El Justicia de Aragón ha resuelto la queja planteada en su día por esta Asociación, en relación con la publicidad -que no publicación- que el Gobierno de Aragón ha venido otorgando al nombramiento y cese del personal eventual de gabinetes, tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobada en mayo de 2009. En su Resolución, de 16 de diciembre de 2009, recientemente notificada a esta Asociación, el Justicia de Aragón requiere al Gobierno de Aragón que dé publicidad al nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes del Gobierno de Aragón mediante la publicación de la disposición por la que se acuerde dicho nombramiento o cese.
Dicha resolución viene a desautorizar expresamente la práctica seguida por los miembros del Gobierno de Aragón, quienes, en lugar de proceder a la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, como expresamente exige el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, se han limitado a insertar en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio, suscrito por los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos, por el que se daba publicidad al nombramiento o cese de dicho personal, indicando nombre y apellidos del afectado y puesto a que se refería dicho nombramiento y cese.
Dicha técnica no sólo no se ajusta a la literalidad del precepto legal aplicado, como expresamente señala el Justicia de Aragón en su resolución, sino que, además, contraviene la regla general de publicación de actos administrativos que establece la legislación estatal básica que regula el procedimiento administrativo común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), que requiere que dicha publicación contenga el texto íntegro del acto administrativo dictado, siendo dicha publicación requisito de eficacia del nombramiento o cese acordado.
El Gobierno de Aragón, en cuyo proyecto de ley no se contemplaba la publicación de nombramientos y ceses del personal eventual -criterio de transparencia introducido gracias a las enmiendas de la oposición parlamentaria-, ha tratado de desvirtuar desde el primer momento el sentido de la norma aprobada, con dos claras finalidades: evitar el conocimiento público de las fechas reales de nombramiento y cese -lo que le permite disociar dicho nombramiento o cese de su publicidad, posibilitando con ello la posible manipulación de las fechas de efectos-, y desligar el requisito formal de publicación de la eficacia del acto publicado, permitiendo con ello que la toma de posesión o inicio del desempeño de las funciones de confianza no queden supeditados al moemento de la publicación.
Dicha pretensión resulta, a nuestro juicio, plenamente antijurídica. Todos los nombramientos para el ejercicio de funciones públicas -tanto de altos cargos como de funcionarios públicos- requieren la previa publicación del correspondiente nombramiento: desde el cargo de Presidente del Gobierno de Aragón, Consejeros y Directores Generales al último nombramiento por el que se atribuyen puestos de trabajo a funcionarios públicos, sea mediante libre designación, concurso de méritos o por atribución de primer destino, tras su nombramiento como funcionarios de carrera.
Por lo tanto, no sólo la falta de publicación de nombramientos y ceses del personal eventual constituía una clara anomalía dentro de la Administración Pública, por su secretismo -lo cual ha servido además para posibilitar una utilización fraudulenta de tales puestos, cuya investigación esta Asociación ha puesto en manos del Fiscal General del Estado-, sino que, en estos momentos, supone una inaplicación de lo establecido en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, como expresamente ha sido señalado por el Justicia de Aragón.
Esta Asociación se va a dirigir a los miembros del Gobierno de Aragón y al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para instarles a que la sugerencia del Justicia de Aragón sea debidamente atendida por el Gobierno de Aragón y que la correcta aplicación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón sea controlada por las Cortes de Aragón.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
46 comentarios:
Estuvo bien no resignarse a la tomadura de pelo del Departamento de Presidencia en este tema.
UN año más, millones de españoles siguieron el tradicional mensaje de Su Majestad el Rey con motivo de la Nochebuena. Junto con algún cambio formal en la imagen televisiva, la novedad ha sido sin duda la retransmisión del espacio por ETB, una prueba de normalidad que pone fin a una anomalía convertida por los nacionalistas vascos en absurda expresión identitaria. Como es habitual, Don Juan Carlos supo sintonizar con las inquietudes de la sociedad en un mensaje que ayer fue aplaudido, por acertado y pegado a la realidad de los españoles, desde el PSOE y el PP. El paro es la expresión dramática de una crisis que debe superarse con la colaboración de todos. En este sentido, resultaron llamativas las reiteradas apelaciones de Don Juan Carlos al «más amplio entendimiento», a «sumar voluntades» o «lograr acuerdos entre nuestras fuerzas políticas, económicas y sociales», así como al sentido de Estado tanto del Gobierno como de la oposición, todo ello al servicio del interés general en una España sólida y cohesionada, con referencia expresa a la solidaridad regional y a la prioridad del bien colectivo sobre los egoísmos particulares. Son palabras especialmente oportunas en tiempos confusos para el ámbito decisivo de la vertebración territorial, siempre sobre la base de los valores y principios que inspiran nuestra Constitución. También aquí se inscribe la preocupación del Rey acerca de la necesidad de preservar la independencia de las instituciones frente a cualquier tipo de presión.
Don Juan Carlos recordó a las personas angustiadas por causa del paro y calificó la creación de empleo como el gran reto pendiente. Transmitió también el afecto de todos a los que sufren especialmente en las actuales circunstancias: víctimas del terrorismo, miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales y los cooperantes que permanecen secuestrados de forma intolerable. Tampoco dudó al apuntar hacia la lucha contra la corrupción concebida como una lacra del Estado democrático, mediante su exigencia de que «la honradez sea regla inexcusable de conducta». Reiteró, por fin, la urgencia de un gran pacto nacional sobre educación y apuntó la utilidad del consenso en política exterior, incluida la ya inminente presidencia española de la UE. Con prudencia y con mesura, Don Juan Carlos hizo llegar a los hogares españoles una llamada a la unidad y la concordia ante un futuro incierto que requiere la colaboración leal de todos, al margen de territorios o ideologías.
ABC.
EL REY RECLAMA SENTIDO DE ESTADO.
En la actual coyuntura social y económica del país, marcada por la adversidad y las necesidades, los grandes partidos han sido incapaces hasta la fecha de encontrar puntos de encuentro en materias clave. El Rey vertebró buena parte de su tradicional mensaje de Navidad en la trascendencia de sumar voluntades en lugar de desgastarse en la refriega. En la España de la recesión, Don Juan Carlos realizó una oportuna y conveniente apelación a la cultura del diálogo y del acuerdo por encima de las legítimas diferencias ideológicas de las grandes formaciones políticas. El Rey trasladó peticiones directas a la clase política, que estaban cargadas de sentido común y sensatez y que no pueden ser desoídas. Los retos del futuro exigen, en opinión de Don Juan Carlos, «superar tensiones y divisiones, sobre la base de principios y valores que alimentan lo mejor de nuestra convivencia e inspiran nuestra Constitución», «sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado» y «redoblar esfuerzos para que España vuelva a crecer y a crear empleo». Creemos que las reflexiones de Don Juan Carlos sobre la imprescindible necesidad de sumar y no restar, de unir y no de fracturar, de colaborar y no de enfrentar, recogen el sentir de una inmensa mayoría de los españoles que no comparte el discurso ni la estrategia de la disgregación, de la insolidaridad ni de la confrontación. Cuando el Rey reclama que se sirva «al interés general» desde «la unidad, el diálogo y el compromiso, en el marco del respeto a nuestra Constitución», está recordando para quienes lo han olvidado la fórmula que permitió a la democracia y a la sociedad españolas alcanzar cotas de prosperidad únicas en nuestra historia. Y cuando el Rey pide que se aplique «mucho sentido de Estado, tanto a la hora de gobernar, como de ejercer la oposición», pone el acento en un hecho incontestable que en España se ha obviado casi por completo. Sitúa el foco sobre el hecho de que los grandes asuntos, aquellos que conforman la estructura de un país, su presente y su futuro, deben ser el producto de un acuerdo entre los grandes partidos. Lo contrario condena al país en cuestión a la inestabilidad y a la inseguridad. Las grandes naciones del mundo se han caracterizado tradicionalmente por su capacidad para sacar de la convulsión partidista las cuestiones de Estado. El Rey acierta plenamente con este recordatorio, lo que parece más inquietante es que se viera obligado a realizarlo en un país tan necesitado de esas actitudes como la actual España. En ese punto, parece también más que adecuado su elogio de la Constitución como marco que «nos dota de instituciones que son claves para la estabilidad y convivencia democráticas» y que permite «el buen funcionamiento del conjunto de España». Precisamente, en tiempos en los que la perturbación política en instituciones clave del Estado, como el Tribunal Constitucional, se hace notar ante decisiones como el Estatut, el Rey pidió con acierto que se preserve la independencia de unos órganos que tienen importantes responsabilidades en el Estado de Derecho.
Más allá de la intensa carga política del mensaje navideño, Don Juan Carlos ha tenido un emotivo recuerdo para los tres cooperantes españoles que están secuestrados, para nuestras necesarias misiones militares de carácter internacional, para las víctimas del terrorismo y para todos los que sufren, los más desfavorecidos, los marginados y, por supuesto, para esos millones de españoles que padecen la lacra actual del desempleo. El mensaje del Rey resultó concluyente. Ahora solamente cabe esperar que quienes debían escucharlo lo hayan hecho.
LA RAZÓN.
EL REY PIDE COHESIÓN.
El mensaje navideño del Rey estuvo el jueves por la noche sostenido por una misma idea en los tres temas capitales que abordó. Esa idea no es otra que la necesidad del acuerdo entre los partidos políticos y las fuerzas sociales para cohesionar España, tanto en su organización territorial como en los temas de Estado y en el necesario diálogo social para superar la crisis.
Acuerdo, en primer lugar, en el respeto a los valores que contiene la Constitución, con una mención especial a las «instituciones independientes» que de ella se derivan y que «son claves para la estabilidad y convivencia democráticas». La referencia no puede entenderse más que como una reivindicación de la independencia del Tribunal Constitucional, sometido al desprestigio por parte de los partidos incapaces de ponerse de acuerdo para renovarlo y a las fuertes tensiones que ha acarreado el proceso del Estatut.
Pero el Rey alerta también de la necesidad de «sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado», en los que el principal partido de la oposición no ha estado muchas veces a la altura. Únicamente la inmediata presidencia española de la Unión Europea ha quedado fuera de la batalla partidista diaria, cuando el «sentido de Estado» se ha echado en falta en otros acontecimientos en los que ha peligrado el papel de España o la vida de españoles.
El tercer gran tema del discurso, como no podía ser de otra manera, fue la crisis económica, con una preocupación explícita por el aumento del paro. «Volver a crecer es el reto más apremiante para poner fin al desempleo», dijo Juan Carlos. Y para ello reclamó un pacto entre las fuerzas políticas económicas y sociales que lleva ya demasiado retraso.
PERIODICO DE CATALUNYA.
UNA COSA es que el discurso del monarca tenga que ser conocido y aprobado por el Gobierno, como establece la Constitución, y otra que el Gobierno aproveche el discurso real para refrendar sus políticas. No creemos que esto haya sucedido al cien por cien, pero parecía en algunos pasajes que el Rey no hablaba en primera persona en su alocución navideña sino que leía un discurso redactado por el Ejecutivo.
Hay párrafos en el mensaje real que resultan calcados de la terminología habitual de Zapatero como cuando Don Juan Carlos afirmó que «hay que redoblar los esfuerzos para que España vuelva a crecer y crear empleo (...) de forma sostenible». Este concepto de «sostenibilidad» es uno de los eslóganes habituales del Gobierno. Es un cliché de la izquierda -inicialmente vinculado a la defensa del medio ambiente- que, a base de ser utilizado para todo, ha terminado no significando nada, una cortina de humo para ocultar la orfandad de respuestas al desempleo creciente. Igual se puede decir de la mención al «terrorismo internacional», una alusión genérica que ignora el islamismo radical de los secuestradores de los cooperantes y a nada compromete.
En el mismo sentido, el monarca valoró positivamente «las medidas a escala internacional, europea y nacional para detener la crisis», una equiparación un tanto injusta en la medida que no todos han hecho las mismas aportaciones para combatir la recesión. Zapatero está, desde luego, en los últimos puestos del pelotón.
Igual sucede cuando el Rey se refirió a «la urgencia» de «un gran acuerdo nacional en materia de educación». Son términos calcados a los utilizados por Zapatero y Gabilondo, su ministro de Educación. El planteamiento es injusto o al menos descompensado, puesto que lo primero que hizo el Gobierno socialista en 2004 fue derogar la ley de educación aprobada por el PP. Ahora Zapatero carece de autoridad moral para decir que «urge» un pacto nacional de educación, sin entrar en la naturaleza de ese acuerdo y no debería hacerlo por boca del Rey precisamente este año.
La parte más esperada del discurso en función de la próxima sentencia del TC llegó, sin duda, cuando el monarca subrayó que la Constitución «garantiza un amplio abanico de derechos y libertades y fundamenta una avanzada articulación de nuestra rica diversidad territorial», palabras que siguieron a una apelación al «entendimiento» entre todas las comunidades. Estas afirmaciones son ambiguas y pueden ser interpretadas de forma distinta, pero independentistas como Joan Puigcercós las entendieron como un llamamiento del Rey a convalidar la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña para evitar una ruptura de esta comunidad con el resto de España.
Don Juan Carlos habló también del deber de todos de «preservar la independencia de las instituciones en aras de la confianza que los ciudadanos tienen depositadas en ellas». Todo el mundo estaría de acuerdo con este aserto, pero lo que no está nada claro es a que se refería el Rey. ¿Quería criticar al PP por su denuncia de la inconstitucionalidad del Estatuto aprobado por el Parlament y el Congreso o, por el contrario, apuntaba al chantaje de los nacionalistas catalanes al Constitucional?
La prueba de que el discurso no fue neutral es el contraste entre la fría acogida por parte del PP -aunque correcta y respetuosa- y el entusiasmo del PSOE, cuya dirigente Elena Valenciano afirmó que «es difícil hacer un diagnóstico más acertado y próximo». Parece como si se tratara de un elogio frente al espejo. Sería temerario asegurar que el Gobierno ha dictado el mensaje navideño del monarca, pero lo que sí parece evidente es que estaba demasiado imbuido de la parcialidad de Zapatero.
EL MUNDO.
Como un secreto muy bien guardado se habla del toque de modernidad que este año tendrá la escenografía del tradicional mensaje navideño del Rey. Se caen los toques familiares y algún otro tópico costumbrista, que resultaban algo relamidos como telón de fondo. Aunque no sólo se trata de modernidad. Con un divorcio reciente en la familia real y el persistente castigo de la crisis económica a millones de españoles, tampoco venía a cuento desbordar la sobriedad de fondo y forma que aconseja la situación.
Más se presta a una glosa especial la otra novedad de este año. Uno de los tres canales de la televisión autonómica vasca emite el mensaje de don Juan Carlos a todos los españoles. Estamos ante un acontecimiento que sienta precedente. Nunca en los casi treinta años de reinado nacionalista en Euskadi había tenido a bien la televisión pública de la Comunidad Autónoma emitir la tradicional alocución del Rey en la fiesta más familiar del calendario cristiano.
O sea, que es noticia la emisión del mensaje por la televisión pública vasca. Cuando la normalidad se convierte en noticia algo anormal está ocurriendo, pues la noticia, penosa y lamentable noticia, repetida una vez al año, tendría que haber sido el hecho de no emitirlo. Aquello sí era una violación de la normalidad. La institucional y la otra. Sobre todo la institucional, puesto que hablamos de la figura que ostenta la más alta representación del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituida como una realidad político-jurídica, es una pieza más del Estado español.
Pero hay algo mucho más de fondo. La figura del Rey, como jefe del Estado, es el símbolo visible de las libertades reconocidas en la Constitución. Incluida la libertad de ver y escuchar el mensaje o cambiar de canal, sin salir de la televisión pública vasca, porque dos de sus canales no lo emitirán. Así que nada de imposiciones, como ha dicho algún necio de inquebrantable adhesión nacionalista.
Necedades han dicho unas cuantas los dirigentes nacionalistas vascos al conocer el anuncio del director general de ETB, Alberto Surio, cuando hace unos días anunció en el Parlamento de Vitoria que la cadena autonómica emitiría este año el discurso de Navidad del Rey de España. La más grande de todas es la que consiste en acusar al Gobierno de Patxi López de querer "españolizar" al País Vasco.
Excelente mensaje para el batzoki, tan sectario como cualquier otro mensaje de partido, pero absolutamente extravagante para la gobernación de un territorio jurídica y políticamente españolizado, por mucho que la secta nacionalista cultive la utopía de una Euskadi como unidad de destino en lo universal. Mientras sigue siendo una utopía, el País Vasco está inevitablemente españolizado en la Constitución. Y de eso se deriva la obligación de respetar las reglas del juego.
JULIA NAVARRO.
EL FARO DE CEUTA.
Si por algo se recordará el discurso de Nochebuena de este año del Rey es por el énfasis que puso el monarca en acentuar la necesidad de que el Gobierno y el principal partido de la oposición demuestren “mucho sentido de Estado” y logren pactos que refuercen la cohesión interna y la proyección exterior de España. Don Juan Carlos tuvo también palabras para reclamar la independencia de “instituciones clave para la estabilidad y la convivencia democráticas de este país” (en alusión más o menos clara a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña) y para exigir que la honradez sea “una regla inexcusable de conducta” (tras un año salpicado de casos de corrupción política), pero sin duda el elemento más sustancial de su intervención fue esta apelación a la necesidad de que PSOE y al PP alcancen consensos en aquellos temas que deben alejarse de la confrontación partidaria. En vista del clima de crispación que se vive en la política nacional, se puede asegurar que la solicitud del Rey no puede ser más adecuada. No se les va a pedir a los dos grandes partidos del país que hagan un ejercicio de contricción o que simulen determinados consensos para no minar más la confianza de los españoles en su clase política. Pero sí que es exigible que demuestren una altitud de miras que, a pesar de la crisis que estamos viviendo, hasta ahora no ha aparecido. El desastroso resultado de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas, la incapacidad de ponerse de acuerdo en materias como la educación o las energías, el retraso en la firma de los acuerdos de concertación social o el mismo hecho de que Zapatero y Rajoy lleven un año sin mantener una reunión personal son una buena muestra de hasta dónde lleva el enfrentamiento de las dos grandes formaciones políticas. Es difícil que el PSOE y un PP centrado en erosionar al Gobierno vayan a encontrar puntos de acuerdo. Pero deben intentarlo por el bien de todos.
CORREO DE ANDALUCÍA.
El tradicional mensaje navideño del Rey, difundido por primera vez por la radiotelevisión pública vasca en un gesto de respeto y normalidad institucionales, proyectó las preocupaciones que inquietan en estos momentos a buena parte de la sociedad española. Preocupaciones que tienen que ver, fundamentalmente, con el deterioro del bienestar económico derivado de la crisis y la angustia por el incremento del paro, pero también con la imposibilidad o la renuncia de las fuerzas políticas a procurar consensos ante desafíos que conciernen al Estado por encima de las legítimas diferencias partidarias. Don Juan Carlos radiografió certeramente los principales problemas que aquejan a los ciudadanos; instó a «redoblar esfuerzos» para que nuestro país retorne a la senda del crecimiento y vuelva a crear empleo; y reclamó expresamente «mucho sentido de Estado» tanto al gobernar como al ejercer la oposición para que prevalezca el bien colectivo sobre «egoísmos particulares». Fiel a las delimitaciones de su papel constitucional, el Jefe del Estado se abstuvo en su discurso de Nochebuena de explicitar crítica alguna. Pero el recordatorio de sus palabras del año pasado, cuando ya dijo que la salida de la crisis exige del trabajo de todos «en la misma dirección», y su renovada apelación a los grandes consensos comunes -con aspectos concretos como la defensa de «un gran acuerdo nacional» en materia de Educación- interpela de tal manera a dirigentes institucionales y partidarios que éstos difícilmente pueden escabullirse de sus respectivas responsabilidades. Aunque en sus reacciones al mensaje real trataran de hacerlo bien recurriendo a fórmulas manidas de aplauso o crítica, bien interpretando que es el adversario político el que debe sentirse señalado o conminado. Como no podía ser de otro modo, Don Juan Carlos sumó a su llamamiento al consenso a las comunidades autónomas y reivindicó la Constitución como marco de estabilidad y de convivencia democrática en la diversidad. Su petición para preservar la independencia de las instituciones emanadas de la Norma Fundamental no debería entenderse sólo en el viciado contexto sobre el futuro del Estatuto de Cataluña, sino como un requerimiento ineludible para el correcto funcionamiento del Estado constitucional.
LAS PROVINCIAS.
Toda publicación es publicidad, pero no toda publicidad es publicación. ¿Cómo se entiende ésto?
¿Y por qué no los quieren publicar, aunque transigen con publicitarlos? Porque alguna razón ha de haber.
Esta resolución del Justicia es un éxito para la Asociación.
Como lo fue, la anterior sugerencia a favor de la publicación de los nombramientos y ceses. Van ya dos éxitos sobre el mismo tema. No es poca cosa.
¿Cuál es el motivo para que se tergiversen las normas como lo hace el Departamento de Presidencia?
El Justicia de Aragón ha resuelto la queja planteada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en relación con la publicidad, "que no publicación, que el Gobierno de Aragón ha venido otorgando al nombramiento y cese del personal eventual de gabinetes, tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobada en mayo de 2009.
En su resolución, de 16 de diciembre de 2009, recientemente notificada a esta Asociación, el Justicia de Aragón requiere al Gobierno de Aragón que dé publicidad al nombramiento y cese de los directores, jefes y demás miembros de los Gabinetes del Gobierno de Aragón mediante la publicación de la disposición por la que se acuerde dicho nombramiento o cese.
Esta resolución "desautoriza la práctica seguida por los miembros del Gobierno de Aragón, quienes, en lugar de proceder a la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, como expresamente exige el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, se han limitado a insertar en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio, suscrito por los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos, por el que se daba publicidad al nombramiento o cese de dicho personal, indicando nombre y apellidos del afectado y puesto".
Según explica la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en un comunicado, esta técnica "no sólo no se ajusta a la literalidad del precepto legal aplicado, como expresamente señala el Justicia de Aragón en su resolución, sino que, además, contraviene la regla general de publicación de actos administrativos que establece la legislación estatal"
A juicio de esta Asociación, el Gobierno de Aragón "ha tratado de desvirtuar desde el primer momento el sentido de la norma con dos claras finalidades". En primer lugar, "evitar el conocimiento público de las fechas reales de nombramiento y cese, lo que le permite disociar el nombramiento o cese de su publicidad, posibilitando con ello la posible manipulación de las fechas de efectos".
En segundo lugar, "desligar el requisito formal de publicación de la eficacia del acto publicado, permitiendo con ello que la toma de posesión o inicio del desempeño de las funciones de confianza no queden supeditados al momento de la publicación".
"Anomalía"
"Dicha pretensión resulta, a nuestro juicio, plenamente antijurídica", asevera la Asociación, al tiempo que defiende que "todos los nombramientos para el ejercicio de funciones públicas, tanto de altos cargos como de funcionarios públicos, requieren la previa publicación del correspondiente nombramiento".
Entre ellos, menciona "desde el cargo de presidente del Gobierno de Aragón, consejeros y directores generales al último nombramiento por el que se atribuyen puestos de trabajo a funcionarios públicos, sea mediante libre designación, concurso de méritos o por atribución de primer destino, tras su nombramiento como funcionarios de carrera". Por tanto, "no sólo la falta de publicación de nombramientos y ceses del personal eventual constituía una clara anomalía dentro de la Administración Pública, por su secretismo, sino que, en estos momentos, supone una inaplicación de lo establecido en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, como expresamente ha sido señalado por el Justicia de Aragón", remarcan.
Por último, la Asociación anuncia que se va a dirigir a los miembros del Gobierno de Aragón y al conjunto de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para instarles a que la sugerencia del Justicia de Aragón sea debidamente atendida por el Gobierno autonómico y que la correcta aplicación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón sea controlada por las Cortes de Aragón.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
Comentario:
Nos llevaríamos grandes sorpresas si se publicara una lista de todos los que viven debajo del paraguas de los distintos partidos que forman las Cortes de Aragon.
Propuesta para alguien comprometido con la DEMOCRACIA y que maneje bien Internet
El Justicia de Aragón reclama al Gobierno aragonés una correcta publicación de nombramientos y ceses de personal asesor
EUROPA PRESS.
POLÍTICA AUTONÓMICA
El Justicia insta al Gobierno de Aragón a que publique correctamente el nombramiento de sus asesores
Fernando García Vicente resuelve positivamente una queja que presentó la Asociación para la Defensa de la Función Pública que acusaba al Ejecutivo autonómico de "secretismo" y de contravenir la regla general de publicidad de actos administrativos que establece la legislación estatal básica.
HERALDO DE ARAGÓN.
EFE. Zaragoza
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha resuelto una queja de la Asociación para la Defensa de la Función Pública por la que reclama al Gobierno de Aragón una correcta publicación de nombramientos y ceses del personal asesor.
Así lo asegura la asociación en un comunicado, en el que recuerda que recurrió al Justicia para reclamar al Gobierno que dé publicidad al nombramiento y cese de los directores, jefes y demás miembros de los gabinetes del Ejecutivo tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobada en mayo de 2009.
Según la asociación, el Justicia, en una resolución fechada el pasado 16 de diciembre, requiere al Gobierno de Aragón que dé publicidad al nombramiento y cese del personal asesor mediante la publicación de la disposición por la que se acuerde dicho nombramiento o cese.
Para esta entidad, la resolución "viene a desautorizar expresamente la práctica seguida por los miembros del Gobierno de Aragón", que se han limitado a insertar en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio, suscrito por los titulares de las secretarías generales técnicas de los departamentos, por el que se daba publicidad al nombramiento o cese del personal eventual, indicando nombre y apellidos del afectado y puesto.
En su opinión, esa técnica no sólo no se ajusta a la literalidad del precepto legal aplicado, como señala el Justicia de Aragón en su resolución, sino que contraviene la regla general de publicación de actos administrativos que establece la legislación estatal básica.
El Gobierno de Aragón, agrega la entidad, ha tratado de desvirtuar desde el primer momento el sentido de la norma aprobada para evitar el conocimiento público de las fechas reales de nombramiento y cese, lo que le permite disociar dicho nombramiento o cese de su publicidad, posibilitando con ello la posible manipulación de las fechas de efectos.
Añade que además se ha tratado de desligar el requisito formal de publicación de la eficacia del acto publicado, permitiendo con ello que la toma de posesión o inicio del desempeño de las funciones de confianza no queden supeditados al momento de la publicación.
Esa pretensión resulta, a su juicio, plenamente antijurídica, ya que todos los nombramientos para el ejercicio de funciones públicas requieren la previa publicación del correspondiente nombramiento, desde el cargo de presidente del Gobierno de Aragón, consejeros y directores generales al último nombramiento por el que se atribuyen puestos de trabajo a funcionarios públicos, sea mediante libre designación, concurso de méritos o por atribución de primer destino.
En su opinión, no solo la falta de publicación de nombramientos y ceses del personal eventual constituía una "clara anomalía" dentro de la Administración por su secretismo, algo que la entidad ha puesto en manos de la Fiscalía General del Estado porque ha servido para posibilitar una utilización fraudulenta de los puestos, sino que supone una inaplicación de lo establecido en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
La asociación anuncia que se va a dirigir a los miembros del Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes para instarles a que la sugerencia del Justicia de Aragón sea debidamente atendida por el Ejecutivo y que la correcta aplicación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón sea controlada por las Cortes de Aragón.
HERALDO DE ARAGÓN.
Comentario:
Felicito a esa Asociación qde Defensa de la Función Pública, que hace bien en lavantar la bandera de la honradez allí donde la porquería, la discrecionalidad y el abuso campan a sus anchas: las administraciones públicas. Pero la crítica del Justicia se refiere a un aspecto formal. Sin embargo, vayamos al fondo del asunto: ¿hacen falta esos asesores?. Claro que no. Es una treta usada por los partidos políticos para meter un buen salario a los militantes que se prestan a concurrir a las elecciones municipales. "Yo me apunto en la lista al Ayuntamiento si me das un trabajo...". Y el trabajo es el de asesor. Bonita manera de resolver un problema que atañe al funcionamiento interno de los partidos, con el dinero de todos...
Comentario:
Joer, si es verdad que lo publican, la de inutiles que vamos a ver en el BOA, nos queda el consuelo de que por lo menos lo sabremos; ya que para lo que van hacer...,
¿A quién se le ocurrió el artificioso procedimiento del anuncio por el que se da publicidad a un nombramiento que es obligado publicar?
A alguna mente malograda por el ejercicio del poder, no cabe duda.
Me alegra que este asunto haya tenido econ en la prensa aragonesa. Es un buen síntoma, no todo está perdido.
Toda esta labor de control de la acción del Gobierno, para asegurar el respeto de la ley, tiene un enorme valor, y es muy meritorio que la lleve a cabo una asociación de funcionarios.
¿No es el mérito de la institución del Justicia?
Fernando García Vicente resuelve positivamente una queja que presentó la Asociación para la Defensa de la Función Pública que acusaba al Ejecutivo autonómico de "secretismo" y de contravenir la regla general de publicidad de actos administrativos que establece la legislación estatal básica.
iespedrocerrada
Un pequeño paso más.
El Gobierno sigue proponiendo que los partidos políticos de la oposición participen en los consejos de administración de las empresas públicas.
Tengo la sospecha de que esa propuesta del Gobierno a la oposición es una trampa para elefantes, que además podría contravenir la legislación vigente o al menos forzarla hasta el extremo de tergiversarla gravemente. La Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón indica en su artículo 11 que el Gobierno de Aragón establece la política general y es responsable políticamente ante las Cortes de Aragón y de forma solidaria.
¿Cuál es el propósito de la creación de las empresas públicas? Muchos creemos que son una forma de crear una cantera de trabajo de acceso preferente para la militancia de los partidos en el Gobierno y de extender la trama clientelar en la que se sustentan. Pero, al menos sobre el papel, las empresas públicas permiten ejercer la acción política por otras vías distintas, y presumiblemente más eficaces, o eso dicen, que la mera Administración general. Sin embargo, el Gobierno, que ni comparte ni podría la responsabilidad de la gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma, pretende compartir la responsabilidad de la gestión de las empresas públicas.
La oposición ha solicitado reiteradamente al Gobierno la relación de empleados de las empresas públicas, sin resultado. Ahora, desde los consejos de administración podría conocer ese dato. Imaginemos que comprueban las relaciones familiares y de militancia que todos sospechamos. ¿Podría denunciarlo ante los jueces o en las Cortes, públicamente? ¿Están obligados los miembros de los consejos de administración a mantener el secreto de los datos que conozcan como consecuencia de su cargo, lo que implica tanto como desactivarse políticamente de forma voluntaria? A mí no me cabe duda de que eso es lo que el Gobierno persigue con esa sorprendente “generosidad”.
Una de las, a mi juicio, más graves anomalías legislativas de nuestra Comunidad Autónoma es que mientras que el Estado está obligado a crear por Ley las empresas públicas, es decir, mediante trámite parlamentario y discusión política en el Congreso sobre su necesidad, oportunidad, fines y características, en Aragón las empresas públicas se crean mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, por Decreto. Es sorprendente que la creación de entidades de derecho público menores, como algún Instituto Autónomo sin ninguna relevancia, poco presupuesto y escasa plantilla, haya de ser debatida y decidida en las Cortes, y la creación de monstruos empresariales de cientos de empleados se hurten del debate y del control políticos. ¿Por qué en el Estado sí y en Aragón no? Nunca entenderé que ni siquiera la oposición haya manifestado algún tipo de objeción ante esta anomalía tan significativa.
Estupenda repercusión hoy en prensa de este asunto. La mejor noticia en Diario del Altoaragón.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha resuelto una queja de la Asociación para la Defensa de la Función Pública por la que reclama al Gobierno de Aragón una correcta publicación de nombramientos y ceses del personal asesor.
Así lo asegura la asociación en un comunicado, en el que recuerda que recurrió al Justicia para reclamar al Gobierno que dé publicidad al nombramiento y cese de los directores, jefes y demás miembros de los gabinetes del Ejecutivo. Según la asociación, el Justicia, en una resolución fechada el pasado 16 de diciembre, requiere al Gobierno de Aragón que dé publicidad al nombramiento y cese del personal asesor mediante la publicación de la disposición por la que se acuerde dicho nombramiento o cese. Para esta entidad, la resolución "viene a desautorizar la práctica seguida por los miembros del Gobierno", que se han limitado a insertar en el BOA un anuncio, suscrito por los titulares de las secretarías generales técnicas de los departamentos, por el que se daba publicidad al nombramiento o cese.
EL PERIODICO DE ARAGÓN.
La sociedad civil está viva. ¿Más que la oposición política? Lo parece.
Me alegra ver que el compromiso de un conjunto de funcionarios públicos en la defensa de la legalidad tiene la repercusión que se merece. Hace falta que el ejemplo cunda.
Comentario:
Ahora que me fijo, el titular es incorrecto: el Justicia no pide que se publiciten los nombramientos, sino que se publiquen.
Publicar oficialmente una disposición (un nombramiento en este caso) es el requisito legal imprescindible para su eficacia jurídica. A partir de su publicación, por ejemplo, empieza a correr el plazo para que puedan recurrirse.
Publicitar es otra cosa: insertar un anuncio. Y el Gobierno es esto último lo que venía haciendo, y no lo primero.
Lo que caracteriza a esa Asociación es la falta de miedo a poner las cosas sobre la mesa: el ejemplo más llamativo, las retribuciones ilegales ante la reciente protesta de los sindicatos de la función pública. Eso tiene un valor muy superior al que podemos imaginar a primera vista.
El Justicia pide al GA que publique correctamente los nombramientos
Responde a una queja sobre asesores del gobierno
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha resuelto una queja de la Asociación para la Defensa de la Función Pública por la que reclama al Gobierno de Aragón una correcta publicación de nombramientos y ceses del personal asesor.
DIARIO DEL ALTOARAGON.
ZARAGOZA.- Así lo asegura la asociación en un comunicado, en el que recuerda que recurrió al Justicia para reclamar al Gobierno que dé publicidad al nombramiento y cese de los directores, jefes y demás miembros de los gabinetes del Ejecutivo tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobada en mayo de 2009.
Según la asociación, el Justicia, en una resolución fechada el pasado 16 de diciembre, requiere al Gobierno de Aragón que dé publicidad al nombramiento y cese del personal asesor mediante la publicación de la disposición por la que se acuerde dicho nombramiento o cese.
Para esta entidad, la resolución "viene a desautorizar expresamente la práctica seguida por los miembros del Gobierno de Aragón", que se han limitado a insertar en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio, suscrito por los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos, por el que se daba publicidad al nombramiento o cese del personal eventual, indicando nombre y apellidos del afectado y puesto.
En su opinión, esa técnica no sólo no se ajusta a la literalidad del precepto legal aplicado, como señala el Justicia de Aragón en su resolución, sino que contraviene la regla general de publicación de actos administrativos que establece la legislación estatal básica.
El Gobierno de Aragón, agrega la entidad, ha tratado de desvirtuar desde el primer momento el sentido de la norma aprobada para evitar el conocimiento público de las fechas reales de nombramiento y cese, lo que le permite disociar dicho nombramiento o cese de su publicidad, posibilitando con ello la posible manipulación de las fechas de efectos.
Añade que además se ha tratado de desligar el requisito formal de publicación de la eficacia del acto publicado, permitiendo con ello que la toma de posesión o inicio del desempeño de las funciones de confianza no queden supeditados al momento de la publicación.
Esa pretensión resulta, a su juicio, plenamente antijurídica, ya que todos los nombramientos para el ejercicio de funciones públicas requieren la previa publicación del correspondiente nombramiento, desde el cargo de presidente del Gobierno de Aragón, consejeros y directores generales al último nombramiento por el que se atribuyen puestos de trabajo a funcionarios públicos, sea mediante libre designación, concurso de méritos o por atribución de primer destino.
En su opinión, no sólo la falta de publicación de nombramientos y ceses del personal eventual constituía una "clara anomalía" dentro de la administración por su secretismo, algo que la entidad ha puesto en manos de la Fiscalía General del Estado porque ha servido para posibilitar una utilización fraudulenta de los puestos, sino que supone una inaplicación de lo establecido en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
La asociación anuncia que se va a dirigir a los miembros del Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes para instarles a que la sugerencia del Justicia de Aragón sea debidamente atendida por el Ejecutivo y que la correcta aplicación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón sea controlada por las Cortes de Aragón.
DIARIO DEL ALTOARAGON.
No cabe mayor claridad.
O sí.
AGUANTAR.
Escucho, ya desde hace varios meses, que los socios en la DGA van a aguantar la coalición hasta las autonómicas de 2011. Y no me parece de recibo. ¿Qué es eso de aguantar? ¿Esa es la motivación de nuestros gestores? ¿Resistir? ¿Permanecer? No creo que estén las cosas para dejarse llevar por la inercia. La responsabilidad que tienen entre manos no es menor. Dirigen una Comunidad con un alto nivel de autogobierno y con capacidad para tomar decisiones que afectan a más de un millón doscientas mil personas. Al PSOE y al PAR no les puede valer con cubrir el expediente, con asegurar que en el año y medio que queda hasta las elecciones intentarán hacerse el menor daño posible. Ya sabemos que diez años de coalición desgastan y que cada vez son más las discrepancias entre los dos partidos, acentuadas desde hace dos años por asuntos como Gran Scala, la financiación autonómica o la ley de lenguas. Pero si se ven cansados y desganados, lo mejor es que tomen decisiones drásticas para dar un giro a la situación. En una empresa privada una situación así sería inaceptable. Y lo de la buena sintonía entre Iglesias y Biel parece que se termina.
PEPE LASMARÍAS.
Creo que esa asociación tiene mucho futuro por delante. Ánimo.
Comentario:
¿Y por qué no los quieren publicar, con todos los efectos administrativos de eficacia del acto administrativo de nombramiento o cese, aunque transigen con publicitarlos? Porque alguna razón ha de haber. ¿Cuál es el motivo para que se tergiversen las normas como lo hace el Departamento de Presidencia?
Comentario:
Ya es hora de acabar con la lacra de "los asesores",Pero no solo en la DGA sino tambien en el Ayuntamiento de Zaragoza.La situacion es bien facil de resolver,un Alcalde,un Presidente puede y debe tener Asesores,pero deberian todos de cumplir con la premisa de ser Fucionarios Públicos,o bien del Ayuntamiento,o bien de la DGA.Si se cumpliera esto el ahorro seria considerable,y si a esto le añadimos el que no se pudieran contratar Consejeros en los Ayuntamientos,y menos cuando los Concejales elecctos no se les da trabajo.
Hay que conseguir que estas cosas se debatan públicamente.
Como siempre, el silencio de los miembros del Gobierno es clamoroso. Parece que nada les afecta, pues se creen por encima del bien y del mal. Esa sensación es la que va a provocar su ruina, y es sólo cuestión de tiempo.
¿Sólo esa asociación se mete en estos berenjenales?
¿O ahora les llaman jardines?
Publicar un comentario