El Justicia de Aragón ha trasladado a esta Asociación una comunicación, relativa a la queja planteada en su día por la falta de respuesta del Presidente de la Diputación Provincial de Huesca a la solicitud, realizada en noviembre de 2008, en ejercicio del derecho fundamental de petición, sobre aprobación de un Código de Buen Gobierno para la Corporación Provincial oscense.
En dicha comunicación se transcribe la contestación dada por el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, a la citada Institución, justificando la innecesariedad de la aprobación del Código de Buen Gobieno sugerido por esta Asociación, toda vez que la normativa actualmente vigente, a su juicio, es suficiente para atender dicho fin.
Dicha respuesta contrasta abiertamente con la iniciativa propugnada desde Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha aprobado recientemente un Código Ético de Gobierno Local, invitando a todas las Entidades Locales españolas a que se adhieran al mismo y lo incorporen a su actividad institucional, como compromiso ético con los ciudadanos.
Tampoco resulta muy coherente la alegada innecesariedad de criterios éticos de conducta, cuando los hechos acreditan que el responsable de la Diputación Provincial de Huesca no ha respetado el derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación. Frente al escrito de petición remitido, y pese al año largo transcurrido desde entonces, dicho responsable ni ha acusado recibo del mismo ni ha dado la obligada respuesta que exige la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Y hablamos de un derecho fundamental, no se olvide.
Se ha hecho necesaria, una vez más, la intervención del Justicia de Aragón, como institución garante de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, para que el responsable máximo de la Diputación Provincial de Huesca se comprometa a dar la respuesta que le exige el ordenamiento jurídico.
Las normas legales y el debido sometimiento a la Constitución -en cuyo artículo 29 se reconoce el derecho de petición- no han bastado, como se puede apreciar, para que el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca respete el derecho fundamental ejercido por esta Asociación. Tal actitud, a nuestro juicio, desvirtúa el argumento dado en su respuesta al Justicia: sin un compromiso ético de las autoridades públicas, las normas jurídicas no bastan. El Código de Buen Gobierno representaría ese compromiso ético que tanto se echa en falta en quienes actualmente ejercen los cargos públicos de nuestras instituciones.
Esta Asociación queda a la espera de la anunciada respuesta del Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, para, en el caso de mantener los términos de su informe al Justicia de Aragón, dar traslado de la misma a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reclamando sus oficios ante dicha Corporación Provincial para que asuman el Código propugnado desde dicha entidad municipalista.
Reproducimos, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido por el titular de la Institución del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, al Presidente de esta Asociación, Julio Guiral, cuyos términos son lo siguientes:
"Zaragoza, 23 de diciembre de 2009.
Estimado señor:
Con fecha 25 de marzo de 2009 se dirigión a esta Institución interponiendo queja ante la falta de contestación, por parte de la Diputación Provincial de Huesca, a escrito presentado por la Asociación a la que usted representa en el que planteaban la oportunidad de que dicha administración aprobase un Código de Buen Gobierno.
Admitida su queja, nos dirigimos a la Diputación Provincial de Huesca solicitando información al respecto.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 hemos recibido escrito de contestación en el que nos indican, literalmente, lo siguiente.
"...le comunico a V.E. que esta Presidencia no considera fundada actualmente la indicada petición y así se le va a hacer partícipe a la referida Asociación, a tenor del marco jurídico vigente, tanto en lo que se refiere al Estatuto de los miembros representativos de las Entidades locales contenido especialmente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con las modificaciones introducidas recientemente por la Disposición Adicional novena de Ley del Suelo, y en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, como en lo que respecta al Código de conducta de los funcionarios y personal laboral de esta Diputación contemplado de una manera novedosa en el Título III, Capítulo VI de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las indicadas normas constituyen un corpus jurídico suficiente y los anunciados proyectos de reforma de los gobiernos locales, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, no aconsejan, en consecuencia, la adopción en estos momentos de iniciativas para la aprobación que solicita la Asociación".
Indica la Administración consultada que va a proceder a comunicar a la Asociación para la Defensa de la Función Pública su postura respecto a la petición formulada en su momento, en los términos descritos. En el supuesto de que no proceda así, le rogamos nos lo haga saber con el fin de adoptar las medidas oportunas al respecto.
Deseo que esa información le sea útil para resolver la situación planteada o, por lo menos, decidir las medidas a adoptar a tal fin.
Procedo, con ello, al archivo del expediente, y así se lo hago saber en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, a la vez que le agradezco la confianza depositada en esta Institución y aprovecho la ocasión para quedar a su entera disposición en el futuro.
Atentamente,
EL JUSTICIA DE ARAGÓN, FERNANDO GARCÍA VICENTE".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
6 comentarios:
Bravo por el Justicia de Aragón.
Penoso, verdaderamente penoso el nivel de nuestras instituciones.
Suma y sigue. ¿A dónde vamos así?
Pues yo estoy de acuerdo con Cosculluela: no creo que sea necesario el Código de Buen Gobierno. Bastaría con que se cmplieran las leyes. Pero también ha de haber algún tipo de responsabilidad si no se cumplen, como les ocurre a los ciudadanos de a pie.
¿Cómo puede dejarse de publicar las relaciones de puestos de trabajo, no aprobar ofertas anuales de empleo público o exceder amplísimamente las comisiones de servicio sin que pase nada ni nadie responda? Ese es el Código de Buen Gobierno que hace falta.
SUS RAZONES TENDRÁ.
feliz año a todos los amigos de la asociación.
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