FINAL DE AÑO CON APROBACIÓN CIUDADANA, NUEVA RAZÓN PARA EL COMPROMISO.

Ayer, se dieron a conocer los resultados del estudio de opinión realizado por Demoscopia para el diario El País, relativo a confianza institucional, en el que se refleja el nivel de respaldo a aprobación por parte de los ciudadanos de diferentes instituciones, organizaciones o coletivos profesionales. Los datos de dicho barómetos son de extraodinario interés para conocer el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas o en aquellos colectivos u organizaciones, de carácter público o privado, con un especial protagonismo en el desarrollo de nuestra vida social y política, es decir, en el funcionamiento de nuestra democracia.

Dicho estudio arroja un dato que no podemos dejar de subrayar, pues apuntala claramente el papel central que corresponde a los servidores públicos en el funcionamiento tanto de nuestras instituciones públicas como del conjunto de los servicios públicos que vienen a atender los derechos e intereses de los ciudadanos y a asegurar, al mismo tiempo, el interés general a través del respeto a la legalidad.

Los funcionarios públicos, en el nivel de confianza ciudadana, ocupan la decimocuarta posición, justamente por detrás de las Fuerzas Armadas y por delante del Príncipe de Asturias, pero también del Rey y de las principales instituciones públicas del Estado, como son, por orden de apoyo ciudadano, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, el Gobierno del Estado y el Parlamento (las Cortes Generales). Conforta, como servidores públicos, recibir un apoyo claro de la ciudadanía (del 66%), después de la intensa campaña de desprestigio público que se ha lanzado desde la clase política y empresarial y buena parte de los medios de comunicación de este país.

Es posible que, en el desarrollo de la actual crisis fiscal y a la vista de los numerosos recortes realizados en las Administraciones Públicas, los ciudadanos hayan podido constatar con claridad que los funcionarios públicos son quienes sostienen el funcionamiento de los servicios públicos que hasta ahora han servido, en gran medida, para legitimar al Estado. Si la valoración genérica de los funcionarios públicos es aceptablemente buena, la que se hace en especial de ciertos colectivos como los profesionales de la enseñanza pública (86%) o de la sanidad pública (76%), o de la Universidad (78%) o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (77%) es todavía mejor. Es decir, no solo se valora en su conjunto a los funcionarios públicos, sino que se destaca la aprobación a quienes trabajan en las áreas más apreciadas por los ciudadanos.

Este dato nos satisface especialmente a los miembros de esta Asociación, pues siempre hemos mantenido la necesidad de que los servidores públicos gocen de legitimidad social por el desempeño de sus funciones, más allá del mero acomodo a las reglas de funcionamiento de la Administración Pública. Solamente si los ciudadanos aprecian la función de los funcionarios y valoran a las personas que conforman la función pública, por su profesionalidad y por el valor intrínseco de su función para la garantía del Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de los servicios públicos, es posible gozar de credibilidad frente a quienes, por diferentes motivos, quieren erosionar o debilitar la función pública profesional diseñada por nuestra Constitución y el actual marco normativo. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que los riesgos y las insuficiencias que se acumulan de manera cada vez más preocupante, no exijan una labor constante para preservar los principios esenciales del modelo de función pública y la calidad del trabajo del conjunto de los servidores públicos, como organización al servicio de la democracia y de los ciudadanos.

No obstante la buena calificación obtenida por los funcionarios públicos, el barómetro de confianza institucional arroja datos claramente preocupantes respecto a la salud democrática de nuestro país, pues resulta incomprensible desde una óptica política la pésima calificación obtenida por el Parlamento, la institución que se conforma, precisamente, por las personas directamente elegidas por los ciudadanos. Harán bien los diferentes Parlamentos -nacional y autonómicos- en reflexionar sobre su labor y su grado de apertura a los ciudadanos. Su papel es insustituible -en modo alguno compartimos estrategias del estilo de las convocatorias para Rodear el Congreso-, pero los ciudadanos han de tener más presencia tanto en las instituciones como en el espacio público, donde se debaten los problemas colectivos. España no es sólo una democracia representativa, aunque evidentemente es uno de sus rasgos principales, sino que también se prevén mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, y ambas esferas no están debidamente articuladas.

Precisamente, para recordar que los ciudadanos cuentan con instrumentos de participación directa -como el derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución como derecho fundamental de todos los españoles-, y para instar a la institución parlamentaria a realizar iniciativas con las que restaurar la confianza de los ciudadanos -imprescindible para que quepa hablar de autogobierno democrático-, esta Asociación va a dirigirse a las Cortes de Aragón solicitando que se promueva la aprobación de un Código de Conducta para el conjunto de los titulares de las instituciones públicas aragonesas, y lo mismo haremos ante el Congreso de los Diputados y el Senado, pues los representantes de los ciudadanos han de ser un claro ejemplo de las virtudes democráticas y han de establecerse mecanismos para retirar de la actividad política a quienes defraudan la relación de confianza y digna representación de la que son depositarios.

PALABRAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Reflejamos en esta nota la síntesis de la intervención del Presidente de la Asociación, Julio Guiral, en el acto celebrado ayer en la Biblioteca de Aragón, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción:

Esta Asociación, una vez más, ha querido aprovechar la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, establecido por Naciones Unidas el 9 de diciembre, justamente la víspera de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, para realizar una sesión pública de reflexión sobre la significación de este día, y sobre la necesidad de mantener un compromiso activo y permanente contra la corrupción.

La proximidad entre ambas celebraciones –las correspondientes a los días 9 y 10 de diciembre- no es casual, pues la corrupción debemos considerarla, en todas sus manifestaciones, como una clara vulneración de los derechos humanos.

Ahora bien, para prevenir y combatir un fenómeno que amenaza las reglas de nuestra vida democrática y socava las relaciones de confianza entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas, hemos de realizar un esfuerzo para identificarlo, y así poder buscar los mecanismos adecuados para prevenirlo, combatirlo o sancionarlo. En dicha labor juega un papel importante la Convenció de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en Nueva York el 31 de octubre de 2003, y ratificada por España en 2006.

NOCIÓN DE CORRUPCIÓN.

No existe el suficiente grado de acuerdo, entre los estudiosos del tema, sobre el alcance de la noción de "corrupción", es decir, sobre el tipo de conductas aludidas o englobadas por tal concepto. Esta circunstancia tal vez justifique, como luego veremos, el que la Convención de Naciones Unidas de 2003 no incluya una definición expresa de "corrupción", lo que no quiere decir que tal noción no se pueda inducir del conjunto de conductas que, como manifestaciones de tal fenómeno, pretende prevenir y combatir.

El primer punto a considerar en la posible definición de "corrupción" es si la misma se refiere exclusivamente al sector público o comprende también conductas que se producen en el ámbito privado: gran parte de las definiciones formuladas restringen el ámbito de la noción al sector público, al entender como corrupción "un uso desviado de los poderes públicos en beneficio partícula" (A. NIETO)  o "utilización o abuso de un cargo público en beneficio propio" (TANZI).

Pero parece evidente que las prácticas corruptas, abusivas o fraudulentas también pueden darse en el ámbito privado, por lo que, de forma más amplia, cabe definir la corrupción como "cualquier abuso de una posición o cargo, tanto público como privado, para beneficio personal, sea éste económico o no". La corrupción es un fenómeno que afecta a la esfera pública y privada. La idea de corrupción organizacional insiste en el debilitamiento de la capacidad de las organizaciones para cumplir con sus propios objetivos. La corrupción reduce los niveles de confianza en las transacciones con las empresas y con el Estado.

Esta visión amplia es la que asume la Convención de Naciones Unidas, al referirse en su articulado, al enunciar las prácticas corruptas a prevenir y sancionar, tanto a conductas propias del sector público como a conductas en el sector privado, de modo que la corrupción pública o privada constituyen, cada una de ellas, un subtipo del concepto general de "corrupción".

Dentro de la corrupción pública, a su vez, podemos diferenciar la corrupción política (gubernamental o parlamentaria), la corrupción administrativa (propia de los funcionarios públicos que trabajan en las administraciones o sector público) y la corrupción judicial (reservada a miembros del poder judicial).

Importa destacar, en este sentido, el amplio concepto de "funcionario público" que utiliza la Convención de Naciones Unidas, en el que queda comprendido cualquier agente que ejerza potestades públicas o administrativas.

La corrupción administrativa es la protagonizada por los funcionarios o empleados públicos, cuando éstos actúan de forma distinta a lo señalado por las normas, con el fin de conseguir un beneficio privado, sea monetario o de otra naturaleza.

De acuerdo con el nivel de rechazo de ciertas prácticas, cabe distinguir entre corrupción negra, gris y blanca (Heidenheimer). Atendiendo al grado de afección a la organización administrativa por las prácticas corruptas, se puede diferenciar la corrupción episódica de la corrupción sistémica. Directamente vinculada a esta idea de la extensión de la corrupción, podemos hablar igualmente de corrupción selectiva o corrupción socializada (la “democratización de la corrupción”). 

Por último, podríamos hablar de corrupción condenada o reivindicada (la corrupción tiene sus defensores –“el aceite que engrasa las ruedas”- y los corruptos tienen sus partidarios).

No hay que olvidar una de las peores manifestaciones de la corrupción: la corrupción de la anticorrupción.

NECESIDAD DE LA ÉTICA.

La corrupción es la negación de la ética, y de ahí la importancia de que la acción contra ella no se aborde exclusivamente desde la legislación, con una visión exclusivamente jurídica –cuya aplicación en modo alguno queda asegurada, cuando no funcionan adecuadamente los instrumentos de control-, sino desde el rearme ético de las instituciones y de la sociedad, reforzando los elementos esenciales de la ética pública y de la ética cívica.

En esa dirección entendemos esencial el reforzamiento de las éticas profesionales y, muy en particular, la ética de los servidores públicos, por un lado, y la ética de los negocios, por otra. Esa doble vertiente es la que hemos querido aunar en este acto de hoy, al combinar el papel de los funcionarios públicos como garantes del buen funcionamiento de las instituciones públicas y la defensa del interés general, y el papel que corresponde a las empresas en el aseguramiento del bienestar de los ciudadanos, en la satisfacción de sus necesidades, en la generación de riqueza.

No podemos demonizar, como tantos hacen desde su limitada óptica, lo público o lo privado. Cada ámbito tiene un campo propio de intervención en la promoción del desarrollo y del bienestar de la sociedad. Un buen gobierno público y una buena gestión empresarial, con un claro compromiso ético, constituyen sin duda la mejor manera de construir una sociedad libre y próspera.

Por el contrario, la combinación de la corrupción pública y de las actividades irregulares de la empresa privada constituye el peor escenario para que ciudadanos, servidores públicos, trabajadores y empresarios puedan desenvolverse de forma honesta y desarrollar su actividad conforme a la legalidad y a los valores propios de su condición profesional.

En anteriores ocasiones, hemos expresado de forma detallada nuestros planteamientos en relación con la necesidad de una infraestructura ética en el seno de las instituciones públicas –hemos abogado por la aprobación de códigos de gobierno o por el establecimiento de normas claras y rigurosas para prevenir los conflictos de intereses de quienes ejercen cargos públicos en las instituciones-, y no queremos reiterarlos ahora.

En la jornada de hoy nuestro interés va a centrarse en el papel que ha de jugar la empresa en el aseguramiento de comportamientos éticos en la vida social, mediante la promoción de lo que se denomina “responsabilidad social corporativa”.

Prevenir la corrupción cabe hacerlo desde ambos lados de la mesa: desde quien cobra o desde quien paga para que se adopte una decisión ilegal, injusta o contraria al principio de igualdad; desde quien da u obtiene una ventaja irregular; desde el lado de los corruptos o corrompibles y desde el lado de los corruptores.

Queremos hoy abordar el papel que puede jugar la empresa para frenar el fenómeno de la corrupción, algo que hoy parece anegarlo todo, pues es difícil imaginar un país en el que la corrupción, ya sea en forma de delitos o de abusos injustificados, haya afectado al máximo responsable del empresariado y a la máxima autoridad del poder judicial. 

Debemos transformar en círculo virtuoso lo que hoy se percibe de forma muy amplia como un insoportable círculo vicioso.

ACTO PÚBLICO EN LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Con motivo de la celebración el pasado domingo, 9 de diciembre, del Día Internacional contra la Corrupción, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha organizado un acto público, en colaboración con la Asociación Aragonesa de Responsabilidad Social Corporativa (ARARSE), bajo el título de "Ética profesional y Responsabilidad Social Corporativa frente a la corrupción".

El acto se celebrará mañana miércoles, en el salón de actos de la Bibloteca de Aragón, C/ Doctor Cerrada, 22, Zaragoza, a partir de las 19:30 horas, y contará con la intervención de Julio Guiral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y de Juan José Cubero, vicepresidente de la Asociación Aragonesa de Responsabilidad Social Corporativa.

Animamos a asistir a dicho acto a todos los miembros de ambas asociaciones, así como al conjunto de funcionarios públicos, profesionales libres y emprendedores que deseen compartir una sesión de reflexión sobre la necesidad de introducir criterios de exigencia étitca en la actividad de todos los profesionales de los sectores público y privado.

DERECHOS INDIVISIBLES Y DIGNIDAD INDIVISIBLE.

En un día como el de hoy, en el que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, en 1948, en un lejano 10 de diciembre, la afirmación y el respeto de los derechos humanos sigue siendo una tarea prioritaria para los ciudadanos y para sus organizaciones de defensa de las libertades -entre ellas, destacadamente, Amnistía Internacional-, pero también para los Estados y para las organizaciones internacionales, algunas de las cuales cumplen un importarte papel en la defensa de los derechos humanos, como es el Consejo de Europa o la propia Organización de Naciones Unidas.

El día de hoy cierra una semana de importantes conmemoraciones, todas ellas estrechamente conectadas entre sí, como son el aniversario de la Constitución Española y la celebración del Día Internacional contra la Corrupción. Podemos afirmar que la corrupción -pública y privada- supone una grave amenaza tanto para la realización de los derechos humanos como para el buen funcionamiento de un orden constitucional que tiene como principal función la protección de los derechos fundamentales en ella proclamados: los derechos humanos, a través de su recepción en la norma constitucional, pasan a ser los derechos fundamentales de que gozan los ciudadanos de un país. Así sucede con la Constitución Española de 1978, en cuyo Título I se recogen los derechos fundamentales de ciudadanos y extranjeros, permitiendo con ello que nuestro Estado pueda ser calificado como Estado social y democrático de Derecho de forma consecuente.

En un momento como el que nos toca vivir, en el que las condiciones materiales de bienestar se ven seriamente amenazadas y las decisiones políticas van debilitando el alcance de muchos de los derechos sociales que creíamos irreversibles, es importante recordar el principio de indivisibilidad de los derechos humanos -también de los fundamentales reconocidos constitucionalmente-, de manera que los derechos  humanos deben verse como un todo global -un bloque compacto-, en el que no resulta posible eliminar o rebajar una categoría de derechos -los sociales- sin afectar al resto de los derechos -los civiles o políticos-, pues las condiciones materiales de vida que aseguran la dignidad de las personas son una condición necesaria para el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Ante la obsesión por la austeridad y la mera lógica económica que parece presidir toda la política española y aragonesa, hay que estar particularmente vigilantes para que las medidas de contención del gasto no arruinen el edificio de los derechos humanos -de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos- y con ello acaben privando a los ciudadanos de aquello que ha querido asegurar, de forma prioritaria, la Constitución española, como son el conjunto de derechos -civiles, políticos y sociales- que garantizan la dignidad de todos y de cada uno y que, en definitiva, constituyen el fundamento del orden político y de la paz social.

Reclamar hoy la plena vigencia de los derechos humanos -seguir combatiendo contra quienes los vulneran en el mundo- y actuar contra la corrupción que quebranta los valores en que se fundamenta la convivencia democrática son dos vertientes de una misma lucha, consistente en trabajar por una sociedad decente y una sociedad civilizada, algo que reclama nuestras mejores capacidades y energías y que debemos afrontar de manera colectiva, como ciudadanos que no solo estamos convencidos de la indivisibilidad de los derechos humanos sino también de la indivisibilidad de la dignidad humana, ya que en la dignidad de cada persona está comprometida la dignidad de la humanidad entera.

ACTUAR CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Él giro ético propugnado por esta Asociación en el seno de la función pública, en enero de 2007, hace ya más de cinco años, tenía como principal finalidad el rechazo a la creciente corrupción pública que padecían tanto nuestro país como nuestra Comunidad Autónoma, y la necesidad de que los servidores públicos, especialmente comprometidos con el Estado de Derecho, adoptasen una firme actitud de rechazo a la misma, tanto denunciándola y combatiéndola -cosa que hicimos acudiendo, cuando lo consideramos preciso, a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas o a la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea- como previniéndola, mediante una campaña de sensibilización y de exposición a la opinión pública de aspectos preocupantes de la gestión pública, entre los cuales estaba el ataque a una función pública profesionalizada como mecanismo de prevención de la corrupción.

Como se señala en el mensaje de Naciones Unidas, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra hoy, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervirtir el imperio de la ley y crear laberintos burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa mientras a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

La actual crisis que vive nuestro país no es explicable sin la crisis ética padecida tanto por nuestras instituciones como por buena parte de nuestra sociedad, a la que no somos ajenos quienes trabajamos en las Administraciones Públicas. La desafección creciente hacia las instituciones, el cinismo social que practican quienes defraudan al conjunto de la sociedad -creyendo legítimo no pagar impuestos o desarrollar actividades  productivas al margen de las normas, incrementando la abultada economía sumergida que existe en nuestro país- y los ejemplos constantes de abuso o mal ejercicio de quienes ostentan cargos públicos y responsabilidades en entidades privadas, anteponiendo su enriquecimiento personal, nepotismo o sectarismo al servicio a la sociedad, son datos más que suficientes para constatar la urgencia en acometer un programa de reforzamiento de la ética pública, algo que lamentablemente parece seguir ausente en la agenda política de nuestras instituciones.

Debemos recordar que una petición formulada por esta Asociación a las Cortes de Aragón, en la pasada legislatura, para que el Parlamento aragonés elaborase un Código de Conducta Pública para los titulares de las instituciones de la Comunidad Autónoma fue inadmitida, negándosenos la legitimación para formular tal tipo de peticíones, pese a que la misma tenía perfecto encaje en el ejercicio del derecho fundamental de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución Española, cosa que aclararía posteriormente el Tribunal Constitucional al declarar nulo y contrario al derecho fundamental de petición la citada inadmisión acordada por la Mesa de las Cortes de Aragón.

Las circunstancias actuales, en las que la crisis ética nos aleja día a día de los objetivos de buen gobierno, nos fuerzan a reiterar tal petición a las Cortes de Aragón, toda vez que las mismas ni han corregido su acuerdo inconstitucional de inadmisión ni han adoptado ninguna iniciativa en el sentido solicitado. Creemos que reiterar tal petición ante las Cortes de Aragón no es sólo necesario para reivindicar el respeto a un derecho de participación política de los ciudadanos, ignorado en su día por el Parlamento aragonés, como es el derecho de petición, sino también una iniciativa adecuada para cumplir el mensaje difundido por Naciones Unidas con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, consistente en actuar contra la corrupción. Actuamos demandando a la institución representativa de los aragoneses una iniciativa clara para establecer criterios de conducta íntegra para el conjunto de los titulares de las instituciones aragonesas, buscando con ello restablecer la confianza de los ciudadanos en unas instituciones que se declaren comprometidas con los valores éticos de nuestro modelo constitucional.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención 58/4 . Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

La corrupción es un mal global, contra el que ha de lucharse con estrategias globales, como la auspiciada desde Naciones Unidas. Pero la estrategia global que esta Asociación apoya plenamente ha de plasmarse en actuaciones concretas, vinculadas al ámbito concreto de cada comunidad política, y por ello nuestras iniciativas, a lo largo de nuestros años de actividad, se han concentrado en las instituciones de la Comunidad Autónoma, así como en la Administración Local aragonesa y en las instituciones españolas, ya que no hemos dejado de trasladar nuestras demandas al Defensor del Pueblo, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

La lucha contra la corrupción, por desigual que pueda parecer, y pese a la decepcionante respuesta dada desde una parte de nuestras instituciones, no puede abandonarse, al margen del coste que la misma conlleva, pues no es posible permanecer impasibles frente a conductas que socavan nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Nuestra ciudadanía y nuestro orgullo como servidores públicos nos fuerza a una actitud beligerante contra quienes pervierten nuestro modelo de convivencia. Quien no reacciona contra la corrupción está ganado ya por ella.

TREINTA Y CUATRO AÑOS DE CIUDADANÍA.

Esta Asociación no puede dejar de celebrar, como viene haciendo cada año, el aniversario de nuestra Constitución, con la satisfacción declarada de que los valores que establece vengan presidiendo la vida política y social de los españoles desde 1978. En este como en otros temas -el respaldo inequívoco al sistema democrático, a los derechos humanos y al proyecto que representa la Unión Europea- no vamos a ceder a ninguna tentación de desánimo, desistimiento o relativismo. Los principios sólidos de convivencia política que se anclan en el reconocimiento de la dignidad humana y la libertad de todas las personas no solo son el mejor patrimonio que poseemos como pueblo, sino nuestro compromiso diario como ciudadanos y como conciudadanos.

Esta Asociación se creó para promover y defender los principios constitucionales que configuran nuestro modelo de Estado -Estado social y democrático de Derecho y Estado autonómico- y la función pública llamada no sólo a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos -sanidad, educación, protección social, justicia- sino también a velar por la realización efectiva de los principios de legalidad, objetividad, satisfacción del interés general e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin discriminaciones ni desigualdades arbitrarias.

Las normas son valiosas -la Constitución Española de 1978 es la norma más valiosa que poseemos, como norma fundamental y fundamentadora de todas las restantes normas-, pero el acento, como dijera Mario Benedetti, ha de ponerse en el hombre, en la persona. Las normas se han hecho para asegurar la libertad y la dignidad de las personas, para procurar el respeto a los derechos e intereses legítimos de cada cual. Los destinatarios de las normas son las personas, ya sea como titulares de los derechos que se establecen en las mismas o como obligados al cumplimiento de los deberes que señalan. El sentido de la ciudadanía está en el ejercicio responsable de ambas dimensiones, como titular de derechos y de deberes, sabiendo que los deberes que se nos imponen han de estar justificados por el aseguramiento de la armonía social y de la convivencia. Níngún derecho es ilimitado, y el deber de respeto a los derechos de los demás es el primer límite a nuestros propios derechos.

La Constitución no sólo obliga a los ciudadanos, sino que en primer lugar impone sujeciones a los poderes públicos. La Constitución no sólo es norma jurídica -la suprema del ordenamiento- sino que en ella se condensa la ética pública que se propone para la sociedad española. No en vano en su artículo primero se señalan la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como los valores superiores del ordenamiento jurídico. Son esos valores -y los derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos- a los que ha de tender toda acción pública, toda la labor de las instituciones públicas, debiendo guiar igualmente la labor de todos los servidores públicos, a los que se ha exigido expresamente el acatamiento de la Constitución para adquirir tal condición. La deslegitimación social que padecen buena parte de las instituciones y que igualmente sufrimos los empleados públicos -al margen de la injusta campaña lanzada por parte de los responsables políticos- sólo puede explicarse por comportamientos y actitudes alejados de los valores constitucionales.

Para esta Asociación la defensa de los principios constitucionales no supone una obligación impuesta por terceros sino un compromiso asumido libremente por todos sus miembros, claramente recogido en sus Estatutos. En esa defensa de los valores y principios constitucionales radica, creemos, la fuerza de nuestras razones, admitidas por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional cuando hemos reclamado el respeto de los derechos fundamentales -tanto el de acceso a la función pública como el de petición- frente a decisiones antijurídicas del Gobierno de Aragón o de las Cortes de Aragón. Ese compromiso nos exige seguir con nuestra labor de control de la actividad institucional en todo lo que pueda comprometer la función pública y la plena vigencia del Estado de Derecho, sin la cual creemos que la función pública carecería de las más elementales condiciones para realizar su tarea.

El desafío al que debemos enfrentarnos por las dificultades del momento requiere de reglas que nos cohesionen en torno a valores y objetivos, y estamos convencidos de que el programa de acción pública que la Constitución recoge sigue siendo absolutamente válido para asegurar un Estado en el que nadie se sienta oprimido ni nadie se sienta olvidado. El que la Constitución pueda seguir desplegando todos sus beneficios, al igual que ha venido haciendo desde 1978, depende de la actuación de todos los españoles, pero muy en particular de la honestidad y competencia de quienes son titulares de las diferentes instituciones públicas constitucionalmente previstas. Son los buenos gobernantes los que asegurarn los beneficios de las buenas normas, y por ello no cabe imputar a la Constitución defectos que sólo son achacables a quienes ejercen las funciones públicas que les han conferido los ciudadanos de espaldas a las exigencias y valores constitucionales. Depurar la vida pública es el primer compromiso que todos tenemos con nuestra Constitución, y a él contribuirá en la medida de sus fuerzas esta Asociación.

UNA TAREA PERMANENTE Y UNA CITA ANUAL.

La corrupción pública -política y administrativa- no ha dejado de estar presente en la actualidad, y tampoco lo ha estado la corrupción privada, en forma de enriquecimiento ilícito y fraude masivo a los ciudadanos, que está en el origen de la grave crisis financiera que padecemos. Esta Asociación, desde su origen, hizo del compromiso de los servidores públicos contra la corrupción una de sus principales señas de identidad, y ese compromiso resulta tan necesario hoy como ayer. Mientras los ciudadanos -los principales perjudicados por todos los episodios de corrupción- no perciban con nitidez el inequívoco compromiso de los funcionarios públicos contra el uso indebido de las potestades y de los recursos públicos, cuando unas y otros se ponen al servicio de intereses privados y no del interés general, no cesará la actual crisis de legitimidad de todas las instituciones públicas, crisis que alcanza inevitablemente a todos los que trabajamos profesionalmente al servicio de las mismas.

La defensa de la función pública motivó la aparición de esta Asociación, para reivindicar el insustituible papel que los servidores públicos han de cumplir en el aseguramiento permanente del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Nos preocupaba y nos sigue preocupando, tanto o más que entonces, el derrotero seguido por la Administración autonómica, con un creciente e indisimulado desprecio de la clase política hacia los profesionales de la Administración pública. Pero dicha defensa no se centró nunca en los derechos económicos o condiciones laborales del personal de la función pública -papel que corresponde desempeñar a los sindicatos de la función pública y que esta Asociación nunca ha pretendido disputar ni cuestionar, más allá de los posibles acuerdos contrarios a la legalidad que pudieran tratar de ampararse en la negociación colectiva-, sino que se dirigió hacia los principios constitucionales de la función pública, defendiendo con especial intensidad el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública en condiciones de igualdad. Las sentencias judiciales obtenidas en ese campo -aún pendientes de ejecución- marcan un antes y un después en la definición de dicho derecho, cuya sistemática vulneración ha sido una de las principales causas de la situación que ahora vivimos, en la que los interinos parecen ser considerados empleados públicos de segunda categoría, y la supresión de sus puestos parece ser el objetivo de unos responsables políticos carentes del más elemental sentido de lo que impone el Derecho y la Justicia.

Nos preocupa la corrupción -tanto la pública como la privada, pues una y otra se retroalimentan-, pero la principal preocupación sigue siendo el constante debilitamiento de los principios constitucionales de la función pública y el creciente escepticismo que se viene instalando en el conjunto de las personas que trabajan al servicio de la Administración Pública, ante la carencia de objetivos y de referencias válidas para fortalecer el papel que corresponde jugar a la función pública en situaciones de dificultad como las que ahora padece nuestro país.Sólo una función pública sólida y con una alta autoestima puede constituir un elemento eficiente para la prevención de la corrupción pública y asegurar con ello la calidad de nuestra democracia. La carencia de un marco necesario para fortalecer la ética profesional de los servidores públicos -esa necesaria infraestructura ética que sigue estando ausente en la agenda del Gobierno de Aragón- no puede servir, sin embargo, de excusa para el desistimiento individual o colectivo en el ejercicio de nuestros deberes profesionales y en nuestra contribución activa a la mejora de los servicios públicos y a la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, única razón de ser de nuestra función.

Reiterar nuestro rechazo total a cualquier supuesto de corrupción parece oportuno, ante la próxima celebración, por Naciones Unidas, del Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre. Combatir la corrupción es una obligación permanente de los servidores públicos y la cita anual que constituye la fecha del 9 de diciembre supone una oportunidad para reafirmar dicha voluntad.