justifica el desistimiento en la defensa de los principios sostenidos, que a muchos pudieran resultar obvios, al coincidir con la Constitución y las leyes administrativas. 

El “giro ético” propugnado sigue siendo imprescindible para devolver a la función pública su sentido y vocación de servicio público, y a dicha tarea estamos necesariamente convocados todos, pues la regeneración de las instituciones públicas que hoy demanda la inmensa mayoría de la ciudadanía también exige de nosotros cambios decisivos en nuestro comportamiento, aunque queramos no darnos por aludidos y traslademos la responsabilidad al nivel directivo, olvidando que nuestra condición de funcionarios públicos es –y debe serlo- inseparable de nuestro compromiso con la legalidad, y que por eso contamos con la garantía de la inamovilidad. Si desistimos en nuestro compromiso –para lo que siempre se encuentran buenas excusas-, habremos dejado de ser servidores públicos, para pasar a ser solamente una carga injustificada para los ciudadanos, de la que más pronto o más tarde, y con toda la razón, acabarán liberándose.