INFOEMPLEO: ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN.

Reproducimos la entrevista realizada al Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, la semana pasada por parte de una redactora de Infoempleo, de cara a un próximo reportaje relacionado con las tasas de interinidad en las Administraciones Publicas, indagando en sus causas, consecuencias y posibilidades de corrección.

Primera pregunta.- La EPA certifica 800.000 empleados del sector público trabajando de forma temporal. ¿Cómo hemos llegado a esto?

Julio Guiral.- Es el resultado de un largo periodo de incumplimiento de la normas de acceso a la función pública y particularmente del Estatuto Básico de Empleo Público de 2007, que pese a ordenar la inclusión en la Oferta Pública de Empleo de todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino, ha sido también sistemáticamente incumplido.

Los responsables de la función pública en la Administración General del Estado no han asegurado el debido respeto a la legislación básica en materia de acceso a la función pública, a pesar de los informes que alertaban sobre el estado de interinidad elaborados por el Defensor del Pueblo en 2003, el Consejo Económico y Social en 2004 y la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, nombrada por el propio Ministerio de Administraciones Públicas, en 2005.

Llevamos años con la aplicación de tasas de reposición que limitan el acceso, pero no reducen los efectivos, de manera que se incrementa la interinidad. A ello se suman además otros intereses de algunos colectivos –incluida una parte de los interinos- que se concretan en bloquear el acceso de personal de nuevo ingreso, pretendiendo la realización de procesos de consolidación de empleo, limitando en lo posible la concurrencia externa en procesos de selección abiertos, públicos y transparentes.

Segunda pregunta.- ¿Qué consecuencias tiene el abuso de la "interinidad" en España?

Julio Guiral.La primera consecuencia es la directa vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública que establece el artículo 23.2 de la Constitución Española.El modelo de función pública establecido en nuestro ordenamiento constitucional se caracteriza por dos notas básicas, como son la igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la imparcialidad en el ejercicio.

La garantía de ambos principios pasa por procesos de selección públicos para el ingreso, convocados en ejecución de ofertas públicas de empleo, en las condiciones ya señaladas, y por un estatuto que asegura la inamovilidad de los funcionarios de carrera, garantizado con ello la profesionalidad, la imparcialidad y el compromiso con el interés general.

Las altas tasas de interinidad actualmente existentes no solo distorsionan el sistema de provisión de puestos –es decir la atención de los diferentes servicios públicos- sino que contribuyen también a una función pública debilitada, proclive a ceder a la presión del poder político y a relajar su función de garantía del interés general y del respeto a la legalidad.

La alta tasa de interinidad, su larga duración y la gran dosis de discrecionalidad en el sistema de provisión de puestos, a través de la libre designación, han venido a abonar el terreno a la corrupción pública que han sufrido numerosas Administraciones Públicas, especialmente la local y autonómica. Una función pública robusta es la mejor prevención contra la corrupción.

En paralelo a esta situación de elevada interinidad, desde los gobiernos autonómicos se ha impulsado un injustificado crecimiento del sector público a través de empresas públicas, entidades y fundaciones, creadas en muchos casos para suplantar el papel de los funcionarios y crear un sistema de selección paralelo, no ajustado a los principios de mérito y capacidad, clientelista en gran medida, y que en ocasiones se dirige a surtir a la Administración de personal fuera de plantilla, mediante un irregular préstamo de trabajadores.

Tercera pregunta.- ¿Tiene solución esta situación hoy? ¿Cuál sería para usted el mejor camino para ajustarse al 8% máximo establecido entre Gobierno y Sindicatos en 2002?

Julio Guiral.- La situación tiene solución, aunque no sea sencilla ni quizá a corto plazo. La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, que anuló la Oferta de Empleo Publico de 2007 del Gobierno de Aragón por no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos, fija los criterios para corregir la vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública previsto en el artículo 23.2 de la Constitución, a través de las ofertas de empleo público.

Los ciudadanos, para ejercer debidamente su derecho de acceso, deberían conocer los puestos que han de incluir las ofertas de empleo público y por ello hemos insistido en la necesidad de una información fidedigna y pública sobre el estado de la cobertura de los puestos de trabajo. No se trata de exigir que todos los puestos existentes sean incluidos en la oferta pública, pero todos aquellos cuya existencia quede justificada por necesidades del servicio público han de proveerse mediante procesos selectivos basados en mérito y capacidad, tras su inclusión en ofertas de empleo público.

Esta información sobre los efectivos de la Administración Públicas no solo debe permitir el ejercicio del derecho de acceso al empleo público sino también el control por parte de los ciudadanos de su evolución en cantidad y calidad y de su coste económico. La opacidad actual, que no permite conocer siquiera el número real de efectivos de las administraciones públicas, facilita manifestaciones y opiniones carentes de rigor acerca de la dimensión de la función pública, de su coste económico y de la rentabilidad social de los servicios públicos. Una comisión especial parlamentaria en las Cortes generales debería abordar con seriedad esta problemática, analizando lo que la sociedad se juega en este ámbito.

Por lo tanto, la solución pasaría en nuestra opinión por la legalidad y la transparencia, incluida la presupuestaria. Ambas son imprescindibles para recobrar la confianza en las instituciones públicas en momentos de crisis.

Cuarta pregunta.- ¿Qué supone la anulación de la Oferta de Empleo Público de 2007 en Aragón por no incluir las plazas vacantes cubiertas por interinos?

Julio Guiral.- En primer lugar, supone un triunfo del Estado de Derecho sobre la arbitrariedad del poder político, tanto del Gobierno de Aragón como de los directivos de la función pública aragonesa.

En segundo lugar, obliga al Gobierno de Aragón a aprobar una nueva oferta de empleo público, en la que se incluyan todas aquellas vacantes existentes en el año 2007 ocupadas por interinos, indebidamente excluidas de la oferta, y que se estiman en más de 2000 puestos de trabajo. Estamos esperando que los nuevos responsables de función pública lleven a cabo tal ejecución, tal y como se han comprometido ante las Cortes de Aragón.

FALLAN LOS CONTROLES: LA OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF) ARCHIVA LA DENUNCIA CONTRA ASAEL.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha comunicado a esta Asociación la terminación de la labor de evaluación respecto a la petición de investigación en relación con la gestión de fondos europeos por parte de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), bajo la presidencia del entonces alcalde de Herrera de los Navarros, Jesús Solá. En la breve comunicación remitida, tras más de un año desde la petición de investigación, se señala que "en base a la información recibida, la OLAF ha decidido archivar el caso". Sin mayor detalle ni motivación, circunstancia que hace necesario solicitar una ampliación del escrito, en relación con la actividad investigadora llevada a cabo y las razones para archivar el caso.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en diciembre de 2010, para solicitar una investigación sobre la gestión de fondos europeos llevada a cabo por la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), dadas las irregularidades que fueron señaladas por la prensa aragonesa entre los meses de mayo y julio de 2009, y que afectaban a la utilización de fondos europeos destinados a proyectos de la Red Liedra, entidad dedicada a la prevención de la violencia doméstica, FONDOS que pudieron ser destinados, al pago de la nómina, durante dos años, del chófer contratado por Jesús Solá, entonces Presidente de ASAEL.

Todas las irregularidades publicadas en la prensa aragonesa fueron remitidas por esta Asociación, en julio de 2009, a la Fiscalía General del Estado, que dio traslado de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Zaragoza, la cual decretó su archivo en febrero de 2010, tras la realización de unas diligencias de investigación -consistentes fundamentalmente en la solicitud de información a ASAEL- que le llevaron a concluir que los hechos no eran constitutivos de ilícito penal. Descartada por la Fiscalía Provincial de Zaragoza la relevancia penal de las irregularidades, sí se constató, sin embargo, que el chófer contratado por Jesús Solá lo era con cargo a fondos de la Red Liedra y no de ASAEL, lo que podría suponer que se imputaran a fondos europeos gastos de funcionamiento propios de ASAEL, amparándose en el hecho de que Jesús Solá era a la vez presidente de ASAEL y de la Red Liedra.

A la vista de la información publicada, y de la información aportada por la propia Fiscalía Provincial de Zaragoza, se consideró oportuno activar otros controles, entre ellos la remisión de toda la documentación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, organismo dependiente de la Comisión Europea que tiene como misión principal la investigación del posible uso irregular de fondos europeos.

Esta Asociación, a la vista de la decisión adoptada por la OLAF y vista la falta de motivación del archivo acordado, se va a dirigir al Defensor del Pueblo Europeo para que compruebe la actividad de control que, en este caso, haya podido desarrollar la citada Oficina y le recuerde la necesidad de motivar sus respuestas, tal y como exige el derecho a la buena administración que se reconoce a los ciudadanos europeos en su relación con las instituciones de la Unión Europea.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EN FEBRERO.

El pasado martes, 17 de enero, tuvo lugar la primera reunión de la Junta Directiva del presente año, tras el paréntesis navideño, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme al orden del día establecido y hecho público con antelación en este blog.

Tras aprobarse el orden del día propuesto y el acta de la anterior reunión de la Junta, el Presidente de la Asociación hizo un breve resumen y valoración de la sesión sobre el empleo público celebrada el pasado 1 de diciembre, en la Sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli, organizada por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, señalando que el formato de la misma y el alto número de intervinientes, entre expertos y representantes sindicales, institucionales y sociales dificultó un verdadero debate sobre los problemas y el futuro de la función pública, especialmente en un momento en el que el propio diseño del Estatuto Básico del Empleado Público parece hallarse en entredicho, dada la falta de desarrollo legal de sus previsiones y el conjunto de medidas que, con motivo de la crisis económica, se adoptan en el sentido contrario al marcado en dicha ley. La función pública se encuentra en una coyuntura particularmente difícil y el debate o las intervenciones se limitaron a planear sobre los problemas, sin un análisis serio de los mismos. En todo caso, la intervención realizada por el Presidente, en representación de la Asociación, quedó recogida íntegramente en el blog de la Asociación.

Entre otras cuestiones, el Presidente informó de que las fechas de la primera quincena de diciembre impidieron la celebración de un acto público conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción, como se había hecho en años anteriores, si bien la Asociación hizo público un comunicado con motivo de tal fecha al igual que se hizo con el aniversario de la Constitución, destacando la vigencia de sus principios y valores para afrontar los actuales retos que tiene planteados la sociedad española. Igualmente informó de la presentación de diversos escritos de petición a diferentes autoridades públicas, como la dirigida tanto a la Presidenta del Gobierno de Aragón y al Presidente del Gobierno de España a mediados de diciembre para solicitar iniciativas legislativas tendentes a suprimir la consolidación del complemento de alto cargo por parte de funcionarios de carrera, al entender que su aplicación distorsiona tanto el modelo constitucional de carrera administrativa, basado en el mérito y la capacidad, como el modelo retributivo, al incorporar a las retribuciones de ciertos funcionarios conceptos que nada tienen que ver con el ejercicio de su carrera profesional, confundiendo indebidamente el ejercicio profesional y el desempeño de cargos electivos a los que se accede por estricta confianza política.

Seguidamente, y de acuerdo con el orden del día, se informó del estado de tramitación de las diferentes acciones judiciales promovidas por la Asociación, como el ejercicio de la acción pública ante el Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad contable en que hayan podido incurrir los miembros de la Mesa de las Cortes de Aragón al aprobar un régimen de indemnizaciones por cesantía para los diputados, sin ajustarse al procedimiento exigido para modificar el Reglamento de la Cámara. Igualmente se señaló que, una vez concluidas las fases procesales precisas, se está a la espera de que se dicte sentencia en el recurso por la falta de publicación del nombramiento y cese del personal eventual por parte de la entonces Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, así como en el recurso promovido contra el Decreto de Oferta de Empleo Público de Aragón de 2011, recurrido por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, y en cuya tramitación el Ministerio Fiscal solicitó la estimación de la demanda planteada por la Asociación.

Finalmente, y de acuerdo con las previsiones de los Estatutos, se acordó convocar la celebración de la Asamblea General de socios el martes 21 de febrero, en la que se presentará por la Junta una memoria de las actuaciones realizadas, se renovará parcialmente la composición de la Junta Directiva y se marcarán las líneas de actuación para un nuevo año de actividad asociativa.

En el apartado de ruegos y preguntas, se abordó el cambio de titular en el Departamento de Hacienda y Administración Pública y la conveniencia de dirigirse por escrito al nuevo Consejero, remitiéndole un ejemplar de las Propuestas para el Bueno Gobierno y la Buena Administración que se envió al anterior Consejero, al inicio de la presente legislatura. Igualmente se consideró la oportunidad de reaccionar contra la congelación de oferta de empleo público establecida en el Real Decreto-ley de medidas de ajuste y exponer nuestra posición contraria a la vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública al Presidente del Gobierno de España, a la institución del Defensor del Pueblo y a los Grupos Parlamentarios constituidos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, valorando igualmente la posibilidad de llevar tal congelación de oferta al Tribunal Constitucional dentro del proceso que pueda promoverse con la oferta de empleo público aprobada en 2012.

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: MARTES, 17 DE ENERO.

De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la publicación de la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes, 17 de enero:

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 17 de enero, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

Orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Informe de actividad por parte del Presidente: desarrollo del seminario sobre el empleo público y diversas actuaciones y peticiones.
4. Situación de los diversos actuaciones ante los Tribunales de Justicia.
5. Organización de la asamblea ordinaria en el primer trimestre 2012.

6. Propuestas, ruegos y preguntas.

FRENTE A LA RESIGNACIÓN Y EL FATALISMO: UN COMPROMISO MÁS NECESARIO QUE NUNCA.

Cuando nos asomamos a un nuevo año, lleno de incertidumbres para el futuro de la función pública, como para el del conjunto de la sociedad, hemos de cobrar conciencia de la necesidad de que esta Asociación prosiga e intensifique, todo lo que le sea posible, su labor de defensa de los valores y principios de la función pública, pues esa pérdida de valores -a la que tan poca atención se ha prestado en estos años pasados de despilfarro y corrupción- explica el hecho de que hoy nos hallemos ante una función pública preocupantemente devaluada.

Nos preocupa, lógicamente, la repercusión que en la función pública pueda tener el reciente Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, con el que ha venido a estrenarse en la materia el nuevo Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Más allá de la congelación o contención salarial o del espinoso debate sobre la jornada laboral en las Administraciones Públicas -un terreno en el que se ha dejado que la negociación colectiva haya desfigurado gravemente el marco de la legislación básica estatal, lo cual tiene muy difícil arreglo a estas alturas-, a esta Asociación le preocupa, por encima de todo, la indiscriminada congelación de la oferta de empleo público, aplicada con carácter general a todas las Administraciones, al margen de la concreta situación en que pueda hallarse cada una de ellas.

En materia de empleo -objetivo básico de todo Gobierno en las actuales circunstancias-, hay que distinguir entre empleo privado y empleo público. Es cierto que el empleo privado se ha destruido de una forma masiva -también es cierto que ello se ha concentrado en sectores, como la construcción, cuya expansión no respondía a necesidades reales de los ciudadanos, sino a estrategias especulativas de empresarios y entidades financieras, consentidas o apoyadas desde numerosas instituciones públicas-, pero la lógica a que responde el empleo privado -basado en la competencia y el beneficio económico- no puede trasladarse al empleo público, sobre el que se sustenta el buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales que atienden a todos los ciudadanos -sanidad, educación, servicios sociales, seguridad pública- y hacen posible que el Estado de Derecho asegure el cumplimiento de las leyes y, con ello, el ejercicio de los derechos que corresponden a los ciudadanos.

Sencillamente, no nos jugamos lo mismo cuando se destruye empleo privado que cuando se destruye empleo público. En principio, las instituciones públicas no se someten a las reglas del mercado, y la rentabilidad de las mismas no se mide en cuentas de resultados sino en niveles de bienestar y satisfacción de los ciudadanos o de aseguramiento y promoción del interés general, contra el que a menudo pugnan intereses de potentes corporaciones privadas o incluso intereses personales de quienes ejercen responsabilidades públicas, como hemos podido ver de forma escandalosa en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma. Debilitar las instituciones públicas, y la estructura profesional que asegura su funcionamiento, es debilitar los intereses colectivos de la sociedad.

Todo ello debe tenerse presente a la hora de juzgar las medidas que se impulsen desde los distintos niveles de gobierno en relación con la función pública. Como hemos podido ver en estos días, los sindicatos centran su atención en la defensa de la negociación colectiva, como si al legislador le estuviese vedado determinar las condiciones laborales del empleo público sin la previa negociación con las organizaciones sindicales. Lo que ocurre es que la situación actual de deterioro en el crédito social de la función pública -como esfera laboral de privilegios injustificados, en lo que toca a condiciones de trabajo- es resultado directo de una estrategia sindical dirigida casi en exclusiva a incrementar salarios y reducir jornada laboral -de forma directa o indirecta, a través de la constante acumulación de licencias y permisos-, de modo que los sindicatos se hallan en estos momentos con escasa credibilidad para oponerse a las medidas de "reequilibrio" que viene a establecer el Gobierno.

Requilibrio en los salarios y reequilibrio en las jornadas laborales -no en las teóricas, sino en las reales, las horas anuales tras descontar vacaciones y los numerosos permisos recogidos en convenios y acuerdos-, es algo inevitable en las actuales circunstancias de crisis fiscal del Estado, y constituye una línea imprescindible de recuperación de la credibilidad de la función pública ante los ciudadanos. No vale escudarse en la negociación colectiva, si ésta se concibe -como se ha concebido hasta el momento- como un simple pacto en perjuicio de los ciudadanos, llamados a pagar las ventajas recogidas en los convenios, algunas legales y otras manifiestamente ilegales, aunque nadie se haya molestado en controlarlas o impugnarlas.

No nos preocupa que el legislador revise los resultados -en muchos casos abusivos- de la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas, algunos de los cuales hemos denunciado desde este blog de forma reiterada. Lo que nos inquieta verdaderamente es que el Gobierno y las Cortes Generales -al aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado u otras normas con directa incidencia en la función pública-, vacíe de contenido derechos constitucionales tan esenciales en la configuración de las Administraciones Públicas como es el de acceso a la función pública conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad. Sobre el empleo público, con el que se nutre la función pública, se ha de operar con respeto al marco constitucional, y de acuerdo con éste quienes desempeñan funciones públicas han debido acceder a ello conforme a principios de igualdad, mérito y capacidad. Así lo establecen los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española y lo concreta el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las medidas salariales y de jornada laboral alcanzan a los empleados públicos -ya lidiarán con ellas los sindicatos y quienes defienden intereses legítimos de los afectados-, pero la congelación de oferta de empleo público -pese a las abultadas tasas de interinidad existentes en numerosas Administraciones públicas españolas- alcanza a los rasgos esenciales de la Administración Pública y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, algo que nos parece de mucha mayor trascendencia, por lo que frente a tal medida se movilizará con todas sus fuerzas esta Asociación a lo largo del presente año, sometiendo si fuera preciso las "tasas de reposición" fijadas por el Gobierno del Partido Popular al control de constitucionalidad que le corresponde ejercer al Tribunal Constitucional, en defensa de la plena vigencia de una parte tan esencial de nuestra norma constitucional como son los derechos fundamentales.

Esta Asociación, por lo tanto, no se resigna ni cede al fatalismo que parece predicarse desde tantos ámbitos. De la crisis económica se saldrá, tarde o temprano, pero ha de hacerse sin que nuestros principios constitucionales -entre los cuales figura la ordenación de la función pública- sean desfigurados ni desvitalizados. Al contrario, sólo desde el vigor de nuestro orden constitucional es posible afrontar de forma coherente el programa de medidas necesario para salir como sociedad cohesionada de la actual coyuntura, manteniendo nuestro proyecto democrático y nuestra opción europea. En dicha clave ha de situarse la labor a desarrollar por esta Asociación.