La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a esta Asociación, mediante escrito de 16 de diciembre de 2009, el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de Director/a del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
La denuncia realizada por esta Asocición señalaba que las funciones de dicho puesto, propio de funcionario de carrera, estaban siendo desempeñadas por una persona, Carlos Franco, que no ostentaba tal condición, y que, presumiblemente, era personal laboral de la empresa pública SODEMASA, incurriéndose con ello en una posible cesión ilegal de trabajadores entre la citada empresa pública y el Departamento de Medio Ambiente. Era esta cuestión -la cesión ilegal de trabajadores- y no la provisión de puestos de la función pública, cuestión obviamente ajena a las competencias de dicha Inspección, la que se denunciaba.
Se señala en el citado escrito de archivo que sólo cabría la actuación de la citada Inspección en el "caso hipotético" de préstamo laboral o cesión de trabajadores, procediendo seguidamente a la delimitación conceptual y jurisprudencial de dicha noción jurídica, para concluir que "la cuestión sería de mayor complejidad en el caso presente, si consideramos como hipótesis que la cesión se produjera entre empleados de una empresa pública, dependiente del mismo Departamento, y para desempeñar funciones propias de funcionario público, caso en el cual no parece quepa el supuesto de elección por parte del trabajador hipotéticamente cedido".
Concluye, a la vista de todo ello, que "el control del cumplimiento de la normativa específica que regula la función pública, en orden al desempeño de funciones, provisión de puestos y organización administrativa no es competencia para la que esté habilitada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de cualesquiera administraciones públicas".
Esta Asociación ha de manifestar su sorpresa por la decisión adoptada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al proceder al archivo de una denuncia, sin ni siquiera comprobar o fijar los hechos denunciados -ni se ha comprobado la presencia de Carlos Franco en el CIAMA, ni la relación jurídica que pueda mantener con el Departamento de Medio Ambiente ni su condición de personal laboral de la empresa SODEMASA, ni los términos en virtud de los cuales desempeña funciones públicas en el ámbito de un servicio del Departamento de Medio Ambiente-, resultando carente de todo rigor la aplicación de criterios de derecho -como se hace en el escrito de archivo- sin la previa determinación del supuesto de hecho. ¿Cómo puede hablar un órgano de inspección de "hipótesis", como se hace por la Inspección de Trabajo, si no es para revelar la absoluta falta de comprobación de los hechos?
La inhibición de la Inspección de Trabajo, y su negativa a comprobar si estamos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores -al margen de la complejidad jurídica que implique la relación entre un Departamento y una empresa pública adscrita al mismo- viene a añadirse a la inactividad de la Inspección General de Servicios, órgano de control del Departamento de Presidencia, que tampoco ha efectuado comprobación alguna sobre la irregular situación en el puesto de Director del CIAMA.
Ni la legalidad de la función pública ni el presunto incumplimiento de la normativa laboral se han querido investigar por los órganos de inspección competentes. Tal comportamiento no sólo supone una inaplicación de las normas a que se hallan sujetos tales órganos, sino una abierta contribución a que los abusos en que viene incurriendo el Departamento de Medio Ambiente, supliendo con personal laboral de SODEMASA numerosas funciones propias de funcionarios de carrera, no se corrijan ni se sancionen.
Esta Asociación, a la que le consta que Carlos Franco sigue ejerciendo funciones de carácter directivo en la estructura del CIAMA, pese a haberse cubierto por funcionario el puesto de Director, va a reiterar a la Inspección General de Servicios y a la Inspección de Trabajo la denuncia por tal situación, al tiempo que va a analizar el posible traslado de todas las actuaciones realizadas sobre el caso al Fiscal General del Estado, al estar tipificado como delito contra la Administración Pública el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios por personas que no tengan tal condición, delito en el que podrían haber incurrido tanto las personas que desempeñan tales funciones como los responsables administrativos y políticos que han posibilitado o tolerado tal situación.
Nuevamente, como en el caso de los Asesores de los Gabinetes del Gobierno de Aragón, ante la inoperancia de los órganos administrativos de control e inspección y la pasividad de los responsables políticos -como son el Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y el Consejero de Presidencia, Javier Velasco, en el presente caso-, esta Asociación se ve en la necesidad de acudir al Ministerio Fiscal para corregir situaciones irregulares en la Administración Pública. Que ello se produzca no puede ser una casualidad.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
43 comentarios:
¿Así está la Inspección de Trabajo?
¿Hay alguien que cumpla con su obligación?
Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover a cántaros
Tomo nota...
Acuso recibo...
Doy traslado...
Procedo a tramitar...
puede usted recurrir...
Le doy audiencia...
Oficina de reclamaciones...
Unidades de control e inspección...
Garantías huecas. Pura forma.
Es decepcionante la respuesta de la inspección de trabajo, desde luego, y lo que no pueden pretender es hacernos comulgar cn ruedas de molino.
Hay multitud de sanciones de la Inspección de Trabajo a Administraciones por cesión ilegal de trabajadores. ¿A qué viene, pues, esta pata de banco?
Sería fabuloso para Boné que sus ingenierías de organización no pudieran ser fiscalizadas por la Inspección de Trabajo.
Ni las Cortes pueden conocer el personal de Sodemasa ni la Inspección se considera habilitada para conocer de denuncias del tráfico de personal entre dicha empresa y la Administración.
En el pecado llevan la penitencia, pues van a conseguir que todos los asuntos acaben en la Fiscalía.
Y es posible que la Fiscalía sea el órgano más adecuado para investigar estos casos, pues la red de Aseal, Sodemasa, Par y Medio Ambiente encuentra nombres propios cuyo papel es preciso investigar.
No ha sido perder el tiempo.
A cada órgano hay que darle su oportunidad.
Luego el Fiscal General del Estado valorará la actuación de cada cual.
¿Alguien cree todavía que la impunidad puede prevalecer frente al Estado de Derecho?
¿Habrá que acudir a la Unión Europea?
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
QUÉ.
ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
La denuncia realizada por esta Asociación señalaba que las funciones de dicho puesto, propio de funcionario de carrera, estaban siendo desempeñadas por una persona, Carlos Franco, que no ostenta tal condición, y que, presumiblemente, era personal laboral de la empresa pública SODEMASA.
La Asociación denunciante consideraba que este hecho incurría en una posible cesión ilegal de trabajadores entre la citada empresa pública y el Departamento de Medio Ambiente. "Era esta cuestión --la cesión ilegal de trabajadores-- y no la provisión de puestos de la función pública, cuestión obviamente ajena a las competencias de dicha Inspección, la que se denunciaba", según informaron en nota de prensa desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública.
Se señala en el escrito remitido por la Inspección que sólo cabría su actuación en el "caso hipotético" de préstamo laboral o cesión de trabajadores, y se procede seguidamente a la delimitación conceptual y jurisprudencial de dicha noción jurídica, para concluir que "la cuestión sería de mayor complejidad si consideramos como hipótesis que la cesión se produjera entre empleados de una empresa pública, dependiente del mismo Departamento, y para desempeñar funciones propias de funcionario público, caso en el que no parece quepa el supuesto de elección por parte del trabajador hipotéticamente cedido".
Concluye que "el control del cumplimiento de la normativa específica que regula la función pública, en orden al desempeño de funciones, provisión de puestos y organización administrativa no es competencia para la que esté habilitada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de cualesquiera administraciones públicas".
La Asociación expresó hoy su "sorpresa" por la decisión adoptada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al proceder al archivo de una denuncia, sin ni siquiera comprobar o fijar los hechos denunciados, según apuntaron.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública consideró que la inhibición de la Inspección de Trabajo, y su negativa a comprobar si existe un supuesto de cesión ilegal de trabajadores --al margen de la complejidad jurídica que implique la relación entre un Departamento y una empresa pública adscrita al mismo-- se añade a la inactividad de la Inspección General de Servicios, órgano de control del Departamento de Presidencia que, según informaron, "tampoco ha efectuado comprobación alguna sobre la irregular situación en el puesto de director del CIAMA".
"Tal comportamiento no sólo supone una inaplicación de las normas a que se hallan sujetos tales órganos, sino una abierta contribución a que los abusos en que viene incurriendo el Departamento de Medio Ambiente, supliendo con personal laboral de SODEMASA numerosas funciones propias de funcionarios de carrera, no se corrijan ni se sancionen", añadieron.
La Asociación advirtió de que reiterará a la Inspección General de Servicios y a la Inspección de Trabajo la denuncia de esta situación, al tiempo que analizarán el posible traslado de todas las actuaciones realizadas sobre el caso al Fiscal General del Estado, al estar tipificado como delito contra la Administración Pública el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios por personas que no tengan tal condición.
Seguid adelante, pese a todo. Es totalmente necesario volver a poner en pie la Administración Pública, destrozada por el Gobierno de Aragón.
¿Otra vez a la Fiscalía? Lo cierto es que todo lo demás parece perder el tiempo. Parecen incapaces de corregir las cosas a su debido tiempo, y se les van a acumular las causas en la Fiscalía.
¿Llegará este Gobierno al final de la legislatura?
No te digo ni que sí ni que no.
¿Por qué no ha de llegar?
Por supuesto que no es una casualidad la necesidad de acudir a la Fiscalía, pues no hay voluntad alguna de atenerse a las normas. La situación es muy seria, pero la gente prefiere no darse por aludida. Creen que así se vive mejor.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social archiva la denuncia sobre la situación del puesto de director en el CIAMA
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
ADN.
«LA libertad del pueblo está en su vida privada; no la perturbéis». En su axioma, quintaesencia el Saint-Just de 1794 la clave única de la democracia: la cortante distinción entre lo público y lo privado; el blindaje legal de lo privado frente a lo público. Sin eso, no hay garantía de libertad. La razón es elemental: la democracia se erige sobre la más imponente máquina de acumulación de poder y violencia que ha conocido la historia: el Estado moderno. Sin un duro automatismo legal que lo proteja, el ciudadano está condenado a ser hecho fosfatina por dicha máquina. Sólo el veto a cualquier interferencia en lo privado salva a los individuos de su completa deglución por el Leviatán público.
De ese axioma -del cual derivan todos los demás que definen una democracia constitucional- ha partido una sentencia que puede no resultar simpática, pero sin la aplicación de cuyo criterio los cimientos constitucionales se desmoronarían. El juzgado 16 de lo penal ha dictado sentencia contra quienes publicaron la lista de afiliados a un partido (de la oposición, lo cual no es en este caso anécdota), en la cual se incluían, además de nombre y apellidos, direcciones y números de teléfono, sin contar con ningún «consentimiento de los perjudicados». La calificación del magistrado Ricardo Rodríguez, a la vista de esos hechos, que los acusados mismos reconocen como ciertos, me parece, en puridad constitucionalista, difícilmente discutible: «el derecho al respeto de la privacidad asegura al ciudadano una esfera en la que éste puede desarrollar y realizar su personalidad, sin injerencia de los poderes públicos o de otra personas, y la intromisión ilícita en tal privacidad está tipificada penalmente».
Los términos del debate deberían ser -al margen de pasión y gremio- acotados muy en frío: la afiliación a un partido político, ¿es acto privado o público?
Distingamos. La afiliación, como la pertenencia o militancia, a un partido, una sociedad filantrópica o una comunidad religiosa, es decisión privada. Inequívocamente privada. Y, sin procedimiento judicial por medio, ningún derecho legal hay a publicar la dirección y teléfono del defensa central del Villaconejos Fútbol Club, ni los del devoto de la adoración nocturna en la parroquia de San Francisco el Grande, ni los del miembro del club de fans de Rocío Jurado, ni los del vocal primero de la asociación de los amigos de los chipirones a la romana. Poseer o no el carné de un partido, como haber pasado o no por una pila bautismal, una circuncisión o un bar-mishvá, son actos privados. Que deberían quedar exentos a la enferma obscenidad del ojo público.
Vivir de un carnet de partido, ser un profesional que cobra con cargo a los impuestos públicos, es otra cosa. Aquel que cobra de todos, está necesariamente expuesto, las veinticuatro horas del día, a soportar el ojo de quien le paga. El sueldo público excluye la vida privada. Y la excluye tanto más, cuanto más desproporcionada es la ratio entre el público sueldo de los políticos y el escuálido de quienes se ganan la vida trabajando. Ni un solo parlamentario, ni el más insignificante concejal, ni ningún aparatchiki que cobre la fracción que sea de nuestros impuestos tienen derecho a vida privada. Todo lo suyo es nuestro. Lo hemos comprado. A exageradísimo precio. Lo hemos pagado. Nos guste o no.
Pero de ésos, no publica nadie direcciones ni teléfonos privados. Resultaría demasiado peligroso. Para quienes se atrevieran. Del indefenso militante de base, sí. Sobre todo, si lo es de un partido en la oposición. Sale gratis. Salvo que un juez decente diga que ya está bien de tanta burla.
GABRIEL ALBIAC.
El Pleno de las Cortes de Aragón aprobará el próximo miércoles, 30 de diciembre, el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2010, junto con el proyecto de ley de Acompañamiento, que incluye las modificaciones normativas y tributarias para hacer efectivo el presupuesto. Ambos proyectos de ley fueron aprobados esta mañana en Comisión parlamentaria.
La mayoría PSOE-PAR aprobó nueve enmiendas parciales de IU, junto con las 16 presentadas por los propios socialistas y regionalistas. El Pleno del miércoles debatirá más de 1.300 enmiendas de la oposición, que han quedado vivas, después de que la mayoría parlamentaria las rechazara.
El socialista Antonio Piazuelo expresó que los presupuestos son "atípicos e irregulares" porque, hasta ahora, todos los presupuestos habían ascendido, pero la crisis ha obligado a evaluar "mejor" las cuentas públicas y rebajarlas, lo que a su vez ha provocado un "ruido" interpretado como una "distonía" en el espacio público. Sin embargo, Piazuelo asegura estar "muy satisfecho" con los socios del PAR.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Todo esto cobra cada día más densidad.
¿Qué tipo de control se propone hacer esa asociación?
No suele haber causalidades en las cosas.
Todo este asunto está claramente urdido.
¿De qué sirve denunciar?
Buena pregunta.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social archiva la denuncia sobre la situación del puesto de director en el CIAMA
28/12/2009 18:00:59
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
La denuncia realizada por esta Asociación señalaba que las funciones de dicho puesto, propio de funcionario de carrera, estaban siendo desempeñadas por una persona, Carlos Franco, que no ostenta tal condición, y que, presumiblemente, era personal laboral de la empresa pública SODEMASA.
La Asociación denunciante consideraba que este hecho incurría en una posible cesión ilegal de trabajadores entre la citada empresa pública y el Departamento de Medio Ambiente. "Era esta cuestión --la cesión ilegal de trabajadores-- y no la provisión de puestos de la función pública, cuestión obviamente ajena a las competencias de dicha Inspección, la que se denunciaba", según informaron en nota de prensa desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública.
Se señala en el escrito remitido por la Inspección que sólo cabría su actuación en el "caso hipotético" de préstamo laboral o cesión de trabajadores, y se procede seguidamente a la delimitación conceptual y jurisprudencial de dicha noción jurídica, para concluir que "la cuestión sería de mayor complejidad si consideramos como hipótesis que la cesión se produjera entre empleados de una empresa pública, dependiente del mismo Departamento, y para desempeñar funciones propias de funcionario público, caso en el que no parece quepa el supuesto de elección por parte del trabajador hipotéticamente cedido".
Concluye que "el control del cumplimiento de la normativa específica que regula la función pública, en orden al desempeño de funciones, provisión de puestos y organización administrativa no es competencia para la que esté habilitada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de cualesquiera administraciones públicas".
La Asociación expresó hoy su "sorpresa" por la decisión adoptada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al proceder al archivo de una denuncia, sin ni siquiera comprobar o fijar los hechos denunciados, según apuntaron.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública consideró que la inhibición de la Inspección de Trabajo, y su negativa a comprobar si existe un supuesto de cesión ilegal de trabajadores --al margen de la complejidad jurídica que implique la relación entre un Departamento y una empresa pública adscrita al mismo-- se añade a la inactividad de la Inspección General de Servicios, órgano de control del Departamento de Presidencia que, según informaron, "tampoco ha efectuado comprobación alguna sobre la irregular situación en el puesto de director del CIAMA".
"Tal comportamiento no sólo supone una inaplicación de las normas a que se hallan sujetos tales órganos, sino una abierta contribución a que los abusos en que viene incurriendo el Departamento de Medio Ambiente, supliendo con personal laboral de SODEMASA numerosas funciones propias de funcionarios de carrera, no se corrijan ni se sancionen", añadieron.
La Asociación advirtió de que reiterará a la Inspección General de Servicios y a la Inspección de Trabajo la denuncia de esta situación, al tiempo que analizarán el posible traslado de todas las actuaciones realizadas sobre el caso al Fiscal General del Estado, al estar tipificado como delito contra la Administración Pública el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios por personas que no tengan tal condición.
DIARIO ZARAGOZA.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de este colectivo, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
La denuncia realizada por esta asociación señalaba que las funciones de dicho puesto, propio de funcionario de carrera, estaban siendo desempeñadas por una persona, Carlos Franco, que no ostenta tal condición, y que, presumiblemente, era personal laboral de la empresa pública Sodemasa.
Por este motivo, consideraba que este hecho incurría en una posible cesión ilegal de trabajadores entre la citada empresa pública y Medio Ambiente, una cuestión en la que Inspección no se declara competente.
EL PERIODICO DE ARAGON.
¿Pero hay Fiscalía en Aragón?
HUESCA.- La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha archivado la denuncia realizada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente, al señalar que no es competencia de dicho organismo actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública. El colectivo informó de que remitirá el caso a la Fiscalía General del Estado.
La asociación recordó que en su denuncia señalaba que "las funciones del dicho puesto, propio de funcionario de carrera, estaban siendo desempeñadas por una persona, Carlos Franco, que no ostentaba tal condición, y que, presumiblemente, era personal laboral de la empresa pública Sodemasa, incurriéndose con ello en una posible cesión ilegal de trabajadores entre la citada empresa pública y el Departamento".
DIARIO DEL ALTOARAGON.
Claro que hay Fiscalía en Aragón. La dirige el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, según la última reforma, de 2007, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
La actividad de la asociación tiene eco en los medios, y eso contribuye a involucrar a los ciudadanos y a la opinión pública en estos temas, que nos afectan a todos. No son cosas de funcionarios, aunque puedan parecerlas a primera vista.
No hay que reblar en este asunto.
No creo que la Fiscalía haga nada al respecto. Otras líneas de trabajo serían la del Justicia, la de las Cortes y la de la prensa.
No es posible que ni la Inspección Provincial de Trabajo ni la Inspección General de Servicios estén controlando este tema. ¿Estas cosas pueden estar ocurriendo sin que haya ningún órgano supervisor que controle su legalidad?
¿Qué órgano es competente entonces sobre la materia?
Me parece importante que se documenten otros casos similares donde las Inspecciones provinciales de otros lugares sí hayan investigado estas cuestiones. No es posible que la de Zaragoza se declare incompetente y sí lo sean las de otros sitios.
Muy buena propuesta, creo que debería tomarse en cuenta.
¿La sociedad civil cobra fuerza en Aragón?
Cuanto me alegro.
Tenía mejor concepto de la Inspección de Trabajo. ¿Les afectará que ahora dependan de la DGA?
Comentario:
Pero este Carlos Franco no es el famoso "calvo" que tenía Boné en ASAEL, el de Quinto de Ebro. Jodó que enjuages se llevan en la Conserjería de Malambiente.
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