miércoles, 12 de marzo de 2014

CONTINÚA EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL POR LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2010: LLEGA EL MOMENTO DE LA PRUEBA.



Al margen de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón, debemos recordar que esta Asociación impugnó igualmente el Decreto de Oferta de Empleo Público de 2010, si bien al interponerse el recurso por el procedimiento ordinario y no por la vía especial de protección de derechos fundamentales, su tramitación no se ha efectuado con carácter preferente, razón que explica parcialmente las dilaciones habidas en su tramitación.

A finales del mes de febrero, esta Asociación, ya dentro de la fase de prueba sobre el número de plazas vacantes ocupadas por personal interino, al objeto de acreditar que la Oferta aprobada no se ajustó a la obligación de incluirlas en la Oferta aprobada, de acuerdo con lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, formuló un escrito en relación con la prueba a practicar.

En dicho escrito se solicitaba que por parte del responsable del Registro de Personal o titular del órgano al que corresponda se expidiera certificación en la que se indique “número de funcionarios interinos, agrupados por Escalas o Clases de especialidad, en los que se estructuran los Cuerpos de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, con indicación, por separado, distinguiendo el número de funcionarios interinos que desempeñan puestos reservados a funcionarios de carrera y el número de funcionarios interinos que ocupan puestos vacantes, todo ello referido a fecha de 31 de diciembre de 2009”, así como “número de trabajadores (o personal laboral) temporales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, agrupados por categorías profesionales, a fecha de 31 de diciembre de 2009”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante diligencia de ordenación, de fecha 4 de marzo de 2014, ha requerido a la Diputación General de Aragón para que expida la certificación requerida, conteniendo los datos numéricos solicitados.

El desarrollo de este proceso de prueba no solo reviste un especial interés para acreditar la vulneración de la normativa de función pública en la aprobación del Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010, lo que podría redundar en una tercera sentencia anulatoria de una Oferta de Empleo Público del Gobierno de Aragón, sino que podría permitir cuestionar las cifras reflejadas en el Decreto-ley 1/2014, aprobado por el Gobierno de Aragón, con el fin de modular la ejecución de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de 2007 y 2011. Las cifras reflejadas en dicho Decreto-ley, conforme a las cuales se han aprobado los Decretos de oferta complementaria de los ejercicios 2007 y 2011, habrán de ser congruentes con las que se deduzcan de la fase de prueba pendiente de realizar, cuyo carácter fehaciente, al tratarse de una certificación de los datos obrantes en el Registro de Personal, le presta una especial validez para juzgar la adecuación del Decreto-ley a la realidad de la función pública.

En consecuencia, la batalla jurídica por el derecho de acceso a la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no ha acabado, pues se halla pendiente de resolución la impugnación de la Oferta de Empleo Público para 2010, y también se halla pendiente de aprobación la Oferta de Empleo Público para 2014, pues el ejecutar las sentencias judiciales por haber incumplido las leyes en el pasado no es razón suficiente para incumplir las leyes en el presente y en el futuro, como sería el no aprobar Oferta de Empleo Público de 2014.

2 comentarios:

Anónimo dijo...



Esperemos coherencia por parte del Tribunal.

Anónimo dijo...

Comprometida situación para Función Pública.