LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EXIGE FOMENTAR EL MÉRITO DE LOS PROFESIONALES FRENTE A LA DISCRECIONALIDAD EN EL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

Nunca hemos confundido profesionalidad con carrera profesional, ni hemos identificado ésta con mero incremento retributivo. Profesionalidad es competencia, solvencia técnica, compromiso, dedicación, vocación de servicio, reciclaje permanente, y tantas otras cosas que debieran ser un objetivo permanente de los responsables de la función pública, y línea de actuación preferente de la política de recursos humanos de cualquier Administración.

Uno de los elementos esenciales para configurar una Administración profesionalizada es el sistema de provisión de puestos de trabajo, que ha de estar presidido por la objetividad, la aplicación de reglas conocidas y previsibles, y la realización efectiva de los principios de mérito y capacidad. Nos parece evidente que la realidad actual de la Administración autonómica muestra una grave descomposición del sistema de provisión de puestos de trabajo –provocado en buena medida por el reiterado incumplimiento de las normas de acceso a la función pública, con el consiguiente volumen de interinidad que lastra el funcionamiento de todos los mecanismos de provisión-, pues los concursos de provisión de puestos de trabajo no tienen ninguna regularidad, y el mecanismo habitual al que se acude para cubrir vacantes es la comisión de servicios, aplicada de manera totalmente discrecional y sin sujeción a los límites temporales que marca la normativa, realidad a la que todos parecen haberse acomodado. En un sistema de discrecionalidad, sin reglas objetivas, todos tienen la oportunidad de prosperar al margen de sus méritos profesionales, y así las expectativas individuales refuerzan todas las disfunciones del sistema. Todo ello crea una cultura administrativa muy perniciosa, en la que el respeto y la aplicación de las normas ceden ante otros criterios que, con el consentimiento general, parecen regir en la ordenación de la función pública.

Creemos por ello de inaplazable necesidad poner de manifiesto la realidad existente y reaccionar frente a la deriva del sistema de provisión de puestos, cada día más alejado de la normativa, empezando por una severa crítica del uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos de trabajo, como ámbito en el que domina la discrecionalidad política en los nombramientos, incluidos también los órganos de control (como es el caso de la Inspección General de Servicios o la Intervención General, y ahora la reciente reforma del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, cuyos puestos se cubrirán por el sistema de libre designación, configurando así un sistema de justicia administrativa carente de los requisitos de objetividad e inamovilidad en su composición, y haciendo prevalecer en su designación criterios de confianza sobre mérito profesional).

La libre designación constituye una quiebra de la profesionalidad de la Administración que debemos señalar y superar, restringiendo su ámbito de aplicación, pues su utilización abusiva en cada cambio de gobierno y sus efectos disfuncionales en las estructuras administrativas y en los costes de personal parecen razones más que suficientes para revisar en profundidad su actual regulación.

De cara a ello, esta Asociación se ha dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, para solicitarle información sobre los puestos de libre designación existentes en el conjunto de la Administración autonómica, y la evolución de los mismos en el transcurso de la presente legislatura. A esa petición seguirán otras, sobre los ceses producidos en dichos puestos a lo largo de la legislatura y el coste económico derivado de los mismos. Igualmente nos vamos a dirigir, con la solicitud de igual información, a las principales entidades locales aragonesas, como son los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel y las tres Diputaciones Provinciales.

Esperamos con ello volver a poner de manifiesto una de las más destacadas debilidades de nuestro sistema de función pública, cuya superación requiere de un gran acuerdo y un decidido empeño de profesionalización de la Administración Pública que hoy, lamentablemente, no parece impulsarse desde ningún ámbito de decisión política.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la solicitud de información dirigida al Consejero de Hacienda y Administración Pública:

“JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y EXPONE.

Que uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa y promoción de la profesionalidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, reforzando el sistema de mérito y capacidad en el acceso a los diferentes puestos de trabajo, lo que requiere reducir significativamente el ámbito de la libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo, sustituyendo dicha fórmula en las relaciones de puestos de trabajo por la más objetiva y garantista de concurso de méritos.

La aprobación de los decretos de estructura orgánica de la nueva organización departamental de la Administración autonómica y la consiguiente adecuación de las relaciones de puestos de trabajo a la nueva realidad organizativa permite evaluar el impacto de todo ello en las formas de provisión de puestos de trabajo, y en los posibles avances o retrocesos en materia de profesionalización en lo que al sistema de provisión de puestos se refiere.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, solicito de ese Departamento la información disponible sobre el volumen de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma cuya forma de provisión es la libre designación, así como su distribución entre los diferentes Departamentos y organismos públicos, en la forma siguiente:

-         Nº de puestos de trabajo a 1 de julio de 2015 cuya provisión se reserva a libre designación (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nº de puestos de trabajo a 1 de julio de 2017 cuya provisión se reserva a libre designación (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nª de puestos de trabajo de libre designación a 1 de julio de 2015 cubiertos de forma provisional (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nº de puestos de trabajo de libre designación a 1 de julio de 2017 cubiertos de forma provisional (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

Zaragoza, 24 de agosto de 2017”

ES MUCHO LO QUE DEBEMOS HACER.

Cuando se acerca ya el inicio del nuevo curso, tras el paréntesis veraniego, todos hemos de retomar nuestra respectiva actividad y corresponde a esta Asociación seguir promoviendo los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas. Contando, para ello, con las limitaciones que nos son propias, y que tratamos de compensar con el esfuerzo de los miembros de la Junta Directiva, dispuestos todavía a dedicar tiempo y energías al análisis de problemas y al debate de iniciativas que tiendan a corregir deficiencias u orientar la configuración deseable de nuestro sistema de función pública.

Hemos de tratar de avanzar en los tres órdenes que nos planteamos: en el de la legalidad, en primer lugar, destacando la constante banalización en que incurren nuestras instituciones en el incumplimiento de las normas, algo que en modo alguno resulta aceptable en un Estado de Derecho, en el que las normas son la máxima garantía de los derechos de los ciudadanos y el límite preciso a la arbitrariedad administrativa y al abuso de poder, y volveremos a reclamar, por ejemplo, algo tan básico como que el Gobierno de Aragón apruebe y remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos antes del próximo 1 de octubre, porque así lo exige el Estatuto de Autonomía de Aragón, y el sometimiento a las normas es condición primordial de cualquier programa de gobierno; en el terreno de la profesionalidad, en segundo lugar, lo que nos llevará a insistir en la obligada limitación de la libre designación en el sistema de provisión de puestos de trabajo –inaceptable resulta lo sucedido con los puestos de reciente creación del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos, tanto en su configuración como en su convocatoria de provisión, con indebidos márgenes de discrecionalidad en su nombramiento-, en el control de las comisiones de servicios, en la configuración de un verdadero programa de formación que contribuya a la especialización funcional y a la orientación de la carrera profesional, y en el control y evaluación del desempeño, para asegurar la calidad deseable de la actividad administrativa; y, por último, en el de la ética pública, lo que nos llevará a insistir en la prevención de los conflictos de intereses y en el control de incompatibilidades, en la implantación de mecanismos de lucha contra la corrupción –que no creemos pase por la creación de entidades como la Agencia de Integridad y Ética Pública, con sus desdibujadas y excesivas competencias-, y en la exigencia de ejemplaridad en los responsables institucionales (razón que nos llevará a insistir en la necesaria dimisión del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, cuyos incumplimientos de la normativa de transparencia le desautorizan para el desempeño de tal función).

Esta Asociación va a proseguir un año más con su trabajo de exigencia y propuesta –labor molesta para algunos, insuficiente para otros, pero también valorada por algunos, aunque puedan ser los menos-, aprovechando en la medida que sea posible los nuevos cauces de participación ciudadana que ha abierto la reciente modificación del Reglamento de las Cortes de Aragón, pero haciendo uso también de los cauces de control y de participación que tradicionalmente hemos venido utilizando, como es la impugnación de actuaciones administrativas, el ejercicio del derecho de petición y la solicitud de acceso a la información pública. Junto a todo ello, además, queremos propiciar espacios abiertos de diálogo y debate sobre cuestiones de interés para la función pública en los que puedan intervenir todos los interesados en avanzar en una Administración profesional al servicio de los ciudadanos.

TIEMPO PARA COBRAR PERSPECTIVA.

Los días de verano en los que nos encontramos no solo son días de vacación y descanso para muchos –entre los que nos contamos-, sino también días para mirar el horizonte que nos aguarda y cobrar nueva perspectiva, y para hacer acopio de energía con la que retomar y seguir la actividad que como Asociación nos hemos marcado en la defensa de la función pública, justo ahora que se cumplen 35 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y, pese a todo el tiempo transcurrido, nos hallamos todavía con una Administración autonómica cuyas carencias resultan injustificables, situación que solo cabe achacar a la desidia de los responsables políticos –incluido, por supuesto, el actual gobierno autonómico de Javier Lambán- y al desistimiento de buena parte de los funcionarios públicos en su compromiso con una buena Administración al servicio de los ciudadanos.

El verano también es ocasión propicia para la reflexión –en la que no puede faltar la debida dosis de autocrítica, sobre todo aquello que siendo anómalo e irregular nos hemos acostumbrado a ver como parte irremediable de la realidad administrativa- y para renovar objetivos de mejora o perfilar iniciativas de control y exigencia, pero todo ello desde la premisa de nuestro compromiso personal y directo con el funcionamiento diario de los servicios públicos y el cumplimiento estricto de nuestra función en la aplicación de las normas, en la satisfacción del interés general y en la realización de los derechos de los ciudadanos, única razón de ser de los aparatos administrativos y de los servicios públicos.

Hemos entendido siempre que el papel de los servidores públicos en una sociedad democrática es de una particular relevancia, con el doble cometido de ejecutar el programa político del Gobierno elegido por los ciudadanos –y expresión, por lo tanto, de la voluntad mayoritaria de la sociedad- y de asegurar el respeto de la legalidad y el funcionamiento de las garantías propias del Estado de Derecho –tarea que no corresponde en exclusiva a la Administración Pública, pero que constituye una de sus tareas básicas en nuestro actual modelo constitucional-, y el cumplimiento de esa doble tarea requiere de una necesaria reflexión colectiva, de una cultura organizativa fuertemente comprometida con ambos cometidos y de una conciencia clara de las obligaciones que comporta el papel que nos corresponde en el aseguramiento del buen gobierno y de la buena administración, es decir, cuál es nuestra participación en la calidad democrática de nuestras instituciones.

Desde esta Asociación tratamos justamente de desarrollar la reflexión sobre el papel que ha de cumplir la función pública en una democracia como la española y la contribución que a avanzar y profundizar en tal marco institucional corresponde a todos los que hemos hecho del servicio público nuestra opción profesional.

Gozamos de un estatuto jurídico especial respecto al resto de los trabajadores, estatuto que viene exclusivamente motivado por la trascendencia de nuestra función, con el fin de asegurar nuestra imparcialidad y nuestro neto compromiso con la legalidad constitucional y administrativa, y la principal reflexión de todo servidor público, en fechas propicias como las actuales, ha de dirigirse a evaluar su comportamiento y su compromiso profesional con los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Para no perder la perspectiva necesaria que da sentido a nuestra condición y a la función de servicio que nos corresponde.