Los principales sindicatos de la función pública aragonesa (UGT, CCOO, CSI-CSIF y CEMSATSE) convocaban para hoy una protesta, ante el Edificio Pignatelli, contra la suspensión del anticipo de la carrera profesional prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2010.
En el comunicado conjunto hecho público ayer sobre las razones de la protesta se acusa al Gobierno de Aragón de incumplir los acuerdos sobre desarrollo de carreras profesionales y de aplicar medidas retrógradas y antisociales, como la reducción de los salarios de los empleados públicos, cargando así las consecuencias de la crisis a la espalda de los trabajadores de la Administración Pública. Frente a ello, las organizaciones sindicales afirman que van a llamar a los empleados públicos a la movilización para exigir al Gobierno que rectifique y elimine del Proyecto de Ley de Presupuestos la suspensión prevista de los acuerdos sobre carrera profesional.
Esta Asociación se ve en la necesidad de reiterar una vez más su preocupación por la deriva que sufre la Administración de la Comunidad Autónoma en materia retributiva, acumulando medidas salariales - todas ellas pactadas entre Gobierno y Sindicatos- contrarias a la legalidad en materia de función pública y gasto público.
Dicha dinámica, alimentada por una estrategia sindical que menosprecia constantemente la legalidad y el control del gasto público y por una actitud irresponsable por parte de los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, que han olvidado su primer deber como gestores públicos –el respeto del ordenamiento jurídico y del interés general- ha llevado a que las últimas mejoras salariales aplicadas en la Administración autonómica aragonesa –cláusula de revisión salarial y anticipo de carrera profesional- constituyan una ilegalidad presupuestaria, lesiva para los ciudadanos y para el interés de la Comunidad Autónoma.
Las medidas reclamadas por los sindicatos en su protesta de hoy son un fraude de la legalidad de función pública, al exigir el pago de una carrera que carece de regulación, cuyo anticipo no es más que un pretexto para incrementar las retribuciones de los empleados públicos de forma injustificada y sin contraprestación alguna. Pero, sobre todo, son un fraude de la legalidad presupuestaria, pues dichos incrementos retributivos jamás han sido autorizados por las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma ni se ajustan a los límites de incremento anual de las retribuciones fijados por las leyes de presupuestos generales del Estado.
Los sindicatos reclaman ahora el cumplimiento de unos acuerdos que carecen de base legal y pretenden movilizar a los empleados públicos para demandar el mantenimiento de unas retribuciones vinculadas a una carrera inexistente. No les vamos a secundar de ningún modo, pues la situación actual es resultado directo de su actuación pasada. El discurso sindical en materia retributiva no puede resultar más carente de responsabilidad social en el contexto económico y social actual, por lo que es el momento de la autocrítica para rectificar. La rectificación debe llevar a asumir, como premisa de cualquier acción y estrategia, que el compromiso de los servidores públicos con la legalidad ha de comenzar por el régimen de retribuciones.
Esta Asociación se va a dirigir a todos los sindicatos de la función pública aragonesa para reclamarles un compromiso expreso con la legalidad y la calidad de los servicios públicos, mediante la renuncia a la estrategia de obtención de mejoras salariales ilegales.
De persistir en esta actitud sólo puede derivarse el desprestigio de los propios sindicatos y la deslegitimación del conjunto de los funcionarios públicos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
¿Nos atrevemos con todo?
Nos atrevemos a opinar en temas en los que callar es hacerse corresponsable.
El discurso sindical no puede resultar más carente de responsabilidad en defensa de los funcionarios. Ellos van a lo suyo, a chupar del bote y a servir a su "señor". Deben estar fuera de todo presupuesto público, vivir de las cuotas de sus afiliados. Son una lacra social
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