DOBLE ERROR DEL JUSTICIA DE ARAGÓN.

El Justicia de Aragón, mediante escrito de 7 de mayo de 2014, ha comunicado a esta Asociación el archivo de la queja formulada ante dicha Institución por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público en los años 2012 y 2013 por el Gobierno de Aragón, con las que se debía garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la función pública que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución Española, conforme a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Pues bien, el Justicia de Aragón ha acordado el archivo de la queja alegando como causa de tal decisión las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012, por las que se anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, respectivamente, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos.

Tras reproducir el informe del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, relativo a los términos en que se ha llevado a cabo dicha ejecución, concluye el escrito del Justicia de Aragón, sin mayor argumentación, del modo siguiente: “A juicio de esta Institución, las medidas adoptadas por la Administración, en los términos descritos, garantizan de manera adecuada el cumplimiento de las sentencias dictadas en su día por el órgano judicial competente, asegurando una oferta de empleo razonable en el contexto restrictivo impuesto por las sucesivas leyes presupuestarias aprobadas a nivel estatal. Así, no procede la emisión de pronunciamiento expreso al respecto por nuestra parte”. Se procede, por ello, al archivo de la queja.

Creemos que con la decisión adoptada, y lo decimos con el respeto que siempre hemos mantenido hacia la institución del Justicia de Aragón,  ésta incurre en un doble error: en primer lugar, se equivoca la institución al valorar los términos del cumplimiento de unas sentencias judiciales, función que corresponde en exclusiva a los Tribunales, hallándose pendiente el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno de Aragón; y en segundo lugar, creemos que el Justicia de Aragón no puede considerar que la ejecución de unas sentencias que afectan a las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 puedan liberar al Gobierno de la obligación de aprobación anual de oferta a lo largo de los ejercicios 2012 y 2013 y, suponemos, que también durante los tres años que se ha otorgado el Gobierno para llevar a cabo las convocatorias de los procesos selectivos derivados de tales sentencias.

El Justicia de Aragón no ha actuado, como cabía esperar, como defensor del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública, sino como valedor del Gobierno de Aragón y ha ejercido este indebido papel doblemente, al avalar las condiciones de ejecución de las sentencias judiciales que anularon las ofertas de 2007 y 2011, al calificar de “razonable” dicha ejecución, término que carece de rigor jurídico, y al justificar, de manera tácita, que con la ejecución de tales sentencias decae la obligación de aprobar ofertas en los años 2012 y 2013.

Creemos, muy al contrario, que un Gobierno que ha sido condenado por aprobar Ofertas de empleo insuficientes, como fueron las de 2007 y 2011, sin garantizar el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos, no debiera permitirse volver a lesionar dicho derecho, con la no aprobación de oferta de empleo público en posteriores ejercicios, como sucedió en 2012 y en 2013, y seguramente sucederá en 2014.

A la vista de todo ello, esta Asociación va a dirigirse al Justicia de Aragón, para expresarle su discrepancia con la decisión de archivo, que entendemos inmotivada, solicitando la reapertura del procedimiento de control al Gobierno de Aragón por la falta de aprobación de oferta en los años 2012 y 2013. Asimismo, se formulará nueva queja por la falta de aprobación de oferta en 2014. 

Las instituciones de control y defensa de los derechos fundamentales no pueden mantener posiciones complacientes con actuaciones arbitrarias de los poderes públicos como son las del Gobierno de Aragón en materia de acceso a la función pública, si no quieren defraudar la confianza de los ciudadanos en la validez de su actuación. Unas resoluciones que carecen de fuerza vinculante han de ser al menos consistentes y rigurosas en su formulación, algo que ha fallado en esta ocasión.