martes, 25 de marzo de 2014

CELEBRACIÓN HOY DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.



Hoy martes celebra su Asamblea anual la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza (C/ Hernán Cortés, 33), con el fin de hacer balance de la actividad desarrollada en el último año, renovar parcialmente su Junta Directiva y aprobar una estrategia de actuación para el nuevo año.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en 2007 por un conjunto de funcionarios públicos aragoneses, tiene como objetivo la promoción y defensa de los valores y principios constitucionales de la función pública, como son la legalidad, la profesionalidad y la ética pública, y el impulso de iniciativas para avanzar en objetivos de buen gobierno y buena administración, para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la calidad democrática de nuestras instituciones públicas.

El principal logro obtenido en el año que se cierra con la Asamblea de mañana ha sido la aprobación de los Decretos de oferta complementaria a las anuladas de 2007 y 2011, en ejecución “forzosa” de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon dichas Ofertas por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos, tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pese a discutir la correcta ejecución de las sentencias, la convocatoria de 2.783 plazas vacantes supone un importante paso para corregir la irregular tasa de interinidad existente en nuestras Administraciones, resultante de la vulneración del derecho de acceso a la función pública en que incurren los órganos de gobierno por la falta de aprobación de ofertas anuales de empleo público, como ha venido sucediendo con frecuencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.

También en este año se ha desarrollado una amplia campaña ante diferentes instituciones públicas para cuestionar la licitud constitucional de los límites al derecho de acceso a la función pública que viene estableciendo de manera reiterada la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al establecer tasas de reposición de efectivos que contradicen el régimen de acceso establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público y lesionan el contenido esencial del derecho fundamental de acceso reconocido a los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Algunos de los objetivos a debatir para el próximo año de actividad, que se abrirá tras la celebración de la asamblea de mañana, son la reivindicación del desarrollo de las medidas de prevención que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, con el fin de que los funcionarios públicos sean agentes activos en la alerta de posibles casos de corrupción en el seno de la Administración. También se iniciará la preparación de un nuevo documento de propuestas de buen gobierno y buena administración de cara a la próxima legislatura de las Cortes de Aragón, para su remisión a los diferentes grupos políticos.

Se seguirá insistiendo en todo caso en la defensa activa del derecho de acceso a la función pública, y de la profesionalidad, reclamando el respeto a los principios de mérito y capacidad en la provisión de puestos de trabajo, con una drástica reducción del ámbito de aplicación de la libre designación, y se intervendrá activamente en el debate y posterior seguimiento de los Proyectos de Ley de Función Pública y de Transparencia Pública y Participación Ciudadana que ha elaborado en los últimos meses el Gobierno de Aragón, y frente a los cuales se mantiene una postura crítica y vigilante.

Creemos que los objetivos de esta Asociación mantienen plena vigencia y su defensa sigue siendo tan necesaria ahora como hace siete años, y confiamos en que a lo largo de los meses próximos seamos capaces de desarrollar un esfuerzo suplementario para dar a conocer la importancia que la defensa de la legalidad y la promoción de una función pública profesional revisten para el conjunto de la sociedad y su incidencia en la calidad de nuestras instituciones.

1 comentario:

Anónimo dijo...


Confiemos en que esta asamblea sirva para seguir avanzando.